Por Víctor E. Lapegna.-

Hablar de la asistencia a los pobres fue uno de los núcleos centrales del relato kirchnerista.

Pero en diciembre de 2015, cuando llegaron a su fin los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, un 29% de la población argentina (11,5 millones de personas) estaba en la pobreza y un 5,3% (alrededor de 2 millones de personas) en la indigencia, según datos del último estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (OSDA) de la UCA, que es la fuente más confiable sobre el tema entre las disponibles.

En su discurso de asunción presidencial ante la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri afirmó que alcanzar la pobreza cero era el primero de sus tres principales objetivos de gobierno.

Pero en estos tres primeros meses de gestión de Cambiemos, conforme el OSDA, las personas en situación de pobreza aumentaron al 34,5% de la población y suman casi 13 millones de personas, lo que implica que en el trimestre la pobreza se incrementó en un 5,5% y cayeron en ella 1.400.000 de personas más que las que había a fines del año pasado. A su vez, en estos tres meses la indigencia llegó al 6,9% de la población (unos 2,3 millones de personas), lo que representa un aumento del 1,6% respecto de diciembre y suma unas 350 mil personas a las que no pueden comprar la comida que se necesita para alimentarse.

Así las cosas, pareciera que los gobiernos de los Kirchner y el de Macri coinciden en decir una cosa y hacer otra respecto de la pobreza. Pero esa equiparación no es del todo veraz y justa.

Porque los 12 años de gobiernos kirchneristas incluyeron un largo período de extraordinaria bonanza económica para la Argentina -el famoso viento de cola- que no fue aprovechada para dar las respuestas estructurales que era posible dar para superar el drama de la pobreza, lo que constata en el 29% de pobres y el 5,3% de indigentes que había cuando debieron abandonar el gobierno.

En contraste, el gobierno que preside Macri recibió la pesada herencia de la crisis económica que dejaron los K, cuyos síntomas principales eran los siguientes:

  • Estancamiento económico durante cuatro años consecutivos.
  • Alta inflación.
  • Déficit insostenible del sector público.
  • Déficits gemelos en la balanza de pagos y comercial del sector externo.
  • Inversión casi nula.
  • Bajo nivel de productividad de gran parte de los factores económicos.
  • Baja calidad del empleo y altísima tasa de precariedad e informalidad laboral.

Ese contexto económico era y es una severa restricción para avanzar hacia la meta de pobreza cero dado que la realidad económica y la social son dos caras inescindibles de una misma moneda y también es un hecho que la crítica realidad de diciembre de 2015 tuvo un efecto inercial que aportó a incrementar la pobreza y la indigencia en el primer trimestre de 2016.

Pero esa limitación objetiva y el arrastre de la herencia recibida, no excusa a la presidencia de Macri del hecho que los efectos deletéreos del legado se vieron agravados por lo que se hizo y sobre todo por lo que no se hizo en estos tres meses para abordar los problemas económicos y sociales.

Una primera crítica a la actual administración pública nacional es que, al igual que todos los gobiernos posteriores a la tercera Presidencia de Juan Domingo Perón, carece de un programa de medidas articuladas que atiendan los problemas económico-sociales más urgentes y ni siquiera empezó a encarar la formulación y puesta en marcha de un plan de gobierno plurianual, que presente objetivos económicos y sociales concretos y modos de alcanzarlos, conforme un cronograma definido y como advertía Séneca, “para un barco que no sabe cuál es su rumbo, ningún viento es favorable”

Más allá del juicio de valor que puedan merecer la devaluación o el sinceramiento del tipo de cambio y el levantamiento del cepo, la eliminación y reducción de retenciones a las commodities agropecuarias y a la minería, la eliminación de las DJAI y los ROE en la perspectiva de una reapertura del comercio exterior y el acuerdo con los holdouts o fondos buitres que habilita el reingreso de la Argentina al mercado internacional de capitales; ha de convenirse que esas medidas no están engarzadas en un plan articulado que afronte de forma sinérgica los problemas más inmediatos de agenda económica argentina.

Hasta hoy no sabemos que propone el gobierno de Macri para salir de forma sustentable del estancamiento económico que venimos arrastrando desde hace cuatro años, más allá de los estímulos a algunas cadenas de valor mediante las medidas antes reseñadas o la perspectiva de acceder al crédito y la inversión externa.

Tampoco formalizó metas de inflación y un programa monetario y de control de precios que las sustente y la realidad es la continuidad y agravamiento de los aumentos de precios, que en el primer trimestre de 2016 se incrementaron un 12%, con especial impacto en los bienes que componen la canasta de quienes están en situación de pobreza e indigencia.

Fuera del brutal aumento de las tarifas de electricidad, gas y transporte y la consecuente reducción de los subsidios públicos a esos servicios, no aparece elaborada ni en proceso de elaboración una reforma del Estado que tienda a lograr un equilibrio estructural de las cuentas del sector público central.

Para afrontar la gravísima crisis energética que generó el régimen K, el gobierno de Macri no tomó en consideración el diagnóstico y las sólidas propuestas que elaboró el grupo de 8 ex secretarios de Energía de los gobiernos democráticos, entre los que estaban destacados dirigentes de Cambiemos como Daniel Montamat o Jorge Lapeña y colocó al frente del sector a Juan José Aranguren, ex titular de Shell en la Argentina, quien podía tener un programa para el desarrollo de la petrolera angloholandesa en nuestro país pero no parece que tuviera un programa energético para la Nación.

Nada mostraron hasta ahora desde el gobierno que se parezca a un programa estructurado de medidas para aumentar y diversificar nuestras exportaciones y administrar con eficiencia las importaciones y así restaurar los superávits gemelos en nuestras cuentas de comercio exterior y las medidas tomadas en materia de política cambiaria, retenciones, DJAI y ROE no dejan de ser medidas puntuales, que no forman parte de un plan y/o un programa de desarrollo de comercio exterior.

En materia de inversiones lo único que aparece es la hipótesis de que van a producirse tras el acuerdo con los acreedores externos, sin que el gobierno central haya indicado cuáles son las áreas hacia las que se propone priorizar esa potencial inversión.

Por último pero no por eso menos importante, nada se dijo de las metas y caminos para elevar el nivel de productividad de los factores económicos y superar la baja calidad del empleo y la altísima tasa de precariedad e informalidad laboral.

En cuanto a lo hecho en materia social (el aumento del alcance de la AUH y del monto del salario familiar, adolece de la misma naturaleza coyuntural e insuficiente de las medidas económicas y todavía no sabemos que se propone hacer el gobierno Macri para avanzar en forma efectiva hacia el objetivo de pobreza cero.

Incluso en este campo no se hicieron cosas que eran posibles, aún sin estar integradas en un plan y un programa de acción social digno de ese nombre.

Por caso, era posible modificar el impuesto a las ganancias sobre los salarios de un modo acorde a la demanda de los trabajadores o eliminar el IVA que grava a los bienes de la canasta básica de alimentos mediante un DNU, teniendo en cuenta que esta medida es de verdadera Necesidad y Urgencia y no lo era la propuesta de Rosenkratz y Rosatti para la Corte Suprema que fue motivo de un DNU.

Llegados a este punto vale recordar que la situación de pobreza alcanza a las personas y hogares cuyos ingresos no les permiten comprar la canasta básica de bienes y que están en la indigencia las personas y hogares cuyos ingresos no les permiten comprar la canasta básica alimentaria.

Dado que en ese modo de medición de la pobreza e indigencia el factor determinante es el nivel de los ingresos personales y/o familiares, una condición necesaria esencial para poner fin a una y otra situación es que exista una oferta de puestos de trabajo dignos, con salarios que solventen una buena calidad de vida y que esa oferta cubra la demanda laboral de toda la Población Económicamente Activa. O sea, que haya pleno empleo y esté bien pago.

Durante los años del kirchnerismo no hubo pleno empleo con buenos salarios según lo demuestra la magnitud que mantuvo en esos 12 años el empleo informal y no registrado, el desempleo y el subempleo.

Pero hasta ahora la señal visible dada en esta materia durante el primer trimestre presidencial de Macri es una ola de despidos que va mucho más allá de los “ñoquis” instalados en empleos públicos por el kirchnerismo.

En cuanto a los eventuales empleos que vayan a generar las potenciales inversiones que puedan producirse, no parece que vayan a ser cubiertos por millones de compatriotas que están en la informalidad laboral o por los jóvenes llamados “ni-ni” porque no trabajan ni estudian. ¿Cuál es la propuesta de empleo alternativa al asistencialismo y los subsidios? Hasta ahora no se conoce.

Otra condición necesaria esencial para alcanzar la pobreza cero es que se posibilite el acceso universal a servicios públicos de calidad en materia de educación, prevención y atención de la salud, seguridad, justicia, transportes, comunicaciones, vivienda, sanidad ambiental, recreación, deportes y turismo.

Durante el régimen kirchnerista los servicios públicos de educación decayeron en calidad y pertinencia, no mejoraron los destinados a la prevención y atención de la salud, se deterioraron mucho los servicios de seguridad y justicia, los de transporte sólo registraron una mejora en los ferrocarriles del área suburbana después de la tragedia de Once por la que están condenados funcionarios del gobierno de Cristina, la expansión cuantitativa de los servicios de comunicaciones (es el caso de la telefonía celular) no tuvo una correlativa mejora de su calidad que viene decayendo en forma ostensible, se mantuvo constante el crónico déficit habitacional de 3 millones de viviendas, la sanidad ambiental siguió siendo una asignatura pendiente como lo demuestran la demorada limpieza de la cuenca del Riachuelo y del Matanza o la falta de control de la contaminación minera.

Pero hasta ahora el gobierno de Macri no presentó un plan y un programa que tienda a que toda la población pueda acceder a servicios de calidad en educación, prevención y atención de la salud, seguridad, justicia, transportes, comunicaciones, vivienda, sanidad ambiental, recreación, deportes y turismo.

Una tercera condición para poner fin a la pobreza y la indigencia es la presencia de un sólido tejido territorial de organización de la comunidad, sustentado en el núcleo básico que es la familia e incluyendo a sociedades de fomento, clubes sociales y deportivos, parroquias y otros centros religiosos, escuelas, etc.

Y es una dolorosa realidad de nuestro presente que esas organizaciones libres del pueblo se vieron debilitadas o desaparecieron y el vacío dejado por ellas fue cubierto por organizaciones mafiosas vinculadas a diversas formas del delito, en especial al narcotráfico.

En verdad, el incumplimiento de las tres condiciones esenciales enunciadas para que no existan pobreza e indigencia no se limita a los gobiernos de los Kirchner o al de Macri sino que se extiende a todos los gobiernos que tuvimos antes de 1946 y después de 1955 ya que es un juicio de realidad avalado por hechos y datos cuantitativos verificables que el único período de nuestra historia más o menos reciente en el que se dieron estas condiciones y no hubo pobreza o indigencia significativas fue el de las dos primeras Presidencias de Juan Domingo Perón.

Durante esa verdadera década feliz hubo pleno empleo y el salario de convenio más bajo permitía que al trabajador que lo percibía le bastara con el 40% de ese ingreso para comprar la comida de su familia, se extendió a todos el acceso a servicios públicos de calidad y se amplió como nunca antes ni después el tejido de organizaciones libres del pueblo que sustentaban a una verdadera comunidad organizada.

Pero en 1952, al inicio del segundo mandato presidencial de Perón, convergieron una serie de factores que no detallaremos aquí para generar un escenario de crisis económica compuesta por los mismos siete elementos que enumeramos al describir la situación existente en diciembre de 2015.

Perón no tenía el recurso que tiene Macri de inculpar por la crisis a los gobiernos precedentes dado que él mismo había sido el presidente entre 1946 y 1952 y tal vez por eso no se detuvo en considerar el pasado para concentrarse en afrontar los desafíos que presentaban el presente y el futuro.

Lo hizo mediante dos cursos de acción de gobierno simultáneos, que se retroalimentaron mutuamente para generar confianza, insumo esencial de toda posibilidad de bonanza económica y ellos fueron el Programa de Emergencia Económica de 1952 dedicado a resolver los problemas más acuciantes del presente y el Segundo Plan Quinquenal (1952/57) que planteaba los objetivos de futuro y trazaba los caminos para alcanzarlos.

Para elaborar ambos instrumentos, ponerlos en marcha y controlar su aplicación; el presidente Perón formó un Grupo Económico (GE) cuya conducción encomendó a Alfredo Gómez Morales (ministro de Asuntos Económicos) y del que participaron Antonio Cafiero (ministro de Comercio Exterior), Pedro Bonanni (ministro de Hacienda), Miguel Revestido (ministro de Finanzas), Carlos Hogan (ministro de Agricultura), Rafael Amundarain (ministro de Industria), Roberto Dupeyron (ministro de Obras Públicas), Juan Maggi (ministro de Transportes), José Maria Freire y Alejandro Giavarini (sucesivos ministros de Trabajo y Previsión) y Raúl Mendé (ministro de Asuntos Técnicos).

Las condiciones que les puso a priori Perón fueron que no devaluaran la moneda ni el salario real y que no generaran desempleo y del resultado que se alcanzó dan cuenta los siguientes cuadros, procedentes de fuentes incuestionables.

CUADRO N° 1

Economía Real (en millones de pesos 1950)

vl-194-001

Fuente: CEPAL (1958)

CUADRO N° 2

Inflación
vl-194-002

Fuente: INDEC

CUADRO N° 3

Cuentas del Sector Público consolidado (en millones de pesos 1950)

vl-194-003

Fuente: CEPAL (1958)

Ese exitoso resultado alcanzado por la acción de gobierno entre 1952 y 1955, como se señaló antes, tuvo dos pilares esenciales en la continuidad del pleno empleo y los buenos salarios y en la convergencia de los siguientes factores:

  • La autoridad que la mayoría del pueblo asignaba a quien ejercía el gobierno del Estado.
  • La aptitud técnico-profesional, la austeridad y la honestidad de quien conducía y de quienes integraban el equipo interministerial que elaboró y aplicó los programas y planes.
  • La elaboración, difusión y aplicación del Programa de Emergencia Económica de 1952 para atender los problemas más urgentes y del Segundo Plan Quinquenal que presentaba metas plurianuales concretas, realistas, conocidas y compartidas y obró como un ancla de seguridad y previsibilidad en el ánimo popular.
  • La vigencia de una red de organizaciones libres del pueblo que sustentaban una comunidad organizada en la que se podían establecer acuerdos sólidos entre entidades representativas y ejercer controles con apreciables grados de eficacia.
  • La participación popular en una cultura del trabajo que se basaba en la vigencia del pleno empleo y la prevalencia de la economía real o productiva sobre la economía virtual o financiera, lo que se traducía en la adhesión profunda a un código de valores ético-morales.
  • Somos conscientes de las grandes diferencias que hay entre la situación global y local de entonces y la de ahora. No obstante creemos que mantienen vigencia ciertas condiciones que hicieron posible el éxito que se alcanzó en el ciclo 1952/1955 y que sería necesario recrear hoy, entre las que mencionamos las siguientes:

Considerando las grandes diferencias que hay entre la situación global y local de entonces y la de ahora, valdría discernir si es posible restaurar aquellos pilares esenciales que eran y son condiciones necesarias para terminar con la pobreza y la indigencia y dar respuesta a estas tres preguntas.

  • ¿Qué habría que hacer para poner fin al desempleo y el subempleo que son la realidad del presente y para que con el 40% del salario más bajo se pueda comprar la comida de un mes de una familia tipo?
  • ¿Cómo tener servicios públicos de calidad y accesibles para todos en educación, prevención y atención de la salud, seguridad, justicia, transportes, comunicaciones, vivienda, sanidad ambiental, recreación, deportes y turismo?
  • ¿Cómo reconstruir las organizaciones libres del pueblo basadas en la familia que son la red de sustento a una comunidad organizada?

Durante los 12 años del régimen kirchnerista estas tres preguntas esenciales no tuvieron respuesta en el relato y menos aún en los hechos. Lo mismo viene sucediendo en los primeros meses del gobierno de Cambiemos.

Creemos que responderlas es una responsabilidad que los peronistas debemos asumir, sea cual fuere nuestro alineamiento y juicio de valor respecto del pasado reciente.

Sería un modo concreto de mostrar que, en efecto, creemos en lo que las 20 Verdades dicen que el peronismo es.

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