Cristina Kirchner y la Corte Suprema

El FdT logró la media sanción en el Senado para ampliar el número de miembros de la Corte (de 5 a 15 miembros). Los votos afirmativos fueron 36; los negativos, 33. La Cámara de Diputados tendrá la última palabra. El senador Oscar Parrilli afirmó que era necesario debatir sobre esta cuestión. “Hay muchos dirigentes opositores que lo único que hacen es agraviarnos, insultarnos. Le tienen miedo a Macri y a Magnetto de decir que están hablando con nosotros”. “En algún momento el pueblo los va a votar y estos miembros de la Corte no tengan dudas que los van a extorsionar también a ustedes, de la manera mafiosa con la que extorsionan a la democracia, no tengan dudas. Estamos en manos de jueces mafiosos”, sentenció. Su colega opositor Naidenoff cuestionó con dureza a los senadores oficialistas: “¿Ustedes creen sinceramente que estos gestos no afectan a la economía? Ustedes contribuyen muy poco con el gobierno. Esta es una victoria pírrica, pero para la sociedad es un juego de suma cero”. “¿Pueden hablar de diálogo con este tratamiento? En Diputados no van a pasar, ustedes han perdido el sentido común y ustedes no están en sintonía con la sociedad”.

Por su parte, Martín Lousteau, senador de JxC, manifestó: “Necesitamos una Justicia que le genere a la ciudadanía no solamente más acceso sino más confianza y nada de esto tiene que ver con esas prioridades. Nada de esto va a contribuir a cambiar y mejorar la Justicia, sino a echar todavía más dudas sobre cómo funciona la Justicia”. “No es ni ahora ni nunca el tiempo de esta reforma”, remató. Guillermo Snopek, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió el proyecto: “Escuchaba que sólo le interesan a la política estos temas, y no, esto es confundir: hacemos lo que tenemos que hacer. La responsabilidad de legislar y es tema de este Congreso el tema de la Corte”. “Hoy la sociedad tiene un fuerte planteo hacia la Justicia y eso es grave. Tenemos que confiar, ya que hay que ir un paso para adelante; no nos tenemos que ceñir a discusiones que no nos llevan hacia ningún lado, sino buscar algún factor común con quienes nos demandan”.

El senador oficialista de Río Negro Martín Doñate fue muy duro con la actual Corte Suprema: “Una Corte integrada solamente por cuatro hombres, sin especialidad, ligados a tres jurisdicciones de las 24 que tenemos en el país, absolutamente desprestigiada, preñados de arbitrariedades, imposibilitados de atender en lo práctico las miles de causas que llegan a esta última instancia, deslegitimados socialmente y que en general sus fallos van en contra de lo que necesita la abrumadora mayoría de argentinos es motivo suficiente para justificar que estemos dando el debate hoy” (fuente: Perfil, 22/9/022).

Se está en presencia de un nuevo round entre el peronismo y la Corte Suprema. Lo que pretende Cristina Kirchner, aunque jamás lo reconocerá públicamente, es tener una Corte Suprema adicta. Tengamos memoria histórica. Apenas asumió como presidente de la nación el 4 de junio de 1946, Perón se percató de que el antiperonismo más cerril estaba localizado en los medios de comunicación, en ciertos sectores de la Iglesia, en las Universidades, especialmente en las Facultades de Derecho, y en la Corte Suprema. El máximo tribunal de garantías constitucionales fue uno de los primeros blancos de Perón, quien la consideraba el último bastión de la oposición. No anduvo con vueltas. La Corte Suprema fue sometida a juicio político y sus miembros fueron removidos. Vale la pena recordar sus nombres: doctores Roberto Repetto, Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y el procurador general de la Nación, Juan Álvarez. Sólo permaneció en el cargo el doctor Tomás D. Casares, quien había sido incorporado a la Corte durante el gobierno de Farrell por ser simpatizante del peronismo. Los miembros expulsados fueron acusados por Perón de haber legitimado a gobiernos de facto. Justo él lanzó semejante diatriba, quien participó en 1930 del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen.

Más acá en el tiempo, el flamante presidente Carlos Menem presionó para ampliar el número de miembros de la Corte. El riojano necesitaba contar con una Corte adicta que le dijera amén a las reformas económicas que tenía en mente. Lo consiguió. En su edición del 19 de noviembre de 2006 Página/12 publicó un artículo de Horacio Verbitsky (“Los años oscuros”) en el que narra la trastienda de aquel penoso hecho. Escribió el autor:

“Luego de la sanción de la ley de obediencia debida, en 1987, el presidente Raúl Alfonsín negoció con el entonces líder peronista Antonio Cafiero la ampliación a siete del número de miembros de la Corte Suprema. El radicalismo gobernante designaría uno y la oposición justicialista el otro. La única condición que ponía Alfonsín era que ambos estuvieran comprometidos a aplicar la ley de impunidad de modo de que quedaran encausados un número minúsculo de altos jefes de la dictadura. Pero en junio de 1988 Carlos Menem venció a Cafiero en las elecciones internas para designar el candidato presidencial justicialista. El negociador radical, Ricardo Entelman retomó contacto con el negociador justicialista José Manzano sólo para enterarse de la decisión de Menem de anular el trato: “¿Para qué vamos a designar uno y uno ahora si podemos ampliar a nueve y nombrar a cuatro nuestros después de ganar las elecciones?”, dijo.

Ése fue uno de los primeros proyectos presentados por Menem en 1989. La ampliación “es necesaria para agilizar la tarea del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Judicial”, confesó el senador Augusto Alasino en abril de 1990. La ley se aprobó en una sesión de la Cámara de Diputados en la cual hubo cafeteros y ordenanzas sentados en las bancas y hombres armados protegiéndolos. Dos prohombres de la honestidad y la transparencia como Manzano y Alberto Pierri se dieron el primer beso y comenzaron a cantar a voz en cuello la marcha “Los muchachos menemistas”. Un diputado radical presentó un recurso de amparo. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo cerró el caso con argumentos formales: el diputado había pedido la nulidad de la ley de ampliación y la convocatoria a una nueva sesión en 1990, pero su mandato había concluido en 1991 por lo que “carece actualmente de interés que lo habilite para formular tal reclamación”.

Menem obtuvo la renuncia de dos de los ministros en funciones (Jorge Bacqué por hartazgo, José Severo Caballero por miedo, porque se había regulado honorarios a sí mismo en un juicio y el gobierno le hizo saber que tenía las pruebas) y en 24 horas designó una mayoría automática de seis sobre nueve ministros del tribunal. La ley de ampliación fue promulgada el 17 de abril de 1990, el 18 se enviaron los pliegos de los nuevos miembros de la Corte, y el Senado los aprobó el 19, en una sesión secreta de apenas siete minutos, a la que no asistió la oposición, porque el apresuramiento oficial les impedía evaluar si los jueces designados reunían las condiciones jurídicas, académicas, personales y de independencia requeridas. La mayoría automática quedó al mando del ex socio de Menem en La Rioja, Julio Salvador Nazareno, cuyos antecedentes eran haber sido boticario y jefe de policía provincial durante una intervención militar, y del presidente de la asociación de tenis Eduardo Moliné O’Connor, cuyo principal encanto era que su hermana Margarita se había casado con el jefe del servicio de inteligencia de Menem, Hugo Anzorreguy. Comenzaban la oscuridad y el escarnio que durarían tres lustros, hasta que en junio de 2003 comenzaron a disiparse con la promoción del juicio político a Nazareno”.

¿Un grupo de loquitos?

En su edición del 21/9 Página/12 publicó una nota de Irina Hauser y Raúl Kollmann titulada “Después del atentado, Gabriel Carrizo y Brenda Uliarte seguían planeando matar a CFK”. Escribieron los autores:

“Los mensajes entre Gabriel Carrizo y Brenda Uliarte, que hasta ahora no se conocían, revelan que aún después de que Fernando Sabah Montiel fuera detenido por el intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, ellos dos seguían con el objetivo de matarla en mente. Incluso Carrizo también pensaba en asesinar “al jefe de la Cámpora”, según escribió en un chat con otro interlocutor. Menos de dos horas después del atentado, el dueño de la máquina de hacer algodón de azúcar le dice a Brenda: “Estamos todos juntos. A la mierda Cristina”. Ella responde: “La próxima voy y gatillo yo, Nando (Sabag) falló. Yo sé disparar bien, no me tiembla la mano”. De todos modos Carrizo opina: “Lo aplaudo. Estuvo a un segundo de ser héroe nacional”. Uliarte le dice: “A mí también me parece el San Martín Moderno. Él quiso liberar a un país de la esclavitud. ¡Cómo le pudo fallar el tiro!” Con ese whatsapp manda un video que está eliminado, que sería el del disparo fallido”.

“Según el análisis de parte de las comunicaciones, que pudo reconstruir Página/12, Carrizo y Brenda Uliarte empezaron a hablar en junio por asuntos en apariencia laborales. El 23 de agosto tienen una conversación de tono político a las 20.10. Ese mismo día hubo movilizaciones de apoyo a la vicepresidenta en las cercanías de su domicilio en Recoleta-después de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de cárcel-y otras menores en contra, organizadas por la organización ultraderechista Revolución Liberal. “Ya se les acabó la joda”, le comenta Carrizo a Brenda. “Sí, que la saquen a la mierda. No puedo creer que haya gente que todavía la defiende (…)”.

“Ese 23 de agosto fue detenido Leonardo Sosa, uno de los referentes de Revolución Federal, por resistencia a la autoridad: intentó derribar una valla hacia el edificio de CFK y habrían secuestrado una bomba molotov de su grupo. Lo investiga el juez Ariel Lijo. Todavía no está claro si hay conexión de esa agrupación, que organizó marchas ultraviolentas-con consignas como “al kirchnerismo cárcel o bala”-y este grupo de vendedores de copos de azúcar liderados por Carrizo. Se sabe que Brenda estuvo en la marcha de las antorchas del 18 de agosto y un juez, Marcelo Martínez de Giorgi, advirtió que no se puede afirmar que “el plan delictivo haya finalizado ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la vicepresidenta o de otros funcionarios”. Le pasó su causa a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien investiga el intento de magnicidio. La otra clave es quién más pudo estar detrás y si existió financiamiento de este grupo. Los mensajes aquí reconstruidos son una parte. No se descarta que Carrizo usara otro celular”.

Cristina Kirchner estuvo a punto de ser ejecutada en la vía pública por un miembro de una célula de ultraderecha, integrada por jóvenes fanáticos de ambos sexos que tienen en común su odio visceral a la vicepresidenta de la nación. Están convencidos de que CFK es el mal absoluto o, si se prefiere, un cáncer que debe ser extirpado cuanto antes del cuerpo social. También lo están del amplio consenso que tuvo su intento de magnicidio. Cuando Carrizo afirma que Sabag estuvo a un paso de transformarse en un héroe nacional, cree que de haberse producido el magnicidio miles y miles de argentinos hubieran salido a la calle a festejar. Es difícil saberlo pero de lo que no hay ningún tipo de duda es que en millones de hogares se debe haber lamentado el fracaso de Sabag.

La postura del orden conservador

Es interesante observar la postura del orden conservador respecto a este trágico hecho. Para ello nada mejor que leer a uno de sus exponentes más conspicuos: el columnista político Joaquín Morales Solá. En su edición del 21/9 La Nación publicó un artículo de su autoría titulado “Las preguntas que siguen sin respuestas”. Escribió el autor:

“¿Los copitos eran locos sueltos o idiotas útiles? Tal vez esa es la pregunta fundamental que se hacen en estos días en la Justicia. La diferencia no es menor. Si fueran sólo unos desquiciados sin referentes ni terminales políticas estaríamos sólo ante la aparición de grupos de jóvenes antisistema, capaces de llevar su resentimiento hasta la violencia más extrema. Si, en cambio, fueran inútiles que sirvieron a algún fin político específico podríamos encontrar vínculos con grupos de ideología nazi o algún otro interés que es difícil de establecer hasta ahora en el expediente judicial. Conjeturas hay muchas, pero están faltando las pruebas que las sostengan. Sin embargo, es difícil seguir afirmando que se trató sólo de una banda aislada de enajenados mentales que actuaron por sí solos. Un dato que nunca debe olvidarse es que llegaron hasta centímetros de CFK, custodiada por un batallón de cien efectivos de la Policía Federal. ¿Cómo pudieron hacerlo con un arma en la mano? Por eso, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación del fallido atentado contra Cristina Kirchner, pidieron una serie de medidas de pruebas, que incluyen desde los contactos telefónicos de los imputados hasta el entrecruzamiento de llamadas telefónicas tanto por WhatsApp como por Telegram. Sólo cuando lleguen esas pruebas, y otras más que podrían sumarse en los próximos días, establecerán una línea de investigación clara. “Todas las hipótesis siguen abiertas. Ninguna fue descartada”, señalaron fuentes judiciales seguras (…)”.

“Todavía la Justicia debe responder varias preguntas. La primera es por qué el arma que supuestamente usó Fernando Sabag Montiel llegó a manos de la jueza sin las huellas digitales de él. ¿Por qué se borraron? ¿Quién las borró? Si bien hay pruebas de ADN en la pistola que coincide con las de Sabag Montiel, los especialistas señalan que con un poco de saliva o de transpiración se pueden plantar tales pruebas. Otra pregunta más inquietante es por qué un informático de la Policía Federal borró la memoria del celular de Sabag Montiel. Es posible hacer eso en el teléfono que usaba el eventual asesino, pero el equipo formula antes varias advertencias de que la memoria está a punto de ser aniquilada. Sólo un descerebrado podría ignorar tales avisos del aparato. O el técnico que envió la Policía Federal, nada menos que para ayudar en la investigación de un intento de magnicidio, es un inepto que no merece estar un día más en la institución policial o alguien accionó el borrador de manera intencionada”.

¿Los copitos eran loquitos sueltos o idiotas útiles? He aquí la gran cuestión. Porque de comprobarse lo segundo se estaría en presencia de un dantesco plan para matar a Cristina Kirchner, elucubrado por alguien que por el momento permanece en el anonimato. Por lo que se sabe hasta el momento (información brindada por los medios orales y escritos) parecería ser que los copitos formaron parte de una conspiración para eliminar a la vicepresidenta. Lo que narra Morales Solá respecto al arma que supuestamente utilizó Sabag Montiel para ejecutar a Cristina Kirchner no hace más que avalar esta hipótesis. ¿Cómo es posible que un informático de la Policía Federal haya borrado la memoria del celular de Montiel? Semejante pregunta conduce directamente a una gravísima cuestión: el rol de la Policía Federal en este grave hecho. Fue tan irregular su accionar en todo lo que rodeó al intento de magnicidio que las dudas brotan como hongos.

En su edición del 22/9 Página/12 publicó una nota de Irina Hauser y Raúl Kollman centrada, precisamente, en el papel de la Policía Federal en el intento de asesinato de CFK. Su título es harto elocuente: “Atentado contra Cristina Kirchner: ¿desidia, errores o graves irregularidades?” Escribieron los autores:

“La Policía Federal quedó en la mira tras la orden de abrir un tercer sumario a raíz de su defectuosa intervención en todo lo que rodeó al ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la investigación posterior. Ya hubo un primer sumario interno por la pérdida del contenido de una de las pruebas clave, el celular de Fernando Sabag Montiel. Un segundo sumario se tuvo que poner en marcha por las deficiencias en la seguridad de CFK ante el ataque. Y ahora, se dispuso una nueva investigación interna porque, cuando la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó la detención de Brenda Uliarte, para ubicarla, se puso en marcha una escucha directa de su celular, que debía conectarse en un box de la Policía Federal: el personal requerido tardó tres horas en llegar a su puesto. Eso motivó que la oficina de escuchas de la Corte Suprema terminara informándole al secretario de Capuchetti que Uliarte se estaba moviendo y en camino a Retiro. Después de una primera búsqueda en la terminal de micros, el propio secretario de la jueza, Federico Clerc, descubrió que en realidad Brenda se había subido a un tren y no a un micro. Esa formación fue después detenida en la estación Palermo. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, monitorea los tres sumarios internos que evidencian demasiados errores o irregularidades”.

Si no se tratara de algo tan trágico, lo narrado por Hauser y Kollmann podría haber sido el guión de una comedia interpretada por Alberto Sordi. ¿Cómo es posible que la Policía Federal haya tenido tantos inconvenientes en hallar a Brenda Uliarte, protagonista central del intento de magnicidio? Semejante demostración de incapacidad hubiera ameritado de parte del jefe de la Policía Federal y del propio Aníbal Fernández, un informe de la situación, en conferencia de prensa, a la opinión pública. Estamos en democracia y como sucedió en los álgidos días de mayo de 1810, el pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Por qué el jefe de la Policía Federal está mudo? ¿Ello se debe a que no tiene la más remota idea de lo que sucede a su alrededor? Si es así debería tener la dignidad de renunciar. Y si no la tiene, Aníbal Fernández debería echarlo cuanto antes. Y aquí arribamos a lo más delicado de la cuestión: el que la Policía Federal haya demostrado tamaña incapacidad para dar con el paradero de Brenda Uliarte ¿ha sido una demostración de incapacidad o, por el contrario, se trató de un accionar premeditado? Si se tratara de lo segundo estaríamos en presencia de una Caja de Pandora que, de abrirse, provocaría un tsunami político e institucional de impredecibles consecuencias.

Anexo

El primer presidente de los argentinos (tercera parte)

Al comenzar 1823, Rivadavia estaba convencido de que el país necesitaba imperiosamente una sólida organización política. Sin embargo, consideraba que aún no había llegado el momento para implementar una constitución. En efecto, creía firmemente que antes de tener una constitución era esencial que las provincias se constituyeran en bases sólidas y estables para hacer posible la organización del Estado argentino. Primero la organización de las provincias; luego, la constitución. ¿Qué entendía Rivadavia por organizar las provincias? Muy sencillo de explicar teóricamente pero muy difícil de llevarlo a la práctica. Para Rivadavia, organizar las provincias implicaba dotarlas de instituciones sólidas y permanentes para hacer de ellas sistemas aptos para garantizar la cultura, la educación, una buena milicia y un eficaz funcionamiento de la economía. Rivadavia tenía en mente expandir por todo el territorio nacional su experiencia durante la gestión de Martín Rodríguez. Su unitarismo inexorablemente terminaría colisionando con los caudillos provinciales. Al ser consciente de ello, llegó a la conclusión de que hubiese sido una mala decisión política pretender imponer una constitución que, por la peculiar situación política y social de entonces, no podía ser otra que la federal.

Rivadavia envió a las provincias a algunos emisarios para que explicaran su propuesta, la que se resumía en una invitación para que se reunieran en “cuerpo de nación” bajo un régimen representativo. Además, se les sugería que adoptaran todas las medidas que consideraran necesarias para asegurar la paz y el desarrollo y, para despejar cualquier tipo de duda acerca de la sinceridad de la propuesta rivadaviana, se reconocía que eran los gobernadores quienes mejor podían contribuir a la organización del cuerpo nacional. La propuesta no gozó de un amplio consenso. Varias provincias la apoyaron pero otras, como Santa Fe, Córdoba, Santiago, La Rioja y Catamarca, se mostraron desconfiadas. Sin embargo, Rivadavia no cejó en su empeño por imponer su concepción política. El 27 de febrero de 1824 se dictó la norma que consagraba la invitación a todas las provincias para que enviaran sus representantes a un congreso nacional a celebrarse en Buenos Aires. Pese a que Rivadavia se esmeró por poner bien en claro que dicho congreso no tenía un carácter constituyente, resultaba por demás evidente que inexorablemente desembocaría en una constitución.

Mientras tanto, Rodríguez fue reemplazado por el general Las Heras, defensor entusiasta de la unidad nacional y ajeno a las intrigas políticas. Era un independiente que no tardó en granjearse la antipatía y la desconfianza de los rivadavianos. El congreso se reunió en Buenos Aires el 16 de diciembre. Muchos de sus participantes eran hombres de una probada capacidad, como Laprida, Gorriti, Gregorio Funes, etc. También participaron jóvenes talentosos como Dalmacio Vélez Sarsfield, futuro creador del Código Civil. Las condiciones estaban dadas para garantizar su éxito. Todas las provincias lo apoyaban, con excepción de Santa Fe, cuyo representante fue instruido para que defendiera la idea de una organización confederada.

La posibilidad cierta de un conflicto con el imperio del Brasil obligó al congreso a tomar una primera decisión trascendente: la constitución del ejecutivo nacional. Al poco tiempo, dictó la Ley Fundamental. El congreso se declaró constituyente, las provincias continuaban funcionando como entidades autónomas y Buenos Aires se encargó de las funciones propias del poder ejecutivo nacional hasta que se eligiese al futuro presidente. El 6 de febrero de 1826 se dictó la Ley de Presidencia, siendo elegido presidente Bernardino Rivadavia. Apenas asumió, decidió aplicar el mismo esquema de ideas que lo orientó mientras fue ministro provincial a un complicado y convulsionado panorama. Adoptó como lema “subordinación recíproca y conciliación de intereses”. Estaba convencido de que se podía imponer desde la cúspide del poder una organización política e institucional dependiente del poder central.

Consciente de que para ejercer el poder necesitaba imperiosamente contar con un territorio, Rivadavia impuso la sanción de la Ley de Capital, en virtud de la cual la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se transformaban en Capital de la República, libre de toda sujeción a la autoridad bonaerense. Si bien el esquema conceptual rivadaviano era lógico, imponer semejante división política en territorio bonaerense en medio de un conflicto internacional, fue prácticamente un suicidio político. La creación de la capital de la República no hizo más que atentar contra los intereses políticos y económicos de la provincia de Buenos Aires. Rivadavia, convencido de su proyecto, buscaba la creación de un poder nacional aunque el costo a pagar fuese la afectación de los intereses provinciales. La reacción opositora no tardó en llegar. Los Anchorena, Dorrego y Juan Manuel de Rosas lanzaron una cruzada antirivadaviana, pero la ley fue dictada el 4 de marzo. Ese día señaló el quiebre definitivo entre Rivadavia y los factores de poder bonaerenses.

El principio del fin de Rivadavia fue la sanción de la constitución de 1826. No había unanimidad entre las provincias acerca de la forma de estado que convenía sancionar. Seis provincias propiciaban una forma de estado federal (Entre Ríos, Santa Fe, Santiago, San Juan, Mendoza y Córdoba), cuatro, la unidad del régimen (Tucumán, Salta, Jujuy y La Rioja) y las seis restantes consideraron que era el congreso el que debía decidir (Corrientes, Catamarca, San Luis, Misiones, Montevideo y Tarija). En julio de 1826, la comisión del congreso emitió un dictamen propugnando la forma republicana “consolidada en unidad de régimen”. Finalmente, la nueva constitución fue dictada el 24 de diciembre de 1826. Había nacido muerta. La reacción federal estaba en marcha. Los pueblos del interior no estaban dispuestos a soportar un régimen centralizado bajo la égida de Rivadavia, un dirigente brillante pero incapaz de suscitar consensos.

Los provincianos vieron en él a un presidente de facto al que debían desalojar del poder. La reacción comenzó en Tucumán. El caudillo Quiroga, bajo el lema “Religión o Muerte”, se lanzó sobre Catamarca y depuso al gobernador. Luego pulverizó a Lamadrid en El Tala, arrojándolo de Catamarca. Inmediatamente después se dirigió rumbo a San Juan para imponer a un aliado suyo como gobernador. Retornó a Tucumán y Santiago para vencer nuevamente a Lamadrid en Los Palmitos y Rincón, obligándolo a huir a Bolivia. A partir de entonces, Quiroga se transformó en un referente nacional del federalismo. Cuando despuntó 1827, Córdoba, La Rioja, Santiago y San Juan, habían desconocido a Rivadavia como presidente y la mayoría había rechazado la flamante constitución. El sueño de Rivadavia de un régimen unitario había estallado por los aires. Para colmo, García, enviado por Rivadavia para firmar una paz con el imperio del Brasil, al extralimitarse de sus instrucciones no hizo más que traicionar el sentimiento nacional que había legitimado la entrada de las Provincias Unidas a la guerra. Incluso Rivadavia repudió el tratado de paz con extrema dureza. No le quedó otro camino que la renuncia, abriéndole las puertas del poder a Juan Manuel de Rosas.

Fuentes:

-Germán Bidart Campos: Historia política y constitucional argentina, ed. Ediar, Buenos Aires, tomo I, 1976.

-Carlos Floria y César García Belsunce: Historia de los argentinos, ed. Larousse, Buenos Aires, 1992.

-David Rock: Argentina (1516-1987), University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1987.

Hernán Andrés Kruse

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