Por Hernán Andrés Kruse.-

En su edición del domingo 28 de agosto Página 12 publicó un artículo de Alfredo Zaiat titulado “Primer escalón”, en el que efectúa un descarnado análisis de la situación laboral que hoy impera en el país. Si bien nadie niega la poca confianza que inspiran los datos brindados por el Indec durante el período 2007/2015, queda fuera de discusión que la política económica que viene aplicando el gobierno de Mauricio Macri ha incrementado la desocupación. Si bien el gobierno de Cambiemos recibió una economía con varios frentes cargados de tensión, la política económica implementada a partir del 10 de diciembre de 2015 transformó tales desafíos en una crisis de impredecibles consecuencias. El problema laboral se agudizó apenas el presidente de la nación decidió el despido de miles de empleados públicos ya que sentó un precedente para el ámbito privado. En efecto, el sector privado, emulando al sector público, comenzó a despedir trabajadores lo que no hizo más que agudizar el problema laboral. Al haber diluido el programa Repro del Ministerio de Trabajo y vetar la ley antidespidos, el presidente de la nación creó las condiciones para que aumente la desocupación. En su última estadística el Indec habla de una tasa de desocupación del 9,3 por ciento, de una tasa de subocupación total del 11,23 por ciento y de una tasa de ocupantes demandantes de empleo del orden del 15,7 por ciento. Sobre un total de 12,5 millones de personas que componen la Población Económicamente Activa, 3,9 millones tienen graves problemas laborales. Si la mayoría de esos 3,9 millones de personas son casados y con dos hijos (la familia tipo), estamos hablando de cerca de 10 millones de personas con serios problemas de trabajo.

Mucho se ha debatido sobre las estadísticas pasadas (cuando Guillermo Moreno era el hombre fuerte del Indec), pero lo cierto es que, tal como lo sostienen los economistas del Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala, “el desempleo está subiendo-y no por motivos estadísticos-parece ser innegable en un contexto de importante caída de la actividad económica”. A su vez, efectuaron críticas a las afirmaciones vertidas por las autoridades del Indec respecto a la existencia de desocupados que figuraban como ocupados. Consideran que los titulares de los planes sociales, pese a no trabajar, no figuraban como desempleados. Luego de analizar el informe del Indec, los economistas del ITE Germán Abdala señalaron que “las propias cifras publicadas dejan claro que el traspaso fue de inactivos a desocupados”, para ilustrar que “el supuesto mal registro de los beneficiarios de programas sociales no puede explicar las diferencias en la tasa de desempleo entre esta medición y la anterior”.

Una cosa, destaca Zaiat, son las estadísticas, cuya importancia nadie discute, pero otra cosa es la índole de la política económica que aplica un gobierno, más relevante que los números. Para la clase trabajadora lo fundamental es el cambio que se produce en la manera de orientar la intervención estatal en la economía, es decir lo que Sturzenegger define como “nuevo régimen”. Efectivamente, con la asunción de Macri se produjo un cambio de régimen económico. Para el actual oficialismo el problema del empleo tiene su origen en: a) los elevados costos laborales y b) las regulaciones estatales que desalientan la inversión privada. Para Cambiemos deja de tener relevancia la idea de que la política de ingresos es un factor clave de la demanda, capaz, por ende, de estimular la actividad económica y la generación de empleo. Por el contrario, el equipo económico de Cambiemos sostiene que la economía debe apoyarse en el carácter dinamizador de la inversión privada que, al no estar presionada por unos costos laborales en declive, se transformaría en el motor de la economía. La eliminación de las regulaciones del Estado en el mercado laboral produciría el resurgir de las fuerzas emprendedoras que estaban siendo sojuzgadas por el Leviatán. Lamentablemente, la realidad ha enseñado que con la aplicación de la receta ortodoxa lo único que se consigue es una veloz redistribución regresiva de los ingresos.

En este sentido, cabe reconocer que el presidente de la nación ha sido franco al exponer lo que piensa en esta cuestión. En su opinión los trabajadores son los grandes culpables de los problemas laborales que aquejan al país. Recientemente los acusó de ausentarse demasiado y de “poner palos en la rueda”, lo que termina por crear un ambiente poco propicio para las inversiones extranjeras. Además, cargó contra los juzgados laborales por su propensión a defender a los trabajadores. Lo cierto es que el desempleo está nuevamente entre nosotros, lo que ha comenzado a repercutir negativamente sobre los trabajadores. En encuestas personales a trabajadores realizadas por el economista Demian Panigo quedó registrado un incremento de problemas de salud y deterioro del estado de ánimo vinculados a problemas en el empleo o directamente por no tener trabajo. El 9,3 por ciento de desempleo registrado en el primer semestre del año no hace más que reflejar la ola inicial de despidos que el gobierno nacional directamente fomentó. A partir de la segunda mitad del año comenzó a desplegarse una ola de suspensiones que podría desencadenar una nueva ola de despidos. Que las empresas suspendan personal no significa que tengan decidido despedirlos. Pero si la actividad económica no repunta lo más probable es que el trabajador suspendido sea despedido. Hoy los trabajadores están inmersos en el siguiente escenario: despidos, suspensiones, retiros voluntarios, jubilación anticipada, anticipo de vacaciones, recorte de horas extras y fuerte caída del salario real (fuente: Alfredo Zaiat, “Primer escalón”, Página 12, 28/8/016).

La conflictividad está íntimamente ligada a la desocupación. Según el último informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) los atrasos en el pago de los sueldos explican el 25 por ciento de los conflictos laborales que se sucedieron en julio. Otras razones que generaron protestas fueron los despidos y las suspensiones. El informe señala que el contexto de esta conflictividad no es novedoso: la fuerte caída (4,3 por ciento en junio con relación a junio de 2015) experimentada por la economía al finalizar el primer semestre. Para colmo, se ha registrado una mayor cantidad de retrasos en el pago de los sueldos y una mayor tendencia al empleo de la acción directa (el corte de calles con bloqueo a las entradas de las fábricas) por parte de los damnificados. Según Hernán Letcher, director del CEPA, “el atraso en el pago de sueldos está relacionado con el atraso en la cadena de pagos: las empresas están produciendo menos, vendiendo menos y cobrando menos. Al mismo tiempo, es un mecanismo de desgaste y disciplinamiento en momentos en que surgen demandas por la reapertura de las paritarias por la inflación”. Según CEPA julio registró 99 conflictos laborales. La conflictividad fue más alta en el sector privado que en el público. En efecto, el 66,7 por ciento de las protestas tuvieron lugar en el sector privado. El 55 por ciento se dio en el sector industrial y el 33,36 por ciento en el rubro servicios. Dentro del ámbito industrial el sector de Alimentos y Bebidas fue el más conflictivo. Los sectores automotriz, petrolero y metalúrgico tampoco se salvaron de los conflictos. Se está en presencia de actividades que fueron afectadas por la baja en el consumo y la apertura de las importaciones. En servicios el sector más conflictivo fue el de medios de comunicación, seguido por servicios públicos y transporte. Más de la mitad de los conflictos (54,55 por ciento) se debieron a demandas salariales, mientras que el 25 por ciento se debió a atrasos en el pago de los sueldos. Según Letcher “la problemática más discutida no es la suba de salarios. Eso que advirtió al comenzar el año Prat Gay, sobre que los gremios verían si “arriesgar salarios a cambio de empleo” se está cumpliendo, porque los conflictos están más relacionados con atrasos en los pagos y despidos, que no son la reivindicación por mejorar el salario”. Otra cuestión reflejada en el documento es la débil reacción de algunas conducciones gremiales frente a los despidos. Según CEPA “en la actividad de la construcción no se registra un elevado nivel de conflictividad, siendo que ya totaliza casi 60 mil trabajadores despedidos, en virtud de la virtual paralización total desde el inicio de la nueva gestión”. También hizo alusión a “la inexistencia de conflictos laborales en el agro, cuyo principal sindicato-la UATRE-responde a Gerónimo Venegas, el dirigente sindical más próximo a Cambiemos”. Tampoco demostró poder de reacción el dirigente Armando Cavalieri (Comercio), a pesar de que en el sector de Servicios se registró el mayor número de despidos. Algo similar sucede en gastronómicos cuyo jefe máximo está muy cerca del presidente de la nación. Por último, llama la atención el incremento del número de protestas callejeras “con imposibilidad de entrar a la planta” y cortes de tránsito registrados en el sector privado. “Al interior de los conflictos que acontecieron en la industria, la modalidad de corte de ruta o calle junto con la imposibilidad de acceso a la planta sumaron el 44 por ciento de los conflictos” (fuente: Laura Vales, “Menos trabajo, más conflictividad”, Página 12, 28/8/016).

No se detiene el aluvión de productos importados de consumo masivo, particularmente el sector de alimentos. Las economías regionales comenzaron a experimentar en carne propia los efectos deletéreos de la apertura indiscriminada de importaciones. Los sectores industriales encendieron varias luces de alarma señalando que pese a las promesas dadas tibiamente por el gobierno nacional hace un tiempo, en la actualidad volvió a recrudecer la entrada aluvional de productos foráneos del más diverso origen y especies. En la provincia de Santa Fe el Observatorio de importaciones acaba de señalar que las góndolas están repletas de alimentos enlatados provenientes de Brasil, Francia, China, Taiwán y el Líbano. Durante el primer semestre de 2016 la importación de los alimentos enlatados quintuplicó el volumen ingresado en 2015. En efecto, el año pasado ingresaron a las Argentina 65 mil kilogramos mientras que en lo que va del año ingresaron 335 mil kilogramos (equivalente a un millón 600 mil latas de 200 gramos). A raíz de esta inundación incontrolable los productores de hortalizas de Santa Rosa de Calcines y la planta envasora de Pavón Arriba (interior de Santa Fe) ven peligrar su estabilidad (social y económica). En una conferencia de prensa dada por el ministro de Producción santafesino-acompañado por Guillermo Moretti, titular de la Federación de Industriales de la provincia y por Omar Príncipe, titular de la FAA-, Luis Contigiani, se presentó un anticipo de los datos brindados por el Observatorio en su tercer informe sobre la apertura indiscriminada de importaciones. Los tres coincidieron en señalar que el embate importador está poniendo en peligro la rica estructura productiva santafesina: hortalizas, frutas, carnes de cerdo, bovina y aviar, leche, quesos, fiambres, alimentos enlatados, golosinas, muebles, colchones y vajillas de mesa. Para dar una idea del impacto que está provocando el ingreso irrestricto de productos foráneos, el informe del ministerio de Producción da a conocer, a manera de muestra, los siguientes datos: a) carne porcina, compras por 11,3 millones de kilogramos (suba del 51 por ciento); b) bondiola, 2,6 millones de kilogramos (404 por ciento); c) pollo trozado, 3,7 millones (1227 por ciento); d) quesos en general 1,1 millones de kg (54 por ciento); y e) quesos crema 105.500 kilogramos, que equivalen a 845 mil potes de 125 gramos, con una suba anual del 238 por ciento. Moretti, quien además es vicepresidente de la UIA, expresó que “no queremos volver a la valorización financiera sino trabajar por la valorización productiva, que es la que nos da empresas que funcionan, salarios de calidad y un mercado interno fuerte”. Por su parte, el jefe de FAA condenó “la falta de una política pública a largo plazo que le dé previsibilidad a los distintos sectores de la economía, involucrando a todos y asegurando el consumo interno”. Por último, Contigiani dijo que “en un escenario recesivo, con caída del empleo y afectación social, debemos ayudar a tener un tejido social con más oportunidades, y que el mercado interno esté en la agenda del gobierno nacional” (fuente: Raúl Dellatorre, “Alimentos importados, desempleo argentino”, Página 12, 28/8/016).

Share