Nadie puede dudar que el principal problema que aqueja a la sociedad argentina es el de la pobreza, que afecta al 36,5% de la población (17,3 millones). La línea de pobreza está indicada por la Canasta Básica Total: $ 120.000, mientras la de indigencia corresponde a la Canasta Básica Alimentaria: $ 52.989. Cabe señalar, que el 80% de los jubilados cobra la jubilación mínima: $ 43.353, es decir, se encuentra en la indigencia, pese a haber trabajado y aportado previsionalmente. A su vez, el Salario Mínimo Vital y Móvil está fijado en $ 54.500, es decir, que quienes trabajan sólo tienen garantizado cobrar la mitad de lo que necesitarían para no ser pobres.

Una manifestación clara de la pobreza la encontramos en las villas miseria o barrios populares, que son aquellos que se encuentran integrados por familias agrupadas bajo diferentes grados de precariedad y hacinamiento, en donde más de la mitad carece de títulos de propiedad del suelo y de acceso a los servicios básicos: agua corriente, gas natural, energía eléctrica y cloacas. Estos lugares, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares, han crecido exponencialmente hasta los actuales 5.687, donde viven 5.000.000 de personas. Acaba de prorrogarse por diez años, la ley 27.453 que suspende los desalojos en estos barrios cuando hayan sido levantados en tierras usurpadas. (1)

Vinculado a lo anterior, el panorama del trabajo muestra características preocupantes: los trabajadores registrados suman 12.034.000 (sectores privado, público y monotributo); mientras 6 millones trabajan en el sector informal, y otros 1.337.136 permanecen desocupados. (2) En forma progresiva, las autoridades gubernamentales han recurrido a medidas que procuran paliar las consecuencias negativas del ingreso insuficiente de tantas familias a través de aportes dinerarios. Dichos subsidios, en forma de planes, que se otorgan de modo permanente u transitorio, son motivo de quejas constantes de quienes consideran injusto que el Estado mantenga a personas que no trabajan.

Nuestro Centro de Estudios Cívicos, considera necesario sentar posición sobre este tema, frente al que, como católicos y como ciudadanos, no podemos permanecer indiferentes. Como guía para el análisis, contamos con la doctrina social, que nos permite iluminar nuestro transitar por la vida con la brújula de los principios y la experiencia milenaria de la Iglesia. La obligación moral del trabajo rentado, se remite a menudo a la Segunda Carta a los Tesalonicenses: el que no quiera trabajar que no coma (2 Tes. 3, 10). En realidad, la frase en griego οὐ θέλει ἐργάζεσθαι significa “no está dispuesto a trabajar”, es decir, que no acepta colaborar con el sostenimiento de la comunidad ni realiza nada útil.

Sobre esto se expidió una encíclica: La obligación de ganar el pan con el sudor de la propia frente supone, al mismo tiempo, un derecho. Una sociedad en la que este derecho se niegue sistemáticamente y las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. (3) De hecho, es ínfima la proporción de personas que se limitan a vivir de limosnas o mantenidos por su familia, sin realizar ninguna tarea que les permita obtener los bienes necesarios para sostenerse a sí mismos. La mayoría de quienes necesitan ayuda estatal para obtener un ingreso suficiente que le permita sostener a su familia, requieren esa ayuda pese a que trabajan o trabajaron, como demuestran las cifras citadas al comienzo.

Un diagnóstico completo y objetivo, debe concluir que no se trata sólo, o principalmente, de un problema económico, sino del fracaso de la política que tiene por finalidad lograr el bien común de la comunidad. Un reciente artículo (4) recordaba una frase de Malraux: “los pueblos no sólo tienen los gobiernos que se merecen, sino los que se les parecen”; agregaba el periodista que es habitual en muchos argentinos señalar que es el peronismo el causante de todos los males que afectan a la Argentina. Sin embargo, durante el primer centenario (1910) cuando esa fracción política no existía, otro intelectual francés, Clemenceau, notó en una visita a esta tierra: “no he conocido ningún otro país en donde tanta gente cree tener derecho a vivir del Estado”.

La doctrina es clara: El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática (…) Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio. (5)

No obstante, y dada la crisis extrema que existe en nuestro país, el deber de otorgar las convenientes subvenciones indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias es una obligación que brota del principio fundamental del orden moral en este campo, esto es, del principio del uso común de los bienes o, para hablar de manera aún más sencilla, del derecho a la vida y a la subsistencia. (6)

Otro factor de la realidad del mundo actual, que no puede omitirse, es la creciente automatización de las tareas productivas y de servicios, que disminuye la necesidad del trabajo humano, y que ya ha provocado millones de desempleados, e incluso –según la Organización Internacional del Trabajo- conducirá a la desaparición de más de la mitad de los oficios existentes. Autores como Jeremy Rifkin, vienen alertando sobre esta revolución tecnológica que está substituyendo a los seres humanos por máquinas, y que hará que cada vez sean necesarios menos trabajadores para producir los bienes y servicios requeridos por la población mundial. (7)

Por ello, se están experimentando en varios países distintas variantes de ingreso básico universal o renta básica, destinadas a reemplazar las asignaciones familiares y otros subsidios, como garantía de que toda familia o ciudadano, disponga de un ingreso mínimo que le permita obtener los bienes indispensables para una vida digna. (8) Por cierto, que el diseño y la implementación efectiva de esta forma de ayuda social, deberá ser analizada por especialistas y decidida por las autoridades gubernamentales. Pero el fundamento ético de esta manera de redistribución sería el derecho de todos a participar de los beneficios del incremento de la productividad y del crecimiento de la riqueza nacional por la aplicación de las nuevas tecnologías, así como una compensación por la disminución de empleos y de la concentración de la riqueza. Transferir una parte de los beneficios hacia aquellos más necesitados y menos propensos a poder disfrutar de los avances de la economía, es una forma de concretar la justicia social, puesto que: “Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que aparecen nuevas pobrezas”. (9)

Centro de Estudios Cívicos
Córdoba, 10-11-2022
Prof. Flavia Villani – Dr. Mario Meneghini
Dr. Andrés Torres – Dr. Carlos Vargas
Arq. Jorge Cima – Dr. José González del Solar

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1) Infobae, 9-10-2022.

2) Andrés Kilpphan, Infobae, 31-8-2021.

3) Juan Pablo II. “Centesimus annus”; p. 43.

4) Perfil, 6-11-22

5) Benedicto XVI. “Deus caritas est”; p. 28,

6) Juan Pablo II. “Laboren exercens”; p. 18.

7) Jeremy Rifkin. “El fin del trabajo”; Paidos, 1996.

8) Andrés Torres: www.foroazulyblanco.blogspot.com/2020/01/el-ingreso-basico-universal.html

9) Francisco. “Fratelli tutti”; p. 21.

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