Por Roberto Fernández Blanco.-

Previo a mi sugerencia respecto de cómo encarar la solución de este problema, propongo clarificar previamente el tan vapuleado concepto “trabajador”.

TRABAJADOR PRODUCTIVO = La definición conceptual es “Toda persona (emprendedor libre o empleado) que genera más riqueza que la que consume”.

EMPLEADO (PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO) = Persona que desempeña un trabajo como contraprestación por un sueldo o salario.

En el caso de un emprendedor (y empresario) no hay otra interpretación posible en tanto actúa asumiendo sus propios costos y riesgos.

Pero en el caso de un empleado es necesario distinguir aquel que participando en una cadena productiva produce más riqueza de la que consume pues de lo contrario no sería incorporado como tal.

Esto lleva a diferenciar entre “Empleados Productivos” y “Empleados Improductivos o poco productivos” (que consumen más que lo que producen).

Para clarificar el concepto basta con imaginar a un productor de tomates que consume más tomates que los que produce, situación que solo es posible en el sector público cuando se impone a los ciudadanos (vía impuestos directos e indirectos) el hacerse cargo de la diferencia.

Argentina tiene hoy, como resultado de gobiernos de naturaleza socialista populista, organismos deficitarios innecesarios y superpoblación de empleados públicos que se traducen en ineficiencia y en un absurdo despilfarro de riqueza expoliada al pueblo productivo generando un deterioro en las condiciones de vida de la comunidad al quitarle riqueza vía impuestos para sostener este déficit manteniendo personas en condiciones improductivas cuando pueden (y deben) pasar a fase productiva.

LA SOLUCIÓN

Para salir de inmediato de esta destructiva condición reitero una antigua propuesta que en breves términos consiste en reducir el personal del empleo público a su mínima y eficiente cantidad, lo que en nuestro país implicará reducir el personal (estimo) al 25% de la nómina actual, reteniendo a los más capacitados e imprescindibles, respaldados con medios informáticos actualizados y empezando por dar de baja inmediata a los incorporados durante la administración Kirchner-Massa.

Al resto darlos de baja ofreciéndoles optar entre tres alternativas, (1-) jubilación anticipada a quienes estén cercanos a la edad jubilatoria, (2-) una indemnización razonable o (3-) recibir un pago mensual del 50% (actualizado) del actual salario (calculando que actualmente entre transporte, ropa y almuerzo consumen alrededor de un 50%), con libertad para ingresar a sectores no vinculados con las instituciones del Estado y válido durante un riguroso e inextensible lapso de unos 4 años, tiempo suficiente para que reencaminen su vida laboral de la manera que más les convenga.

Esta solución libera a la administración del Estado de enormes gastos deficitarios permitiendo cubrir el transitorio costo de la misma con la venta de los edificios públicos (recaudando y evitando que vuelvan a ocuparlos), de todos sus contenidos (escritorios, sillas, computadoras, máquinas copiadoras aspiradoras… etc.,) y con la eliminación de los consumos diarios corrientes, energía eléctrica, gas, agua, artículos de limpieza, papelería, lapiceras, etc.

Actuando con rapidez, en aproximadamente un año y medio, se puede resolver definitivamente este improductivo despilfarro del sobre saturado empleo público permitiendo agilizar con máxima eficiencia los trámites relacionados con la administración pública y posibilitando el disminuir drásticamente los innecesarios impuestos expoliados al pueblo productor que así dispondrá más enteramente de los frutos de sus trabajos productivos para dinamizar la economía.

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