Erich Fromm y un libro memorable

Por Hernán Andrés Kruse.-

Estoy releyendo uno de los libros más fascinantes del siglo XX. Me refiero a “El miedo a la libertad” de Erich Fromm. Es de una enorme ayuda para quien desee intentar comprender la complejidad de la sociedad contemporánea. En esta oportunidad me referiré a dos párrafos sobre el mecanismo de evasión.

Escribió Fromm:

“Aunque estos mecanismos de evasión son importantes para la psicología individual, desde el punto de vista cultural tienen un significado mucho menor. Por lo tanto, omitiré su discusión para referirme, en cambio, a un tercer mecanismo de suma importancia social. Este mecanismo constituye la solución adoptada por la mayoría de los individuos normales de la sociedad moderna. Para expresarlo con pocas palabras: el individuo deja de ser el mismo; adopta por completo el tipo de personalidad que le proporcionan las pautas culturales y, por lo tanto, se transforma en un ser exactamente igual a todo el mundo y tal como los demás esperan que él sea. La discrepancia entre el “yo” y el mundo desaparece, y con ella el miedo consciente de la soledad y la impotencia. Es un mecanismo que podría compararse con el mimetismo de ciertos animales. Se parecen tanto al ambiente, que resulta difícil distinguirlos entre sí. La persona que se despoja de su yo individual y se transforma en un autómata, idéntico a los millones de otros autómatas que lo circundan, ya no tiene por qué sentirse solo y angustiado. Sin embargo, el precio que paga por ello es muy alto: nada menos que la pérdida de su personalidad”.

Este párrafo ilustra a la perfección lo que es la sociedad contemporánea: un hormiguero. Los seres humanos han dejado de ser personas para ser hormigas destinadas a ser pisoteadas. Quien comete la osadía de no traicionarse a sí mismo, de rebelarse contra la uniformidad y la masificación, de no resignarse a ser una hormiga, pasa inmediatamente a la categoría de “bicho raro” o, en el peor de los casos, de “subversivo”. Al poder le conviene que los gobernados sean autómatas. De esa manera, el control social está asegurado. Al poder le conviene que los gobernados acepten con resignación ser tratados como hormigas, que obedezcan sin chistar las órdenes de “arriba”.

Escribió Fromm.

“Preguntemos a cualquier lector de periódico lo que piensa acerca de algún problema político. Nos dará como “su” opinión una relación más o menos exacta de lo que ha leído, y, sin embargo-y esto es lo esencial-está convencido de que cuanto dice es el resultado de su propio pensamiento. Si vive en una pequeña comunidad, donde las opiniones políticas pasan de padre a hijo, “su propia” opinión puede estar regida mucho más de lo que él mismo piensa por la persistente autoridad de un padre severo. O bien la opinión de otro lector podría resultar de un momento de desconcierto, del miedo de aparecer mal informado, y, por lo tanto, en este caso el “pensamiento” constituiría sobre todo una forma de salvar las apariencias, más que la combinación natural de la experiencia, el deseo y el saber (…) En realidad, para muchas personas sus experiencias-espectáculo artístico, reunión política, etc.-se vuelven reales tan sólo después de haber leído la correspondiente noticia en el diario”.

En nuestro país muchos argentinos están convencidos de que poseen pensamientos políticos propios, cuando en realidad no hacen más que repetir como loros las sentencias de los columnistas políticos más destacados del poder mediático concentrado. Por ejemplo, desde hace muchos años desde esos medios se afirma con carácter de sentencia que Cristina es la jefa de una asociación ilícita. Pues bien, se cuentan por millones los argentinos que afirman que Cristina es la jefa de una asociación ilícita. No hacen más que repetir lo que leen en dichos diarios o escuchan en los canales de esos multimedios. Para ellos Cristina es chorra porque lo dicen TN y La Nación+. Punto. Fin de la discusión. Si alguien les preguntara, por ejemplo, de qué argumentos se valen para afirmar semejante barbaridad, quedarían con la boca abierta sin emitir palabra alguna. Como diría Fromm esos argentinos tiene la ilusión de haber arribado a una opinión propia, pero en realidad no han hecho otra cosa que adoptar la opinión de una autoridad (Clarín, La Nación).

El que avisa no es traidor

Durante la campaña electoral de 1989 el entonces candidato presidencial por el justicialismo Carlos Saúl Menem prometió que de llegar a la presidencia cumpliría sus dos promesas fundamentales: el salariazo y la revolución productiva. Esas promesas quedaron en la nada. Apenas asumió puso en ejecución un feroz plan ortodoxo que en la práctica significó para sus amigos un negociado histórico y para el pueblo, un sufrimiento feroz. Mucho tiempo después Menem reconoció que si hubiera dicho la verdad en la campaña electoral de aquel año, si hubiera dicho que llevaría a cabo un histórico proceso de privatizaciones y ajustaría de manera impiadosa al pueblo, no hubiera podido ganar. Reconoció que mintió para ser presidente, que engañó al pueblo para suceder a Raúl Alfonsín.

Cabe reconocer que Menem no fue el único candidato a presidente que traicionó la voluntad popular una vez que se sentó en el Sillón de Rivadavia. En el histórico debate previo al ballottage de 2015, el entonces candidato a presidente por Cambiemos, Mauricio Macri, prometió que reduciría la pobreza a 0 y afirmó que la devaluación atentaba contra la calidad de vida de la gente. Cuando le cedió el trono a Alberto Fernández la pobreza había crecido geométricamente durante su gobierno, al igual que la devaluación del peso. Durante la campaña electoral de 2019 el entonces candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que habían aprendido de los errores cometidos en el pasado. “Volvimos para ser mejores”, aseguró. Volvieron mucho peores. Tanto Macri como Alberto imitaron a Menem en el arte mentirnos de manera descarada.

El expresidente Macri acaba de anunciar que el próximo 18 de octubre saldrá a la venta un nuevo libro de su autoría titulado “Para qué”. En las últimas horas se dio a conocer el contenido del capítulo vigésimo quinto. En sus páginas se lee lo siguiente: “Habrá que tomar medidas drásticas”. “Somos el cambio o no somos nada. Es mucho más que una frase. Es la esencia de nuestro para qué y es también la conclusión a la que he llegado tras el largo camino recorrido en la vida”. Situándose en diciembre del año próximo asegura que “tras el rotundo fracaso del populismo existen enormes posibilidades de que la próxima administración recaiga sobre Juntos por el Cambio”. “Si esto sucede, nuestra responsabilidad será mayúscula, aún más exigente que la que tuvimos a partir de diciembre de 2015. Más allá del hombre o la mujer que lidere el gobierno que viene, existen aspectos muy importantes que harán que la nueva experiencia resulte muy diferente a la del primer tiempo del cambio” (fuente: Perfil, 10/10/022).

El mensaje es cristalino. Si Macri es elegido nuevamente presidente no dudará en aplicar un programa económico ortodoxo en sintonía con el FMI. El ajuste será muchísimo más impiadoso que el que está aplicando Sergio Massa, con el visto bueno del presidente formal y de Cristina Kirchner. Lo rescatable de Macri es, reitero, su decisión de no engañar a nadie, de reconocer que apenas se siente en el sillón de Rivadavia ajustará de manera impiadosa. Después, cuando su promesa se haga realidad no habrá derecho al pataleo.

Una cuestión inquietante: Los juicios mediáticos paralelos

En su edición del 2/10/022 Página/12 publicó un artículo de Aleardo Laría Rajneri titulado “Los juicios mediáticos paralelos”. Escribió el autor:

“(…) El problema de los juicios mediáticos paralelos es que se manejan con la lógica de la sospecha. Se toman algunos hechos como ciertos, pero penalmente irrelevantes-por ejemplo, la expansión del negocio de un empresario-a los que luego se añaden afirmaciones no contrastadas o incluso falsas que carecen de sustento probatorio. Esto instala en la opinión pública un sesgo de verosimilitud de las acusaciones formuladas. Luego, cuando tiene lugar el juicio oral, en el que rige el principio de presunción de inocencia y las acusaciones deben ser respaldadas con pruebas consistentes, es posible que el plexo probatorio desmienta la acusación fiscal. Se produce entonces una frustración cognitiva que afecta al gran público y hasta a periodistas, quienes supuestamente deberían estar alertas ante este fenómeno (…)”.

“En los últimos meses se ha hablado mucho sobre los discursos del odio que, como es sabido, son un fenómeno que se ha intensificado en todo el mundo, alimentado por las redes sociales. Como ha señalado el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, los medios de comunicación electrónicos han destruido el discurso racional de la cultura del libro que predominaba en el siglo pasado y producen “mediocracia”. Además, en la Argentina, los discursos del odio fueron reforzados por las estrategias del lawfare, que instalan en la mente de mucha gente-como se puede comprobar en los diálogos intercambiados entre los integrantes de la “banda de los copitos”-la retórica de la antipolítica basada en que “todos roban” (…) Esto explica también las dificultades del diálogo político. ¿Cómo se puede entablar una conversación propositiva con el instigador de las maniobras judiciales por las que los fiscales y jueces colonizados reclaman decenas de años de cárcel para el rival político o para sus hijos? Por eso se puede afirmar que el daño que Macri ha inferido a la democracia con el espionaje paranoico dispuesto por su fiel escudero Gustavo Arribas desde la Agencia Federal de Inteligencia y con el montaje de acusaciones falaces dibujadas por jueces sin escrúpulos, como Bonadío y Ercolini, será muy difícil de reparar en el futuro (…)”.

Los juicios paralelos constituyen un grave peligro para la democracia liberal. Desde hace tiempo se observa un fenómeno inquietante: algunos sets televisivos se han transformado en juzgados y los periodistas, en jueces que dictan sentencia, siempre contraria al reo de turno. El caso de Cristina Kirchner es harto elocuente. Hay periodistas que hace rato le bajaron el pulgar a la vicepresidenta. A veces pareciera que los destinatarios del mensaje son los miembros del tribunal que dentro de poco deberá pronunciarse por la inocencia o culpabilidad de CFK. Mientras tanto, un sector importante del pueblo, enrolado en las filas opositoras, hace rato que condenó a Cristina Kirchner. Es chorra. Punto. ¿El principio de presunción de inocencia? Hoy es una entelequia. También lo es la democracia liberal como filosofía de vida.

Anexo 1

El Informador Público en el recuerdo

El bastardeo del liberalismo

16/02/2016

Pocos términos han sido tan bastardeados en la Argentina como “liberalismo”. Desde el retorno a la democracia en 1983 a la fecha, desde el progresismo se ha acusado a los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y ahora Mauricio Macri, de “neoliberales”, por haber aplicado en el terreno económico políticas de ajuste que no hicieron más que pulverizar el salario del trabajador. El “liberalismo” ha pasado a ser, pues, una mala palabra, un término que sirve para describir y, fundamentalmente, condenar, a gobiernos que, pese a haber surgido de la voluntad popular, han aplicado políticas económicas ortodoxas.

En la Argentina “liberalismo” ha pasado a ser sinónimo de “ajuste”, lo que constituye, a mi entender, un grosero error conceptual. En efecto, el liberalismo es una filosofía de vida que abarca diversos aspectos, todos relevantes. Podemos distinguir el liberalismo político, el liberalismo jurídico, el liberalismo económico y el liberalismo filosófico. Para que el liberalismo esté vigente es esencial que lo estén los distintos tipos de liberalismo recién enumerados. Es por ello que un gobierno como el de Augusto Pinochet, para poner un ejemplo, jamás podría ser considerado “liberal” por más que en el ministerio de Economía estuviera un discípulo de Milton Friedman. Por más “liberal” que haya sido el gobierno de Pinochet en el área económica, fue una dictadura sangrienta, porque arrasó con uno de los pilares del liberalismo jurídico: los derechos humanos.

Para que un gobierno sea liberal debe serlo en todas las áreas: el área política, el área jurídica, el área económica y el área filosófica. Un gobierno es liberal si los principios fundamentales del liberalismo político están vigentes: elecciones libres y competitivas, la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el derecho a manifestarse libremente en los lugares públicos, la libertad de prensa, el derecho a afiliarse y el derecho a desafiliarse. Un gobierno es liberal si la seguridad jurídica de las personas está garantizada. Con sólo recordar el artículo 18 de nuestra constitución basta para tener conciencia de la magnitud del liberalismo jurídico. Para que el liberalismo jurídico esté vigente es esencial la existencia de una Corte Suprema independiente, tanto del Poder Ejecutivo como del poder económico concentrado. Un gobierno es liberal si los principios fundamentales del liberalismo económico están vigentes: la propiedad privada, la competencia, la libertad de elegir en el mercado, la ausencia de los monopolios; el liberalismo económico nada tiene que ver, por ende, con el capitalismo de amigos. Un gobierno es liberal si la sociedad se rige por el principio de la tolerancia y el respeto a todas las ideologías y posturas políticas. El liberalismo filosófico es la antítesis del dogmatismo, de la verdad revelada. Sostiene que no existen verdades absolutas sino relativas, que cada persona tiene una parte de la razón pero no toda la razón. El liberalismo filosófico se presenta como la antítesis del autoritarismo, de la dictadura, de aquellos gobiernos donde impera la voluntad del dictador, que castigan severamente cualquier intento de desafío a la “verdad” del régimen.

Si el liberalismo se presenta como una filosofía de vida, como una cosmovisión, cabe analizar si los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y el incipiente gobierno de Mauricio Macri son liberales, como lo sostiene el progresismo. La respuesta es, obviamente, negativa. La Corte Suprema no fue independiente durante los gobiernos de Menem y De la Rúa. En aquel entonces la Corte estaba en manos de la “mayoría automática” impuesta por el riojano a fines de 1989. Si bien es prematuro hacer referencia al gobierno de Macri en este sentido, si finalmente ingresan a la Corte los dos juristas propuestos por el flamante presidente no sería extraño que en un futuro no tan lejano la Corte quede sometida a una nueva “mayoría automática”. El liberalismo económico jamás estuvo vigente durante los gobiernos de Menem y De la Rúa sencillamente porque en esa época imperó el capitalismo de amigos, la connivencia espuria entre los funcionarios gubernamentales y los empresarios amigos. Además, jamás hubo una genuina competencia entre los diversos actores económicos precisamente porque al estar vigente el capitalismo de amigos la competencia económica no es más que una quimera. Por su parte, Macri no está haciendo más que profundizar el capitalismo de amigos. Si esto no es cierto, que lo desmienta el señor Caputo. Pero lo más relevante es la ausencia del liberalismo filosófico a raíz de la incapacidad de los argentinos de tolerar a quien piensa de diferente manera. La intolerancia política e ideológica adquirió particular virulencia durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner (los cacerolazos) y en el incipiente gobierno de Macri parece agravarse (la brecha, como se denomina a este peligroso problema).

Del ‘83 a la fecha jamás estuvo vigente el liberalismo en todas sus facetas. Todavía somos una sociedad profundamente antiliberal y no da la sensación de que estemos dispuestos a efectuar el profundo cambio que se necesita para vivir en un ámbito de tolerancia y respeto por el libre albedrío.

Anexo 2

Acerca de unas reflexiones de Ricardo Forster

En una reciente entrevista concedida a una radio de Buenos Aires, Ricardo Forster, referente de Carta Abierta, expuso una serie de reflexiones sobre la reforma constitucional que merecen ser comentadas. dijo Forster: a) “la constitución no es un texto sagrado”; b) “queremos un debate sobre la reforma constitucional”; c) queremos desacralizar el texto”; d) “una constitución es algo complejo”; e) “no todo el texto del 94 quedó viejo”; f) “cambió el paradigma del rol del estado. La Argentina de hoy no tiene nada que ver con la Argentina de las relaciones carnales”; g) “si tuviéramos un sistema parlamentario, una misma persona podría gobernar varios años, como ocurrió con Felipe González, Angela Merkel y Tony Blair. A nadie se le ocurriría decir que allí hay una eternización”.

La constitución, remarcó Forster, lejos está de ser un texto sagrado. Se opone con énfasis a la doctrina constitucional tradicional que enarbola el principio del carácter pétreo de los contenidos fundamentales de la Carta Magna. Si bien reconoce la necesidad de reformar la constitución para adecuarla a los nuevos tiempos, la doctrina constitucional clásica (Bidart Campos) considera que la parte dogmática de la constitución (declaraciones, derechos y garantías) es irreformable. Resulta por demás evidente que ningún texto constitucional es sagrado, eterno, inmutable. La constitución nacional necesita ser reformada periódicamente para que no quede rezagada en relación con los cambios que continuamente sacuden a los planos interno y externo de la realidad política argentina.

Sin embargo, hay, me parece, determinados artículos de la carta magna que son pétreos. Helos aquí. “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender” (art. 14). “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo, vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial (…)” (art. 14 bis).

“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas” (art. 16). “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas política, toda especie de tormentos y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas (…)” (art. 18).

“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden público y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados (…)” (art. 19) “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición” (art. 22). “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional ni a las Legislaturas provinciales y los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria” (art. 29).

Hacía tiempo que no releía este articulado de la constitución. Condensa los principios fundamentales que hacen a la esencia de la democracia como filosofía de vida Modificarlos implicaría un grave atentado a la libertad de cada uno de quienes habitamos este suelo. Forster da en la tecla cuando proclama que no hay ninguna constitución que sea eterna. Sin embargo, los artículos recién mencionados deben ser intocables ya que constituyen el basamento fundamental de nuestra convivencia social. La doctrina constitucional clásica considera que estos artículos conforman “el derecho constitucional de la libertad” (Bidart Campos). Este derecho puede, de hecho, ser ampliado con otros artículos que consagren nuevos derechos. Pero de ninguna manera puede ser conculcado por ninguna asamblea constituyente, ya que las declaraciones, derechos y garantías son axiológicamente superiores a los deseos de cualquier mayoría circunstancial. Es necesario desacralizar el texto de 1853, pero siempre teniendo presente que el articulado que consagra los derechos de las personas es pétreo. Dentro de este contexto, no hay problema alguno (o no debería haberlo) en modificar el artículo 90: “El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”. Reemplazar este artículo por otro que consagre la reelección indefinida no tiene por qué poner en peligro la vigencia “del derecho constitucional de la libertad”. Si Cristina consiguiera su segunda reelección en 2015, su accionar como presidenta continuaría quedando siempre sujeto al respecto irrestricto a las declaraciones, derechos y garantías consagrados por nuestra carta magna. Siempre hay que recordar que vivimos en un estado de derecho y la consagración constitucional de la reelección presidencial indefinida lejos está de dinamitarlo.

Forster sostiene que es necesario reformar la constitución de 1994 porque consagra el neoliberalismo, o lo que es lo mismo, el capitalismo financiero transnacional. Me tomo el atrevimiento de disentir con este destacado intelectual. La reforma constitucional de 1994 introdujo una serie de nuevos derechos y garantías que, en mi opinión, nada tienen que ver con dicho capitalismo (artículos 36/42). Por ejemplo, el artículo 37 estipula que “Esta constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”. ¿Qué tiene que ver este artículo con el capitalismo financiero transnacional? Nada. Lo mismo podríamos decir respecto a los demás artículos. Estos nuevos derechos y garantías no hacen más que completar los derechos y garantías históricos. Una nueva reforma constitucional podría, a lo sumo, agregar nuevos derechos y garantías en función del cambio de paradigma anunciado certeramente por Forster, pero siempre respetando la histórica parte dogmática de la constitución. Ahora bien ¿vale la pena reformar ahora la constitución en función de ese objetivo? ¿No suponen los partidarios de la reforma que el pueblo sospecha que detrás de todo está la obsesión por permitir que Cristina se presente en 2015? ¿No sería, por ende, más saludable sincerar ese objetivo y decir claramente que lo que se pretende es reformar, pura y exclusivamente, el artículo 90 para consagrar la reelección presidencial indefinida?

(*) Artículo publicado en Redacción Popular el 6/9/012.