Por Hernán Andrés Kruse.-
El gobierno de Mauricio Macri hace de la mentira un estilo de gobierno, una forma de entender y hacer política. En noviembre pasado, poco antes del crucial balotaje, el por entonces candidato presidencial Mauricio Macri prometió solemnemente que Fútbol para Todos continuaría pero achicando los costos y dejando de emitir los avisos políticos durante el entretiempo de los partidos. También reconoció su hartazgo por la “campaña del miedo” desatada por el gobierno de Cristina en su contra. Hace unos días el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, expresó en conferencia de prensa: “queremos ratificar que Fútbol para Todos no va a existir más desde el primero de enero, cumpliendo lo que habíamos dicho, que se terminaría el programa”. La mentira hace, pues, a la esencia de Cambiemos. Jorge Triaca viene sosteniendo que no hay crisis laboral pero la realidad se empecina en desmentirlo: la desocupación creció, según números oficiales, de 5,9 a 9,3 por ciento. Alfonso Prat Gay afirma que la economía ha dejado de caer mientras el Indec no hace más que presentar números que confirman el derrumbe del consumo, la actividad industrial y la construcción. Para el ministro de Producción las pymes son actores relevantes de la actividad económica. Sin embargo, en el presupuesto el apoyo al sector no alcanza el 20 por ciento en el año. El ministro de Ciencia y Tecnología asegura que continúa en el cargo por el decidido apoyo del gobierno a la ciencia y tecnología mientras los científicos marchan al parlamento reclamando más plata para trabajar. Mientras el ministro de Turismo asegura que las economías regionales deben ser cuidadas confirma que deben terminarse los feriados puente. El presidente de la nación no se cansa de decir que la inflación está bajando mientras octubre apunta a una inflación del 3 por ciento y del 45 por ciento para 2016. El titular del Indec, Jorge Todesca, se presenta como el abanderado de la transparencia pese al apagón estadístico que tapó los desastrosos efectos económicos y sociales de la devaluación y la quita de retenciones. Esteban Bullrich, ministro de educación, dice defender los valores de la escuela pública mientras destruye el plan Conectar Igualdad de distribución gratuita de netbooks a estudiantes.
Los hechos se encargan de desmentir las palabras oficiales prácticamente todos los días. A veces pareciera que el gobierno se burla de la población. La promesa de la pobreza cero fue, desde un principio, un ataque a nuestro coeficiente intelectual. De ahí que lo más conveniente es analizar no lo que dice el gobierno sino lo que hace, no su relato sino las decisiones que toma. De esa forma se podrán prever sus futuras acciones y los efectos que produzcan sobre todos nosotros. Ahora bien, si el gobierno ha mentido de manera descarada sobre cuestiones sensibles como Fútbol para Todos, lo que está aconteciendo con asuntos de mayor relevancia técnica implica lisa y llanamente una estafa. Tal el caso de la denominada “Reparación Histórica” para los jubilados. El gobierno no hace más que reproducir lo que hizo en los noventa el dúo Menem-Cavallo con la Ley de Solidaridad Previsional. En los últimos tiempos diversos especialistas en temas jubilatorios vienen señalando las deficiencias de esta norma y que su puesta en práctica no hace más que confirmarlas. Una vez más, lo prometido y lo efectivamente cumplido van por carriles paralelos. La Anses lejos está de cumplir con la promesa de pagar a los jubilados que tienen sentencia firme el juicio que legítimamente ganaron, sino que trata de convencerlos de que acepten acuerdos a la baja. Ello se debe a que el organismo se vale de un índice para efectuar el cálculo de la actualización de las remuneraciones cuyos resultados son menores a los del índice de que se vale la Justicia en función a lo consagrado por la Corte Suprema. David Cufré, en su artículo “Estafa histórica” (Página 12, 29/10/016), se vale de los siguientes ejemplos para clarificar la estafa del gobierno de Macri. Un jubilado que por ley 24.241 recibe una jubilación de 8369 pesos y cuyo ingreso debería actualizarse hasta alcanzar los 23.050 pesos según los parámetros de la Justicia, recibe de parte del gobierno nacional una reparación histórica de 9733 pesos. Ello significa que este gobierno miserable le paga a ese jubilado 13.300 pesos menos. “En este caso”, remarca Cufré, “se observa una particularidad adicional, sobre la que ya están alertando los estudios jurídicos dedicados al derecho previsional: la Anses está haciendo mal los cálculos dentro de los parámetros que fija la propia ley, lo cual seguramente derivará en una avalancha de nuevos juicios para hacer cumplir lo que garantiza la ley”. Según la ley 24.241 la reparación histórica debería ser de 13.701 pesos y no de 9733 pesos. La diferencia (4100 pesos), obviamente, se la queda la burocracia. Piense el lector lo que puede llegar a recaudar el gobierno si esto mismo se lo hace a centenares de miles de jubilados que esperan la famosa “reparación”. Por ley 18.037 otro jubilado cobra 15.141 pesos. Pues bien, gracias a la reparación histórica esa suma se eleva a 36.733 pesos. Sin embargo, según lo estimado por los abogados que lo representan debería percibir 41.474 pesos valiéndose de la misma norma. En realidad, de seguirse los criterios de la Justicia el jubilado debería percibir 56.778 pesos. Todo este “desaguisado” se debe a que la Anses “estima actualizaciones a grandes rasgos, sin detenerse en análisis riguroso expediente por expediente, dado que su capacidad operativa le permite liquidar de 4 mil a 5 mil juicios por mes, muy lejos de los 600 mil casos que ya resolvió en apenas tres meses desde la promulgación de la ley”. Lo que está haciendo el gobierno es, lisa y llanamente, “rifar el sistema previsional”.
Cufré culmina su análisis explicando las implicancias de esta reforma previsional cuyo objetivo no es otro que garantizar el retorno de las AFJP. 1) “A los que tienen sentencia firme, además, se les achica el monto de los retroactivos que acompañan la actualización de haberes. Esto es porque la ley de Recuperación Histórica los dispuso desde el momento del traslado de la demanda, en lugar de hacerlo desde el primer reclamo por vía administrativa” (…) “Para quienes no tienen sentencia firme, la reducción puede ser muy superior, puesto que la ley fijó un tope de cuatro años cuando hay juicios iniciados antes que eso”. 2) “El reconocimiento del Estado de que estaba liquidando mal las jubilaciones está multiplicando la litigiosidad previsional en lugar de terminarla, como había prometido el gobierno en los fundamentos de la ley” (…) “La Anses está haciendo una invitación masiva, servida en bandeja, para litigar contra el Estado, y con lógica, cada vez son más los jubilados y los abogados que aprovechan la oferta”. 3) “Otra consecuencia de la confesión de violación de derechos previsionales que hizo el gobierno con la ley de Reparación Histórica es que el Estado argentino será demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar el acuerdo de solución amistosa al que había llegado el kirchnerismo en 2009, en la causa Menéndez y Caride, por el cual entre otros compromisos la Argentina asumió la obligación de liquidar las sentencias judiciales firmes en el plazo de 120 días. Como el macrismo ahora no paga las sentencias sino que ofrece acuerdos a la baja, afectando derechos que, como los previsionales, son irrenunciables según la Constitución, expone al país a una condena en ese tribunal internacional”. 4) “El universo de jubilados alcanzados por la reparación histórica no serían 2,5 millones, como sigue diciendo la Anses, sino a lo sumo un millón, de acuerdo a lo que surge de los propios datos oficiales”. 5) “La reparación para quienes no hicieron juicio no alcanza a compensar en la mayoría de los casos la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados sufrieron este año por una movilidad del 32 por ciento contra una inflación en torno al 45. Los datos son muy imprecisos, pero para 191 mil personas la actualización de haberes llega a un máximo de 550 pesos. Dentro de ese universo, serían miles los casos en que no son siquiera 100 pesos, pero esa información es una incógnita porque la Anses no lo reveló”. 6) “La Anses sigue sin aclarar qué ocurrirá si los 600 mil jubilados que empezaron a cobrar la reparación rechazan o no homologan en la Justicia lo que les dieron de manera automática, sin haber hecho ninguna solicitud ni expresado ninguna aceptación del convenio. ¿Les sacarán lo que les aumentaron? ¿Les obligarán a devolver la plata? El desmanejo es gigantesco”. 7) “El compromiso asumido por la Anses achicará el fondo de garantía de sustentabilidad. La disminución será de 10 millones de dólares en cuatro años si el blanqueo funciona bien y aporta 5000 millones de dólares, o de 15 mil millones en caso de que fracase el blanqueo, de acuerdo a la propia estimación que publicó la Anses”.
En su edición del lunes 31 de octubre La Nación publicó un muy interesante artículo de Vargas Llosa titulado “Los peligros de la rabia ciudadana”, en el que analiza la bronca de los ciudadanos como fuerza capaz de provocar profundos cambios en las sociedades. En la edición del viernes en The New York Times Jochen Bittner publicó un escrito en el que sostiene que la rabia capaz de movilizar a numerosos ciudadanos puede ser, según los casos, positiva o negativa. Sin la presencia de ciudadanos rabiosos los pueblos no hubieran progresado, no hubiera habido ni seguridad social ni empleos bien remunerados; estaríamos, en suma, en la época medieval donde los reyes absolutos hacían lo que se les antojaba. Pero, al mismo tiempo, esa rabia desvirtuó ese gran acontecimiento que fue la Revolución Francesa, creando las condiciones para el advenimiento del terror, traducido en un sinnúmero de decapitados. En nuestra época, señala el autor, la rabia condujo al Brexit en el Reino Unido y a la existencia en Alemania de un partido xenófobo con fuerte raigambre popular, mientras que en Estados Unidos hizo posible el surgimiento de Donald Trump. Vargas Llosa añade otros ejemplos de una “rabia positiva” en los últimos años. Centra su atención, no de manera inocente, en el proceso que condujo a la destitución de Dilma Rousseff. Para el Nobel de Literatura lo que pasó con Rousseff no fue un golpe de estado sino el fruto de una gigantesca movilización de ciudadanos hartos de la corrupción política. Dice Vargas Llosa: “Y se ha visto en todos estos meses cómo la guadaña de la lucha contra la corrupción enviaba a la cárcel por igual a parlamentarios, empresarios, dirigentes gremiales de todos los sectores políticos, un hecho del que sólo puede sobrevenir una regeneración profunda de una democracia a la que la deshonestidad y el espíritu de lucro habían infectado hasta el extremo de causar una bancarrota nacional”. Cree sinceramente que “la gran movilización popular en Brasil ha sido un movimiento más ético que político y enormemente positivo para el futuro de la democracia en el gigante latinoamericano” (…) “en este caso, la movilización tenía como fin no destruir el sistema legal existente, sino purificarlo, erradicar la infección que lo estaba envenenando y podía acabar con él”. Vale decir que para Vargas Llosa el derrocamiento de Rousseff ejecutado por el establishment y que contó con el apoyo de los sectores medios altos y altos de la población brasileña y, obviamente, de los medios de comunicación y de la república imperial, tuvo como objetivo desratizar la política brasileña. Fue una suerte de cruzada tendiente a oxigenar el ambiente político brasileño, lleno de impurezas a raíz de los gobiernos populistas y corruptos de Lula y Dilma. La parte “noble” y “sana” de la sociedad decidió movilizarse para desalojar del poder a una gobernante que simbolizaba la parte “corrupta” y “enferma” de la sociedad. El mismo criterio emplea para referirse a lo que está sucediendo en Venezuela. Dice: “Una mayoría de venezolanos, a los que la ineficacia y la corrupción de los gobiernos democráticos habían desencantado de la legalidad y la libertad, le creyeron. Han pagado carísimo ese error. Por fortuna lo han comprendido, rectificado y hoy existe una mayoría aplastante de ciudadanos que pretende rectificar aquella equivocación”. Para Vargas Llosa el chavismo es el malo de la película, un engendro que solo fue posible por la miopía de una sociedad desencantada de la democracia de partidos vigente. Lo que Vargas no ve-o no quiere hacerlo-es que el tradicional bipartidismo venezolano estaba carcomido por la corrupción (como lo está el actual gobierno brasileño surgido del golpe contra el PT) y condenaba a la exclusión más escandalosa a millones de venezolanos. Lo que hizo Chávez fue darles identidad a los ignorados por el orden estatuido. Que después el bolivariano haya pretendido eternizarse el poder es otra cuestión cuya relevancia no admite duda alguna. Hoy Venezuela está sumida en la ruina producto de una feroz división de la sociedad en dos sectores irreconciliables. Se trata, en realidad, de dos países en guerra dentro de un mismo territorio. Para Vargas Llosa la oposición es la civilización y el chavismo es la barbarie.
Vargas Llosa concluye su aguda reflexión expresando que su “impresión es que es preferible erradicar la rabia de la vida de las naciones y procurar que ella transcurra dentro de la racionalidad y la paz, y que las decisiones se tomen por consenso, a través de la persuasión y el voto. Porque la rabia cambia rápidamente de dirección y de bienintencionada y creativa puede volverse maligna y destructiva, si quienes asumen la dirección del movimiento popular son demagogos, sectarios e irresponsables”. La lectura del artículo de Vargas Llosa no hace más que traer a la memoria la bronca de vastos sectores de la población contra la presidente Cristina Kirchner. La crisis desatada por la resolución 125 desató una feroz ofensiva de la oligarquía agroexportadora, apoyada por el poder mediático y los sectores medios altos y altos de la sociedad. La bronca se tradujo en piquetes, cacerolazos e insultos de todo calibre. Lo notable del caso es que nunca amainó ya que fue brillantemente manipulada por el multimedios Clarín para ir lentamente esmerilando la autoridad presidencial. La goleada de Cristina en octubre de 2011 lejos estuvo de enervar la embestida de Clarín. Por el contrario, se incrementó a lo largo de su segunda presidencia hasta desembocar en las elecciones presidenciales de 2015 que le abrieron las puertas de la Casa Rosada a Mauricio Macri. La bronca lo había instalado en la casa del poder. La rabia ciudadana había triunfado. Hoy estamos pagando las consecuencias de semejante demostración de irracionalidad.
01/11/2016 a las 10:30 AM
Si les sirve como referencia, transcribo datos de jubilaciones reajustadas por sentencia judicial. Son algunas de un grupo de jubilados de las empresas Fiat/Sevel/Peugeot-Citroën.
Valor inicial: $11818 ; Valor reajustado:$26300 a julio 2015 – 2) V.I.: $8909; V.R.: $19600 a febrero 2016 – 3) V.I. $14000 ; V.R.: $30592 a julio 2015
Como podrán ver todos los reajustes por sentencia superan el 100% del valor inicial del beneficio (reajustes por Badaro/Elliff).
Comparen contra lo que les va a ofrecer la ANSeS, consulten con su abogado y luego decida cada quien de acuerdo a su caso particular.
Es importante el parámetro de la edad para tomar la decisión: los reclamos del ejemplo comenzaron en ANSeS en 2006 y ante la justicia de la Seguridad Social en 2007/8.
01/11/2016 a las 4:30 PM
Dos días antes de la elección de 2015 para Jefe de Gobierno porteño, un informe de la Policía Metropolitana confirmó un grave ataque informático a los servidores de la empresa Magic Software Argentina (MSA), que estaba a cargo de todo el proceso electoral. El dato es clave ya que revela que el sistema electoral basado en la Boleta Única Electrónica (BUE) fue infiltrado y que se hicieron modificaciones en el servidor que tenía que recibir los votos a pocas horas de la votación. Sin embargo, la jueza Maria Luisa Escrich priorizó la persecución de un supuesto delito informático frente a la protección de la voluntad popular que debía expresarse sin obstáculos en las elecciones.
Por esta investigación fue sobreseído hace pocos días el técnico informático Joaquín Sorianello, que simplemente advirtió las fallas en el sistema y avisó a la empresa MSA de las vulneraciones en su seguridad. Pero las pericias de la Policía Metropolitana que constan en el expediente revelan que el sistema que Mauricio Macri utilizó en la ciudad, a través del cual tuvo un triunfo político meses antes de las elecciones nacionales y que ahora quiere instrumentar a nivel nacional fue vulnerado por otras personas que llegaron a crear o eliminar “personas, delegados, técnicos, mesas y establecimientos” de votación y, por lo tanto, siembran dudas sobre el normal desarrollo de las elecciones porteñas.
Tomando en cuenta las pericias que constan en el expediente, las distintas auditorias sobre el sistema de BUE y la falta de control sobre MSA, es difícil garantizar la fidelidad absoluta sobre el resultado que finalmente otorgó la elección.
A confesión de parte
El 5 de julio de 2015 fue la primera vuelta en las elecciones para definir el Jefe de Gobierno porteño, con Horacio Rodríguez Larreta, Martin Lousteau y Mariano Recalde como principales candidatos. Dos días antes, la jueza Escrich ordenó allanar dos domicilios desde los cuales se había accedido en forma remota a los servidores que la empresa MSA utilizaría para la elección. Uno era el de Sorianello, el caso que tuvo repercusión mediática pero que fue finalmente sobreseído ya que quedó demostrado que en su acceso no generó ningún daño ni alteración al sistema de MSA. Sorianello simplemente hizo un PWONED, un concepto tomado del ajedrez que significa que un peón da jaque mate al rey, y que traducido al léxico informático da cuenta de que una persona encuentra una vulnerabilidad en una empresa y deja una marca. En este caso, Sorianello dejó una bandera en el sistema de MSA, que es inocua pero advertía de su fragilidad. Por las dudas, Sorianello incluso le advirtió a Felipe Llerena, empleado de MSA, de la falla de seguridad en su sistema, tal como consta en los registros de chat entre ellos anexados en el expediente.
Sin embargo, hubo otro caso que no trascendió. Se trata de Martin Leandro Manelli quien, según consta en el pedido de allanamiento de la fiscal Silvina Rivarola, “no solo visualizó numerosa información del sistema, sino que realizó procesos relacionados a la edición, creación y eliminación de información, tales como eliminar a la persona o establecimiento identificado con el ID 5210 y crear al Delegado con ID 3841”. Es decir, por un lado, Manelli hizo importantes modificaciones en el servidor donde se alojaba información electoral sensible. Por el otro, demostró la debilidad del sistema que, a fin de cuentas, debía garantizar la seguridad del voto de los porteños. De la lectura del expediente se desprende que Manelli no fue el único en vulnerar el sistema que Macri pretende implantar a nivel nacional.
La causa se inició el 1 de julio, es decir, cuatro días antes de la elección. Fue la propia empresa MSA, proveedora de las máquinas de votación y del servicio de conteo de votos, la que denunció accesos a su sistema informático. Fue una confesión de parte: la propia empresa evidenció la fragilidad de su sistema. Con un agravante: MSA aseguró que advirtió los ataques desde el 29 de junio, pero esperó dos días para denunciarlo. A su vez, en las pericias posteriores se demostró que los ataques informáticos ocurrieron varios días antes de la denuncia e incluso antes de la fecha que declaró MSA. Con las elecciones totalmente tercerizadas en manos de MSA, una falla en su sistema debía reportarse de inmediato ya que ponía en riesgo la votación.
Según consta en el expediente, en los accesos al sistema de MSA se obtuvo información que fue publicada en varios sitios de internet, incluyendo la nómina de los técnicos de la empresa que trabajarían el día de la elección. Los técnicos ni siquiera eran de MSA: fueron reclutados por Cider SA y RandStad, dos empresas dedicadas a la tercerización de recursos humanos. O sea: una elección tercerizada ejecutada por técnicos tercerizados. La publicación, por su parte, efectivamente existía, y se acusaba a los técnicos como posibles responsables de alterar los datos de la votación. Para la empresa, la intrusión en su sistema encuadra como “daño informático”, según el artículo 183 del Código Penal. Al día siguiente, el 2 de julio, la fiscal Rivarola solicitó al Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana que comprobara lo denunciado por MSA y, en caso afirmativo, que elaborara un informe.
El mismo día el policía Javier Ezequiel Come fue a la sede de MSA en la calle Atuel 362 y presentó un informe que lleva la firma de su superior, el Comisionado Mayor Carlos Rojas, Jefe del Departamento Investigaciones Especiales y Complejas del Área de Cibercrimen. En ese primer informe se comprueba que el 25 de junio de 2015 los servidores de MSA, alojados en un datacenter ubicado en Florida 141, recibieron un ataque informático desde varios IP (los IP son el número de identificación de cada computadora) distintos entre las 18:57 y las 19:08hs. Es decir, el ataque no fue el 29 de junio como relató MSA en su presentación judicial, sino el 25. Eso abre dos opciones: o la empresa retaceó la denuncia al menos 6 días o su seguridad informática era tan frágil que tardó 4 días en advertir el ataque. En el informe consta que el propio dueño de MSA, Sergio Angelini, reconoce que ese servidor “es el encargado de coordinar las tareas técnicas sobre los aspectos de las elecciones”.
Frente a este primer informe, la fiscal Rivarola solicitó más datos a Cibercrimen, que elaboró al día siguiente un segundo informe técnico más detallado que reveló graves vulneraciones al sistema de MSA. Este lo firman el Comisionado Mayor Rojas y el oficial Nazareno Monzón, y lo realizó el Oficial Mayo Alberto Horacio Barrancos. Algo destacable es que estos informes sólo los realizó la Policía Metropolitana ya que, aún a pocas horas de la elección, en el expediente consta que MSA le dijo a la policía que “ha adoptado las medidas técnicas necesarias para aislar el incidente y evitar que se repita, pero no tiene posibilidad de detener sus procesos internos ni asignar recursos específicos a la investigación”. Traducido, la empresa responsable de la votación no podía verificar cómo se violó su seguridad y que implicancias tenía.
Este segundo informe la Policía Metropolitana verifica “gran cantidad de registros donde indican la visualización de diferentes datos en el sistema, como así también su acceso, edición, eliminación y creación”. O sea, que quienes ingresaron al sistema de MSA pudieron modificarlo. Los ingresos se hicieron desde 5 direcciones de IP, 209.222.8.196, 23.253.21.156, 190.192.129.173, 190.210.205.193 y 190.16.38.35. Ésta última es el de Sorianello, ya sobreseído. Pero los demás, según el informe de Cibercrimen, no sólo visualizaron la información de los servidores de MSA sino que varios hicieron modificaciones o incluso generaron información. Todo esto, vale recordar, dentro del sistema que regía las elecciones porteñas. El IP 190.192.129.173, que corresponde a Manelli, además de visualizar numerosos datos del servidor logró editar la información de personas y permisos dentro del sistema, creó nuevas personas o establecimientos e incluso un nuevo Delegado. De las 5 IP, el informe policial destaca que hay 2 (las que empiezan con 209 y 23) que no pertenecen a la región de la Argentina. Ambas están localizadas en Estados Unidos, lo cual abre dos hipótesis: o los accesos se hicieron desde allí, lo cuál implica un ataque externo al sistema de votación porteño, o podría tratarse de personas que utilizaron el programa Tor, un navegador de libre descarga que simplemente oculta la IP real. Como fuere, uno de estos ingresos desde un IP en Estados Unidos accedió zonas del sistema de MSA con el nombre de “personas_con_clave”, “mesas”, “autoridades de mesa”, “establecimientos”, “lista de conectividad”, que, según el informe de la Metropolitana, “todos estos registros son de vital importancia en el sistema conteniendo información de acceso al sistema y la información alojada o emitida por este”.
Con esta información, la jueza Escrich ordenó el allanamiento de los domicilios de Sorianello, que simplemente avisó a MSA de la vulneración, y de Manelli, que efectivamente hizo modificaciones en el sistema de las elecciones. Nada pudo hacer con los ataques desde el exterior, dato clave que revela la fragilidad del sistema. La jueza habilitó el allanamiento nocturno dada la cercanía de las elecciones, que se realizarían 2 días después, para impedir posibles ataques durante los comicios. En lo que no reparó la jueza fue en su propia contradicción: si tenía probada la vulnerabilidad del sistema, más que allanamientos debía pensar en suspender las elecciones. Si hubo ataques durante las elecciones es un misterio: el sistema no fue auditado. Y es sabido que los ataques informáticos efectivos son, justamente, los que no se detectan. Mientas Macri insiste en llevar este sistema a las elecciones nacionales, la causa aún esta abierta.
Yo te avisé
El proyecto de Reforma Electoral que Macri envió al Congreso asegura: “las auditorias realizadas (…) permiten asumir que la boleta única con dispositivos electrónicos ha funcionado satisfactoriamente en los diferentes distritos en los que ha tenido lugar”. Esto es claramente falso.
Si el expediente judicial demuestra que la Policía Metropolitana reveló las vulneraciones de la seguridad del sistema que regía la votación, la revisión de las diversas auditorías previas a la elección confirman la fragilidad del sistema.
En las semanas previas a las elecciones porteñas hubo numerosas advertencias desoídas por el macrismo. El 5 de junio, justo un mes antes de la primera vuelta de la elecciones, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño aprobó el sistema de voto electrónico. Los jueces Luis Lozano, José Osvaldo Casás, Ana María Conde, Alicia Ruiz e Ines Weinberg se ampararon en una auditoria realizada por el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que lleva la firma Claudio Enrique Righetti, docente universitario que es a su vez Jefe de Seguridad de Redes de Cablevisión, empresa del Grupo Clarín.
El encabezado de esta auditoría aclara que es un avance parcial de lo analizado hasta el 1 de junio, y esta plagada de contradicciones. Para justificar la aprobación del sistema de BUE, el TSJ cita fragmentos de esta auditoría parcial que están en su Resumen Ejecutivo: “De las tareas de auditoría llevadas a cabo hasta la fecha no se han detectado problemas graves, ni indicios de que las observaciones que se describen a continuación puedan causar inconvenientes insalvables el día de la elección”. Lo notable es que los jueces directamente descartaron los párrafos donde la auditoría, aún parcial, marca las falencias del sistema. La auditoría de la UBA reconoce que “no se audita el sistema de operaciones que la empresa utiliza para el seguimiento y control del operativo”. Es decir, aún si el voto se emitía de forma correcta, el Tribunal autorizó el este sistema sin saber como se iban a trasmitir y contar esos votos.
Tampoco fueron relevados los lugares de votación “en cuanto a sus instalaciones eléctricas y la conectividad a internet”, dato que salvaguardan con la existencia de baterías en las máquinas de votación. La misma auditoria parcial de la UBA afirma que la información con planes de contingencia ante problemas en la transmisión de los datos que presentó MSA “no cumple con las reglas del arte de una documentación de contingencia”. A un mes de la votación, la auditoria parcial reveló que “el esquema de transmisión desde los centros de votación está aún en etapa de definición”. O sea: se aprobó un sistema de votación sin definiciones centrales de su funcionamiento.
Esta auditoria también informó un dato inquietante: el Centro de Cómputos virtual que se utilizaría para la elección sería el gigante global Amazon a través de servidores en Brasil con un back up (resguardo) en Estados Unidos. En definitiva, la auditoria parcial sobre la que se basaron los jueces para autorizar la votación electrónica sólo evaluó aspectos superficiales del sistema, sin controlar parámetros de seguridad. Aún así, remarcó varias deficiencias del sistema que fueron desestimadas por el Tribunal a la hora de aprobar su uso.
El 14 de agosto de 2015, casi un mes después del ballotage que proclamó a Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno por apenas 54.855 votos de diferencia, el técnico de la UBA y Clarín Righetti entregó la auditoría final del sistema de BUE. En esta auditoria final afirma que “el código fuente auditado tiene una gran cantidad de debilidades de distintos tipos”. El informe insiste: “lo que se ha observado es que el código fuente no sigue pautas de programación segura”. La auditoría también advierte que la configuración y generación del DVD que se introducía en la máquina para votar se hizo “utilizando un procedimiento que no estaba documentado ni fue auditado”. También muestra que hubo cambios entre la primera y la segunda vuelta que califica de innecesarios: “se observaron una cantidad de cambios en el código fuente entre la primera y la segunda vuelta mucho mayor a lo esperado, si se piensa que sólo estaba planificado cambiar las categorías a elegirse (…) y el diseño de pantalla”. Mas adelante, sostiene que “entre ambas elecciones (primera y segunda vuelta) se observaron cambios en la forma de encarar la seguridad y los procedimientos de trasmisión”. ¿Por que se modificó esta configuración para la elección entre Rodríguez Larreta y Lousteau, que terminó con un pequeño margen de diferencia? En la trasmisión de los datos de las escuelas al centro de cómputos estaba uno de los momentos más vulnerables de la elección. La auditoría revela que había problemas en los permisos para acceder a opciones de la máquina: “esto es riesgoso ya que ante una vulnerabilidad que afecte a cualquier parte del sistema, si se la logra explotar, es trivial que el atacante obtenga el control total del equipo”.
En las conclusiones de la auditoría final de la UBA afloran las contradicciones. A pesar de las advertencias a lo largo de los diversos informes, primero afirma que la utilización de BUE “fue exitoso y sin mayores sobresaltos”. Sin embargo, más adelante, confiesa que “todo el proceso de adopción, adquisición y auditoría fue hecho con demasiado apuro y con algún grado de improvisación, impidiendo que los procesos en general y la auditoría y la capacitación en particular, sean más efectivos”. O sea, si no se pudo auditar correctamente, ¿por que se aprobó el sistema?
La UBA no fue la única que advirtió sobre la BUE. El 10 de junio de 2015, luego de que el TSJ aprobara el sistema de votación, Ivan Barrera Oro y Lucas Lakausky participaron de una reunión en las oficinas de MSA para auditar el sistema. Luego presentaron un informe titulado “Vot.ar: una mala elcción” donde demostraron: que el chip RFID de la BUE puede ser leído por un tercero, que “la impresión térmica posee una vida media corta, anulando auditorías o revisiones futuras sobre un proceso electoral”, que se podía acceder a la máquina de votación y alterar su funcionamiento, todo lo cual mostraba que el voto no era ni secreto ni seguro y que el sistema no era trasparente. Concluyeron que “de no realizarse conteo/escrutinio/verificación manual, el resultado del sufragio queda vulnerable al fraude electoral” y por lo tanto “el sistema no cumple con los objetivos prometidos de brindar seguridad y transparencia y ocasiona un costo adicional al Estado, Ciudad o Municipio que lo emplea”.
Este informe llegó a manos de Julián Rousselot, hijo del ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot, aquel que en la década del 80 instrumentó un negociado alrededor de un plan de cloacas con el actual presidente. Al parecer Rousselot hijo, que afirma que lleva con orgullo su apellido, heredó el vínculo con Macri: desde el 10 de diciembre de 2015 es un asiduo visitante de la Casa Rosada. Rousselot hijo es Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Informáticos (SUTIRA), alineado con la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo. Tiene buena relación con el Secretario de Trabajo Ezequiel Sabor, dato no menor: el SUTIRA pugna con otros gremios por quedarse con la representación de los técnicos informáticos, cuestión que depende de la venia de Macri y Sabor. El 1 de julio de 2015, a cuatro días de la elección y el mismo día que MSA denunció la intrusión en su sistema, Rousselot participó como veedor informático de la audiencia de grabación de los DVD que se utilizarían en las máquinas de votación, en un depósito en la calle Bogotá 1650. En ese momento publicó: “hemos hecho un acto de fe del contenido, asumiendo que es correcto, hecho que en informática no es una práctica recomendada”. Por entonces Rousselot tomó el informe de Barrera Oro y Lakousky como fuente principal para elaborar su propio informe junto a Solano Navarro, también dirigente del SUTIRA y precandidato a Diputado Nacional en Catamarca por el espacio de Barrionuevo. Este informe fue solicitado por Guillermo Laje, primo de Lousteau, que fungía como jefe de campaña y luego acompañó al novel embajador como Representante comercial. No fue el único informe crítico que recibió Lousteau sobre las irregularidades y falencias del sistema de BUE, pero finalmente aceptó el resultado electoral que lo dejó fuera de la jefatura de gobierno porteño pero lo catapultó a la embajada en Estados Unidos.
Este informe de Rousselot y Navarro señala, en principio, las mismas críticas: que el chip de las boletas se puede leer con un celular básico, que vulnera el secreto del voto y no debe utilizarse en elecciones; que la auditoría independiente se hizo sobre una versión de prueba del sistema de votación y, por lo tanto, no el que se utilizó el día de la elección; que las máquinas auditadas tenían puertos USB a la vista y, por lo tanto, con posibilidad de acceso a la computadora para hacer modificaciones; que incluso estaba mal configurado el día y hora. Rousselot y Navarro también reconocieron restricciones para realizar la auditoria y escribieron: “Vale aclarar que el análisis en el presente documento únicamente tiene validez en caso de que el sistema utilizado en las elecciones contenga el mismo código fuente que se auditó. No hay elementos que permitan evidenciar que el código que se utilizará en las elecciones corresponda con el código auditado; es decir, no se proporciona ninguna garantía sobre la ausencia de modificaciones en la versión final respecto a versión auditada”. Este informe remarca también los problemas posibles en la trasmisión de los datos de las escuelas al centro de cómputos, sobre el cuál no obtuvieron información.
Según Rousselot y Navarro, “la principal desventaja del sistema radica en el hecho de que el mismo es de código fuente cerrado, por lo cual no es posible para el público general validar la autenticidad del código fuente del sistema ni de las librerías utilizadas. Adicionalmente, dado que el software no puede ser revisado por expertos independientes, la seguridad y autenticidad del sistema queda en manos de un número limitado de profesionales”. A pesar de todos los problemas que enumeran, Rousselot y Navarro identifican ventajas en el sistema. Al afirmar que las máquinas de votación no guardan información, sostienen: “Por esta razón, gran parte del protocolo electoral se mantiene inalterado, y continúa siendo el principal elemento que garantiza la seguridad de los comicios. De esta manera, el sistema mejora parte del proceso sin perjudicar sustancialmente las medidas de seguridad existentes que caracterizan a los comicios”. Más adelante, al referirse a la posibilidad de un fraude electoral, insisten: “Cabe aclarar que los riesgos de fraude se encuentran mitigados por el hecho de que el sistema no reemplaza los mecanismos tradicionales de seguridad en un comicio (por ejemplo la fiscalización del conteo de votos), al tratarse de un sistema de boleta electrónica y no un sistema completo de voto electrónico”. Las contradicciones se hacen más evidentes cuando analizan el conteo de los votos: “el riesgo de un conteo incorrecto queda naturalmente mitigado por la posibilidad de fiscalización manual que permite el sistema, siempre y cuando el Presidente de mesa elija hacer un conteo manual, al contener las boletas información impresa que permite la fiscalización manual”. O sea, si el presidente de mesa no hace el conteo manual, la elección depende de un sistema vulnerable. En el mismo informe, Rousselot y Navarro advierten que “la naturaleza misma del sistema genera un escenario en donde las posibilidades de fraude o manipulación son altamente probables debido a la naturaleza informática de la implementación”. Pese a todo esto, en las conclusiones afirman que “los puntos de vulnerabilidad en lo que hace a la aplicación son limitados”, para luego reconocer que “se concluye que en la versión que se presentó para el análisis no se ha encontrado código malicioso pero sí potencialmente vulnerable que pudiera alterar los resultados del proceso electoral”.
Por último, revelan: “Cabe destacar la ausencia de mecanismos que garanticen que el código auditado sea el que se ejecute realmente en las elecciones. Al tratarse de una aplicación de código fuente cerrado, no existen mecanismos que permitan al público verificar la autenticidad del contenido de los DVDs, por lo que el funcionamiento final del sistema podría ser adulterado sin conocimiento de los auditores que han examinado el código fuente”.
Hay un tercer informe que no sólo refuerza las críticas de los anteriores sino que refuta las ventajas que plantean Rousselot y Navarro. Fechado en julio de 2015, fue realizado por un grupo interdisciplinario de especialistas integrado por Francisco Amato, Barrera Oro, Enrique Chaparro, Sergio Demian Lerner, Alfredo Ortega, Juliano Rizzo, Fernando Russ, Javier Smaldone y Nicolas Waisman. Desde el inicio, advierten: “los equipos utilizados en las elecciones no han sido certificados en ningún punto del proceso, situación que pone en jaque la seguridad del sistema. Consideramos que esta falla es del tipo crítica.” El informe es taxativo: “todos los elementos que hacen a las buenas prácticas del arte de la informática han sido omitidos”. Entre los puntos vulnerables insisten con el chip RFID donde se grabó el voto. Si bien MSA hizo correcciones para que el chip no pudiera ser modificado una vez grabado, no pudo evitar que cualquier personascon un celular pueda leer su contenido. Por lo tanto, viola el secreto del voto. MSA buscó salvar esta irregularidad con la colocación de una lámina metálica que evita la lectura al doblar la boleta para meterla en la urna. Pero este grupo de expertos demostró que si la lámina se separa del chip más de 8 milímetros ya habilita su lectura. El chip RFID fue descartado en Israel por sus problemas de seguridad. A pesar de que Macri y sus funcionarios aseguraron que las máquinas de votación eran simples impresoras, este grupo también descubrió que tenían una memoria “que le permite almacenar todo tipo de información, como ser p.e. el voto y una marca de tiempo”. Respecto a esta memoria, el informe destaca que “resulta imposible determinar qué acciones está llevando a cabo durante el proceso electoral, situación que consideramos de gravedad crítica”. Esta situación fue comprobada por varios fiscales durante las elecciones. Un ejemplo, durante el ballotage, fue la mesa 2188, en la Escuela N 19 Francisco Balcarce. Allí, Lousteau obtuvo 116 votos, Rodríguez Larreta 108 y hubo 12 en blanco.
El dato de la memoria es clave, ya que desmonta el argumento oficial de que se trata de simples impresoras. Estas máquinas, finalmente, quedaron en manos de MSA, y no se conoce ninguna auditoría que determine qué se hizo con esa información. Estos expertos demostraron a su vez la posibilidad de multivoto, “que consiste en alterar el contenido del chip RFID con el objeto de emitir más de un voto en una sola boleta. La simpleza de esta vulnerabilidad pone en evidencia la falta de profesionalidad respecto de las reglas del arte con que cuenta todo el sistema Vot.Ar”. Esta es otra de las muestras de lo inseguro que fue el sistema por el cuál los porteños eligieron Jefe de Gobierno. Estos expertos aseguraron que “no es posible comprender la totalidad del funcionamiento del sistema sin poseer conocimientos técnicos avanzados, que muy difícil resulta afirmar que el mismo sea igualitario”. Este fue el argumento de la declaración de inconstitucionalidad del voto electrónico en Alemania.
A todo esto se suma que MSA tuvo tercerizado todo el proceso de votación, desde las máquinas, la emisión del voto, el conteo, la trasmisión y la centralización en el centro de cómputos. Por lo tanto una falla de seguridad en el sistema no se puede detectar de un paso al otro. Mal de nacimiento
Muchas de las irregularidades en el sistema fueron expuestas ante los Diputados en las audiencias en las cuales se debate la aplicación de este sistema a nivel nacional, proyecto que Macri esta empeñado en llevar adelante. La experiencia en la ciudad de Buenos Aires indica que el sistema no sólo fue vulnerable sino que hubo irregularidades desde el inicio. El 13 de diciembre de 2013 Macri logró la sanción de la ley 4894 que estableció modificaciones en el régimen electoral. Tenía como antecedente la experiencia en Salta, cuyo gobiernador Juan Manuel Urtubey es uno de los principales impulsores de su aplicación a nivel nacional y en el ámbito informático lo sindican como lobbista de MSA. La idea de voto electrónico fue mutando.
El especialista Javier Smaldone traza la cronología de los cambios de nombre del sistema y afirma que “no parecen obedecer a una evolución tecnológica, sino más bien a las necesidades de comunicación (y de esquivar cuestiones legales) de sus impulsores”. Smaldone reconstruye que en 2008 la empresa MSA lo registró como “voto electrónico”, y en Salta la boleta estaba identificada de ese modo. La ley 4894 estableció la boleta única y dejó abierta la posibilidad de implementar el voto electrónico. Siguiendo a Smaldone, “la falta de definición precisa de ‘voto electrónico’ en el texto de la ley permitió que el Poder Ejecutivo, a través del decreto reglamentario 376/014, introdujera la utilización del sistema de la empresa MSA. Para ello, se inventó un nombre que a la fecha no existía (y no existe aún en el resto del mundo): boleta única electrónica, esquivando de esta forma el requisito legal”. La dinámica parece repetirse para su aplicación a nivel nacional. El nuevo ardid es hablar de “boleta electrónica”. Cambian los nombres, pero el sistema es el mismo, y los beneficiarios y as vulnerabilidades también.
Retomando las irregularidades en la ciudad, al mes de aprobada la ley 4894, el 13 de enero de 2014, se aprobaron los pliegos de la licitación, que se abrieron quince días más tarde. El costo de los pliegos fue de $150.000, lo cuál limitó el número de oferentes tanto por el precio como por la sospechas de preadjudicación a MSA. El servicio incluía 9500 máquinas (7500 mesas electorales, 1000 de reposición y 1000 para capacitación) con su instalación, capacitación a organismos públicos y soporte técnico en las distintas instancias electorales. A los siete días la licitación de preadjudicó a MSA, y finalmente el 20 de febrero se confirmó su contratación por 216 millones de pesos, monto que incluía las PASO (finalmente realizadas con boleta tradicional) y la primera y segunda vuelta. La oposición denunció que la licitación estaba direccionada hacia MSA.
Mientras el Gobierno impulsa el tratamiento parlamentario, varias fuentes consultadas sostienen que el Ministro del Interior Rogelio Frigerio ya cuenta con un prototipo de máquina para la votación de Corea. De hecho, el ministro de Modernización Andrés Ibarra estuvo a principios de julio en el país asiático digitando los acuerdos. Según dejaron trascender desde el Ministerio de Modernización, para una elección a nivel nacional calculan comprar 120.000 máquinas con un costo de 48 millones de dólares. Al cambio a 15 pesos, esto da 720 millones de pesos.
01/11/2016 a las 10:32 AM
LAMENTO MUCHO SU ENOJO «KK» . SE OLVIDO MENCIONAR QUE TAMBIEN PROMETIO UNA BAJA GRADUAL A LAS RETENCIONES DE SOJA QUE TAMPOCO CUMPLIO. PERO COMO A UD. ESO LE PARECE EXCELENTE OMITIO VOLUNTARIAMENTE MENCIONARLO.
LOS ANALISIS DEBEN SER OBJETIVOS, PENSADOS, ANALIZADOS Y ESCRITOS SIN RESENTIMIENTOS. NO ES SU CASO.
01/11/2016 a las 10:42 AM
Este señor se olvido de criticar las mentiras del Kichnerismo. El Futbol para todos es sensible? Creo que hay temas mucho mas sensibles.
01/11/2016 a las 10:51 AM
UD ES EL PRECLARO CINIKO DEL PERIODISMO DEL RELATO. VAYA A COBRAR SU PLAN A EL CALAFATE…. SI ES QUE QUEDA ALGO DEL CALAFATE!
01/11/2016 a las 12:41 PM
QUIEN PIDE TRABAJO?
01/11/2016 a las 1:08 PM
Don Hernan : Ud. realmente cree lo que escribe o es un pobre militonto chorivotante ????????
01/11/2016 a las 1:37 PM
Me gusta mas como me miente Macri que cuando mentia Kristina, por lo menos se acordó de nosotros, los jubilados
01/11/2016 a las 3:45 PM
H E R N AN C I T O ; ¿ NO TE GUSTA MACRI ? ANDA A LLORAR AL CALAFATE. TE LO VAS A TENER QUE AGUANTAR COMO MÍNIMO 4 AÑOS, ASI QUE TOMATE UN TÓNICO PARA LOS NERVIOS O INVERNA HASTA QUE TERMINE EL MANDATO. REZALE A «EL» PARA QUE NO LA METAN EN DONDE TIENE QUE ESTAR LA ARQ. EGIPCIA Ó LA MADRE DE TODOS LOS ARGENTINOS, ESTAS EQUIVOCADO NO ES ALLÍ DONDE VOS PENSAS NO ES EN LA CARCEL, ES EN LA CLOACA DONDE PERTENECE Y DE DONDE NUNCA DEBIÓ HABER SALIDO. CUIDATE H E R N A N C I T O. ANDA TRANQUILO Y DORMI CON FRAZADA.
01/11/2016 a las 3:52 PM
yo tengo aaportados 42 años a autonomos y no existimos cobro lo mismo que el que nunca aporto.pague siempre escalas mayores del minimo ,de que hablan manga de cornudos que se miran el ombligo
01/11/2016 a las 4:50 PM
A MI ENTENDER , TODO LO QUE ESTA SUC EDIENDO CON EL TEMA REPAARACION HISTORIC A, TIENE MUCHO OLOR A IMPROVISACION, LO DEDUZCO DEL MOMENTO CON SON INNUMERAABLES LAS VECES QUE LA PAGINA DEL ANSES, HA IDO CAMBIANDO SU FORMATO. LO UNICO QUE SE HA MANTTENIDO ES SISTEMA DE LOS TURNOS PARA LAS HUELLAS DIGITALES, Y NI HABLAR DEL GRAN NEGOCIADO DE MUCHOS PICAROS, QUE HAN LLEGADOA COBRAR HASTA $ 200.– PARA SOLICITAR LA CLAVE SOCIAL, EN MI CASO PARTICULAR, CUANDO ABRO LA PAGINA RECIBO LA INGRATA NOTICIA QUE NO VOY A COBRAR, POR X MOTIVO, SIENDO QUE APÒRTE AL SISTEMA DURANTE MAS DE TREINTA Y DOS AÑOS, Y CON APORTE BASTANTE CONSIDERABLES. NO QUIERO PECAR DE SUPERSTICIOSO, PERO NO ME CABE DUDA QUE ALGO DE TRAMPA DEBE HABER. EN MIS ULTIMOS AÑOS DE TRABAJO, LA PATRONAL ADONDE YO TRABAJABA, CON MUCHA SUERTE DEPOSITABAN DOS O TRES MESES DE MIS APORTES Y
01/11/2016 a las 5:40 PM
Y si no los denunciaste, JODETE! Hoy en día es muy fácil saber si se hicieron o no los aportes: basta con entrar a la página de la AFIP o al Anses: Te registrás, sacás la clave correspondiente, y enseguida sabés si te están robando o no. Eso sí, para verificar los aportes del mes anterior, como se depositan según el dígito verificador del CUIT, esperar a que haya pasado el último despósito y ya está.
01/11/2016 a las 5:52 PM
Pobre Kruse! Me imagino lo triste que debe estar ante la derrota de Scioli y Aníbal Fernández! Otra: lo de la boleta electrónica ya se corrigió, pero qué raro que nunca se dijo nada del mismo sistema cuando lo aplicaba Urtubey con anuencia de Cristina en Salta.Como gastan pólvora en chimangos!!
01/11/2016 a las 5:58 PM
KRUSE Y EL MISTERIO DE LOS ARTICULOS QUE NADIE LEE Y TODOS CRITICAN
¿ CUANTO PAGAN DE PAUTA AL INFORMADOR PARA QUE TE PUBLIQUEN SIEMPRE?
HOY 18.000 CARACTERES Y 3700 PALBRAS !!!
¡ ES ALUCINANTE, VER COMO TE GUSTAN LAS LAS DENOSTACIONES ! PLATA Y TIEMPO A LA BASURA !!!!
NO ENCUENTRO NUUUUUNCAAAAA, UN COMENTARIO A FAVOR O AGRADECIENDO LOS DATOS APORTADOS !!!!
01/11/2016 a las 6:06 PM
La Progredumbre
por Nicolás Márquez • 01/11/2016 •
El progresista post-kirchnerista.
El progresista argentino en versión post-kirchnerista hace un culto a la moderación: atributo que él exalta para disfrazar su cobardía personal.
Vende un optimismo voluntarista y festivo, gesticulación entusiasta presentada en sociedad como un síntoma de “buena onda” en el marco de su ecumenismo frívolo, mojigato y artificial.
El progresista le desea suerte a todo el mundo, incluso a aquellos a quienes desprecia pero teme: la impostura y la pavura son los dogmas centrales de su religiosidad autoconstruida a base de un pacifismo blando y un entreguismo confortable.
El progresista sabe y le consta que los terroristas desaparecidos en los años ‘70 son 7000 y no 30.000. Pero sigue diciendo que son 30 mil porque dicha cifra es un “símbolo” o un “patrimonio de la memoria”, dado que al fin y al cabo “no importa cuántos fueron, un solo desaparecido ya es una tragedia”: aforismo hipócrita que le permitirá salir del paso ante tan incómoda temática para los espíritus irresolutos.
Si Hebe de Bonafini vomita uno de sus habituales exabruptos o se le imputan algunas de sus muchas causas por robo, antes de criticarla se cubrirá valorando “la militancia de las madres durante ‘la última dictadura’”. Frase que le servirá de colchón para poder luego criticar algún aspecto “discutible” de la madre más conocida de los terroristas locales. Y si se anima, hasta podrá criticarla con mayor valentía, a condición de que previamente aclare que odia a Videla y de que “Carlotto es mucho más respetable que Bonafini” (como si hubiese diferencias importantes entre ambas energúmenas). Nadie le preguntó ni por Videla ni por Carlotto, pero el progresista necesita agregar estos contrastes de manual, temeroso de que lo corran por izquierda y quedar “estigmatizado”.
El progresista post-kirchnerista ahora es crítico del narco-indigenismo de Milagro Sala, pero atendiendo a su espíritu culposo y vergonzante, de inmediato reconocerá que “hay una deuda con los pueblos originarios”: como si dichos “pueblos” no hubiesen mejorado su calidad de vida en mil veces tras la llegada del Evangelizador español respecto del estado de barbarie, hambruna y salvajismo en el que ellos se hallaban antes del arribo de la Civilización a nuestras playas.
Si una víctima mata a un delincuente, el progresista cuestiona al delincuente pero enseguida se encarga de machacar contra la “reacción desmedida” que la víctima “pudo haber evitado”: el progresista es un garantista convencido o un garantista funcional. En cualquiera de sus formas no deja de prestarle gratuitos servicios a la izquierda criminológica.
Sólo se atreve a criticar con ahínco aquellas abstracciones en las que de antemano sabe que todo el mundo va a coincidir: el hambre infantil, la pobreza, el racismo, la inseguridad o las injusticias que hay en el mundo. Cuanto más vaga sea su crítica menos costo político va a pagar y más adhesiones especula en cosechar.
El progresista criticará y se indignará de modo genérico ante “la corrupción”: total ésta crítica abarcará a todos pero al mismo tiempo no abarcará a nadie. Y si un político conocido o de coyuntura es denunciado o se encuentra salpicado por la corrupción, el acicalado progresista no emitirá juicio de valor y con proverbial prudencia nos dirá (sin decir nada) la siguiente frase institucionalista: “es necesario que la justicia investigue”.
El progresista es un especulador consecuente y cada opinión suya será dada no sin una calculada búsqueda de trepar en el sistema de reparto político. Como trampolín podrá integrar una ONG de buenas causas, militar en algún partido “presentable” o ser un “dirigente social” prolijo (de esos que le venden su imagen a la clase media y por ende no hacen piquetes ni rompen vidrios). Si le va bien, por su imprecisión discursiva y su buenismo militante podrá eventualmente ser o haber sido funcionario de Scioli, Massa, Macri, Stolbizer o Carrió indistintamente, alternativamente, sucesivamente, paralelamente o simultáneamente.
“Todos juntos tenemos que tirar del mismo carro” es una de sus frases de cabecera. Juntar “buenas voluntades” de ámbitos diversos sería el medio que él cree que le permitiría lograr que el carro imaginario sea algún día “tirado por todos”: pero comandado por él.
Portador de una cobardía ideológica sin precedentes, el progresista argentino post-kirchnerista oscilará en sus manifestaciones entre el centro-liberal y la socialdemocracia (cada vez más cerca de la socialdemocracia que del centro), aunque referirá respetuosamente respecto de los partidos de extrema izquierda, ideología que sin bien él “no comparte”, valorará el “compromiso social” de sus militantes.
Su pánico discursivo lo llevan llamar a Fidel Castro no como “dictador” sino como “comandante” o “líder cubano”. Casi no cuestiona el totalitarismo de facto de más de 57 años en Cuba pero si se habla de Alberto Fujimori (que gobernó de facto el Perú apenas un año y fue elegido por el voto varias veces), no duda en llamar a este último como “genocida” y de paso ganarse la palmada y aprobación reglamentaria del elegante euro-progresista Mario Vargas Llosa.
Si el progresista post-kirchnerista es de estirpe socialdemócrata, en las venideras elecciones americanas apoyará a Hillary Clinton. Pero si en cambio es un progresista del “centro-liberal”, como siente vergüenza de brindar apoyo a Hillary entonces sólo se limitará a criticar rabiosamente a Donal Trump sin agregar más nada: esa será su alegre y miserable contribución al gramscismo norteamericano.
En verdad, el progresista de última generación se siente más que cómodo con los gobernantes socialdemócratas que con cualquier otro en boga, pero no se dice chavista (los toscos rasgos del extinto dictador venezolano y su actual heredero no cuajan con su corrección formal) y entonces, éste se permite cuestionar los “excesos” del régimen bolivariano pero acusándolo de “fascista”, es decir atribuyéndole una ideología italiana extinguida en 1945 pero que el progresista moderno la hace resucitar, a fin de satanizar a Chávez y Maduro con un mote ajeno o lejano y con ello exculpar por completo a la ideología socialista, que es la verdadera responsable de las canalladas interpretadas por este par de socialistas confesos.
El progresista argentino pide con suma preocupación por la libertad del socialdemócrata venezolano Leopoldo López (quien se sometió a la cárcel chavista voluntariamente), pero su indecorosa corrección política le impedirá clamar por los 2000 militares octogenarios injustamente presos en la Argentina.
A pesar de denostar las pasiones nacionalistas, el progresista hinchará siempre por la selección Argentina de fútbol: aunque quizás ni le guste el fútbol. Esa toma de posiciones deportivas no le va a acarrear ningún enemigo y hasta va a conseguir algunos “Me Gusta” en su red social. Mutatis mutandis, exagerará alegría toda vez que “Las Leonas” en el hockey o un tenista criollo gane un partido, aunque quizás ni sepa que se estaba disputando ni le guste ni entienda nada de estos deportes: todo sea por conseguir retwitteos y congraciarse con la opinión dominante en el hashtag de la fecha.
Si bien el neo-progresista local suele provenir de cuna y linaje “gorila” rara vez criticará a Perón. Pero si lo hace, a su vez se encargará de reconocer las “reivindicaciones sociales” que el tirano extinto aparentemente le supo conseguir a “los trabajadores”: no nos olvidemos que los peronistas son muchos y no es aconsejable ganarse la desaprobación de un sector poblacional tan nutrido y siempre tan cercano al poder.
El progresista clama a favor de “la diversidad” y al respecto no opina nada sin consultarle al catecismo lingüístico de la ideología de género: con acrítico lenguaje neomarxista cuestionará enfáticamente todos los “femicidios”, pero jamás hará lo mismo cuando la víctima sea un varón. Con la moderación que lo caracteriza, considerará que las marchas “NiUnaMenos” encarnan un fin noble, aunque lamentará que en ella se infiltren “intereses políticos” o actos de violencia.
Es un timorato y huye de las tomas de posiciones comprometedoras. Y si bien suele ser abortista no se banca presentarse abiertamente como tal, entonces manifiesta su apoyo al infanticidio diciendo imprecisamente que “hay que discutir el aborto”: modo pusilánime pero efectivo de promoverlo.
Se muestra en contra de toda forma de discriminación: como si discriminar fuese un acto intrínsecamente malo y no un rasgo propio de la inteligencia humana que permite diferenciar, distinguir y elegir.
La Progredumbre
A la postre, cabe señalar que el progresista en cuanto escoria aislada no genera ningún peligro, pero como él es un esclavo del consenso nunca está aislado sino que participa, conforma e integra su cuota-parte de hegemonía cultural en boga. De modo que de la suma total de los progresistas surge la Progredumbre, mazacote ideológico viscoso y hediondo que dictamina hoy las bases del Pensamiento Único y por ende, quienes cuestionan dicho paradigma son enseguida sindicados como “exagerados” o “extremistas”. Esto explica en parte por qué el progresista evade todo contacto posible con quienes se rebelan contra el monopolio discursivo al que él adhiere, puesto que los insumisos ponen en evidencia su tibieza y lo obligan a hacer algo que lo incomoda muchísimo: tomar posiciones.
Ocurre que el sujeto progresista no suele avanzar caminando sino arrastrándose: pero no como un reptil sino como un gusano. Eso sí, su arrastre se halla siempre auxiliado y empujado por la corriente y con ella transita los caminos pavimentados por la teledirigida opinión dominante.
El progresista, que nada sabe de honra, entereza y honor, al fin de cuentas es un alcahuete de la hegemonía cultural a la cual asiste con indigno servilismo.
Finalmente y por si no hemos sido lo suficientemente claros en esta nota, culminaremos estas breves reflexiones exponiendo nuestro sentir respecto de la Progredumbre y el consiguiente tropel de correveidiles que la conforman:
Sentimos por ella un sano, legítimo, sentido, catártico y justísimo Desprecio.
Nicolás Márquez Prensa Republicana
01/11/2016 a las 8:03 PM
Este pobre tipo está bancado por el municipio de San Miguel que pone guita en el IP??
01/11/2016 a las 8:40 PM
Mi percepción es que Kruse tiene mala fe. No generó en mi ninguna confianza. Simplemente, no lo leeré más. Se quedó sin un lector. Pero yo, no lo voy a leer más, otros podrán hacerlo si quieren, están en todo su derecho.
03/11/2016 a las 12:51 AM
PREFIERO LEÉR A KRUSE, (QUE NI SÉ QUIEN ÉS), A ESCUCHAR LAS MENTIRAS Y BURLAS DEL TARTA FARSANTE Y SUS «CEOS» PARÁSITOS, CHORROS Y EMPOBRECEDORES DEL PAÍS……
LAS MENTIRAS (ESTAFAS) DE CAMPAÑA Y LAS DIARIAS DEL TARTA……(MENOS EFECTIVAS QUE PARA RETRASADOS MENTALES)……¡¡ASSCOOO!!!……
02/11/2016 a las 1:29 AM
Yo soy argentino y estoy en contra de la corrupcion, creo los que se fueron y el actual gobierno son corruptos, el actual es directamente anti argentino tambien, espero se vaya pronto y podamos elegir otra cosa, que deberia surgir porque el actual espectro politico es mierda pura.
Saludos.
03/11/2016 a las 12:47 AM
¡TOTALMENTE CIERTO!!……
04/11/2016 a las 12:22 AM
Es como menciona.
07/11/2016 a las 11:43 AM
OTRA COSA QUE SERIA , MAS PEROTRUCHOS
03/11/2016 a las 12:45 AM
LA ESTAFA……EXACCIÓN ILEGAL……ESTÁ A LA VISTA DE CUALQUIERA CON 2 DEDOS DE FRENTE, (LE CABEN TODAS AL TARTA FARSANTE)……
PERO MIENTRAS EXISTAN TANTOS BOLUDOS «ILUSIONADOS» (IDIOTIZADOS), CON LA «POBREZA CERO», EL 2DO. SEGUNDO SEMESTRE (DEL 2090), EL «DERRAME» (DE POBREZA E INDIGENCIA), Y LAS «GRANDES INVERSIONES» (QUE NUNCA LLEGARÁN, SALVO «PATRIA FINANCIERA» Y NARCOS)……
…NO HAY REMEDIO !!!!!!……
LAS MENTIRAS DEL «PODER», EN ARGENTRUCHA NO TIENEN PATAS CORTAS……TIENEN PATAS LARGAS Y DURAN DEMASIADO……
TANTO COMO PARA GENERAR UNA HECATOMBE SOCIO/ECONÓMICA DE CONSECUENCIAS IMPREVISIBLES……
(Y DURAN TANTO COMO TANTO SE TERMINEN DE VACIAR (SECAR), LOS YA BOLSILLOS SECOS DE LA MAYORÍA)……Y QUE ESA MAYORÍA (DE EXCLUÍDOS), TOMEN CONCIENCIA DE SU PAUPÉRRIMA SITUACIÓN……
¡¡ QUE ASÍ SEA !!!, (Y NO DEMORE MUCHO EL DESTAPE)……
OH, MY GOD !!!!!!…… (ES POR EL BIEN DE TODOS)……
04/11/2016 a las 7:59 PM
Kruse no leí el artículo.
No creo que usted sea periodista. Hora cero de cualquier escuela de periodismo (en gráfica): El artículo debe ser corto, conciso y de interés desde el comienzo para el lector.
Sus escritos son interminables..
Una pena.
07/11/2016 a las 11:53 AM
ES UN PANFLETO, NO ES UN ART QUE MENCIONA A TODOS PARA NO IDENTIFICARSE CLARAMENTE CON EL.
OMITE, ESCONDE NO HACE APORTES DE NADA OMITE DATOS UNA Y OTRA VEZ REITERA SUS PALABRAS ALTERNÁNDOLAS SIEMPRE,LAS MISMAS, EN DISTINTA SECUENCIA EN TODOS SUS ARTÍCULOS.