Por Silvio Pedro Pizarro.-

Hace varios años que vengo leyendo en la prensa publicaciones del Fiscal del Ministerio Público Marcelo Carlos Romero. Hoy aparece en Infobae otro artículo del mismo, referido a la independencia de los fiscales. Admiro su capacidad de síntesis en temas complejos como los casos expuestos en una carta que tituló “Perseguidos… y otra “Perdón Zaffaroni”, donde rebate la teoría garantista de un militante kirchnerista que llegó a ocupar un sillón en la Corte Suprema de Justicia, prestándose al mandato de la ex presidente que lo manejó como un verdadero títere.

La crítica a los miserables lacayos del poder la realizó durante el mandato de los Kirchner y no se amedrentó por la persecución de que fue objeto, a pesar de que fue reiteradamente sumariado por la Procuración General por la pública expresión de sus ideas a través de la prensa.

Condenó los fallos absurdos de Zaffaroni citando los más relevantes como por ejemplo en el juicio a un encargado de un edificio que forzó a una niña de 7 años a una “fellatio”, se adujo que la luz apagada era una atenuante. En otro fallo brillante se resolvió que un robo a mano armada perpetrado con un arma blanca no es considerado delito porque “un cuchillo no es un arma”. En otro de sus iluminados fallos se dictaminó que un auto estacionado es una «cosa perdida o abandonada por su dueño» (ya que el propietario no estaba presente) y por ende el delincuente no habría incurrido en robo, sino en «apropiación indebida». Podrían citarse más, pero será el último fallo referenciado el posterior al allanamiento de un laboratorio de droga donde se requisaron elementos probatorios como balanzas, droga, un molino y los dediles, ocasión en que dictaminó que aquel no debía ser considerado un local de venta de droga puesto que no se encontraba en el lugar comprador alguno…

Cuando ya jubilado el ex juez fue postulado por el gobierno a ocupar el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fiscal Romero no tuvo ningún reparo en informarle que sumó dos veces su voto a las campañas de impugnación a su candidatura.

Siempre dio a conocer su sabiduría, honesta, imparcial y valiente en defensa de sus opiniones. En el caso que nos ocupa hoy día habla de la independencia de los fiscales y apoya la limitación al mandato del Procurador General de la Nación sin que ello implique poner en riesgo la independencia del Ministerio Público. En una magistral exposición afirma que la independencia de los fiscales está en riego, cuando:

“Exista un procurador, procuradora, fiscal general, o como quiera llamarse al jefe o jefa del Ministerio Público de la República, militante de un partido o espacio político, defensor de un relato o de un proyecto, y que anteponga sus convicciones ideológicas por sobre el respeto irrestricto a la Constitución y la ley.

Se persigan fiscales por investigar a funcionarios de otros poderes (o a sus amigos y sus allegados), se les inicien sumarios administrativos o -directamente- juicios políticos con características de escándalo, como sucedió con el fiscal porteño José María Campagnoli.

Se intente disciplinar a los miembros del Ministerio Público Fiscal, prohibiéndoles solapadamente que se expresen públicamente (el que firma estas breves reflexiones fue reiteradamente sumariado por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires por haber cometido el pecado mortal de expresar sus ideas por la prensa).

Existan fiscales subrogantes ad hoc, designados por simple resolución de la Procuración General, sin la evaluación del Consejo de la Magistratura, sin la propuesta del Poder Ejecutivo y sin el acuerdo del Honorable Senado de la Nación.

Existan fiscales designados para determinada jurisdicción que sean trasladados a otras por cuestiones «operativas» o de «gestión», lo que contrariaría el mandato constitucional para el cual juraron al asumir sus cargos.

Se exija, para aprobar los exámenes de admisión en el Consejo de la Magistratura, la adhesión lisa y llana, sin posibilidad de objeción alguna, a la nefasta pseudodoctrina del abolicionismo penal.

Existan fiscales que le pidan al ministro de Justicia de la Nación que se «lave la boca» cuando este funcionario osó criticar al gurú del penalismo argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni».

Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y jurídica, ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos, no habría por qué buscar una “reforma” de las instituciones..El solo respeto al imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral y decidida voluntad para cumplir con el cambio prometido.

El Poder Legislativo adhirió al “cambio” desde el momento que se producen debates y cambio de opiniones en el tratamiento de las leyes para su correcta promulgación. Se deslizarán errores, producto de un populismo no del todo desarraigado, como el voto de la ley de cupos, lamentable, pero pasible de enmienda basada en la experiencia. Ya no es más la escribanía del poder omnímodo ejercido por el Poder Ejecutivo en el anterior gobierno.

Sólo resta que el Poder Ejecutivo comprenda que el “cambio” consiste fundamentalmente en el cumplimiento estricto de las leyes y de los fallos judiciales. El absurdo de querer promulgar leyes para que se cumplan las leyes, es un espectáculo continuado que venimos observando desde el mismo 10 de diciembre del 2015. ¿Cree el señor Presidente y su ministro de Justicia que era necesaria la promulgación de la ley que creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados? Disponiendo ipso facto la aplicación de la ley y la obediencia irrestricta a los fallos judiciales, quedaba solucionado el grave problema de los jubilados. ¿Cree el señor Presidente y su ministro de Justicia que un litigante que firma renunciar a sus derechos ante ANSES y representantes de distintos organismos, no será capaz de hacer valer sus derechos en el futuro? ¿Puede alguien renunciar legítimamente a sus derechos previsionales?

El “cambio” prometido de terminar con el curro de los derechos humanos, ¿no tendría rápida solución con este principio del respeto a las leyes penales en los juicios de lesa humanidad? Si se dispusiera cumplir sagradamente con las leyes, se desbaratarían todas las causas que por venganza se aplican a los presos políticos.

No deseo comprometer la opinión del fiscal Marcelo Carlos Romero en los casos expuestos como ejemplos, sólo he dado mi opinión libremente como la ha dado él. Me resta felicitarlo por la excelencia de sus escritos. Y así lo hago.

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