Por Hernán Andrés Kruse.-

En su edición del domingo 12 de febrero, Página/12 publicó una entrevista que Miguel Jorquera le hizo al ex jefe de la AFI y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli. Dijo el ex funcionario de Cristina: “Hay una triple e infame alianza, de sectores mediáticos monopólicos-Clarín, La Nación, Infobae-, del Poder Judicial-con jueces como Bonadío y Lijo y fiscales como Ercolini-y los organismos madre de inteligencia, todo esto monitoreado por el Presidente y la mirada celosa del ministro Garavano haciendo un seguimiento de las causas y acciones”. Afirma enfáticamente que los carpetazos han vuelto: “Sí, los carpetazos han vuelto. Nosotros sacamos a Stiuso y su gente de la SIDE y ese mecanismo perverso que tenía de hacer espionaje político y además cambiamos la ley, comenzamos a transparentar los mecanismos de los fondos reservados, establecimos límites a las facultades de realizar inteligencia. Todo eso fue borrado por un decreto de Mari y volvimos a ese mecanismo anterior, donde los servicios de inteligencia solo han servido para el espionaje político” (…) “Esos famosos grupos de tareas que en la década del ´70 se armaban entre los organismos de inteligencia, medios de comunicación, sectores de las fuerzas armadas y la policía. En aquellos casos te secuestraban, te mataban, te hacían desaparecer. Hoy no hacen eso pero el mecanismo es el mismo: esta alianza tiene como objetivo procesar a los dirigentes políticos, atemorizarlos para eventualmente encarcelarlos y desprestigiarlos y deslegitimarlos ante la sociedad. A la primera que se lo hicieron fue a la ex presidente Cristina Kirchner, ahora conmigo y con muchos más” (…) “Lo hicieron con Angelici que es un hombre de ellos, pero parece que hay negocios cruzados y en el fútbol Angelici no está de acuerdo con Clarín y el diario le saca esto. Es un mensaje mafioso sin duda. Pareciera que este delito se puede cometer y los jueces y fiscales miran para otro lado”.

Parrilli considera que las grabaciones son legales pero ilegítimas: “Son responsabilidad de Lorenzetti, Irurzún, Rodríguez Ponte, encargados del organismo de captación que dependen de la Corte Suprema; del juez Lijo o el fiscal Marijuan que las tenía en la causa; o de Arribas o Majdalani que las hicieron desde la AFI. Si Lijo y Lorenzetti no son autores, son encubridores o cómplices”. Parrilli reconoció no confiar en la Corte Suprema: “Acá no están investigando, solo le pidieron a Lijo y a la AFI que cuenten qué hicieron. Quiero una investigación independiente y seria. Ese expediente venía hasta marzo siguiendo la pista que supuestamente Berni no había ordenado detener a Pérez Corradi. De golpe y porrazo, 86 días después aparece un pedido de la AFI para que intervengan mi teléfono y la justicia lo interviene con dos prórrogas. La ley dice 30/60 días, y lo intervinieron 90 días y sin ningún motivo, Pérez Corradi ya estaba preso” (…) “Hicieron ellos un sumario en el que dicen que había un informe que yo había ocultado. Absolutamente mentira. Con fecha 13 de noviembre, yo lo habré tenido en mis manos el 18, hay un informe sobre el Facebook de la supuesta mujer de Pérez Corradi con una foto muy parecida a él y da un número telefónico. Yo pedí que se corrobore si el IP del teléfono corresponde con el domicilio en el que supuestamente estaba Pérez Corradi, que los fiscales ya tenían desde el mes de agosto a través de un testigo de identidad reservada. En febrero de 2016, con Arribas y Majdalani, la AFI informa a la justicia que todavía se continúa con la investigación y hasta la fecha no se ha podido identificar el paradero. Pero desde enero de 2016, los abogados de Pérez Corradi entablaron con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una negociación para su entrega y un subsecretario que la avala. Para mí, acuerdan la entrega y lo detienen el 19 de junio. Sin embargo la justicia autoriza a la AFI que pinche el teléfono el 14 de junio y no la oficina de captación judicial. Con escucha directa, que solo se hace en casos de secuestros extorsivos. ¿Qué esperaban, que yo hablara con Pérez Corradi en la cárcel? Era para que la AFI supiera lo que hablaba con la ex presidente y Arribas transmitírselo a Macri”.

Parrilli cree que todo esto tiene como objetivo “distraer a la sociedad y que no hablemos del escándalo que significa esta deuda que le quiere condonar Macri a su padre, de la falta de empleo, el problema de los docentes, los puestos de trabajo que se pierden, las tarifas, todo el daño que le están haciendo al país”. Sobre la posibilidad de que termine preso, reconoció que no la descartaba: “esto es lo que estamos pagando aquellos que tenemos ideas distintas a este modelo. Lo grave es que es con nosotros pero después van por todos. Hay dirigentes de todo tipo que tienen miedo. Nosotros no nos vamos a callar”. Los servicios de inteligencia, señaló, están hoy asociados con algunos sectores políticos: “Macri ya hizo un servicio de espionaje político en la Ciudad de Buenos Aires, donde a él lo separan como responsable por una cuestión formal, pero este año está pronto el juicio oral donde el hecho está probado y varios de sus funcionarios están procesados en la causa. Este gobierno de Cambiemos está utilizando el espionaje político”.

La filtración de las escuchas telefónicas riñe con las más elementales normas que rigen en una democracia. Así lo sostiene quien es uno de los periodistas más críticos del kirchnerismo: Joaquín Morales Solá. En su edición del domingo 12 La Nación publicó un artículo de su autoría titulado “¿Quién filtró las escuchas telefónicas?”, en el que toca esta delicada cuestión. Dice Morales Solá: “(…) Se conocieron algunos audios (el primer de Cristina Kirchner en su diálogo de compinches con Oscar Parrilli) y también algunas transcripciones de otras conversaciones, aunque sin audios. Otro audio complicó también al presidente de Boca, Daniel Angelici, viejo amigo de Macri, quien en el momento de la conversación, hace dos años, estaba también bajo intervención telefónica judicial” (…) “La difusión de esas conversaciones vulnera garantías constitucionales, que protegen la inviolabilidad de la correspondencia de las personas y que, según la interpretación posterior de los jueces, incluye las charlas telefónicas. Se trata de una extensión del derecho constitucional a administrar la vida privada, que la Constitución deja en manos de la conciencia y de Dios” (…) “Está claro que las escuchas telefónicas sólo deben servir para investigar un presunto delito. Ningún párrafo de la Constitución las autoriza para manipulaciones políticas, ni para destruir a un adversario ni para provocar la hilaridad colectiva”.

“El caso que comprometió a Cristina Kirchner comenzó en los primeros días de septiembre de 2015, poco antes de que la entonces presidente entregara el poder” (…) “dos fiscales, Franco Picardi, de la Capital, y Juan Bidone, de Mercedes, le pidieron ayuda al entonces jefe del servicio de inteligencia oficial, Oscar Parrilli, para localizar al prófugo Ibar Pérez Corradi. Parrilli accedió. Fuentes oficiales señalaron que cuando asumió el gobierno de Macri hubo una primera sorpresa con este caso. Había una alteración en el envío de informes de la AFI a la Justicia. No estaba el informe sobre Pérez Corradi. Había un salto entre los informes anteriores y posteriores: faltaba el de Pérez Corradi. El gobierno le ordenó a la AFI que investigara el tema. Dos expedientes con los informes sobre Pérez Corradi fueron encontrados, solitarios y abandonados, en la caja fuerte del ex director de asuntos judiciales de la AFI, el abogado Emiliano Rodríguez, que respondía directamente a La Cámpora. Justo en esos días, el juez Ariel Lijo recibió una denuncia de Graciela Ocaña contra el ex secretario de Seguridad Sergio Berni por abuso de autoridad” (…) “A fines de enero de 2016, Lijo ordenó a la AFI que le enviara todas las actuaciones sobre Pérez Corradi, a quien se buscaba por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina (casos que involucraban a varios funcionarios kirchneristas), y porque Washington pedía su captura y extradición” (…) “Cuando Lijo fue notificado de que existía ese informe sobre Pérez Corradi, pidió en el acto que le enviaran toda la información del expediente. Tres meses después, ordenó las intervenciones telefónicas de Parrilli, de Emiliano Rodríguez y de dos agentes de la AFI, cuyos nombres nunca trascendieron, aunque el juez sabe quiénes son. Lijo requirió que fuera la AFI la que se hiciera cargo de la transcripción de las conversaciones telefónicas, cuya captura es responsabilidad de una oficina de la Corte Suprema de Justicia” (…).

“La Corte Suprema tiene la responsabilidad política de esa oficina de intervenciones telefónicas, pero poca injerencia en el asunto. Los jueces envían los pedidos de intervención a la oficina, cuyo jefe máximo es el prestigioso juez Martín Irurzún, aunque el jefe operacional es un ex secretario de Lijo, Juan Rodríguez Ponte, elegido por la Corte tras probar a varios aspirantes” (…) “Lijo aseguró públicamente que la defensa de Parrilli se llevó todos los CD con las conversaciones telefónicas de éste. En síntesis, los que tuvieron acceso a ellas son la AFI, Lijo y el propio Parrilli” (…) “Nunca trascendió ninguna (escucha telefónica) de Lijo. La AFI las haría trascender sólo por una orden reservada del gobierno. Sin embargo, los que conocen los audios aseguran que lo que se sabe es muy poco y muy suave; hay material político (no judicial) mucho más explosivo que el que salió a la luz pública. ¿Por qué el gobierno filtraría los audios menos comprometidos y tanto tiempo antes de las elecciones, cuando no se sabe si Cristina será candidata? Paradójico: esos audios no sirvieron en el caso que inculpa a Parrilli; él nunca se refirió al caso Pérez Corradi durante la intervención telefónica. El inagotable espectáculo de denuncias de persecución política por parte de Cristina y de Parrilli permite no descartar la posibilidad de que la filtración viniera de ese propio espacio. Cristina denunció un “peligro sin precedentes” para la democracia” (…) “Pero se atropellaron al señalar culpas. Primero desenterraron a Jaime Stiuso y lo culparon de operar contra políticos y periodistas durante el gobierno de ellos. Después apuntaron contra Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y, al final, se despacharon contra Macri y la conducción de la AFI”.

Morales Solá culmina su artículo de la siguiente manera: “el fárrago de denuncias y filtraciones escondió lo más importante. Parrilli fue procesado por Lijo por encubrir a un prófugo de la Justicia acusado de narcotráfico. El fiscal Guillermo Marijuan le pidió a la Cámara Federal la detención de Parrilli porque sospecha que podría fugarse. Y un informe crucial sobre el paradero de ese prófugo se encontró en la caja fuerte de un funcionario kirchnerista” (…) “Con todo, no debe olvidarse que cada filtración de audios de conversaciones telefónicas es una violación de garantías constitucionales. Gobierno y Justicia deberían asumir que son, en parte al menos, responsables de la filtración de las escuchas o que no hicieron nada para evitarlas. El caso interpela también a la prensa, que tiene la obligación moral de respetar la vida privada y los preceptos de la Constitución. Pero también tiene el derecho y el deber de mantener informada a la opinión pública. Una reflexión del periodismo es siempre oportuna cuando entran en colisión el deber y el derecho”.

En la misma edición La Nación publicó un editorial en el que analiza el mismo asunto. Lleva por título “Filtración de escuchas, otra mancha para la Justicia”. Dice el mitrismo: “Pasaron los años, hubo un cambio de gobierno y tres cambios de jurisdicción, pero la filtración a la prensa de escuchas telefónicas con clara intencionalidad política continúa como si nada hubiera ocurrido y constituye otra enorme mancha para la Justicia que no puede ponerle coto a esta práctica aberrante ni identificar y sancionar a los responsables. Las filtraciones constituyen, además, una amenaza constante a la ciudadanía, que ve peligrar su derecho a la privacidad y la presunción de inocencia que asiste a quienes están siendo investigados. Hasta comienzos de 2015, las escuchas telefónicas que ordenaban los jueces en el marco de sus investigaciones las llevaba a cabo la tenebrosa Dirección de Observaciones Judiciales de la ex SIDE, más conocida como “Ojota”. En esa oficina no sólo se “pinchaban” los teléfonos que ordenaba el juez sino otros que el poder político de turno necesitaba escuchar” (…) “Se hablaba, incluso, del “negocio” de las pinchaduras a pedido. Una investigación judicial probó que, a instancias de altos funcionarios de la ex SIDE, se armó una causa judicial con una denuncia falsa con el único objetivo de obtener un paraguas legal para efectuar escuchas ilegales” (…).

 

“Las escuchas a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, su ex secretario general de la Presidencia y luego titular de la AFI datan de entre junio y septiembre del año pasado y las había ordenado el juez federal Ariel Lijo en una causa donde se investiga si Parrilli encubrió, a fines de 2015 y como titular de la AFI, a Ibar Pérez Corradi, entonces prófugo en la causa por el triple crimen de General Rodríguez. Cuando el periodismo dio a conocer las grabaciones, se originó un nuevo escándalo. Además de insultar a Parrilli, la ex presidente habló de causas judiciales armadas y de presionar a jueces. Pero lo verdaderamente escandaloso fue el hecho mismo de la filtración de esas piezas judiciales que jamás debieron haber salido del sumario. Otro tanto ocurrió días más tarde con unas escuchas realizadas en otra investigación a Daniel Angelici, empresario del juego, presidente de Boca y hombre de confianza y operador judicial de Macri” (…) “Se ha cometido un grave delito, no imputable a los medios periodísticos que difundieron las escuchas, sino a quienes las filtraron. Sobre este último punto hay pocos sitios de los cuales sospechar: la oficina de escuchas de la Corte, el juzgado de Lijo, la fiscalía de Guillermo Marijuan y la AFI, que intervino por orden de Lijo”.

“La Corte pidió explicaciones a su Oficina de Captación de Comunicaciones y a Lijo, quien detalló lo actuado. Antes, el magistrado procesó a Parrilli por considerar que hizo caso omiso de informaciones sobre el paradero de Pérez Corradi. Más tarde, el fiscal Marijuan solicitó al juez la detención de Parrilli. De esa manera, la Justicia, responsable de las graves filtraciones, pareció sobreactuar, pues las pruebas en contra de Parrilli no serían muy contundentes. El ex funcionario sostiene que lo procesaron para justificar las escuchas” (…) “Uno de los peores errores en los que puede incurrir la Justicia cuando su imagen luce muy deteriorada es la parcialidad en perjuicio de los ex funcionarios kirchneristas cuando hay tantas pruebas que comprometen a muchos de ellos” (…) “Dentro de esos graves errores, que son delitos, se encuentra el de las filtraciones de escuchas. Tribunales permeables a intereses ajenos al ejercicio de la justicia, como las internas entre espías, son tribunales sospechosos de repetir el sucio juego que durante tantos años jugó la ex SIDE, vulnerando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia de la que gozan quienes se encuentran sometidos a una investigación que aún no arribó a sentencia. La Justicia es responsable de la guarda de los elementos de prueba y es preciso que identifique y sancione a los responsables de tan serio delito. El enorme poder de ordenar que se escuche lo que hablan los ciudadanos en su intimidad conlleva la responsabilidad de salvaguardar el contenido de lo escuchado”.

Para cerrar este artículo nada mejor que rememorar uno que publicó el doctor Alberto Benegas Lynch (h.) en La Nación el viernes 4 de agosto de 2016, cuyo título habla por sí mismo: “Es hora de preguntarse para qué sirven los servicios de inteligencia”. Dice Benegas Lynch (h.): “(…) Resulta de interés preguntarse y repreguntarse qué de compatibilidad o incompatibilidad existe entre los llamados servicios de inteligencia y el sistema republico de gobierno. Como es sabido, uno de los ejes centrales de esta forma de concebir el aparato político consiste en la transparencia de sus actos. Conviene llevar a cabo el ejercicio de una mirada crítica sobre estas reparticiones tan peculiares. Prácticamente todos los gobiernos cuentan con servicios de inteligencia, lo cual no invalida el interrogante. Cuando menos, llama la atención que una sociedad libre se desplace simultáneamente por dos andariveles tan opuestos. Por una parte, se insiste en la necesidad de que los funcionarios gubernamentales sean responsables de sus actos y que éstos estén en conocimiento de los gobernados y, por otro, se procede de modo clandestino, echando mano de fondos reservados para propósitos de espionaje y otros menesteres non sanctos que se mantienen en las sombras. Parecería que hay aquí un doble discurso y que se entroniza una hipocresía digna de mejor causa. Agentes dobles, contrainteligencia, secretos de Estado, escuchas y detenciones sin orden del juez, violaciones de domicilio, asesinatos, sabotajes, movimientos subversivos programados y, frecuentemente, seguimiento de los movimientos de los dirigentes de partidos políticos de oposición son sólo algunos de los hechos que producen los más renombrados servicios. Esto es el mundo libre, ya que en los países totalitarios se añaden la tortura y la implacable persecución a quienes no adhieren al poder de turno” (…).

“El periodista de la BBC de Londres Paul Reynolds pone en tela de juicio la eficiencia de los servicios de inteligencia más destacados del mundo a raíz de la invasión de Irak, en una columna titulada “¿Podemos confiar en los servicios de inteligencia?” (…) “Es que siempre los burócratas están tentados a utilizar este y otros departamentos y oficinas para fines políticos, y cuando no hay claros límites al poder y se permite recurrir a la clandestinidad los abusos no deben sorprender, sin contar con las traiciones, las falsas denuncias y las delaciones internas y ex amistades de la CIA, como Saddam Hussein y Ben Laden. Por eso es que León Hadar, del Cato Institute, sugestivamente titula su ensayo “Los servicios de inteligencia no son inteligentes”. Allí muestra con profusión de datos cómo la alegada seguridad nacional está en riesgo con estos procedimientos oscuros en los que, por definición, no hay control de gestión propiamente dicho” (…) “David Canon, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana, en su trabajo titulado “Inteligencia y ética”, alude a las declaraciones de un agente de la CIA que explica que lo importante es lograr los objetivos sin detenerse en los medios” (…) “Pero, como bien destaca Norman Cousins, el establecimiento de entidades de estas características necesariamente tiene que terminar en un Frankenstein” (…).

“Los servicios de inteligencia son compatibles con regímenes totalitarios de factura diversa, pero parecen del todo inadecuados en el seno de una sociedad libre. No en vano en los Estados Unidos se extiende la utilización de la expresión rusa “zar” para el máximo capitoste del espionaje” (…) John Stuart Mill decía que todas las buenas ideas pasan invariablemente por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Este tema de los llamados servicios de inteligencia se vincula con muchos otros que también requieren limpieza de telarañas mentales para su mejor comprensión” (…) “Paradójicamente, en no pocos lugares para proteger este valor (seguridad) se lo conculca. Esto ocurre hoy en gran medida, con la lucha antiterrorista. En última instancia, el terrorismo apunta a desmantelar y liquidar las libertades individuales. Pues lo curioso del asunto es que, por ejemplo, en lo que ha sido el baluarte del mundo libre, los Estados Unidos, con el argumento de proteger aquellos derechos se los lesiona, con lo que en la práctica se otorga una victoria anticipada a los criminales del terror. Tal es el ejemplo de la vergonzosa ley denominada “patriótica” (…) El tercer capítulo, emparentado con el surgimiento de los servicios de inteligencia para contrarrestar las guerras, son las epidemias de nacionalismos, xenofobias y racismos que toman los lugares de nacimiento como un valor y un disvalor para el extranjero, como si las fronteras tuvieran algún sentido fuera de la descentralización del poder y como si las razas no fueran un estereotipo carente de significado entre hermanos que provenimos todos de África” (…) “Entonces, no sólo debemos concentrar la atención en la naturaleza y los alegados servicios que prestan las estructuras de inteligencia, sino también prestar atención a las causas que dan lugar al debate que ahora pretendemos abrir, al efecto de seguir averiguando los inconvenientes y las eventuales ventajas de este tipo de organizaciones”.

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