Milei y una nueva manipulación política de la Corte Suprema (2)

Por Hernán Andrés Kruse.-

Primera retroalimentación: la manipulación política de la corte bajo el Gral. Pedro Aramburu

La primera retroalimentación de la trayectoria de manipulación se produjo cuando el golpe militar de 1955 derrocó al presidente Perón. Como en los anteriores golpes de Estado, se cerró el Congreso, pero con una diferencia: esta vez el general Aramburu promulgó un decreto que establecía la puesta en comisión de todos los miembros de la Corte. Este decreto se diferenció del comunicado oficial que había sido enviado en los golpes de 1930 y 1943. Una situación similar tuvo lugar en la mayoría de las Supremas Cortes provinciales y en las Cortes federales, donde el 70 % de los jueces también fueron puestos en comisión. Mantener a los jueces peronistas en el cargo a través de la Acordada, como se hizo en 1930 y 1943, no era una opción para los militares, ya que los jueces peronistas podían socavar los objetivos del régimen con sus fallos y no seguir la doctrina de facto. En otras palabras, los beneficios por reforzar la trayectoria de court-packing propuesta por Perón fueron mayores y este primer refuerzo fortaleció el proceso político de manipulación.

Segunda retroalimentación: doble court-packing político durante la presidencia de Arturo Frondizi

El segundo refuerzo de la trayectoria fue en 1958 con la elección del presidente Frondizi del Partido Radical, luego de la finalización del gobierno de facto. En contraste con la estrategia de juicio político masivo de Perón, Frondizi tomó un camino diferente: una estrategia de manipulación política lenta y progresiva de los miembros de la Corte. En esta oportunidad no era viable la remoción automática de todos los jueces designados por los militares debido a que podría generar malestar al interior de la cúpula militar. Frondizi ideó un plan de dos etapas para crear una Corte leal. Primero, el presidente confirmó a dos de los cinco jueces y ofreció a los tres restantes jubilaciones con beneficios atractivos. En segundo lugar, Frondizi presentó un proyecto de ley al Congreso para ampliar la Corte de cinco a siete miembros que fue aprobado en 1960 (ley nº 15271). Para 1960 el presidente ya había designado a cinco de los siete jueces de la Corte. Las purgas también se reprodujeron en los niveles subnacionales y federales, donde hubo una remoción sistemática y masiva de jueces.

Tercera retroalimentación: doble court-packing político bajo el Gral. Juan Onganía

El tercer refuerzo de la trayectoria tuvo lugar en 1966 cuando el golpe militar removió al presidente Illia del cargo. El presidente Illia de la ucr heredó los problemas económicos y sociales de Frondizi, así como también una Suprema Corte con la mayoría de los jueces designados por este. Para superar esta situación, Illia envió un proyecto de ley al Congreso para aumentar el número de jueces de siete a diez, pero solo recibió la aprobación del Senado, no de la Cámara de Diputados. Este fue el primer intento frustrado de un presidente por reforzar el patrón de manipulación, pero su intención de crear una Corte amiga estaba clara. Tan pronto como el general Onganía derrocó a Ilia del poder, las primeras decisiones fueron cerrar el Congreso y remover del cargo a todos los miembros de la Suprema Corte junto con el procurador general (Decreto 3 y Estatuto revolucionario art. 9, 1966). Las Supremas Cortes provinciales siguieron el mismo patrón de reorganización masiva.

Cuarta retroalimentación: court-packing político durante la segunda presidencia de Perón

Los disturbios y descontentos de 1973 forzaron al gobierno militar a programar elecciones nacionales para el retorno a la democracia. Una vez eliminada la proscripción a Perón para las elecciones, su candidatura ganó con el 63 % de los votos, asegurándose una gran mayoría de bancas en el Congreso. Tan pronto como los militares abandonaron el gobierno, todos los miembros de la Suprema Corte renunciaron de forma masiva a su cargo. Los jueces no estaban seguros de su futuro en la Corte con la llegada de Perón y decidieron renunciar ante los rumores de un posible juicio político de características similares al de 1947. Durante los primeros años del gobierno, se aprobó una generosa ley de jubilación temprana para aumentar la probabilidad de tener nuevas vacantes dentro del Poder Judicial -incluso a nivel federal.12 Desde el punto de vista de los políticos, el costo de cambiar la trayectoria (es decir, mantener a aquellos jueces hostiles designados durante la dictadura) aumentó con el paso del tiempo, creando una retroalimentación positiva. Una situación similar ocurrió en la mayoría de las Supremas Cortes provinciales.

Quinta retroalimentación: court-packing político bajo el Gral. Jorge Videla

El 24 de marzo de 1976 un golpe militar derrocó al gobierno justicialista de María Estela Martínez de Perón. Una vez más, los jueces de la Suprema Corte fueron removidos automáticamente del cargo mediante decreto. Además, la ley n.º 21258 declaró en comisión a todos los miembros del Poder Judicial -incluyendo a los jueces provinciales. El Ejecutivo entrante reforzó las prácticas llevadas a cabo por los ejecutivos anteriores, y el Poder Judicial fue reorganizado una vez más. La purga permanente de la Corte luego de un cambio de gobierno reafirmó el proceso de retroalimentación positiva.

Sexta retroalimentación: court-packing político durante la presidencia de Raúl Alfonsín

El presidente Raúl Alfonsín del Partido Radical fue electo democráticamente y asumió la presidencia en diciembre de 1983. Como se esperaba, el presidente no estaba dispuesto a mantener en el cargo a los jueces designados por la Junta Militar y Alfonsín ya había considerado varias estrategias en caso de que esos jueces permanecieran en el cargo. Sin embargo, los jueces nacionales y provinciales designados durante el régimen militar abandonaron la Corte debido al temor de un juicio político. De los cincos cargos en la Corte, Alfonsín designó tres jueces con un lazo claro con el radicalismo, mientras que los dos restantes tenían lazos más cercanos con la oposición. En este caso, y contrariamente a las anteriores purgas, la Corte solo contaba con tres de cinco de jueces amigables, lo que años siguientes le originó problemas al presidente.

Durante los primeros años del gobierno de Alfonsín los juicios penales a oficiales implicados en los asesinatos y desapariciones durante el periodo militar se llevaron a cabo en Cortes civiles, ello tuvo una fuerte desaprobación por parte de los militares que pretendían ser juzgados en Cortes militares. Durante noviembre de 1987, el presidente presentó un proyecto ley para aumentar el número de jueces de la Corte de cinco a siete para poder asegurar una mayoría afín. Los radicales no obtuvieron el apoyo de los peronistas para aprobar la ley. No obstante, los peronistas realizaron una contraoferta por aumentar el número de jueces de cinco a nueve, de esa manera los radicales y los peronistas podrían designar dos jueces adicionales cada uno. Los jueces de la Suprema Corte se opusieron firmemente a esta ampliación y uno de ellos incluso amenazó con renunciar a la Corte en caso de que fuera ampliado el número de miembros.

Séptima retroalimentación: doble court-packing político durante la presidencia de Carlos S. Menem

En 1989 las elecciones presidenciales tuvieron lugar durante una grave crisis económica y en medio de una continua hiperinflación. Carlos Menem, miembro del Partido Justicialista, ganó la elección. Esta fue la primera vez, desde el presidente Hipólito Yrigoyen en 1916, en que un gobierno en el poder fue sucedido pacíficamente por un presidente del partido de la oposición. Además, esta también fue la primera vez desde 1938 en la que un presidente había heredado una Corte con jueces designados por otro partido político. Este nuevo contexto no afectó los incentivos de los políticos para manipular a la Corte, sino más bien las estrategias y los tiempos para lograrlo.

Durante sus primeros meses en el cargo, el presidente Menem reactivó el proyecto para aumentar el número de jueces de la Suprema Corte a nueve (no siete como pretendía Alfonsín anteriormente). Ahora los radicales, que representaban la oposición, estaban en contra del proyecto y, por lo tanto, no le dieron apoyo en el Congreso. Mientras tanto Menem y sus colaboradores lanzaron un plan alternativo para inducir el retiro de algunos jueces y lograr así vacantes en la Corte, pero en abril de 1990 se logró aprobar el proyecto de ley de ampliación de la Corte (ley nº 23744), creándose cuatro nuevas vacantes. La oposición denunció públicamente al gobierno por utilizar procedimientos irregulares para lograr la aprobación de la ley.

El plan de Menem por manipular a la Corte funcionó a la perfección, no solo porque el proyecto de ley fue aprobado, sino también porque indujo al juez Bacqué a renunciar al cargo en protesta contra la manipulación política de la Corte (La Nación, 11 de mayo de 1990). Como resultado del plan se crearon seis nuevos puestos (de un total de nueve) para ser ocupados, justo lo que el gobierno necesitaba para crear una Corte amiga.13 Al día siguiente, el gobierno envió una lista de candidatos para la Corte, todos ellos con claras conexiones con el propio Menem o con el Partido Justicialista, que obtuvo apoyo en el Senado.

Aunque Menem pudo controlar la Corte y creó una mayoría automática, la manipulación de la conformación de la Corte no terminó allí. Menem quería postularse para la reelección, pero para hacerlo se debía reformar la Constitución, ya que la reelección no estaba permitida. Menem negoció con la oposición, los radicales, para obtener la aprobación del Congreso. El resultado de la reunión (conocido como el Pacto de Olivos) fue que los radicales acordaron apoyar la incorporación de la reelección del presidente a cambio de: primero, incluir controles más fuertes sobre el Poder Judicial y, segundo, lograr la renuncia de tres jueces de la Suprema Corte para diluir la mayoría automática. Menem comenzó a trabajar de inmediato en la solicitud con el eslogan que renunciar era un «acto patriótico». Los jueces Barra, Cavagna y Levene cumplieron con los deseos de Menem, Levene se fue después de dos años, una vez que todas las demandas de juicio político en su contra fueron rechazadas. Se suponía que las tres vacantes se dividirían entre menemistas, radicales y neutrales, pero el resultado del pacto no fue respetado por Menem y designó tres jueces con estrechas conexiones con su partido. El proceso de designación de estos jueces estuvo plagado de irregularidades y fue criticado por la oposición. Sin embargo, Menem logró contar con más jueces leales.

Octava retroalimentación: court-packing político durante la presidencia de Néstor Kirchner

En 2003, Néstor Kirchner, del Partido Justicialista, ganó la elección presidencial y asumió la presidencia con solo el 22 % de los votos. En esa elección presidencial el peronismo tuvo tres candidatos presidenciales en las elecciones generales, de los cuales dos de ellos -Menem y Kirchner- llegaron a la segunda vuelta. Menem decidió renunciar a la segunda elección, por lo cual Kirchner fue proclamado presidente de la Nación. Las facciones dentro del justicialismo estaban fuertemente demarcadas, por lo que Kirchner heredó una Suprema Corte con jueces designados por Menem, es decir, jueces designados por el mismo partido político de Kirchner (Partido Justicialista), pero de una facción diferente. En contextos de fragmentación intrapartidaria, como ocurre en el justicialismo, la proximidad política de los jueces con los presidentes no estaría determinada por la identificación partidaria de quien los nombra, sino por la facción política. Uno de los objetivos más importantes de Kirchner durante su mandato fue asegurar su legitimidad y el apoyo popular ya que asumió con el 22 % de los votos. Una de las primeras estrategias para aumentar su legitimidad fue canalizar el pedido de la sociedad por limpiar la Suprema Corte de jueces adictos al poder y fortalecer la independencia del Poder Judicial. Contrariamente al expresidente Duhalde, Kirchner decidió llevar a cabo un plan de purga progresiva, destituyendo uno por uno a los jueces de la mayoría automática designados por Menem.Cinco de nueve jueces fueron inducidos a dejar el cargo, pero la manipulación política de la Corte se logró después de varios años en el gobierno, no durante el primer año en el cargo como había sucedido históricamente.

La primera solicitud de juicio político fue para el juez Nazareno, quién públicamente condenó la estrategia del gobierno de remover a los jueces actuales para crear una Corte amiga. El gobierno amenazaba al resto de los jueces al decir que muchos de ellos compartían una propensión común hacia el crimen en lugar de una verdadera vocación por la justicia; esta declaración molestó a todos los miembros de la Corte. Nazareno renunció al cargo debido a la presión política y a la alta probabilidad de que el Congreso apruebe la destitución. El juez Moliné O’Connor fue el siguiente en la lista y decidió no seguir el consejo del gobierno de renunciar antes del juicio. En diciembre del 2003 el Senado aprobó su destitución con 45 de los 64 votos. El juez López también estuvo en la lista y un senador peronista organizó una reunión privada con él para discutir su retiro del cargo. El gobierno estaba planeando usar la misma estrategia que antes -juicio político- si López no estaba dispuesto a cooperar. Aparentemente, López acordó renunciar al cargo, pero no lo materializó hasta que la Cámara de Diputados estuvo por comenzar su juicio político. En julio de 2004, el ataque político de Kirchner y la «reorganización» de la Corte estaba empezando a dar sus frutos. Aunque los tres jueces designados por Kirchner no tenían una clara conexión política con el partido justicialista o el presidente (como en el caso anterior), compartían una ideología similar en temas relevantes como la pesificación y los derechos humanos.15 Como una forma de diferenciarse de los presidentes anteriores, especialmente de Menem, Kirchner emitió el Decreto 222, mediante el que impuso automáticamente limitaciones en el proceso de designación.

El siguiente en la lista de jueces a ser removidos fue Vázquez, otro miembro de la mayoría automática. En agosto de 2004, durante la audiencia pública del juicio, Vázquez condenó públicamente su acusación por el hecho de que solo estaba sucediendo porque era parte del grupo de Menem y no de Kirchner. Esta declaración reveló que la motivación de Kirchner para todo el proceso de destitución era ideológica, pero también confirmó que Vázquez había sido siempre parte de la alianza política de Menem (La Gaceta, 13 de agosto de 2004).16 Vázquez trató de resistir la presión política durante el juicio, pero al final renunció (La Nación, 1 de setiembre de 2004).17 Los últimos dos jueces de la lista fueron Boggiano y Belluscio, el juez Boggiano fue el último miembro ultramenemista de la Corte, y fue llevado a juicio político en diciembre del 2004. Mientras que el juez Belluscio decidió renunciar dado que ya había alcanzado el límite de edad.

En resumen, Kirchner, durante sus primeros dos años en el cargo, indujo el retiro de cinco de nueve jueces y pudo nombrar a cuatro en su lugar. Para noviembre del 2006, aun había dos vacantes disponibles en la Corte y la oposición condenaba la existencia de una nueva mayoría automática, en este caso designada por Kirchner. Frente a este contexto, la senadora Cristina Fernández de Kirchner (esposa del presidente) presentó un proyecto de ley para reducir el número de miembros de la Corte de nueve a cinco. El proyecto fue aprobado (ley n.º 26186), pero la Corte se mantuvo como estaba con siete jueces, de los cuales cuatro fueron designados por Kirchner.

En octubre del 2007, Cristina Fernández de Kirchner fue electa presidenta de Argentina y reelecta en 2011. Hasta ese momento, no había necesidad de manipular la composición de la Corte, ya que heredó una mayoría de jueces designados por su esposo. Pero en 2014 dos jueces murieron en funciones y uno más se retiró voluntariamente del cargo. Dos de esos tres jueces habían sido designados por Néstor Kirchner y bajo la ley n.º 26186, solo había que hacer un nombramiento. El gobierno enfrentó dificultades con el Congreso para obtener los votos necesarios para aprobar a su candidato, Cristina Kirchner estaba al final de su mandato y la oposición no estaba dispuesta a aprobar ningún candidato propuesto por ella. Cristina necesitaba una vacante más para poder negociar con la oposición sobre quién designar. En mayo del 2015 (ocho meses antes del final de su mandato), la facción de Cristina comenzó a presionar por un juicio político contra el juez Fayt, por presuntas irregularidades en su votación debido al avance de su estado de salud. Fayt resistió las acusaciones y la oposición no apoyó el juicio político. Sin embargo, Fayt presentó su renuncia el día después de que Cristina Kirchner finalizara su mandato.

Mauricio Macri, de la coalición Cambiemos, ganó la elección presidencial del 2015 y heredó una Corte con dos vacantes. Cinco días después de la toma de posesión presidencial designó por decreto dos jueces, alegó que el Congreso estaba en receso. La oposición y los académicos condenaron esta medida, y se suspendieron dichas designaciones para que el Congreso pueda realizar las designaciones correspondientes una vez que haya terminado el receso.

(*) Andrea Castagnola: “La trampa de la manipulación judicial: un análisis histórico de la manipulación política de la Corte Suprema” (Revista Uruguaya de Ciencia Política, junio de 2020).

(**) Recién hoy (martes 9 de abril) envié al Informador Público la segunda parte del artículo sobre Milei y la manipulación de la Corte Suprema porque mi vieja y noble computadora me tuvo a maltraer.