Nueva medida PRO-RADICAL contra los usuarios argentinos

Por Eduardo Difonso.-

Transferencia de escasos recursos de los usuarios a las empresas

El gobierno autorizó a las empresas distribuidoras de gas (concesionarias de servicios estatales) a cobrar un importe extra para compensar el impacto de la devaluación en sus balances, estimado en $ 10.000 millones de pesos.

¿No se le ocurre al gobierno tomar alguna medida que “compense” también a la caída del poder adquisitivo de los salarios y a la devaluación del peso que incrementa el índice inflacionario convirtiéndolo en el peor de los impuestos para los trabajadores, jubilados, pensionados de salarios fijos y que no pueden trasladar tal índice a lo que producen o venden?

Es difícil creer que este tipo de medidas esté dispuesta en los contratos de concesión de cualquier servicio público y es difícil creer que las distribuidoras tengan el derecho a reclamarlo y percibirlo cuando sabemos que ninguna de ellas ha cumplido con todas las exigencias que se establecen allí y por lo tanto no resisten ninguna auditoría que verifique el cumplimiento de dichos contratos. Entonces ¿Qué motivó al gobierno a tomar esta decisión?

¿Por qué no toman conciencia de la necesidad de no mantener como variable de ajuste de las tarifas de gas al dólar estadounidense? Si el recurso es argentino y los cotos de extracción deberían calcularse en pesos.

Y además estamos subsidiando esta extracción con $ 31.880 millones de pesos afectados por ley de presupuesto para pagar, el equivalente a U$S 7,50 por millón de BTU, a las mal llamadas productoras -ya que el gas no se produce sino que se extrae como complemento de la perforación principal en busca de petróleo- cuando el Secretario de Energía Javier Iguacel declaró, hace dos meses en Neuquén, que los precios de extracción no deben superar el equivalente a U$S 3,50 el millón de BTU ya que ese valor contempla un 20% de rentabilidad.

¿Quién entiende las decisiones y medidas que toma este gobierno si el responsable piensa distinto y así lo declara pero luego firma Resoluciones como la que hoy cuestionamos?

Además anunció un recorte en los subsidios de la tarifa social, cuando no, también una suspensión de dichos subsidios aunque se encuadren en la Resolución que los otorgaba originariamente.

Para completar estas medidas, el Secretario de Energía Javier Iguacel, anunció el aumento del 35% en las tarifas de gas a partir del 1 de octubre próximo pasado, que encarecerá aún más el servicio al incorporar en las facturas este monto compensatorio para las empresas.

Ante estas decisiones del gobierno PRO-RADICAL es muy difícil explicar o entender porque sólo toma medidas que favorecen a los contratistas del estado y en detrimento o perjuicio de los usuarios y contribuyentes.

Decimos esto porque el impacto de la devaluación, producto de errores de gobierno y malas decisiones de la cartera económica y de las autoridades del Banco Central, afectaron mayoritariamente a todos los argentinos independientemente de la actividad que desempeñen.

Afectó a la Industria, que ya cumplió cuatro meses de caída ininterrumpida de su actividad en un promedio del 6,4% interanual, afectó a PyMES, que cerraron más de 7.500 en lo que va de esta gestión de gobierno, afectó directamente a todos los asalariados del país que vieron reducidos sus ingresos en más del 30%, afectó a jubilados y pensionados, que van a perder no sólo poder adquisitivo sino que también el equivalente a un mes de ingresos por el cambio del índice de actualización de sus prestaciones. Sin sumarle a ello los aumentos de los medicamentos y tratamientos que deben practicarse mensualmente y los aumentos autorizados a las prepagas, para aquellos que todavía pueden mantener esos servicios. Afectó peor aún a la cantidad de argentinos que se quedaron sin empleo por el crecimiento de este índice que ya supera el 9,2% de personas desocupadas.

Decimos que cualquier gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de tomar decisiones de tipo general, justas y equitativas para todos los gobernados, por lo tanto lo que debería hacer es aplicar medidas que beneficien de la misma manera a todos los sectores y no arbitrariamente a sectores concentrados de la economía que vienen acusando grandes ganancias en sus ingresos desde que asumió al gobierno el Ing. Macri.

Entonces si todos nos hemos visto afectados, de alguna u otra manera, por la devaluación y pérdida de poder adquisitivo, resulta más que irritante que el Gobierno piense sólo en compensar a aquellas empresas contratistas del estado y que prestan un servicio monopólico por decisión de éste, manteniendo de rehenes a todos los usuarios y consumidores de dicho servicio, garantizándole una rentabilidad más una actualización calculada retroactivamente.

Esta compensación será retroactivo a abril, pagaderas en 24 cuotas, a partir de enero del 2019, que contemplarán un interés en base “a la tasa activa cartera general diversa del Banco de la Nación Argentina”.

Es justo recordar en este punto , por ejemplo, las actitudes de algunas de estas distribuidoras que, para el caso de la provincia de Mendoza, no hace mucho tiempo el Gobierno asignó $ 550 millones de pesos para obras de ampliación del servicio y esta distribuidora lo afectó a pagar dividendos a sus accionistas ofreciéndoles depositárselos en el exterior.

Seguimos trasladando recursos de los consumidores, de las familias argentinas, de usuarios de servicios, de PyMES, de Industrias, de asalariados, de esos flacos bolsillos, a las empresas concesionarias de esos servicios.

Debemos recordar también que el economista en jefe de la Fundación Mediterránea afirmó, en un foro convocado por el Instituto Argentino de Energía (IAE), que el tarifazo no fue para cubrir déficit fiscal si no que significó un traspaso de recursos a las empresas de U$S 16.500 millones de dólares, de los cuales, U$S 8.250 millones los pusieron las familias usuarias argentinas.

Cualquier argentino puede afirmar con justa razón: “Yo también empecé este año cobrando un salario con un dólar a $ 20 pesos. ¿Y?”

¿No habrá ninguna ley que obligue, tomando este antecedente resuelto por el estado, a utilizar el mismo criterio y calcular las jubilaciones en particular y los salarios en general con el índice de actualización del dólar que tomó el gobierno PRO-RADICAL para calcular la “compensación empresaria”?