Perón superó crisis económicas similares a la actual con pleno empleo y sin devaluar la moneda o bajar los salarios

Por Víctor E. Lapegna.-

En 1952, al inicio del segundo mandato presidencial de Juan Domingo Perón, la economía argentina padecía una crisis similar a la que sufrimos hoy, al comenzar el primer mandato presidencial de Mauricio Macri. Entonces y ahora los síntomas principales de la crisis eran y son saldos comercial y de pagos negativos en el sector externo, alto déficit de las cuentas del sector público, inversión cuasi nula, bajo nivel de productividad de la mayoría de los factores económicos y un escenario de “estanflación” dado por la coincidencia de alta inflación con la tendencia al estancamiento de la economía (en el caso actual no se trata de una “tendencia”, sino de un hecho que abarca los últimos cuatro años).

Perón no tenía el recurso que sí tiene Macri de inculpar por la crisis a los gobiernos precedentes dado que él mismo había sido el presidente entre 1946 y 1952 y tal vez por eso no se detuvo en considerar el pasado para concentrarse en afrontar los desafíos que presentaban el presente y el futuro. Lo hizo mediante dos cursos de acción de gobierno simultáneos, que se retroalimentaron mutuamente para generar confianza, insumo esencial de toda posibilidad de bonanza económica y ellos fueron el Programa de Emergencia Económica de 1952 dedicado a resolver los problemas más acuciantes del presente y el Segundo Plan Quinquenal (1952/57) que planteaba los objetivos de futuro y trazaba los caminos para alcanzarlos.

Para elaborar ambos instrumentos, ponerlos en marcha y controlar su aplicación; el presidente Perón formó un Grupo Económico (GE) cuya conducción encomendó a Alfredo Gómez Morales (ministro de Asuntos Económicos) y del que participaron Antonio Cafiero (ministro de Comercio Exterior), Pedro Bonanni (ministro de Hacienda), Miguel Revestido (ministro de Finanzas), Carlos Hogan (ministro de Agricultura), Rafael Amundarain (ministro de Industria), Roberto Dupeyron (ministro de Obras Públicas), Juan Maggi (ministro de Transportes), José Maria Freire y Alejandro Giavarini (sucesivos ministros de Trabajo y Previsión) y Raúl Mendé (ministro de Asuntos Técnicos).

Entre los diez integrantes de ese GE, como no podía ser de otro modo, había diferencias funcionales (por mencionar sólo un ejemplo, los ministros de Obras Públicas y Transporte reclamaban recursos para mejoras de la infraestructura que redundaran en una mejor y más competitiva producción y los ministros de Hacienda y Finanzas los retaceaban en pro de equilibrar las cuentas públicas), conceptuales (aunque eran todos peronistas, tenían interpretaciones diferentes respecto de lo que esa común identidad significaba) y personales ya que todos tenían un sólido perfil profesional y político y un fuerte carácter.

Pero los debates y enfrentamientos suscitados por esas diferencias supieron ser contenidos y suavizados por el ministro de Asuntos Económicos (sus condiscípulos en la Facultad de Ciencias Económicas, por su aspecto físico y su mansedumbre exterior, habían apodado a Gómez Morales “El Buey”, lo que él mismo contaba con cierto orgullo dado que siglos antes así llamaban sus condiscípulos a Santo Tomás de Aquino, del que era devoto y habitual lector), cuya labor de coordinador permitió que el Grupo tuviera un solidario funcionamiento de equipo y lograra alcanzar los objetivos que se habían fijado.

La singularidad que destaca la labor cumplida por ese GE que condujo Gómez Morales entre 1952 y 1955 fue que asumieron y se apegaron al desafío que Perón les presentó al formarlo: debían resolver los núcleos críticos que presentaba la economía sin devaluar la moneda y sin deteriorar el poder adquisitivo de los salarios.

Cómo se superó la crisis entre 1952 y 1955

En un correcto diagnóstico de la crisis en el sector externo se concluyó que sus causas esenciales eran la confluencia de una baja de los precios internacionales de nuestros bienes transables (sobre todos cereales y carne bovina), con la creciente presencia en el mercado mundial de oferentes de esos bienes que se habían retirado de la competencia durante la II Guerra Mundial (Estados Unidos, Canadá y Australia), la exclusión de la Argentina del Plan Marshall que proveyó de alimentos a Europa en la posguerra y también la disminución de nuestra producción agrícola, en parte desestimulada por las políticas de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que se venían aplicando desde 1930 y adquirieron fuerte impulso desde 1946 y sobre todo por las gravísimas sequías que afectaron las campañas de 1949 y 1950 y llevaron al extremo de haber tenido que importar trigo para abastecer la demanda interna. La consecuente caída de ingresos por exportación por la combinación de los factores mencionados, coincidía con una fuerte demanda de insumos importados, indispensables para sostener el nivel de actividad.

Dado que era muy poco lo que la Argentina podía hacer respecto de las tres primeras causales del estrangulamiento del sector externo (precios internacionales, mayor competencia y exclusión del Plan Marshall), se hizo lo razonable que era concentrarse en mejorar la capacidad productiva, sobre todo en materia agroalimentaria. Para estimular la producción se mejoraron los precios relativos al sector rural, lo que incluyó la actuación del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) que no sólo puso freno a la redistribución del ingreso desde el campo hacia la ciudad, sino que intervino con subsidios a las exportaciones agropecuarias cuando los precios internacionales decayeron más allá de los admisible. Además, para promover mayores rindes por hectárea y reducir los costos de producción, se mantuvo invariable el tipo de cambio facilitando el acceso a las importaciones de los principales insumos agropecuarios y también se facilitó la radicación de fábricas de tractores y la importación de los mismos con el objeto de mecanizar la producción. A lo expuesto se añadió la instrumentación de un plan de inversiones estatales para aumentar la productividad agropecuaria que incluyó la investigación y el desarrollo de la producción, producción y distribución de semillas, selección y distribución de plantines a precios subsidiados, investigación y enseñanza sobre el uso racional del suelo, estímulo a la producción de abonos y fertilizantes, control de plagas y organización del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.

A la par de ese estímulo a nuestra aptitud exportadora, se produjo un giro en la política exterior que tuvo uno de sus ejes en los avances hacia la formación de una alianza de la Argentina de Perón con los Estados Unidos, donde el demócrata Harry Truman fue reemplazado en la Casa Blanca por el republicano y general Dwight Eisenhower, ganador de las elecciones presidenciales de 1952, precisamente el año en el que el general Perón comenzó su segundo mandato presidencial.

Ese acercamiento entre Washington y Buenos Aires se producía en el marco de la evolución que tenía por entonces la llamada Guerra Fría, enfrentamiento que había estallado apenas dos años después del fin de la II Guerra Mundial y en el que las voluntades enfrentadas estaban encabezadas por Estados Unidos y la Unión Soviética.

Pese a que el gobierno que Truman presidió de abril de 1945 a enero de 1953 atemperó la cordialidad hacia Moscú de las Presidencias del prócer demócrata Franklin D. Roosevelt que se había concentrado en combatir al Eje de la Alemania nazi, el Japón militarista y la Italia fascista, quien asumió en plenitud el desafío de librar la Guerra Fría fue el gobierno republicano que presidió el general Eisenhower.

Aunque entre junio de 1950 y julio de 1953 el frente más duro del conflicto estaba en Corea, la Guerra Fría incidía en todos los campos y abarcaba todo el planeta.

Del mismo modo que la Primera Guerra Mundial (1914/1918) condujo a la crisis de 1930 e incidió en la realidad interna de todos los países y la II Guerra Mundial (1939/1945) fue el contexto determinante de la situación de todas las naciones intervinieran o no en ella de forma directa; la Guerra Fría, que fue la más “mundial” de todas las guerras, de un modo u otro se libró en todos los terrenos y en todos los países, incluyendo, como es obvio, también al nuestro.

De ahí que los generales que en 1953 presidían Estados Unidos y la Argentina guiaran la vinculación entre ambos países tomando en consideración las apreciaciones geopolíticas que uno y otro hacían teniendo como referencia la evolución de la Guerra Fría, conflicto que teñía a todos los sistemas de relación de la época.

Entre los varios y diversos signos que dieron cuenta de esa esa nueva alianza entre Washington y Buenos Aires estuvo la sanción de Ley 14.222 de Inversiones Extranjeras, dada por el Congreso argentino en agosto de 1953, que implementó el primer régimen integral de inversiones financieras procedentes del exterior.

La misma disponía beneficios especiales para la radicación de inversiones en la industria y la minería, materializadas en divisas, bienes físicos o inmateriales. Dentro de esos beneficios se destacaban la posibilidad de remitir un equivalente al 8% anual de capital registrado en concepto de utilidades a partir del segundo año y la repatriación de capitales luego de 10 años mediante amortizaciones anuales del 10% o 20%. Además contemplaba la exención de derechos de aduana para maquinarias y equipos relacionados con las inversiones. En 1955, cuando cesó su vigencia, había posibilitado la radicación de catorce empresas extranjeras que concretaron inversiones por 12.200.000 dólares.

Esa ley también habilitó la firma del precontrato con la Compañía California Argentina de Petróleo S.A. subsidiaria de Standard Oil Co. de Estados Unidos, conforme una iniciativa directa de Perón que no pudo ser puesto en marcha por la reticencia del Poder Legislativo a aprobarlo antes que se diera el golpe de estado de 1955. Mediante ese precontrato, la compañía se comprometía a invertir 13.500.000 dólares durante cuatro años para explorar y explotar en Comodoro Rivadavia (Santa Cruz) un área de 50.000 Km2. La empresa entregaría al estado el 50% de sus utilidades y vendería a YPF la producción a precio dólar, gozando de exenciones impositivas y de derechos de importación.

El efecto de la respuesta arquitectónica a la crisis del sector externo dada en el Segundo Plan Quinquenal y el Programa de Estabilidad por el segundo gobierno de Perón a través del GE, cuyos núcleos fueron el incremento de nuestras exportaciones y de la inversión, fue conjurar los problemas que ahí existían, sin devaluar nuestra moneda.

Otro frente conflictivo a resolver era el aumento del déficit del sector público que,   aunque no llegaba a las magnitudes que tiene hoy, había alcanzado niveles preocupantes, por lo que se imponía contenerlo y reducirlo antes que se tornara insostenible.

Dado que para Perón el centro y el objetivo de la economía debía ser la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria, al implementar sus políticas económicas evitó toda rigidez “doctrinaria” o “ideológica” de carácter apriorístico y se afirmó en un sólido y saludable realismo, consistente en aplicar soluciones concretas a los problemas concretos, en cada caso y en cada circunstancia.

Eso se expresó también en el tratamiento dado a las cuentas públicas, en lo que los gobiernos de Perón se diferenciaron de quienes endiosan el equilibrio fiscal y están dispuestos a sacrificar lo que sea para alcanzarlo (por caso, apelar a despidos masivos o drásticas reducciones de salarios) y también de quienes so capa de un falaz y supuesto “keynesianismo”, hacen del gasto público desmedido e indebido un festival irresponsable, sin que les importe el déficit insostenible al que ello conduce.

En contraste, Perón y el GE conducido por Gómez Morales entre 1952 y 1955 encararon una política fiscal que tuvo sus valores fundantes en la austeridad y la honestidad en el manejo de los dineros públicos confiados a la administración de los gobernantes.

La austeridad se expresó en los esfuerzos por cortar el gasto público innecesario que se reflejaron, entre otras cosas, en la caída en la tasa de empleo en la administración pública y también en poner límites razonables al gasto público necesario, lo que condujo a un mayor y mejor control de la eficiencia en el uso de los recursos.

De la acrisolada honestidad de los diez ministros partícipes del Grupo Económico dan una prueba paradojal las indagatorias a las que su gestión fue sometida por las omnipotentes e ilegales Comisiones Investigadoras que estableció la dictadura que impuso el golpe del 16 de septiembre de 1955, de resultas de las cuales no se hallaron elementos que permitieran acusar a alguno de ellos ante la Justicia, imputándoles la comisión de irregularidades o delitos. Todos los que formaron el GE fueron encarcelados por los golpistas, pero ninguno pudo siquiera ser acusado ante un Tribunal de Justicia ordinario, de modo legal.

El resultado alcanzado fue que el gasto público se contrajo y al incrementarse la recaudación tributaria mediante el aumento de la base imponible por el crecimiento de la economía y así se pudo tender al equilibrio fiscal, sin concretar despidos masivos de empleados públicos o recortar salarios.

Un tercer y difícil desafío era reducir la tasa de inflación, que en 1952 había llegado al 38,8%, sin que la defensa del salario real potenciara un alza mayor en los precios.

Al obvio efecto antiinflacionario que implicó la tendencia al equilibrio de las cuentas públicas se añadió el hecho que entre 1952 y 1955 la economía creció a un promedio del 5,5% anual y ese significativo incremento en la oferta de bienes y servicios es un componente esencial de una respuesta estructural a la inflación.

Para que el sostenimiento del valor real del salario no indujera una respuesta de incremento de otros precios de la economía, se extendió la duración de los convenios colectivos y se buscó incrementar la productividad del factor trabajo, de lo que un ejemplo fue la realización del Congreso de la Productividad del 31 de marzo de 1955.

Por último, pero no por eso menos importante, se dispuso crear y poner en funcionamiento la Comisión Nacional de Precios y Salarios, orientada a combatir el agio y la intermediación parasitaria, tarea cuyos logros se basaron en la gran autoridad que tenía Perón entre el pueblo, que avaló y participó en forma activa en el control del alza indebida de los precios, a lo que también contribuyó la aplicación de subsidios que tendían a abaratar los bienes de consumo popular.

El éxito que tuvo ese combo fue indiscutible ya que la tasa anual de inflación que en 1952 había sido del 38,8%, en 1953 se redujo al 4%, en 1954 al 3,8% y en 1955 alcanzó el 12,3%.

Vale señalar que la dictadura establecida por los golpistas que en 1955 derrocaron al gobierno democrático, legal y constitucional que presidía Perón, en 1958 cuando al cabo de tres años entregaron la Presidencia a Arturo Frondizi, había multiplicado por 4 la tasa anual de inflación del último año de gobierno peronista y la habían llevado al 50,7%.

En resumen, el Programa de Estabilización Económica que aprobó el presidente Perón y aplicó el Grupo Económico liderado por Gómez Morales entre 1952 y 1955, posibilitó superar la crisis del sector externo, tender al equilibrio de las cuentas públicas, reducir la inflación e impulsar un crecimiento significativo de la economía, todo ello sin devaluar la moneda, con pleno empleo y sin reducir el valor real de los salarios.

Un factor importante para alcanzar esos resultados fue el clima de confianza que generó en todos los actores económicos la elaboración y puesta en marcha del   Segundo Plan Quinquenal, en el que se articulaban claros y concretos objetivos de desarrollo cuantificados y detallados a alcanzar en el término de cinco años por medios que también se explicitaban, todo lo cual se difundió con amplitud.

Desde aquel 1955 y después de 18 años de triste memoria, en 1973 el general Perón fue electo por tercera vez presidente de los argentinos, con el respaldo del 62% de los votos.

El contexto internacional, todavía signado por la continuidad de la Guerra Fría, mostraba entonces una correlación de fuerzas entre los principales contendientes contrapuesta a la que existía en 1952 y después de años de “coexistencia pacífica” entre EE.UU. y la URSS, el que parecía prevalecer era el bloque soviético.

A ello se añadía el estallido de la primera crisis del petróleo que llevó a que el precio del barril de crudo, que hasta entonces y a todo lo largo del siglo XX osciló en torno de los 2/3 dólares, se multiplicara hasta llegar a un valor de 12 dólares por barril y mantuviera la tendencia alcista y a que la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) pasara a ser un nuevo protagonista relevante del sistema mundial de poder.

Perón es electo presidente por tercera vez en ese escenario internacional y con una economía argentina que al igual que en 1952, que hoy y que tantas otras veces en nuestra historia reciente, estaba signada por saldos comercial y de pagos negativos en el sector externo, alto déficit de las cuentas del sector público, inversión cuasi nula, bajo nivel de productividad de la mayoría de los factores económicos y un escenario de “estanflación” dado por la coincidencia de alta inflación con la tendencia al estancamiento de la economía.

Para intentar superar esos problemas sin devaluar o reducir salarios, antes de asumir Perón promovió el Pacto Social que fue firmado por José Ber Gelbard por la Confederación General Económica (CGE) y por José Ignacio Rucci por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Con ese Pacto, el Plan Trienal (equivalente del II Plan Quinquenal), la propuesta de formulación del Modelo Argentino para el Proyecto Nacional y con Gelbard en el ministerio de Economía en atención a la nueva correlación de fuerzas que parecía darse en la Guerra Fría, Perón procuró que se alcanzaran resultados semejantes a los logrados en su segundo mandato presidencial, entre 1952 y 1955.

Pero a pesar de que el viejo General conservaba e incluso había visto incrementada su autoridad en el seno del pueblo, en los 18 años transcurrido entre 1955 y 1973 se había producido un severo deterioro de la realidad nacional que el propio Perón supo describir al decir “este un Estado que ha sido destruido y han comenzado por destruir al hombre argentino”.

El 25 de septiembre de 1973, apenas a horas del triunfo electoral de Perón, ese proyecto sufrió un impacto que resultó ser insuperable: un comando de la organización FAR-Montoneros asesinó a Rucci y ese magnicidio afectó con severidad la ya deteriorada salud de Perón y anticipó el ocaso del Pacto Social, que era un pilar esencial de su estrategia económica.

El 1 de julio de 1974, con la muerte de Perón, se clausuraba antes de cumplir un año el que fue el último intento de remontar una crisis económica que presentaba síntomas iguales a los de tantas otras sin devaluar, despedir o bajar salarios.

Después vino una agonía que puso a la economía en un escenario decadente, agravado a extremos catastróficos por los tiranos que detentaron el poder tras el golpe de Estado que el 24 de marzo de 1976 derrocó al gobierno democrático, legal y legítimo que presidía María Estela Martinez de Perón y lo mantuvieron hasta el 10 de diciembre de 1983.

Conclusiones

Es obvio que los contextos de la realidad global y local de hoy son muy diferentes de los que existían en 1952/1955 y 1973/1974, que son también distintos los dirigentes de entonces y los de ahora y que sería absurdo pretender aplicar en el preséntelas fórmulas que fueron eficaces en aquel pasado.

Parece válido, en cambio, rescatar que aquellas experiencias (sobre todo la de 1952/1955) probaron que es posible superar síntomas económicos críticos similares a los actuales, sin que sea inevitable devaluar la moneda, producir despidos masivos y bajar el nivel del salario real.

También creemos que tienen vigencia ciertas condiciones que fueron necesarias para el éxito del ciclo 1952/1955, entre las cuales destaca la confianza de los actores económicos en el rumbo propuesto para superar la crisis y en quienes piloteaban la nave que seguiría ese rumbo, confianza que se basaba en componentes tales como:

• La autoridad que la mayoría del pueblo asignaba a quien ejercía la conducción.
• La aptitud técnico-profesional, la austeridad y la honestidad de quien conducía y quienes integraban el equipo interministerial que elaboró y aplicó los programas y planes.
• El Segundo Plan Quinquenal que presentaba metas concretas, realistas, conocidas y compartidas y obró como un ancla de seguridad y previsibilidad en el ánimo popular.
• La vigencia de una red de organizaciones libres del pueblo que sustentaban una comunidad organizada en la que se podían establecer acuerdos sólidos entre entidades representativas y ejercer controles con apreciables grados de eficacia.
• La participación popular en una cultura del trabajo que se basaba en la vigencia del pleno empleo y la prevalencia de la economía real o productiva sobre la economía virtual o financiera, lo que se traducía en la adhesión profunda a un código de valores ético-morales.

Cabe discernir si es posible restaurar en el presente esas condiciones y sí así fuera como hacerlo y también reflexionar sobre el modo de dar solidez institucional a los programas que se apliquen y así evitar derrumbes como los causados por el golpe de estado de septiembre de 1955 o por la fatalidad de la muerte del 1 de julio de 1974.