Por Hernán Andrés Kruse.-

El gobierno nacional se va recuperando del knockout propinado por la Corte Suprema la semana pasada. Marcos Peña, jefe de Gabinete y vocero habitual del oficialismo, reconoció en declaraciones a la prensa que el gobierno nacional podría postergar la quita de retenciones a la soja para financiar el golpe que le provocó el fallo supremo por el incremento de la tarifa gasífera. Consciente o inconscientemente, la Corte Suprema frenó una medida tremendamente regresiva: el quite de recursos a la población para repartirlos entre los productores sojeros, uno de los grupos de presión que más beneficios recibió del gobierno de Mauricio Macri. Según el jefe de Gabinete “ésta es una oportunidad para llamar a las fuerzas políticas, sociales, empresariales y sindicales y recibir sus aportes” y “poder diferenciar entre quiénes están de acuerdo con recorrer un camino que no siempre es agradable pero es el único que tenemos y aquellos que consideran que no hay un problema”. Es realmente notable el cambio de estrategia efectuado por Cambiemos a raíz del fallo supremo. Durante los últimos meses el presidente de la nación se había lanzado a una suerte de cruzada en favor del tarifazo. Su slogan fue “tarifazo o muerte”. “Si no se aplica el tarifazo”, expresó en un tono extorsivo, “la Argentina se quedará sin energía”. Luego del mazazo que le propinó la Corte Suprema el gobierno nacional se “convenció” de la importancia del diálogo con la oposición. ¿Hubiera el gobierno convocado al diálogo si la Corte hubiera validado el tarifazo? Seguramente que no. Consultado Peña si el gobierno tiene decidido postergar la quita de retenciones para costear el déficit generado por el fallo, respondió que van “a terminar de analizarlo una vez que se termine la facturación y se vea cuál es el costo” y agregó que “la duda es si lo pagamos a través de impuestos, inflación o cosas que no se hacen o lo pagamos acorde a lo que consumimos en un sistema más justo”. “Lo que está claro es que el compromiso de cuidar la baja de la inflación no se va a alterar y el camino del 4,8 por ciento de déficit lo vamos a cumplir. Una vez que tengamos la dimensión exacta, vamos a ver dónde vamos a poder dejar de hacer una cosa para financiar eso” (fuente: “El fallo trajo un beneficio adicional”, Página 12, 22/8/016).

En su edición del domingo 21 de agosto Página 12 publicó un artículo de Alfredo Zaiat titulado “Boomerang”, en el que analiza la actual situación económica nacional. Zaiat considera que la actual crisis (inflación, tarifas y fiscal) fue ocasionada por el propio Mauricio Macri y su equipo de economistas. Nunca hubo tal cosa como “herencia del kirchnerismo”. Nunca hubo colapso económico ni crisis energética, gasto publico ni déficit fiscal desbordado, subsidios imposibles de financiar, ausencia de inversiones en el área de la energía debido al cuadro tarifario, graves dificultades para generar energía, pocas para transportarla pero sí muchos problemas para distribuirla. Era improbable un brote inflacionario proveniente de esos frentes. Había, sí, tensiones importantes en esos sectores pero que podían ser tranquilamente subsanadas si el gobierno nacional hubiera intervenido con sintonía fina. No lo hizo y las consecuencias están a la vista.

El aparato de propaganda del gobierno y el accionar lobbista del poder económico han impedido a la población comprender la cuestión de la tarifa y el rol gravitante que juegan los subsidios como salario indirecto de los trabajadores y jubilados, y como medio para ampliar el ingreso de las clases medias para el consumo y la consiguiente expansión del mercado interno (columna vertebral de la política económica del kirchnerismo). La permanente campaña propagandística del establishment consiguió finalmente su cometido ya que importantes franjas de la población están convencidas de la necesidad de eliminar los subsidios para terminar de una vez por todas con el populismo energético propiciado por el kirchnerismo. Ahora bien, esos mismos sectores sociales que clamaron por la eliminación de los subsidios se ven perjudicados (al igual que el comercio y la industria) por una política energética que persigue exclusivamente favorecer a las empresas gasíferas. Como bien sostiene Zaiat, “hubo y hay una distorsión analítica de la herencia energética”. El macrismo considera que cometió un error al no ponerla de manifiesto al comienzo mismo de su gestión. Sin embargo, sí lo hizo, tal como consta en varios archivos periodísticos. El gobierno siempre criticó la política energética del kirchnerismo acusándola de ser la antesala del chavismo. Lo cierto es que el presidente de la nación se manejó mal en este asunto de las tarifas y terminó pagando un alto costo político a raíz del fallo adverso de la Corte. Quizá por soberbia, impericia y fanatismo ideológico, el mandatario argentino impulsó un aumento desproporcionado de las tarifas que provocó unos efectos sociales que no supo prever. Con tal de favorecer a las empresas gasíferas arremetió contra los derechos de millones de argentinos sin medir las consecuencias. Ni siquiera le importó el obsceno vínculo entre su ministro de Energía y la empresa Shell, una incompatibilidad reñida con las más elementales nociones de ética política.

El gobierno decidió poner en marcha un calculado ataque propagandístico contra la Corte Suprema para obligarla a fallar a favor del tarifazo. Convocó para tan “noble fin” a sus estrellas mediáticas para convencer a la población de los riesgos que provocaría un fallo adverso de los supremos. El ministro Prat Gay dijo sin ruborizarse que si el tarifazo no era aprobado por la Corte habría recortes de los recursos destinados a la obra pública o, en su defecto, habría un incremento del endeudamiento para cubrir la necesidad de más subsidios. Federico Pinedo, principal autoridad del oficialismo en Senadores, manifestó que si la Corte disparaba munición gruesa contra el tarifazo se dispararía la inflación. El empleo del miedo suele provocar dividendos para los gobiernos (el caso de la ley de pago a los buitres), pero puede resultar dañoso si no consigue los resultados apetecidos (el fallo de la Corte sobre el tarifazo). Según el ministro de Finanzas y Hacienda el fallo de la Corte podría llegar a provocar un debilitamiento del estado de las cuentas fiscales. La realidad, una vez más, se encarga de poner las cosas en su lugar. A raíz de las medidas económicas adoptadas por el oficialismo, el déficit acumulado en lo que va de 2016 estará por encima del déficit de 2015. Los economistas ortodoxos ubican el déficit fiscal en el 6 por ciento del Producto Interno Bruto. Hay quienes lo ubican en el orden del 8 por ciento (sin incluir las transferencias de la Anses y el Banco Central). Pero el desequilibrio de las cuentas públicas no está solo: junto a él está el déficit generado por el Banco Central que puede acumular un déficit cuasi fiscal del orden de los 150 mil millones de pesos (2 por ciento del Producto Interno Bruto). Así lo estimó la FIDE (Fundación de Investigaciones para el Desarrollo). Considera que la combinación del incremento de las tasas de interés con una fuerte absorción de liquidez vía emisión de deuda está ocasionando un aumento exponencial del costo cuasifiscal (en su conjunto será superior al gasto total en subsidios a la energía desembolsado en 2015). Según FIDE la recesión provoca una disminución de los ingresos fiscales y el mayor desequilibrio está siendo financiado en parte con un incremento del 73 por ciento de las transferencias de utilidades del Central y la Anses al Tesoro. Zaiat sostiene que la cuestión fiscal lejos está de ser el problema central de nuestra economía. Los economistas ortodoxos no piensan lo mismo. Para ellos los números fiscales actuales son terribles. Hay quienes demuestran una mayor magnanimidad y consideran que ese rojo fiscal es consecuencia de la herencia K y el necesario e indispensable “sinceramiento”. Otro sector piensa que el déficit fiscal es consecuencia de la eliminación de retenciones, la baja de impuestos, la reforma previsional con pago de juicios y el reajuste del haber a una minoría de jubilados. El mundo de la ortodoxia económica está tenso y el freno al tarifazo no ha hecho otra cosa que echar más leña al fuego.

Perfil acaba de publicar (21/8/016) unas declaraciones del ex presidente Fernando de la Rúa que son verdaderamente desopilantes. Comparó la situación en la que asumió en 1999 con la que le tocó vivir a Macri el año pasado. Expresó que tanto él como Macri recibieron “una bomba con riesgo de explosión”, aunque destacó que ahora la situación es más explosiva. No se privó de criticar con dureza al kirchnerismo: “fueron muy fuertes estos 12 años de concentración de poder y desorden económico; estas cosas saltan después y perturban, no permiten llegar y poner una marcha nueva, hay que ir corrigiendo los errores del pasado”. Respecto al aumento en los servicios, el ex presidente señaló que “este problema con las tarifas significa un golpe a la confianza. Precisamos confiar en el gobierno, en que nos está diciendo cosas seguras, convalidadas por la Justicia, que no hay errores, ni necesidad de rectificaciones. Este golpe tarifario es un retroceso, fondos que estaban destinados para la obra pública ahora se tienen que redirigir a pagar subsidios”. Por último, consideró que “hay que evitar judicializar la política, el gobierno cuando actúa tiene que calcular que las cosas pueden ser revisadas por los jueces”.

Fernando de la Rúa fue el más inepto y dañino de los presidentes constitucionales de 1983 a la fecha. Le ganó a Duhalde porque se presentó como el garante decente de la convertibilidad. Su primera decisión en materia económica fue aplicar un duro ajuste que sacudió el bolsillo de los argentinos. Obsesionado por mostrarse ante el mundo financiero como un “presidente confiable” aceptó la “sugerencia” del Fondo Monetario Internacional de la aprobación parlamentaria de la ley de flexibilización laboral. Luego de varios meses de “marchas y contramarchas” finalmente el parlamento dio luz verde a la norma. En junio de 2000 Morales Solá sacudió el tablero político del país al publicar en su columna dominical en La Nación un diálogo que mantuvo con Antonio Cafiero, en ese entonces senador nacional. Según don Antonio la aprobación de la ley de flexibilización laboral no le salió gratis al gobierno aliancista. A partir de entonces, la grieta entre De la Rúa y Álvarez se ahondó irremediablemente. Álvarez quiso investigar la denuncia de don Antonio hasta las últimas consecuencias pero De la Rúa privilegió sus vínculos con los senadores. En octubre Álvarez renunció y la Alianza como gobierno de coalición dejó de existir. En marzo de 2001 regresó al ministerio de Economía Domingo Felipe Cavallo. La economía marchaba a los tumbos y De la Rúa depositó toda su confianza en la “sapiencia” del “Mingo”. A fines de noviembre el “Mingo” anunció el “corralito”. Fue el principio del fin de la Alianza. Comenzaron las protestas de los ahorristas perjudicados frente a la sede de los bancos mientras el “riesgo país” se iba por las nubes. El gobierno de De la Rúa se desmoronaba sin remedio. Solo y abatido, renunció por escrito en el atardecer del fatídico 20 de diciembre. Se escapó en un helicóptero que lo esperaba en el techo de la Rosada, mientras el centro porteño presentaba un escenario bélico. De la Rúa dejó una herencia espantosa: muertos, inflación, recesión y aislamiento internacional. Ahora, este personaje tiene el tupé de brindar lecciones de gobierno.

Share