Siempre se debe tener a mano una utopía posible

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El daño de la korrupción en el Estado es feroz; la trama de políticos, empresarios, narcos y barrabravas es quizás la causante de los desaguisados padecidos por el Gobierno Macri en las últimas horas. ¡La crisis es estructural! De todas las herencias del cristinismo, la más terrible y funesta toca de lleno o de pleno en corazón de la megalópolis del área metropolitana. Conurbano bonaerense y CABA.

Una sensación de ambivalencia debe haber invadido a MM y a MEV después del desenlace en Santa Fe con la captura -un verdadero y extraño sainete tragicómico- primero de Martín Lanatta y las barrabasadas de idas y vueltas respecto de los otros dos prófugos, recién capturados en la mañana de ayer y no por ninguna fuerza de seguridad sino por “simples ciudadanos y vecinos”, quienes en realidad no capturaron a ninguno de ellos sino que fueron quienes los “recibieron pues ellos se estaban entregando”; razón por la cual no existieron ni armas ni tiroteos que pusieran en peligro vidas de pobladores, agentes de las fuerzas de seguridad y tampoco de los evadidos y buscados, quienes sintieron ya a las 48 horas de estar en la calle, que quienes les organizaron -o impulsaron- su fuga estaban dejándolos sospechosamente solos, enseñándoles que el desenlace podía ser fatal y al principio decidieron escapar, más luego entendieron que la única forma de preservarse era “entregándose enfrente o a los propios civiles”.

Estos escandalosos episodios produjeron dudas y un mensaje general, por momentos desopilante, de la fuga y persecución. Tanto el Presidente como la Gobernadora del primer distrito del país debieron tomar nota de la enorme y “gigantesca crisis institucional que deberán administrar desde ahora”. Habría que modificar una cita clásica para advertir que algo “está podrido tanto en la provincia de Buenos Aires, como en el país y en la mismísima Santa Fe”; la explicación es simple y el remedio, muy difícil de aplicar, pues “la korrupción descompone el cuerpo del Estado y altera nuestra forma misma de gobierno”. ¡Como se trata de un proceso, en la corrupción hay grados! El más pernicioso es cuando se fractura la columna vertebral del estado que protege la vida y la seguridad del pueblo; pues al quebrarse esta columna, se quiebra también el bien público de la justicia, y sin él, la asignación del resto de los bienes públicos carecen de una plataforma sólida en la cual sustentarse.

La historia comenzó casi 40 años atrás, cuando en Quilmes, se criaron los hermanos Cristian y Martín, y fue en ese radio del conurbano bonaerense donde por aquellos años se mezclaban “pitucos” de clase media con otros vecinos de clase media baja u obrera en ese barrio conocido como “La Barranca”, donde nacieron muchos de los futuros barrabravas de clubes de la zona que llegaban de la parte más baja como también de dos villas que fueron creciendo con los años: “Los Álamos” y “La Cañada”. Aquellos y éstos decidieron que la vía más fácil para enriquecerse sin trabajar, era caminar por la vereda más oscura de la vida; y entonces, allí conocieron a muchas personas que los ayudarían en variadas circunstancias. Los Meiszner -que vivían a tres cuadras de los hermanos- con quienes compartían juegos de chicos (en realidad con Andrés Meiszner, hijo mayor) y con los miembros de la familia Becerra, y tantos otros personajes que con el tiempo llegarían a tener vinculaciones comunes: “la relación con el futbol -como dirigentes y barrabravas-, el PJ, el FpV y la UCR, y hasta con el PRO -en el último tiempo (los últimos 9 años)- y la Policía Bonaerense, la delincuencia” que comienza con el raterismo y se desarrolla y crece hasta incluir, ya a fines de los ‘80 la piratería del asfalto, los robos a mano armada, los secuestros exprés hasta llegar al narcotráfico y el asesinato por encargo o por motus propio.

Es éste último, el narcotráfico, el que termina por cooptar mucha mano de obra desocupada del tablón en la última dékada o más precisamente desde inicios de los ‘90; esto último a partir de la expansión territorial y sideral del negocio barra y consecuentemente con la transformación de los “jefes” en “punteros políticos” zonales claves, que sirven para reclutar ejércitos propios o al servicio de dirigentes políticos y del fútbol y manejando desde Planes Sociales hasta distribución de drogas o ejecutando robos, secuestros y matanzas indiscriminadas. Allí encontramos políticos de diferentes vertientes y partidos, junto a dirigentes de AFA y del fútbol que culminarían con los años en la expresión máxima de la utilización de las barras con fines delictuales y/o políticos que llevó adelante el régimen cristinista con la creación de “Hinchadas Unidas Argentinas”, que respondían y se componían con las cúpulas de todas las barras del país y con dirigentes de ¿todos? los clubes y los partidos políticos -FpV, PJ, UCR (en todas sus variables K y anti), Provinciales y locales como el mismísimo PRO, donde Rafael Di Zeo es un exponente acabado y no menos delincuencial que el resto de estos nefastos personajes.

El bajo mundo del futbol y la política se entraman desde hace ya casi la misma edad que los Lanatta, edad y tiempo en el que manejó el futbol argentino y los clubes a discreción el finado Humberto Grondona y los secuaces de turno, y fue ese bajo mundo entrelazado a la política -no a ningún partido en especial, sino que los cruza a casi todos-, junto a las fuerzas de seguridad y la descomposición ética y moral que arrastró a estos y aquellos hasta terminar todos enchastrados por el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Es que el vínculo entre barras y poder excede en mucho los simples negocios desde un paraavalancha, los pases de jugadores, las reventas de entradas y de drogas, así como la incorporación de “soldaditos” para las movilizaciones políticas, los aprietes o los piquetes hasta la distribución, fabricación y venta de estupefacientes, que generan verdaderas “guerras mafiosas” en todo el territorio nacional, no sólo en CABA, el conurbano bonaerense o en Rosario, Santa Fe y Córdoba, sino que lo encontramos en San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Tucumán y Jujuy, entre otras muchas provincias y localidades.

De hecho, muchas causas -o casi todas- judiciales que empiezan con nombres de barras terminan con nombres de narcos, policías y políticos y no desde hace pocos años, sino desde hace casi 40 años y si bien la ONG HUA fue idea de los barras “Bebote” Pablo Álvarez, Diego “Fanfi” Goncebatte y Emilio Tagliarino quien los conectó con Marcelo Mallo y Aníbal Fernández y Rudy Ulloa fue el barra de Boca -amparado por Angelici- Rody Soria. Eran las épocas en que Di Zeo salía de prisión donde se había relacionado con Mario Segovia “el Rey de la efedrina”, aunque su agenda tenía y tiene otros nombres ligados al poder pues el fiscal Federico delgado encontró negocios cruzados entre el Jefe de la Doce y Segovia con epicentro en Rosario (Santa Fe), y el juez Martínez de Giorgi lo sobreseyó. La barra de Boca, como la de los otros clubes grandes y no tan grandes o pequeños, siempre estuvo ligada a la expansión narco en Provincia. Soria es el líder de “Los Gardelitos” de San Martín, Lemos -conocido como Mascardi- y “Mameluco” Villalba eran lugartenientes del uruguayo Richard William Laluz Fernández quien del delito saltó a número tres de La Doce hasta que una balacera lo dejó paralítico y preso por intentar pasar 15 kilogramos de cocaína.

El crecimiento y expansión de los barras en las organizaciones de tráfico de estupefacientes, a través de la cantidad de “soldaditos” que pueden aportar para el delibery, y de los contactos políticos y policiales -también judiciales, por supuesto- se viene verificando ampliamente en las investigaciones judiciales de la jueza María Romilda Servini que lleva procesados a los hermanos Zacarías y rozan por ahora, a CFK, Aníbal Fernández, Pablo Paladino y a Juan Manuel Abal Medina junto al extinto Grondona y el Futbol para Todos. Pero creer que el poder de los barras se agota en la política, la Justicia y la Policía, es dejar de lado a la verdadera “bestia negra”, o sea a los agentes de inteligencia la ex Side o la AFI. Sino preguntémosle al fiscal José María Campagnoli, que investigaba la barra de Ríver junto al juez Manuel De Campos a quienes en las escuchas se los saludaba por los mismos barras a quienes escuchaban: “¿queda claro?”

De todas las herencias -que MM no explicita- del cristinismo, “ésta es quizás la más funesta” porque toca de lleno en el corazón de la megalópolis que es el AMBA y pone al rojo vivo la falta de control en el Estado. La ya vieja pregunta de quién custodia a los custodios queda así nuevamente sin respuesta. El maridaje entre política y crimen organizado, materializado en “¿la fuga?” de una penitenciaría de alta seguridad de los condenados por crímenes vinculados al narcotráfico, revela ampliamente “que la corrupción aumenta en la medida en que se desarticula ese mismo sistema de control”. Es sabido que un Estado se vertebra cuando es, en sí mismo, una agencia de control de la fuerza pública. Y ese es ahora el desafío de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires y de Patricia Bullrich con las fuerzas federales, que tampoco están exentas de dicha penetración mafiosa y del narco. ¡En ambas no lo es todavía!

Si estos controles fallan, se desmorona la confianza hacia el servicio público, las creencias sociales en el valor de la “coacción legítima” se desvanecen y el monopolio de la coacción -represión delictual- cesa como instrumento público y común a toda la ciudadanía o Pueblo; en su defecto, como está ocurriendo, hay una concurrencia malsana de bandas y mafias que reinan sobre parcelas del territorio urbano y aplican sus propias leyes y métodos de coacción. ¡Un verdadero despropósito! El dinero y la violencia del narcotráfico -las barras son su máximo exponente-, la exclusión y la marginalidad de amplios sectores sociales, y la degradación cuasi total de la política llevada al límite extremo de la complicidad con la delincuencia, son la verdadera imagen de este cuadro perverso. La victoria de dichos sombríos factores se consuman cuando el electorado refrenda con su voto las candidaturas de estos adelantados de la korrupción. Pero esta hipótesis fue refutada en Nación y en Provincia de Buenos Aires, en las elecciones pasadas, por lo que a la dimensión ética planteada por el pueblo no puede desatenderse ni soslayarse, pues en ambos casos los votaron en el convencimiento de que el problema mayor a enfrentar era el de una sociedad sojuzgada por esa conjunción de mal gobierno, crimen y delincuencia que erosionan las bases fundamentales y elementales de la vida popular.

Si el pueblo, descreído por tanta defraudación y mentira -o infantilismo e incapacidad-, comprueba que las cosas siguen igual y que la delincuencia hace lo que quiere, entonces el “destello de esa renovación” presentida puede apagarse y dejar de darle su apoyo decidido y acortar en exceso los “tiempos de espera”. Por esto, es que el objetivo a no perder de vista es el de “consolidar una reserva de coacción legítima que permita recuperar el control interno del Estado”, convirtiendo las fuerzas de seguridad, las cárceles y fiscalías y juzgados en instituciones de servicio público y avanzar con ello para restaurar el monopolio legítimo de la fuerza pública, desplazando las barras, los narcotraficantes y los políticos, dirigentes y funcionarios corruptos de sus nichos y espacios de poder, tanto en el Estado como en la sociedad en general. Parece una utopía postular estos objetivos, pero acaso convenga recordar que una política inspirada en desarticular la corrupción y el delito, puede orientar las urgentes medidas que en estos precisos momentos se imponen. Como bien decía el poeta español “Argentinos a las cosas…”

Arq. José M. García Rozado

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3 comments for “Siempre se debe tener a mano una utopía posible

  1. LUDWIG HEINRICH EDLER VON MISES
    12/01/2016 at 6:16 AM

    http://www.infobae.com/2016/01/06/1781261-el-rey-la-efedrina-rompio-el-silencio-y-prometio-que-no-se-va-escapar

    El “rey de la efedrina”, Mario Segovia, reprochó la decisión del gobierno bonaerense de reforzar la seguridad y el sistema de vigilancia en la cárcel de Ezeiza, donde está detenido, luego de solicitar un traslado médico por su delicado estado de salud. Según dijo, se siente perjudicado por la medida del Servicio Penitenciario, que se tomó por la señal de alarma que ocasionó la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta.

    “Hace tres años que estoy sobrellevando una carga de salud bastante jodida y no puedo ser atendido en el hospital de Ezeiza”, se quejó Segovia, quien aclaró que “no tiene nada que ver” con el triple crimen de General Rodríguez y los prófugos vinculados a la causa.

    El interno apuntó que el pedido que realizó fue antes de la fuga de los condenados por el triple crimen. “No tiene nada que ver con lo que estoy tratando”, aseguró, y añadió que ni siquiera fue convocado como testigo en el juicio que investigó el caso.

    Segovia criticó al Servicio Penitenciario ya que –dijo– padece “problemas cardíacos diversos” e hipertensión arterial, además de otras dolencias como pólipos vesiculares. En ese sentido, afirmó que la cárcel de Ezeiza “carece del instrumental y aparatología” para brindarle tratamiento: “El derecho a la salud es universal, no estoy hablando de ir a pasear”.

    “No lo digo yo que empeoro. Los médicos de la Corte Suprema alertan que de seguir así voy al deceso o a la invalidez. Esto está comprobado en mi historia clínica. Incluso, mi esposa hizo una presentación en Washington porque es algo serio”, indicó.

    Acerca de las sospechas de fuga, Segovia –quien cumple dos condenas a 14 y nueve años de prisión por el tráfico de efedrina– aseguró que no lo haría. “Estoy en la mitad de la pena y estoy pronto a que me otorguen la libertad condicional”.

    En las últimas horas, el titular del Servicio Penitenciario, Emiliano Blanco, ordenó que se incremente la seguridad de Segovia y Cornejo Miranda, otro preso detenido por narcotráfico. Entre las medidas implementadas, se dispuso que tengan más personal penitenciario como custodia y que se amplíe el monitoreo de las cámaras de seguridad. También que haya un operativo especial de traslado y custodia si son autorizados a salir de la unidad.

    • Juan Carlos
      12/01/2016 at 10:36 AM

      Si Macri no interviene firmemente en el interior del poder judicial, su gobierno avanzará a los golpes. Los Fiscales, Jueces, Defensores, Camaristas, Vocales, Secretarios y Subsecretarios de la Justicia Federal y las Justicias Provinciales, pertenecen a las agrupaciones kirchneristas Justicia Legítima (JL) y La Cámpora (LC). A través de la Procuradora Gils Carbò, se nombraron a todos los fiscales de la RA.A través dela Defensora, la Dra Martínez, también de JL se nombraron a todos los defensores del país. A través del Consejo de la Magistratura con mayoría Kirchnerista, se nombraron a todos los jueces y camaristas de Argentina. En cuantoa la SCJN, fueron puestos por el Kirchnerismo y están comprados.

      No es casual que cada acto de gobierno sea judicializado por los kirchneristas, ellos saben que en la justicia está la fortaleza, de allí los fallos adversos en las medidas cautelares contra Tonelli, el Afsca, etc. El 80 % de la justicia responde a los intereses de JL y LC, es decir de CFK

  2. LUDWIG HEINRICH EDLER VON MISES
    12/01/2016 at 6:18 AM

    http://www.lacapital.com.ar/policiales/El-rey-de-la-efedrina-fue-condenado-a-14-aos-de-prision-por-contrabando-20120811-0031.html

    Buenos Aires.— El rosarino Mario Roberto Segovia fue condenado ayer a 14 años de prisión como coautor de contrabando agravado de efedrina en al menos 91 casos. La pena, dictada por el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín, es la segunda que recibe el llamado “Rey de la efedrina” en lo que va del año y por delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes (ver aparte). La misma pena que Segovia recibió el mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza, quien fue declarado organizador de una banda que elaboraba metanfetaminas en una quinta de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz y la contrabandeaba a México.

    El fallo se conoció la tarde de ayer después de varios meses de audiencias orales y públicas y tras escucharse las últimas palabras de los imputados frente al tribunal. Entonces, Segovia dijo que fue “objeto de aberraciones jurídicas”, aseguró que está “en bancarrota” y pidió a los jueces que, en caso que lo condenaran, tengan en cuenta que “soy padre de tres hijos que me están esperando” (ver página 35).

    Junto a Segovia y Martínez Espinoza fueron condenados el empresario rosarino Rubén Alberto Galvarini a 7 años y 6 meses de cárcel como coautor de contabando agravado; el comerciante Ricardo Ricky Martínez (padre del actor Mariano Martínez) a 4 años como partícipe necesario de contrabando; el empleado Walter Gabriel Garrido, a 7 años de prisión por contrabando agravado; Gisela Ortega (esposa de Segovia) a 5 años de cárcel; el empleado peruano Pedro Díaz Cavero a 4 años de prisión por su participación en los 91 envíos de droga; el jardinero Gonzalo Rodrigo Ortega (cuñado de Segovia) a 4 años de prisión por intervenir en el contrabando en 16 oportunidades; y la misma pena se le dictó al sommelier mexicano Fernando Ventura García, como partícipe secundario de la producción de metanfetaminas. Asimismo, el entrenador físico Horacio Quiroga recibió 4 años de cárcel por comerciar materias primas para producir estupefacientes, mientras que fueron absueltos el empresario mexicano Rodrigo Pozas Iturbe y Antonia Moreno, suegra de El rey de la efedrina.

    El fallo fue leído poco después de las 15 de ayer por la presidenta del Tribunal Oral en lo Federal 4 de San Martín, María Lucía Cassain, en una sala de audiencias colmada de periodistas como nunca se había visto en las jornadas del proceso que se inició en octubre del año pasado y bajo estrictas medidas de seguridad.

    En una casaquinta. La causa que llevó a los imputados al estrado judicial empezó a develarse el 18 de julio de 2008 cuando en una casaquinta de Ingeniero Maschwitz propiedad de Martínez Espinoza se halló un laboratorio clandestino de metanfetaminas, considerado entonces el más importante de América latina, donde se secuestraron 200 kilos de efedrina.

    Por ese caso, ocho ciudadanos mexicanos apresados en el lugar fueron condenados en 2010 a seis años de prisión, aunque tras cumplir la mitad de esa pena fueron expulsados de la Argentina tal como prevé la ley de Migraciones y recuperaron la libertad en su país. En ese mismo debate también recibieron seis años de prisión los argentinos Marcos Frydman y Ana María Nahmod, dueños de una farmacia de la Capital Federal, por comercializar ilícitamente drogas para la elaboración de metanfetamina; el empresario Mario Ribet recibió 4 años y 3 meses de cárcel y los hermanos Guillermo Alberto y Héctor Daniel Salomón otros 4 años.

    Los cargos. Según la sentencia conocida ayer, Martínez Espinoza es culpable de organizar la “producción de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en concurso real con contrabando agravado por la participación de tres o mas personas y tratarse de sustancias que pudieron afectar la salud pública en grado de tentativa”. Al condenado le aplicaron una multa de 30.000 pesos y se lo inhabilitó para el ejercicio del comercio, desempeñarse como empleado aduanero, ejercer actividades de importación o exportación y ser funcionario.

    Segovia corrió la misma suerte y fue condenado como “coautor de contrabando agravado por la intervención de tres o más personas y tratarse de sustancias que pudieran afectar la salud pública en 91 hechos, en concurso real con contrabando de estupefacientes agravado en grado de tentativa”. Se le aplicó la misma multa e iguales inhabilitaciones que a Martínez Espinoza por enviar efedrina mediante encomiendas desde el aeropuerto de Ezeiza.

    Si bien los fundamentos del fallo se conocerán el 28 de septiembre, se estima que los jueces establecieron que Segovia compraba grandes cantidades de efedrina a droguerías a través de distintas farmacias para luego volcarla al mercado ilegal. En ese sentido, se cree que el rosarino que supo vivir en una majestuosa residencia de Fisherton y pasearse por las calles de la ciudad a bordo de alguna de sus camionetas Hummer o en el único Rolls Royce Phantom que se conoció en Rosario, lideraba la banda desde 2006 y era quien obtenía la efedrina de proveedores porque estaba inscripto con un nombre falso para poder comprar precursores químicos bajo la identidad de Héctor Benítez, un preso alojado en el penal de Sierra Chica.

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