Por Hernán Andrés Kruse.-

El presidente de la nación acaba de justificar el nuevo ajuste eléctrico al señalar que “es el camino para tener energía y poder crecer”, e insistió con “que este aumento nos va a ir acercando al 47 por ciento de lo que vale la energía y arrancamos prácticamente con nada. Es un camino gradual, un paso todos los días porque hace falta ir recomponiendo lo que vale la energía”.

El gobierno de Cambiemos anunció el martes 31 de enero el nuevo cuadro tarifario que rige desde el 1 de febrero para el servicio de luz. El incremento se pagará en dos partes: la primera en febrero y la segunda en marzo. La razón: evitar que todo el aumento caiga sobre las espaldas de los consumidores en los días de mayor consumo debido al intenso calor. Para quienes son usuarios de Edesur y Edenor el incremento de la boleta será, a partir de marzo, de 61 por ciento para consumo mínimo (de 131 a 211 pesos mensuales). Los usuarios de consumo medio sufrirán a partir de marzo un aumento del 77 por ciento (de 237 a 420 pesos mensuales). Por último, para los usuarios de consumo medio-alto el aumento alcanzará el 90 por ciento (de 618 a 1175 pesos mensuales). Los usuarios que más consumen (el 5 por ciento) sufrirá aumentos del 148 por ciento (de 1418 a 3524 pesos mensuales). Por su parte, el incremento de la tarifa social es del 35 por ciento mientras que el de los comercios oscila entre el 60 y el 80 por ciento. Si el cliente reduce el consumo de la luz respecto al mismo mes de 2016, el aumento baja, y si lo incrementa, la boleta se infla. Inmediatamente después de las elecciones legislativas habrá un nuevo tarifazo. ¿A qué se debe este nuevo tarifazo eléctrico? Muy simple: a la reducción de subsidios en el sector de la generación eléctrica y la revisión de la tarifa para su distribución. El presidente de la nación justificó que “no es simpático decir que hay que aumentar las tarifas, pero es el camino para ir recomponiendo lo que pasa en Argentina”.

El gobierno de Cambiemos decidió reducir los subsidios en el sector de generación. Para los usuarios no residenciales los subsidios sufrirán a partir de ahora una merma del 28 al 19 por ciento del costo total de generación, mientras que para el sector residencial los subsidios para la generación bajarán del 70 al 53 por ciento, lo que en la práctica significa que el usuario comenzará a pagar el 47 por ciento (antes pagaba el 30 por ciento) del precio de la luz. En una conferencia de prensa el representante de Shell en el gobierno de Macri, Juan José Aranguren, explicó que el actual costo medio de generación eléctrica está en 1070 pesos el megavatio/hora y que el usuario pagará 400 pesos el megavatio/hora en febrero y 640 pesos en marzo. En la práctica, significa un incremento del 100 por ciento de esa parte de la boleta eléctrica (antes el usuario pagaba 320 pesos). A fines de 2015, antes de que se produjera el primer tarifazo, el cliente pagaba 90 pesos el megavatio/hora. Ello significa que en marzo próximo pagará un valor multiplicado por seis. El incremento de la boleta en el rubro de generación provoca una merma de los subsidios del Estado nacional. Sin embargo, en opinión del CEO de Shell “el ahorro fiscal no podemos calcularlo hoy, depende del clima, de la demanda, de los precios internacionales, del tipo de cambio”. Respecto a la distribución, la política tarifaria de las distribuidoras depende, en el caso de Edesur y Edenor, del ENRE, es decir, el Estado nacional; de Mauricio Macri, en definitiva. El VAD (valor agregado de distribución), que constituye la fuente de ingresos de las empresas distribuidoras, se incrementa un 42 por ciento en febrero tanto para Edesur como para Edenor. Vale decir que en este caso se produce un solo ajuste. Como los aumentos concedidos a las distribuidoras en febrero se sitúan por debajo de las demandas planteadas por el sector privado en las audiencias públicas, el CEO de Shell aseguró que en noviembre de 2017 y febrero de 2018 habrá nuevos incrementos del VAD del 19 por ciento en ambos casos. Como frutilla del postre, habrá una actualización por inflación cada seis meses. ¿Queda claro para qué sector de la economía gobierna Cambiemos? (fuente: Javier Lewkowicz, “Shock eléctrico en medio de la recesión”, Página/12, 1/2/017).

El tarifazo eléctrico anunciado por el gobierno nacional mereció fuertes críticas de las asociaciones de consumidores. Miguel Fortuna, presidente del Movimiento de Defensa de Consumidores, Usuarios y Medio Ambiente, expresó: “El anuncio responde a un esquema donde los intereses corporativos están gobernando. Son el poder económico metido en lo político. Si se hace un ajuste de tarifas tiene que ser algo razonable”. “Nos, oponemos a un aumento de la magnitud que se plantea. El Gobierno dice que la inflación será de 17 por ciento e intenta poner un techo a las paritarias del orden del 18, pero después aumenta la luz en un 150 por ciento”. Pronosticó que el incremento del servicio eléctrico, al igual que el del gas y el combustible, se trasladará rápidamente a los precios. “Insisten con las tarifas dolarizadas, pero nuestros salarios no están dolarizados. A este ritmo, los servicios van a consumir la mitad de nuestros salarios, lo que se siente e la desmejora de la calidad de vida”, sentenció. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, manifestó: “No es más que la consolidación del esquema de ajuste y quita de subsidios”. Se refirió al impacto que genera una medida de esta índole en la pequeña y mediana empresa, que genera el 80 por ciento del empleo nacional. “Hay que sostener los puestos de trabajo y la capacidad de compra. Pero este Gobierno no está preocupado por el consumo interno ni tampoco por los que no consumen”, señaló. Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, consideró que “las distribuidoras Edesur y Edenor se tendrían que ir del país”. Le parece muy extraña la duración de los cortes de energía, por ejemplo. “Es muy raro que existan este tipo de sucesos. En algunos lugares los cortes duran hasta una semana para cambiar un fusible, y eso genera sospecha”, afirmó. Aprovechó la ocasión para denunciar que las empresas “no han realizado las inversiones del caso por negligencia”. “Si el Estado no está atrás de estas empresas, no invierten”, sostuvo. Pedro Busetti, titular de Defensa del Usuario y el Consumidor, exigió al gobierno que implemente subas salariales para hacer frente a estos tarifazos. “Habría que hablar de subas en paritarias del 40 al 50 por ciento, no del 17 por ciento que quiere imponer como tope el gobierno nacional. Los aumentos son extraordinarios como para que cualquier ingreso medio pueda soportarlo”, señaló. En su opinión, “el kilowat de la tarifa residencial en enero de 2016 costaba 7 centavos, y pasó a costar 52 centavos y ahora con la propuesta de Edenor y Edesur el aumento va a ser del 1050 por ciento entre enero del año pasado y febrero de 2017”. Finalmente, Héctor Polino, presidente de la Asociación de Consumidores Libres, destacó que estos tarifazos no harán más que profundizar la recesión. “Las prepagas subirán 6 por ciento desde el primero de febrero; los peajes, 120; el ABL, 30; las patentes, 17, y hay incrementos en telefonía móvil y naftas. No se pueden autorizar aumentos tan a la ligera como se hizo el año pasado porque se perjudica el bolsillo de las clases media y media baja”, destacó el dirigente social (fuente: “Gobiernan las corporaciones”, Página/12, 1/2/017).

El arco político opositor descerrajó munición gruesa contra el gobierno nacional. La ex presidente Cristina Kirchner consideró que se trata de un “asalto al bolsillo familiar”. “Una verdadera cadena nacional…pero de aumentos”, expresó con ironía Cristina a través de las redes sociales. “Desde mañana (1 de febrero) tarifazo de luz, prepagas y peajes”, sostuvo. Detalló que “la suba irá del 61 al 148 por ciento, aplicables en febrero y marzo” y que “este aumento se suma a los ya pautados de medicina privada, 6 por ciento a partir de este mes, y de los peajes en las autopistas de Buenos Aires que se encarecerán hasta un 52 por ciento”. Luego manifestó que “el impacto del aumento de las prepagas afecta a 4,5 millones de afiliados” (…) “Aysa tiene previsto aplicar aumentos del 25 por ciento como mínimo, tras subas de 300 por ciento en 2016” (…) “Tu sueldo se cae, pero las acciones de las eléctricas suben”. El diputado nacional peronista José Luis Gioja consideró que el incremento de entre el 60 y el 140 por ciento en las tarifas se sitúa muy por arriba de lo fijado por Cambiemos como pauta inflacionaria (17 por ciento) y como techo pretendido para las negociaciones salariales. “En su momento he sido crítico de los aumentos tarifarios impuestos por el gobierno, hoy quiero estudiar en profundidad esta medida”. Pese a su cautela, admitió que con semejante tarifazo la víctima principal es el bolsillo de los trabajadores y aseguró que él será “el primero en salir a defender a los trabajadores y a los sectores más vulnerables si estos aumentos avasallan sus bolsillos y ponen en riesgo sus economías” (…) “Nuestro pueblo ya no tolera más ajustes”. El legislador porteño del Frente Renovador Javier Gentilini consideró que “el Gobierno sigue con su estrategia de mantener la rentabilidad de las empresas del sector a través de los aumentos en la tarifa que pagan los usuarios”, provocando “un nuevo golpe al bolsillo de trabajadores y la clase media”. Para Muyriam Bregman, ex diputada del FIT, “arrancamos otro año con un ataque al bolsillo de los usuarios”. Con el flamante tarifazo “directamente se enriquecen los amigos de Macri dueños de las empresas de energía: los Caputo y los Lewis son los únicos beneficiarios de la revolución de la alegría del PRO”. Por último, para Carlos Heller (Partido Solidario) el actual escenario configura “un claro ejemplo de la regresiva distribución del ingreso que propone el gobierno de Cambiemos”. Luego afirmó que “los aumentos de las tarifas eléctricas, tanto residenciales como para las empresas, tendrán un efecto negativo sobre el consumo y, por lo tanto, sobre la actividad económica del mercado interno, especialmente sobre las Pymes”. “De esa forma”, concluyó, “se recrea la espiral recesión-desocupación que implican las política neoliberales” (fuente: “Un asalto al bolsillo familiar”, Página/12, 1/2/017).

En su edición del miércoles 1 de febrero Página/12 publicó un artículo de Raúl Dellatorre titulado “Vender el auto para pagar la luz”, en el que brinda un pormenorizado análisis del tarifazo eléctrico que acaba de imponer el presidente de la nación. Dice Dellatorre: “El aumento de entre un 60 y un 150 por ciento en el precio de uno de los insumos esenciales en cualquier hogar, la electricidad, no es motivo de celebración, aparentemente. Y sin embargo, el ministro de Energía, al presentarlo, dijo “estamos celebrando poder recomponer una realidad que no tendríamos que haber perdido” (…) “Aquí van algunos datos de la “realidad perdida” que Aranguren promete reconquistar. Según datos que aporta el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), el precio por megawatt/hora al que se arribará en marzo próximo con estos aumentos es de 640 pesos, que equivale a casi 40 dólares. “Este precio ya está un 20 por ciento por arriba del que rige y rigió durante 2016 en Estados Unidos, en el que podemos ver precios mensuales promedio de 34 dólares por megawatt a lo largo del año pasado”, señala el IESO en un comunicado de última hora de ayer, en el cual se pregunta, “¿adónde nos quiere llevar Aranguren con eso de que las tarifas están en un tercio de su valor? ¿De qué mercado nos está hablando?”. La lógica de los fundamentalistas de mercado, como Aranguren, es que si los precios están por debajo de los costos, no hay producción. Pero quienes están acostumbrados a dirigir grandes empresas, como Aranguren, se sienten dueños de esa información, el costo de producción, que nadie tiene derecho a cuestionarles ni exigirles detalles. Bajo esa lógica, la política energética del gobierno fijó un horizonte plurianual de tarifazos -que redefine como “normalización del precio de la electricidad”-para que el usuario pague el “costo total” de la energía sin subsidios del Estado”.

“Hay otro modo de ver la tarifa: en función de la obligación del Estado de hacer accesible la energía, como otras necesidades básicas, a todos los hogares. Ello llevaría a ver el tema prioritariamente desde el lado del consumo, en vez de hacerlo desde la oferta como hace actualmente el gobierno. En tal caso, vale recurrir a un análisis que ayer actualizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el impacto de los aumentos de tarifas sobre el presupuesto familiar. Allí se verifica que los hogares de menores ingresos (deciles 1 y 2) son donde mayor es la proporción de ingresos que se destinan al consumo eléctrico. Y, en consecuencia, donde más impactan los megaaumentos como el anunciado ayer. Para el primer decil (el diez por ciento de hogares de menores ingresos), si el consumo del hogar estuviera en el rango de 150 a 300 kw/h mensuales, la incidencia del costo de la electricidad en el presupuesto pasaría de 5,8 al 10,4 por ciento. Si el hogar estuviera en el rango de 300 a 600 kw/hm mensuales, el salto sería del 15,2 al 29 por ciento de sus ingresos. Sería de esperar que todos los hogares de, al menos, los dos primeros deciles (20 por ciento de la población de menores ingresos) pudieran acceder a la tarifa social. Y si tuvieran un auto de menos de diez años de antigüedad, lo cual los inhibe del beneficio, probablemente se verán obligados a venderlo para no verse imposibilitados de pagar la luz”.

Para los economistas ortodoxos el panorama económico se presenta para este año bastante mejor en relación con el difícil 2016. Tal el caso de Orlando Ferreres a quien La Nación publicó el 1 de febrero un artículo titulado “Pronósticos 2017”. Dice Ferreres: “Ester año la economía se presenta mejor que lo que resultó el año pasado con los ajustes que se requirieron en el 2016 para reordenar los principales desvíos económicos. Si fuera solo por las variables económicas, la economía podría crecer un 2,8 por ciento. A esto hay que agregarle casi un 1 por ciento más por los sectores que se destacan, como el agro y la obra pública, que van a andar mejor que el año pasado. Adicionando ambas variables, el incremento total del PIB podría ser en 2017 de alrededor del 3,5 por ciento” (…) “Moviéndonos a la inflación, en 2017 el gobierno estima que será de 12 por ciento a 17 por ciento como máximo. Creemos que es optimista este cálculo, aunque la realidad podría estar en el 1,5 por ciento mensual” (…) “Se va a enfocar el gobierno en el avance de la obra pública, que se presentó demorado en 2016. Se comentó que la razón fue que se debieron revisar muchos los pliegos y eso atrasó el programa. No puede haber error ni miedo a las críticas pues esas obras son muy necesarias para el desarrollo del país” (…) “El déficit fiscal no se movió mayormente en el 2016, y si sumamos el déficit primario, los pagos de intereses, el déficit del BCRA y el de las provincias, el desvío entre ingresos y egresos se eleva casi al 8 por ciento del PIB, lo que es bastante peligroso. Este año se ha cambiado al responsable de este ministerio y se espera que haya un fuerte ataque contra este flagelo de la Argentina que arrastramos desde hace mucho tiempo” (…) “Fue extraordinario hasta ahora el resultado del blanqueo de capitales, que llegó a alrededor de los 100 mil millones de dólares y aun continúa hasta el 31 de marzo de este año” (…) “Las variables sociales se moverán bien. Esto es fundamental, pues todo lo demás es instrumental. El desempleo bajará, lo mismo que la pobreza y la indigencia y al mismo tiempo crecerá el salario real. No se va a solucionar el problema social en un año, pero sí se va a perfilar un destino de hacia dónde podemos ir. Entendiendo esto, entenderemos la clave del gradualismo de Mauricio Macri. Vamos bien”. Luego de leer este artículo me vino inmediatamente a la memoria aquella célebre frase del ex presidente Carlos Menem “estamos mal, pero vamos bien” (1991). Diez años después (diciembre de 2001), explotamos.

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