Una relación sadomasoquista

Por Hernán Andrés Kruse.-

Ya es una relación sadomasoquista. Lo peor es que a esta altura la aceptamos como algo natural. Me refiero al histórico vínculo de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional. Un vínculo que todo el tiempo resultó ruinoso para nuestros intereses, que desde el principio atentó contra nuestra calidad de vida, que no se cansó de mancillar nuestra capacidad para aplicar la política económica de manera autónoma. Un vínculo que siempre puso al descubierto la inoperancia de la clase política para tomar decisiones económicas lógicas, razonables, beneficiosas para el pueblo. Porque jamás hay que olvidarlo: fue la Argentina la que continuamente se acercó al FMI y no al revés. Fueron los desastrosos programas económicos aplicados en las últimas décadas los que les abrieron las puertas a sus equipos técnicos. El FMI jamás se metió de prepo en nuestros asuntos. Fuimos nosotros quienes tomamos la decisión de arrodillarnos ante el depredador para evitar el naufragio.

Lo notable de esta relación sadomasoquista es que cada vez que el gobierno de turno acordaba con el FMI esperábamos que, ahora sí, los resultados serían buenos. De esa forma no hacíamos más que darle la razón a Einstein quien afirmaba que el loco es aquél que espera resultados diferentes aplicando los mismos métodos. La historia económica de nuestro país ha demostrado que cada acuerdo con el FMI fue gravoso para los intereses populares. Sin embargo, cada vez que un gobierno anunciaba su acercamiento al FMI afirmaba que ahora todo resultaría diferente dada su predisposición a entender nuestras penurias. La realidad sepultó al relato. Ello significa que las consecuencias fueron las mismas. El FMI obligaba al gobierno a aplicar un ajuste impiadoso como requisito sine qua non para los desembolsos solicitados. De esa forma, el gobierno quedaba en manos del organismo ya que, obviamente, no se trataba de una ayuda caritativa sino de un préstamo. Siempre se trató de un perverso círculo vicioso: Argentina pide plata al FMI, el FMI simula negociar con la Argentina, se anuncia un acuerdo, el FMI presta dinero a la Argentina y, finalmente, Argentina cumple con los vencimientos correspondientes. Y vuelta a empezar.

En 2018 el entonces presidente Macri se acercó al FMI implorando su ayuda financiera. Con el visto bueno de Trump el organismo le prestó una suma sideral de dinero. De esa forma, Macri hizo entrar otra vez a la Argentina en el endeudamiento crónico, endeudamiento que había sido cancelado en 2005 por Néstor Kirchner. Ese fue el “legado” de Macri a Alberto Fernández. La historia volvía a repetirse. La Argentina estaba obligada a pagar los correspondientes vencimientos y, al mismo tiempo, por propia incapacidad del gobierno de Alberto, solicitaba al organismo nuevos préstamos. En las últimas horas la Argentina le pagó al FMI la friolera de 2700 millones de dólares correspondientes a los vencimientos de junio. El FMI confirmó el pago: “Las autoridades argentinas continúan manteniéndose al día con sus obligaciones financieras con el Fondo”.Casi de manera simultánea el ministerio de Economía expresó: “En el marco de las negociaciones avanzadas el ministerio de Economía informa que se hizo pago de los vencimientos de junio sin usar dólares sino DEGS y Yuanes”. Por su parte, Julie Kozack, Directora de Comunicaciones del Fondo, afirmó: “El personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo”. Y agregó: “Las discusiones técnicas continúan sobre un paquete de políticas para salvaguardar la estabilidad económica, en el contexto de una situación desafiante, en parte afectada por la sequía histórica. Las discusiones están enfocadas en fortalecer las políticas macroeconómicas para apoyar la acumulación de reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables” (fuente: Infobae, Sebastián Catalano: “Argentina le pagó 2700 millones de dólares al FMI y un equipo de Economía viajará a EEUU a cerrar el nuevo acuerdo”, 30/6/023).

Se trata de un déjà vu verdaderamente insoportable. Tantas veces los argentinos vimos esta película que sabemos de memoria cómo termina y, sin embargo, nos empecinamos en creer que esta vez otro será el final, mucho más beneficioso para el pueblo. Lamentablemente, el final será el de siempre. Más temprano que tarde el gobierno, probablemente el que suceda al de Alberto, se verá obligado a ajustar de manera impiadosa para sanear las cuentas públicas. Pero como el gobierno seguirá expandiendo el gasto público y emitiendo a raudales, se verá obligado a pedir un nuevo préstamo al FMI. Su staff técnico evaluará el pedido y luego de arduas negociaciones concluirá en la necesidad de ayudar de nuevo a la Argentina, siempre y cuando se ponga al día con los vencimientos. Y vuelta a empezar. Se trata, qué duda cabe, de una relación sadomasoquista.

A continuación paso a transcribir una parte del ensayo de Ruth Felder titulado “Haciendo de la necesidad virtud. La relación entre Argentina y el FMI después del cesación de pagos de la deuda pública” (V Jornadas de Sociología de la UNLP-10, 11 y 12 de diciembre de 2008). Ayuda a refrescar nuestra memoria histórica.

La búsqueda de (elusivos) apoyos internacionales

“Desde su asunción (1 de enero de 2002), el gobierno de Duhalde consideraba que el apoyo internacional y la asistencia del FMI eran cruciales para evitar una profundización de la crisis. Así, se realizaron incesantes esfuerzos para recomponer la relación con el Fondo y superar el agravamiento de la desconfianza internacional que había generado la cesación de pagos. Estos esfuerzos no estaban libres de dificultades, en un escenario de inestabilidad económica y repudio social a las políticas dictadas por las instituciones financieras internacionales. El intento de ganar confianza internacional y acceder a la asistencia financiera convirtió a la Argentina en un campo de pruebas de un nuevo enfoque contrario a las operaciones de rescate financiero impulsado por el nuevo gobierno republicano de George W. Bush. El endurecimiento de la posición de Estados Unidos se combinó con posiciones aún más duras de otros estados centrales que exigían a la Argentina medidas que protegieran a los capitales originarios de sus países. Luego del estallido de la crisis, el FMI optó por posponer la asistencia hasta tanto el gobierno elaborara un plan ‘sostenible’. Los alcances de este plan se irían ensanchando cada vez que el gobierno lograba satisfacer alguna de las demandas del organismo. Mediante esta táctica de presionar sin desembolsar dinero, el Fondo se situó en una posición privilegiada para formular, participar y controlar las políticas estatales de respuesta a la crisis.

Desde esta posición trataba de orientar la asignación de los costos de la devaluación, evitar la temida ‘vuelta al proteccionismo’ y monitorear a un gobierno que era visto con suspicacia por haber convalidado la cesación de pagos de la deuda, por su discurso populista y por su debilidad política para imponer políticas de ajuste ortodoxas. La interrupción de los desembolsos revirtió el sentido de los flujos netos entre Argentina y el FMI y convirtió a éste último en un ‘cobrador de primera instancia’ que no sufrió la cesación de pagos ni la quita que se aplicaría a los acreedores privados. En enero de 2002, una misión del organismo que llegó al país, exigía al gobierno que priorizara el equilibrio fiscal, definiera un esquema de indexación de contratos, rechazara las demandas de subsidios planteadas por actores económicos locales, estableciera un esquema de metas inflacionarias y reemplazara el tipo de cambio regulado impuesto luego de la devaluación por un régimen de flotación cambiaria. El Fondo también participaba activamente en la discusión acerca del esquema de reestructuración de los créditos y deudas bancarios e insistía en su demanda histórica de reestructuración de los bancos públicos. En marzo, una nueva misión reclamaba austeridad fiscal por parte de los estados nacional y provinciales; mayor disciplina monetaria para evitar la pérdida de valor del peso; el descongelamiento de los depósitos, la capitalización de los bancos, la liberalización de los controles de cambios y la normalización de la relación con los acreedores externos que permitieran recuperar la confianza del sistema financiero y las empresas en un reconocimiento de la dificultad política para llevar adelante el ajuste, el líder de la misión del Fondo, Anoop Singh, requería además que el país generara el consenso necesario para implementar estas medidas.

El gobierno satisfizo la demanda de dejar flotar la moneda, lo que produjo una devaluación abrupta del peso que tuvo fuerte impacto inflacionario. Entonces, el FMI reclamó la derogación de la llamada ley de ‘subversión económica’ y de una norma sancionada en enero que posponía las quiebras empresarias por 180 días. El argumento que justificaba la demanda era que era que las normas existentes creaban inseguridad jurídica y conspiraban contra la posibilidad de atraer inversores. Para cumplir con esta condición el gobierno afrontaba la dificultad de legitimar imposiciones externas que resguardarían a banqueros acusados de fraudes financieros y permitirían una mayor extranjerización de la economía. Frente a cuestionamientos, el presidente Duhalde amenazó con renunciar en caso de que el parlamento no aprobara las leyes. La modificación de la ley de quiebras se aprobó a mediados de mayo de 2002 y fin de mes se modificó la ley de subversión económica. Entonces el Fondo señaló las limitaciones esta modificación, ya que mantenía algunos instrumentos legales que permitían juzgar a empresarios por maniobras irregulares. Al mismo tiempo, estas medidas acentuaron el descontento social que generaba la sumisión al FMI, y la convicción de que se protegía a los actores económicos responsables de la crisis.

En junio, el FMI reclamó mayor disciplina fiscal y monetaria, reclamó la inmediata apertura de las negociaciones con los acreedores de la deuda en cesación de pagos, la compensación a los bancos afectados por la crisis y la eliminación de controles a la salida de capitales, entre otras. Los funcionarios internacionales también expresaban su preocupación por el repudio social a los bancos y a las empresas privatizadas y ponían en duda la capacidad del gobierno para cumplir con los compromisos de ajuste y disciplina monetaria que estaba asumiendo, dada la debilidad política que éste tenía para imponer estos criterios sobre los actores políticos. El gobierno argentino esperaba que el riesgo de que la crisis se extendiera a otros países de la región llevaría al Fondo a flexibilizar su posición. Sin embargo, éste brindó asistencia financiera a los países vecinos y excluyó a la Argentina. En septiembre de 2002, la subdirectora gerente del FMI Anne Krüeger criticó la falta de voluntad política para llevar adelante las reformas. Esta crítica generó un cambio en el tono por parte de sus contrapartes argentinas. El ministro de economía, Roberto Lavagna, recordó que el FMI había pronosticado un brote hiperinflacionario y destacó el hecho de que se había logrado estabilizar la economía sin asistencia externa. También reivindicó las medidas de control de cambios implementadas para evitar la mayor desvalorización del peso y rechazó algunos de los requerimientos de la institución que resultaban políticamente irritantes. Anunció además que mientras no se lograra un acuerdo con el FMI, no se usarían las escasas reservas del Banco Central para pagar la deuda con las instituciones financieras internacionales.

A pesar de este endurecimiento, el ministro ratificaba la necesidad de lograr el acuerdo para obtener financiamiento del Banco Mundial y del BID; criticaba las decisiones legislativas y judiciales que limitaban las políticas de ajuste y reclamaba que los candidatos presidenciales expresaran su voluntad de respetar el acuerdo con el Fondo. En octubre, el FMI volvió a frustrar las expectativas del gobierno de firmar un acuerdo, reclamando la suba de impuestos y la reducción del gasto público provincial. Se reiteró también la negativa del ministro de economía a aceptar la demanda de mayores impuestos, que eran vistos como una amenaza a la incipiente reactivación económica. Accedió en cambio a ejercer mayor control sobre el gasto público provincial. Sin lograr refinanciar la deuda, en noviembre de 2002, las autoridades económicas decidieron cumplir sólo parcialmente con un pago al Banco Mundial.

Un mes más tarde, el Banco interrumpió el desembolso de fondos. A pesar de que el FMI advertía acerca de las consecuencias negativas del incumplimiento, la decisión no generó mayores controversias en el país y no afectó al mercado cambiario. Además de que la Argentina tenía vedado desde antes el acceso al crédito internacional, para entonces se había roto el consenso que pregonaba la aceptación incondicional de las demandas de las instituciones financieras internacionales como garantía de confiabilidad del país. Mientras justificaba la interrupción del pago al Banco Mundial y criticaba al FMI, el ministro de economía buscaba el apoyo del G7 y del Tesoro de EUA para quebrar la resistencia de los funcionarios técnicos del organismo y reclamaba en el país que se satisficieran algunas de las condiciones demandadas por el Fondo.

Por su parte, los funcionarios internacionales insistían en sus demandas y alegaban además la dificultad de negociar con un gobierno que sería reemplazado en sólo cinco meses aunque poco después se anunció que en enero de 2003 se firmaría un acuerdo de transición. Dicho acuerdo, que evitaría que la cesación de pagos con el Banco Mundial se extendiera al BID y al propio FMI, fue resultado de la presión del Tesoro de EUA, el gobierno español y el resto de los países del G7 sobre los funcionarios técnicos del Fondo, surgida de la preocupación acerca de los efectos potencialmente negativos que una moratoria tendría sobre los mercados emergentes. La firma del acuerdo se pospuso por las objeciones de los funcionarios técnicos del FMI. Como respuesta, el gobierno decidió no pagar un vencimiento de la deuda con el BID y reiteró la intención de no pagar al FMI. Entonces, a fin de enero se firmó un acuerdo que se extendería hasta agosto de 2003 y que permitiría el refinanciamiento de las deudas pendientes con las instituciones financieras internacionales, aunque no otorgaría nuevos fondos.

A cambio, el gobierno se comprometía a reducir el gasto público, a compensar a los bancos por los costos asociados con la devaluación, a iniciar negociaciones tendientes a reanudar el pago de la deuda pública con acreedores privados, a autorizar incrementos en los precios de los servicios públicos y a garantizar la inmunidad de los directores del Banco Central y a reestructurar los bancos públicos. En marzo de 2003, al momento de la revisión de las metas del acuerdo firmado en enero, la recuperación económica, la mejora de la recaudación y la caída del gasto público habían permitido cumplir holgadamente con las metas fiscales. Entonces, el Director Gerente del Fondo, Horst Köhler, planteaba la satisfacción de la institución frente a indicadores financieros y económicos favorables pero insistía en los puntos pendientes, entre ellos, la renegociación de la deuda, demora en la sanción de las leyes que reformulaban las relaciones fiscales entre el estado nacional y las provincias y la reconstrucción del sistema bancario. Recomendaba además la eliminación del control de cambios y una política monetaria “prudente que será esencial para anclar las expectativas inflacionarias”. La dureza del FMI se prolongaría más allá del interinato de Eduardo Duhalde. Pero ya durante los últimos meses de su gobierno, la necesidad de responder a conflictos y demandas múltiples limitaba la posibilidad de satisfacer los requerimientos del Fondo y la mejora de la situación económica daba mayor margen de maniobra para rechazar algunos de sus requerimientos”.