Por Guillermo Cherashny.-

El escándalo de los seguros del estado salpicó por segunda vez al expresidente, que fue imputado por otra denuncia, esta vez de la ministra de capital humano, en tanto la anterior fue de Silvina Martínez. Si bien Alberto firmó un decreto que permite esa operatoria, de acuerdo a nuestro derecho penal no cometió ningún delito por ese acto de gobierno y tampoco hay ninguna orden escrita de él pidiendo que nombren broker de seguros a su amigo Martínez Sosa, por lo cual debería estar muy tranquilo. Pero estamos en la Argentina, donde hay condenas judiciales por presión de la opinión pública televisada y escrita. El expresidente tiene que estar preocupado por la situación. En efecto, Cristina fue condenada en primera instancia por la obra pública en Santa Cruz, pese a que ella no dio ninguna orden en favor de Lázaro Báez ni tampoco José Lopez tuvo comunicación con ella al peritar su celular, lo cual puede ser cuestionado jurídicamente y ahora será Casación quien decida si confirma la condena. Por eso mismo Alberto, por firmar un decreto y sin pedir que le den beneficios a su amigo, en la Justicia argentina, hoy en día lo pueden condenar, como le pasó a la dos veces presidenta y vicepresidenta. Pero, dado el estado de la opinión pública, podría pasar lo mismo con el expresidente y, aunque es difícil que termine preso por una condena en primera instancia o que le dicten prisión preventiva al tomarle declaración indagatoria, no se puede descartar que algún juez logre fama deteniendo a un expresidente, seguramente el peor desde la vuelta de la democracia, y que ningún peronista pida por su libertad; es más, muchos se pondrán contentos. De ahí que esté pensando radicarse en México, que no tiene tratado de extradición con la Argentina. Hay que tener en cuenta que el juez Ercolini -a cargo de la causa-, que en su momento fue propuesto por el propio Alberto para ser nombrado juez federal para disipar cualquier duda en la opinión pública, lo meta preso.

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