Por Carlos Tórtora.-

En el horizonte de CAMBIEMOS, dominado por el estilo del PRO, hay focos de tensión que siguen su propio curso. Uno de los que más vale la pena tener en cuenta es el que tiene como actora principal a Elisa Carrió. Ésta sigue día a día el desenvolvimiento de la crisis brasileña y la posibilidad de que Dima Rousseff sea el segundo presidente de Brasil en ser destituido por un impeachment, después de que en diciembre del ‘92 esto le ocurriera a Fernando Collor de Melo, que no contaba con el respaldo de un partido poderoso como es hoy el PT.

La lógica de Carrió es que, si el acoso judicial sobre Rousseff y su nuevo jefe de gabinete Ignacio Lula Da Silva continúa por el camino que va, sería injustificable que en la Argentina, CFK y su entorno no terminen procesados a la brevedad al menos por la causa Hotesur. Anteayer, tras la difusión de los primeros videos de Telenoche, el juez federal Sebastián Casanello les prohibió a Martín Báez, Daniel y Sebastián Ariel Pérez Gadin, y Fabián Rossi, ex marido de Ileana Calabró, salir del país y desprenderse de sus bienes. Todas estas nuevas medidas fueron dispuestas por el juez federal como consecuencia de “la contundencia de las imágenes proyectadas” en los videos de SGI, donde se ve a los sospechosos manejando hasta nueve millones de dólares. Los videos en cuestión, cuyo origen no está muy claro, especialmente teniendo en cuenta la calidad de la filmación, empujan hacia una perspectiva judicial “a la brasileña” y convierten en un juego de niños la citación a indagatoria de CFK para el 13 de abril, dispuesta por el juez Claudio Bonadío en la causa de la venta de dólar futuro.

Promesas en el aire

Es así que Carrió, en cuanta reunión concurre, no deja de señalar que habrá una gran decepción en la opinión pública si en lo inmediato no se producen avancen significativos en la causa Hotesur.

Todo esto en un marco de suspicacias, ya que en una reciente reunión social, la diputada disparó señalando que el senador radical K santiagueño Gerardo Zamora le había asegurado que Cristina estaba convencida de que lo que le convenía a ella era que el presidente fuera Mauricio Macri y no Daniel Scioli.

A todo esto, en el entorno del primer mandatario tienen una interpretación especial de los dichos de Carrió. Según la misma, ella invocaría un compromiso verbal con Macri, previo al 10 de diciembre pasado, según el cual debía ser designada como nueva Procuradora General de la Nación en reemplazo de Alejandra Gils Carbó, cuyo desplazamiento debería ser forzado por el gobierno mediante denuncias y eventuales procesamientos por distintos delitos. A cuatro meses de asumido Macri, Carrió estaría advirtiendo una situación obvia: que Gils Carbó está consolidando su continuidad, apoyada por el hecho de que en la principal provincia, Buenos Aires, la Procuración General sigue en manos de otra aliada de Eugenio Zaffaroni y León Arslanián: María del Carmen Falbo, que impone así que el garantismo siga controlando la justicia bonaerense, donde los fiscales tienen un rol más determinante que los jueces.

En este contexto es que Carrió estaría enviándole continuos mensajes a Macri recordándole la supuesta promesa incumplida y creando dudas acerca de la presunta existencia de un pacto de impunidad con el cristinismo.

La defensa del cristinismo es cerrada: “Mauricio se toma en serio lo de la independencia judicial; por eso es que no hay ningún operador del PRO deambulando por los pasillos de Comodoro Py. Si los jueces no actúan o son lentos, tendrán que responder ante el Consejo de la Magistratura”, dicen.

Entre estas dos posturas, hay una gama de matices muy variados.

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