Por Carlos Tórtora.-

En concreto, la jugada de Javier Milei de abrir el juego a una negociación con los gobernadores de JxC, más allá del show mediático, puede tener algunos efectos importantes sobre el proceso político. Para empezar, se abre un interrogante y es si la cercanía con el gobierno de los gobernadores dialoguistas se traducirá en votos en el Senado. De ser así, como es lógico, el oficialismo podría llegar a frustrar la intención del peronismo de rechazar el DNU 70/23. Ya van tres pedidos de convocar a sesión para este tema que presentó el bloque de Unión por la Patria y que Victoria Villarruel resistió a pie firme. Los senadores peronistas estaban convencidos hasta el viernes a la noche de tener número para rechazar el mega decreto, lo que trasladaría la definición del tema a la Cámara de Diputados.

La derogación del DNU por el Congreso sería sin duda la mayor catástrofe que puede sufrir el gobierno y Milei está dispuesto a usar todos sus recursos para evitarla.

Una cuenta incierta

En este juego de presiones, también se inscribe el confuso rol de la recientemente constituida Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debe dictaminar sobre la validez de los DNU. El caso es que la Comisión se constituyó tardíamente y el 19 de febrero venció el plazo de 10 días para expedirse sobre el mega DNU. Vencido este plazo y según dispone el artículo 20 de la ley 26122, las cámaras se deben avocar al expreso e inmediato tratamiento del DNU, que es lo que ahora se intenta en el Senado. Mientras tanto, el oficialismo intenta que la Comisión Bicameral -conducida por los libertarios- tome cartas en el asunto y demore el rechazo de las cámaras.

Con el inicio de las sesiones ordinarias le será imposible a Villarruel seguir bloqueando el tratamiento en el recinto. Lo mejor que podría pasarle al gobierno es que a la oposición no le alcancen los votos para rechazar el DNU, con lo cual éste quedaría ratificado.

Sólo quedaría el riesgo de que la Corte Suprema declare inconstitucional el decreto, haciendo lugar a la acción declarativa de certeza presentada por el gobernador riojano Ricardo Quintela.

Ahora, el grupo de gobernadores próximo al gobierno podría salvarle el DNU a éste, aunque no se sabe en este caso cuál sería la contraprestación.

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