Por Carlos Tórtora.-

El gobierno se prepara para obtener la media sanción de la reforma judicial en el Senado la semana que viene y sufre porque no le daría hasta ahora el número en Diputados. Juan Schiaretti avisó que no aportará sus votos en la Cámara de Diputados para que el oficialismo pueda aprobar la reforma, lo que, sumado al rechazo de Roberto Lavagna, deja el proyecto en la cuerda floja.

Así lo hicieron saber los cuatro diputados cordobeses que integran el interbloque Federal: Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo (la esposa del gobernador de Córdoba), Pablo Cassinerio y Claudia Márquez.

En el imaginario colectivo, la reforma judicial quedó identificada con la impunidad de Cristina Kirchner y en las movilizaciones del 17-A fue sin duda el tema central. En el resultado político de la protesta, CFK fue la gran perdedora, por una sencilla razón: la lucha contra su impunidad volvió a ser la bandera unificadora de la oposición, así como su juzgamiento lo fue durante su último año de gobierno en el 2015.

En el mismo sentido, el largo trabajo de transformación del estilo político de la vicepresidenta a través de administrar sus silencios y apariciones en público, parece haber caído en saco roto a la vista de los resultados. Se da por sabido que ella cogobierna y que Alberto Fernández no toma decisiones importantes sin consultarla. Por otra parte, éste no se propuso -al menos hasta ahora- construir un liderazgo político nacional desde la presidencia, con lo cual facilitó la subsistencia del liderazgo de ella.

Así las cosas, una vez que se supere la crisis por la duración de la cuarentena, la impunidad de Cristina sería tal vez la única bandera unificadora de la oposición.

Esta nueva centralidad negativa de la vicepresidenta podría ampliar el margen de acción del presidente. Esto siempre y cuando ella no fuerce las cosas y embarque a todo el gobierno en una guerra santa para defender su figura.

Disparen sobre Casal

A todo esto, la vicepresidente no detiene sus embates y, mientras batalla por la reforma judicial, trata de presionar al Procurador General de la Nación Eduardo Casal para que renuncie la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, presidida por el senador kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), aprobó un paquete de medidas que apuntan a ponerle presión a Casal.

Una de ellas es la decisión de escuchar a una serie de organizaciones que denuncian al procurador adjunto por un presunto mal desempeño de su función y piden su juicio político. Se trata de 18 agrupaciones, en su mayoría de clara afinidad con el kirchnerismo, que desfilarán ante la comisión.

Así, la senadora Ana Almirón (Corrientes) solicitó que la comisión le requiriera al procurador adjunto un informe sobre la política de nombramientos de fiscales y los criterios que utilizó para cubrir esas vacantes.

Por su parte, la senadora María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) apuntó su pedido de informes al manejo presupuestario del Ministerio Público Fiscal desde que lo encabeza Casal. La legisladora no sólo reclamó que el organismo sea sometido a una revisión de sus cuentas por la Auditoría General de la Nación (AGN) sino que deslizó sus sospechas sobre el aumento de gastos de la Procuración.

La ofensiva kirchnerista sobre Casal la completó la moción de la diputada Vanesa Siley (Buenos Aires) para que Casal informe a la bicameral la nómina de fiscales sometidos a procesos disciplinarios durante su gestión. Para la legisladora, el procurador adjunto ha mostrado inconsistencias a la hora de iniciar procesos disciplinarios sobre sus subordinados, en unos casos pidiendo el enjuiciamiento y en otros sólo iniciando sumarios.

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