Por Carlos Tórtora.-

Sin esfuerzo, la cúpula de la CGT se anotó un éxito en su pulseada con el gobierno: es casi imposible que la ley ómnibus obtenga su media sanción en Diputados antes del próximo 24, fecha del paro general. Por otra parte, miembros de la cúpula gremial se reunieron la semana pasada con diputados de Unión por la Patria para saber qué harán éstos ante el inicio del plazo, pasado mañana, para que ambas cámaras traten la aprobación del mega DNU. La eventualidad de que el Congreso derogue el decreto es difícil pero no imposible. Mientras tanto, la CGT cuenta con que se mantendrá firme la cautelar dictada por la Cámara Nacional del Trabajo que suspende la aplicación del Capítulo 4 del Decreto.

A todo esto, es obvio que muchos diputados opositores dialoguistas están dilatando las negociaciones con el gobierno por la ley ómnibus hasta la fecha del paro. Si éste es un éxito, la oposición legislativa se endurecería cada vez más. Por el contrario, la media sanción de la ley ómnibus antes del paro lo atenuaría bastante.

En esta etapa claramente la oposición política marcha detrás de la oposición social.

Después del paro

Dando por descontado que les irá bien con el paro, Pablo Moyano, el vocero de la línea dura cegetista, ya está pensando en un plan de lucha para implementar a partir de febrero. El cálculo es que Javier Milei emulará a su prócer Margaret Thatcher y le responderá al paro con varios decretos conteniendo desregulaciones que afectarían a los gremios y sus obras sociales.

A todo esto, el gobierno juega todas sus cartas a obtener mañana en Diputados dictámenes de comisión en mayoría y luego sesionar el fin de semana para votar la ley. Todo depende fundamentalmente de dos factores. El primero es que el presidente acceda a los cambios en el proyecto, muchos de los cuales consideraría inaceptables. El segundo es que no se rompan los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal, donde hay minorías que se negaron a facilitar la sanción de la ley.

En este punto, la pelea giraría en torno a si, en una prórroga de las sesiones extraordinarias, el gobierno consigue sancionar la ley ómnibus y evitar que el congreso derogue el mega DNU. De llegarse a esto, es probable que la CGT termine doblegada por los libertarios.

De cualquier modo, al duelo de los gremios con el gobierno le quedaría como última instancia la Corte Suprema, que deberá expedirse a partir de febrero sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el gobernador riojano Ricardo Quintela.

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