Por Carlos Tórtora.-

La hasta ahora exitosa salida del cepo cambiario anunciada por Alfonso Prat Gay sería más que suficiente como para darle al gobierno cierta tranquilidad de que el fin de año y el inicio del 2016 no se daría en un marco de violencia social o de agitación de los mercados. Macri acaba de comprar un tiempo precioso para acomodar las cargas y hacer frente a una etapa de febrero y marzo que estará signada por la fuerte presión sindical en torno a las paritarias. Haciendo honor a que se trata de un gobierno con fuerte predominio de ejecutivos o ejecutivos, el mayor éxito oficial se da entonces, hasta ahora, en la política cambiaria, derrotando a una oposición que auguraba catástrofes devaluatorias.

Sin embargo -todo tiene su pero- algunos analistas económicos sumamente cautos a la hora de festejar no dejan de recordar que la frase “dejan un déficit fiscal de $ 400.000 millones” puede no significar nada serio para la gran mayoría de la población y muchos pensarán “bueno, que lo arregle el Gobierno entrante, ya que para eso compitió”. Pero si decimos que es una deuda equivalente a diez millones de pesos por habitante de este país, eso mueve a que la persona se sorprenda y se pregunte: “y yo, ¿cuánto tendré que pagar?” Cada uno de nosotros “pagará” con inflación, disminución de la capacidad de compra, aumento de tarifas, quitas de subsidios, etc.

Si bien la Administración actual podrá lograr algunos acuerdos en materia cambiaria (adelantos de las cerealeras, préstamos de algunos bancos internacionales, ampliación del swap con China, con el Banco de Ajustes de Basilea y con el Banco de Francia e, inclusive, conseguir nuevos swaps con Brasil o Chile y, especialmente, con la Reserva Federal, el problema que subyace es una enorme Base Monetaria ($ 618.000 millones al 03/12, cuando a la asunción de Néstor era de $ 34.300 millones), la que se irá ampliando a medida que el BCRA compre las divisas provenientes de las exportaciones y -si por el efecto inflacionario las tasas se vuelven negativas en términos reales- por las Letras del BCRA (actualmente $ 410.000 M) que no se renuevan. Tengamos presente que, con el gradualismo presupuestario, habrá déficit fiscal durante todo el 2016. Déficit fiscal con expansión de la Base Monetaria son ingredientes para una inflación creciente y hasta para una hiperinflación.

En otras palabras, la bomba de tiempo instalada por el kirchnerismo esta ahí; no fue desactivada ni mucho menos.

Una prudencia explicable

Las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por parte de Mauricio Macri dejaron una secuela polémica pero que, una vez más, el éxito de la salida del cepo se ocupó de superar. En lo que hace a Rosatti, hay una doble lectura política de su designación, que no es un detalle menor. La interpretación más conocida es que Macri busca, a través de Rosatti, preparar el camino para que Ricardo Lorenzetti abandone la presidencia de la Corte Suprema. Sin embargo, otra versión señala que entre ambos juristas no sólo habría una estrecha relación sino que ambos habrían compartido casos en más de una ocasión, es decir que estuvieron asociados. En este punto, la verdadera naturaleza de las relaciones entre Macri y Lorenzetti es oscura.

De lo que no hay duda es de que el macrismo es plenamente consciente de que sólo podrá obtener mayoría para la sanción de las leyes mediante la negociación con Sergio Massa y/o los radicales. Entonces la opinión de la Corte se vuelve más importante, casi crucial. Cristina pudo darse el lujo de despreciar al máximo tribunal sobre la base de que tenía al Congreso bajo su puño y que el Poder Judicial quedaba entonces ubicado como el más débil y aislado de los tres. Pero Macri parte de una posición mucho más vulnerable. Una confluencia de la Corte y el Congreso contra el Ejecutivo podrían colocarlo en una situación sumamente incómoda. Y este contexto define la prudencia con que el gobierno se mueve en el campo minado que le dejó el cristinismo. En la mayor parte de los organismos del Estado nacional -y de la provincia de Buenos Aires- es altísimo el porcentaje de funcionarios K que continúan en sus puestos negociando como si no hubieran perdido las elecciones. El caso de la plana mayor de la agencia TELAM es uno de ellos. Tanta prudencia tiene que ver con la idea de no despertar una reacción corporativa del PJ. Sobre todo que, visto y considerando las circunstancias, como la casi totalidad de los gobernadores y los intendentes se sometieron gustosamente al matrimonio Kirchner durante doce años, ahora éstos no están en condiciones de señalar a su ex jefa con el dedo. Sólo se habla de futuros cambios en la conducción del PJ, lo que es como una gota de agua en el desierto. La dirigencia peronista quiere sacarse de encima a CFK pero le teme a las esquirlas que se dispersarán. Por eso nadie abre fuego y hasta ahora la justicia tampoco. En este punto está uno de los mayores enigmas del futuro político. Si la corrupción de la era K se convierte en un tema central, el país y el peronismo entrarían en erupción. ¿Le conviene esto al Gobierno? Puede que sí, en caso de que la situación económica sea difícil y que haya que recordarle a la gente por qué estamos como estamos. Pero Macri no es afecto a las grandes convulsiones políticas y un peronismo en plena crisis puede complicar seriamente la gobernabilidad, porque las distintas facciones empezarían una verdadera carrera para confrontar con la Casa Rosada, pensando en las legislativas del 2017.

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