Por Carlos Tórtora.-

La denuncia de los bloques de diputados y senadores por la diferencia en dos partes del texto del capítulo del tabaco de la ley ómnibus le pone un toque de escándalo a las negociaciones para aprobar la ley. El oficialismo se defiende argumentando que las diferencias pueden subsanarse con una fe de erratas. Pero el peronismo sostiene que las diferencias con respecto al Registro de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) son insalvables porque son conceptos distintos los del texto que ingresó al Senado con respecto al aprobado en Diputados.

Lo que nadie dice es cómo puede continuar la historia. Obviamente, la nulidad de estas partes del proyecto debe ser votada por la mayoría de la Cámara de Diputados. Y si llegara a aprobarse la nulidad, quedaría en principio vigente el texto sancionado en Diputados. Pero como señala Germán Martínez, antes de tratarse la nulidad habría que dejar sin efecto el envío al Senado del proyecto.

No hay duda de que la perspectiva de semejante escándalo contribuiría a engrosar el bando de los que se oponen a la ley.

La otra alternativa es la judicialización del problema, un terreno donde el gobierno lleva las de ganar. La jurisprudencia de la Corte Suprema abunda en pronunciamientos considerando cuestiones políticas no judiciales a los temas que son competencia del Poder Legislativo.

Esto no quita que pueda generarse una discusión pública sobre si la justicia debe o no intervenir.

Deterioro para el gobierno

Para el Pacto de Mayo, el escándalo del tabaco es también una mala noticia. Javier Milei quiere crear un marco de consenso y entusiasmo alrededor del pacto y esta situación le juega en contra.

Para los bloques kirchneristas, está servida la oportunidad para demorar tal vez varias semanas el tratamiento de la ley ómnibus.

Siempre está la posibilidad de que Martín Menem se resista a tratar la nulidad parcial de la ley y que el gobierno consiga seguir adelante con el trámite parlamentario.

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