CFK ha girado hacia los mismos argumentos que en el 2015 Cambiemos utilizara en su contra: la subordinación de la justicia al poder político, el aumento de la pobreza y la indigencia y utilización de todos los recursos del Estado para el objetivo electoral. Es que el kirchnerismo parece asombrado de que Macri se esté alejando tanto del perfil de Fernando de la Rúa para parecerse por momentos al mismo Néstor Kirchner. Así es que el gobierno no intentó disimular en lo más mínimo que la operación judicial que terminó con la detención de Juan Pablo Pata Medina y la cúpula mafiosa de la UOCRA platense cuenta con el beneplácito de la Casa Rosada. Este hecho, más las causas en marcha contra dos sindicalistas K – el titular de los porteros y del PJ porteño, Víctor Santamaría, y el Secretario de Petroleros Privados, Luis Roberti- son suficientes para que la debilitada conducción cegetista no haya salido a vociferar contra el techo del 15 por ciento de aumento salarial que planea el gobierno para el 2018 ni tampoco contra el proyecto de flexibilización laboral.

Hoy habrá elecciones para gobernador de Corrientes y la Casa Rosada necesita que su aliado, el gobernador Ricardo Colombi, alcance la mayor diferencia posible sobre el peronista Carlos Camau Espínola. El ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich salió a darle una mano al oficialismo de Corrientes con la ejecución de una obra portuaria que estaba pendiente desde principios de 2017.

Se trata del nuevo puerto provincial de Itá Ibaté, que llamativamente quedó en manos de una empresa constructora correntina que fue una de las principales contratistas de obras públicas en la “década ganada” y que además ha sido la encargada de “administrar” el Hotel Los Sauces de la familia Kirchner durante casi una década. Creado por Juan Carlos Relats, el grupo mesopotámico JCR logró posicionarse entre las principales constructoras nacionales tras los múltiples negocios y contratos de obras públicas y viales que obtuvo durante la administración kirchnerista y que, según los datos oficiales, implicaron negocios por un total cercano a los 1.200 millones de dólares.

Esta muestra de pragmatismo a prueba de balas del macrismo se vio acompañada por otro hecho al cual el gobierno intenta bajar de los medios en los últimos días. El nuevo zar de la construcción de Pilar, Mateo Corvo Dolcet, al calor del intendente macrista Nicolás Ducoté, aparte de los desarrollos ya realizados, estaba en vías de construir un complejo de similares características a Puerto Madero, valuado en 400 millones de dólares y que estaría finalizado en un plazo de 10 años.

En la causa de lavado de dinero que investiga la justicia federal de Morón y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se pudo determinar que el narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet (ambos detenidos) fueron socios durante varios años en la sociedad Insula Urbana S.A., hasta que en 2015 el empresario ganadero colombiano habría dejado de participar de la firma.

“Las sociedades que fueron fusionadas a Insula Urbana S.A. no registran ni registraron cuentas bancarias, motivo por el cual era posible inferir que los fondos con los que se integraron sus capitales y de los cuales se valieron para adquirir los bienes inmuebles y acrecentar el patrimonio neto no tendrían justificación legal”, señalan en la causa los investigadores. Que una megaoperación de lavado tan evidente haya prosperado durante dos años de gestión macrista tiñe de sospechas a las múltiples áreas del gobierno que necesariamente debían conocer el tema.

Como cortina de humo para ir tapando estos y otros temas, el gobierno cuenta con recursos mediáticos importantes. Principalmente, el avance en dos juicios contra Amado Boudou y Julio De Vido respectivamente y el suspenso acerca de si el juez federal Claudio Bonadío ordenará la detención de Cristina Kirchner una vez que ésta ya tenga fueros como senadora nacional, lo que generaría una crisis de proporciones en el Congreso y sobre todo en el Senado.

En materia judicial, los avances del oficialismo para incidir en la justicia federal son muy limitados si se los compara con lo hecho por Kirchner, que a poco de asumir, usó la cadena nacional para exigirle al Congreso que barriera a la Corte Suprema mediante un juicio político. El macrismo es sumamente gradualista y le cuesta sacarse de encima al escollo que es la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Un experimentado lobista de Comodoro Py define así la situación: “el PRO desaprovechó la oportunidad de sacarse de encima a unos cuantos jueces federales para reemplazarlos por otros propios. Bastaba con mostrarles las carpetas elaboradas sobre su patrimonio por la SIDE K para obligarlos a renunciar. Ahora la situación se ha invertido y los jueces son los que vuelven a tener carpetas sobre las múltiples causas de corrupción que afectan al gobierno”. La ofensiva oficialista contra el juez federal Daniel Rafecas muestra a las claras que no le es tan fácil al gobierno remover magistrados. Aquél se iría no a su casa sino como defensor general adjunto.

Opción para gobernadores

En el plano político, Macri también tendrá que optar después del 22 entre la moderación o intentar subordinar a los mandatarios de la oposición para que apoyen su proyecto reeleccionista.

Siete gobernadores peronistas perdieron en las PASO contra Cambiemos y todo indica que el 22 esta tendencia no se modificará. Se trata de Juan Carlos Schiaretti, Alberto Rodríguez Saá. Carlos Verna, Gustavo Bordet, Rosana Bertone, Alicia Kirchner y Mario Das Neves. Por primera vez Cambiemos -gracias a las estructuras territoriales de la UCR- consigue avanzar significativamente en los baluartes peronistas del interior. El juego que está a punto de empezar oscilaría entre un oficialismo que ponga la proa hacia barrer a los nombrados y en especial a viejas dinastías como los Rodríguez Saá y la alternativa de que éstos encuentren espacio para conservar sus sillones si adhieren a la reelección de Macri. En esta segunda hipótesis, con la UCR ya cooptada por la Casa Rosada, una corriente de gobernadores peronistas pro Macri 2019 configuraría prácticamente un ensayo de PRI argentino. Una coalición transversal más ambiciosa que la que soñó el mismo Kirchner cuando lanzó la Concertación y colocó a Julio Cobos como compañero de fórmula de su esposa.

Carlos Tórtora

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