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La Corte envió los jueces Bruglia y Bertuzzi al matadero

Luego de un largo cabildeo la Corte Suprema decidió, por 4 votos a 1, que los jueces pueden ser nombrados por concurso, con intervención del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado. En consecuencia, como no hay designación por traslado que pueda considerarse definitiva los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi podrán permanecer en la Cámara Federal de Comodoro Py hasta que se produzca el concurso para cubrir las vacantes. Además, ambos jueces podrán postularse y rendir examen.

La resolución de la Corte parece prístina, cristalina. Los aspirantes a semejantes cargos deben concursar, deben presentar sus antecedentes y rendir un examen. Es lógico que sea así. No cualquiera puede asumir cargos de semejante jerarquía. Ahora bien, estamos en Argentina. ¿Ello qué significa? Que las influencias y los padrinazgos políticos juegan un rol esencial. Los concursos sólo sirven para encubrir lo que en verdad son tales designaciones: pura dedocracia. Conozco el caso de un abogado que se desempeñó durante más de veinte años en los Tribunales Federales de Rosario. Siempre aspiró a ocupar un cargo de relevancia en el Poder Judicial. Cada vez que se postulaba obtenía excelentes calificaciones en las pruebas correspondientes. A pesar de ello, nunca obtenía el cargo que apetecía. Nunca. ¿Por qué no lograba el tan ansiado ascenso? Porque no tenía quién le hiciera de padrino político. Hasta que un buen día se cansó. Un médico muy distinguido, profesor de la histórica Facultad de Medicina, atendía desde hacía mucho tiempo a la madre de quien por aquel entonces era una influyente senadora nacional por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo ayudó el galeno al dolido abogado? Habló por teléfono con la senadora. Le explicó el caso y le pidió que lo ayudara. Tiempo después obtuvo el tan ansiado ascenso. Una llamada telefónica pudo más que sus antecedentes y estudios. También ayudó que el abogado no tuviera una actuación política pública que pudiera colisionar con la ideología política de la senadora.

¿Qué enseña este caso, uno más entre miles? Que para llegar a ser juez hay que estar protegido por un influyente, no hay más remedio que hablar por teléfono para clamar por algún padrino. Ahora bien, el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi es peor que el del abogado rosarino. En efecto, estos magistrados fueron designados a dedo por el presidente Macri para ser miembros de la Cámara Federal. Para empeorar el panorama son adversarios políticos de Cristina Kirchner. En realidad, para la vicepresidente tanto Bruglia como Bertuzzi son enemigos. ¿Qué posibilidades tendrán en un futuro concurso donde tendrán todo en contra? ¿O alguien cree realmente que con Alberto en la presidencia de la nación, Cristina en la presidencia del Senado y con un Consejo de la Magistratura cooptado por el oficialismo, Bruglia y Bertuzzi tendrán alguna chance de ser nombrados en dichos cargos de manera definitiva? Lo que hizo la Corte fue, lisa y llanamente, mandarlos al matadero sin necesidad de ensuciarse las manos. Los supremos decidieron conforme a derecho pero también son conscientes de que los concursos son “pour la galerie”, de que la suerte de ambos magistrados está echada. Ello explica la licencia pedida por Bruglia y Bertuzzi para analizar los futuros pasos a seguir. Lo más probable es que terminen renunciando salvo que decidan poner sus cabezas en la guillotina.

UNA CORTE PARA LA DEMOCRACIA

“La Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores, compartimos la certeza de que nuestro trabajo se dirige a la construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares y capaz de realizar el valor justicia. Por ello, nos sentimos comprometidos a aportar a la renovación de la legitimidad de la Corte Suprema y del sistema de justicia, como exigencia ineludible de la institucionalidad democrática. Los tribunales son el espacio institucional básico para la protección de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por nuestro país. En este sentido, entendemos que existe una directa relación entre la solidez del sistema de justicia y la calidad de la democracia. En el marco de la profunda crisis institucional y social que atraviesa el país, la ciudadanía ha expresado su “bronca” por el mal desempeño de las instituciones públicas. En particular ha exigido un recambio en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante esta demanda, resulta imprescindible observar los procedimientos constitucionales establecidos y comenzar por el principio: esto es, que el Congreso considere los pedidos de juicio político presentados a casi todos los Ministros de la Corte Suprema y proceda, luego de una profunda investigación de cada caso, a desecharlos o proseguirlos según considere necesario. El tratamiento de estos pedidos resulta urgente pues es notorio que muchos de los ministros de la Corte han roto definitivamente su vínculo con la sociedad y carecen, por ello, de legitimidad para ejercer el poder de administrar justicia. Sin embargo, consideramos que un eventual cambio en la composición de la Corte Suprema no es suficiente. Nuestro Tribunal no sólo se encuentra desacreditado por el comportamiento de sus miembros, sino que ha sido dañado por prácticas impropias que han socavado su prestigio y legitimidad. Un recambio en los nombres o cantidad de sus integrantes no asegura la modificación de estas prácticas ni le devolverá el lugar fundamental que el sistema democrático constitucional le asigna y que ha perdido. A continuación se identifican algunos de los problemas más graves que afectan el funcionamiento de la Corte Suprema, las soluciones que esos problemas demandan y las responsabilidades concretas de quienes tienen el poder de llevar adelante estos cambios. Si bien estas medidas sólo se refieren a la Corte, ellas deben ser consideradas tan sólo como el punto de partida para un programa integral de reforma del sistema de justicia. Este programa debería contemplar, entre otras cuestiones, cambios profundos en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Cámara de Casación Penal y la justicia penal federal en su conjunto. Asimismo, debería examinar la pertinencia de nuevos órganos como una Cámara de Casación en materia civil y un Tribunal Constitucional y las posibles reformas en los sistemas procesales, en el mecanismo de selección y remoción de los jueces y en el régimen de administración y gestión del Poder Judicial. Por eso las propuestas aquí sugeridas no suponen sustanciales cambios institucionales y mucho menos un mayor presupuesto. Únicamente requieren voluntad política, no sólo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también del propio Poder Judicial, y especialmente de la Corte Suprema de Justicia”.

Acumulación de causas y empleados como resultado de una expansión en las competencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

“La Corte Suprema resuelve anualmente 14.770 causas (1). Para ello cuenta con 192 (2) funcionarios de alta jerarquía que asisten al tribunal en sus decisiones y emplea una planta total de 2.341 funcionarios y empleados administrativos entre las áreas sustantivas, de administración central y las áreas de apoyo (3). Resulta evidente que el excesivo número de causas importa irrazonables demoras en su resolución. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en cuya jurisprudencia y funcionamiento se refleja nuestro máximo tribunal, decide entre 70 y 90 casos por año (menos del 1% de las que decide nuestra Corte, en un país con casi 7 veces más habitantes que la Argentina). Esta inflación de causas torna prácticamente imposibles los cambios necesarios para mejorar el funcionamiento y recuperar la credibilidad y legitimidad de la Corte. Estos cambios se refieren, por ejemplo, a la publicidad de sus audiencias, al control de su jurisprudencia, o al seguimiento de sus líneas doctrinarias. La Corte Suprema es el último y más importante intérprete de la Constitución. Con sus decisiones, “completa” el contenido de la norma constitucional y da certeza a los ciudadanos respecto del alcance de sus derechos. Resulta entonces imposible para los ciudadanos conocer el contenido de la Constitución y el alcance de sus derechos si ello debe rastrearse en más de diez millares de fallos al año. Tampoco existe posibilidad de un seguimiento correcto de las decisiones del tribunal para analizar la calidad de sus razonamientos y preservar la seguridad jurídica. La distorsión en el funcionamiento de nuestra Corte se relaciona con una expansión de sus competencias y con una interpretación demasiado laxa de sus propias atribuciones.

Un ejemplo de ello es el escrutinio que realiza en forma discrecional respecto de la existencia de “arbitrariedad de sentencia”. Así, la Corte se arroga facultades de conocimiento en más causas de las que el constituyente previó que debería decidir. Esta tendencia se ha profundizado en los últimos años y se manifestó con claridad en la reciente ley de emergencia económica que regula una apelación extraordinaria o per saltum ante la Corte, contra cualquier medida cautelar en contra del Estado. Es necesario devolver a la Corte el poder que debe tener. Este poder no necesariamente se recupera con el conocimiento de un número mayor de causas, sino con la restricción de su competencia a aquellas causas relevantes para el funcionamiento de la democracia constitucional. La expansión de la jurisdicción y el consiguiente aumento de causas propicia más oportunidades para el tráfico de influencias. Existen dos modos de reducir el número de causas. En primer lugar, el Poder Legislativo podría ordenar y limitar la jurisdicción por apelación de la Corte, sancionando una especie de procedimiento constitucional que traiga orden al actual funcionamiento del tribunal y lo preserve sólo para casos en los que esté en juego la interpretación constitucional. En segundo término, la propia Corte podría contribuir en este sentido reinterpretando su propia doctrina de la “arbitrariedad de sentencia”, que incrementa su jurisdicción en forma considerable”.

Falta de publicidad en los procedimientos

“La falta de publicidad y el secreto son el contexto propicio para la existencia o la sospecha de corrupción. Nuestra Corte Suprema cuenta con un reglamento interno que no permite la publicidad de las audiencias que las partes tienen con ella, dando lugar a posibles tratos desiguales como consecuencia del mayor “acceso” que alguna de ellas pudiera tener a los despachos de los miembros del tribunal. La inexistencia de una regulación que posibilite la publicidad de las audiencias impide a la opinión pública conocer el pensamiento de los ministros y la deliberación de los miembros del tribunal entre sí o con las partes. Cabe destacar una vez más, que el modelo de la Corte Suprema de los Estados Unidos cuenta con audiencias públicas de las que participan las partes y otros interesados en el pleito y todo se desarrolla bajo el ojo observador de la opinión pública y de la prensa. Para lograr la publicidad de las audiencias ante la Corte sólo se necesita una resolución del propio tribunal. Sin embargo, esta medida se torna inaplicable cuando se deciden más de 14.000 causas al año, por lo que debería estar acompañada por la reforma procesal señalada en el punto 1. No obstante ello, y aun sin restringir la jurisdicción de la Corte, hoy mismo se podría contemplar la publicidad de las audiencias en ciertos casos de relevancia institucional para la ciudadanía, con sólo modificar el reglamento interno del máximo tribunal”.

Obstáculos a la participación de la ciudadanía en la búsqueda de la justicia

“En numerosos casos, las cuestiones en debate no conciernen solamente a las partes involucradas en el proceso, sino que la decisión de la Corte puede afectar el interés público. Por ello, el debate hacia el interior del proceso que busca “hacer justicia” en el caso particular, debe ser lo más amplio y participativo posible, de modo de aportar al juez la mayor cantidad de perspectivas y argumentos para que forme su convicción. Un proceso que restrinja la participación a las partes directamente involucradas debilita el debate interno del juicio. Existen diversos mecanismos que brindan la oportunidad a la ciudadanía para aportar su visión sobre el problema en examen y sobre su posible solución jurídica. Uno de estos mecanismos es el amicus curiae, que consiste en la presentación de un documento por parte de un tercero experto ajeno a las partes, que aporta al juez una perspectiva adicional. Esta ampliación de los argumentos jurídicos debatidos en el proceso es un mecanismo de participación ciudadana que vuelve la búsqueda de la justicia una actividad colectiva, no circunscripta a la decisión del juez y a los argumentos de las partes. Además, la oportunidad de agregar estos amici al expediente opera como mecanismo de control al propio tribunal que no podrá pasar por alto argumentos que le fueron acercados por actores de la comunidad, individuos u organizaciones no gubernamentales de reconocido prestigio en la ciudadanía. Este mecanismo ya existe en algunos tribunales superiores locales, como el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nada impide que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique su reglamento interno o emita una acordada para permitir su incorporación al proceso que se sigue ante sus estrados. Por supuesto, y más allá de la posibilidad que tiene el Tribunal de incorporar este instrumento, el Congreso también podría incorporarlo legislativamente al proceso dotándolo de mayor estabilidad”.

Falta de trasparencia en la gestión y funcionamiento del Poder Judicial y, en especial, de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación

“Todos los miembros del Poder Judicial como los funcionarios que componen los demás poderes del Estado son responsables frente a la ciudadanía. Resultan por ello incomprensibles los motivos que permitirían justificar que los magistrados no se encuentren sometidos a los mismos estándares básicos de conducta y rendición de cuentas que pesan para el resto de los funcionarios. En este sentido, los magistrados, y en particular los ministros de la Suprema Corte, deberían sujetarse a las reglas que emanan de la Ley de Ética Pública y, en consecuencia, presentar sus declaraciones juradas de bienes, que hasta el momento se han negado a someter a publicidad plena. Este cambio fundamental en la práctica de la Corte Suprema representaría un gesto de transparencia y confianza para la ciudadanía. Sólo requiere que la misma Corte, y el Poder Judicial en su conjunto, se atengan a las disposiciones de la Ley de Ética Pública, eliminando las trabas y cortapisas que pesan hoy en día, por disposición de la propia Corte, sobre el acceso público a las declaraciones de bienes de los magistrados. Debería facultarse a la Comisión Nacional de Ética Pública, dependiente del Congreso de la Nación, a hacer cumplir esta regulación por ser el órgano de aplicación de la misma. Esta Comisión aún no ha sido constituida —el órgano responsable de esta omisión es el Congreso— y la Corte ha sostenido públicamente que no integraría este órgano”.

Falta de mecanismo de control de la administración del Poder Judicial

“Las tareas de administración que ejercen la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura deberían estar sometidas al control de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Para ello sólo es necesario que el Congreso modifique la Ley de Ministerio Público. Asimismo, y respecto de las facultades mencionadas, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura deberían estar sujetas a regulaciones más generosas que hagan efectivo el derecho a la información pública de la ciudadanía, de modo que cualquier ciudadano esté legitimado activamente para solicitar información en poder de la Corte Suprema y el Consejo, tanto en materia de administración del Poder Judicial como de estadísticas que obren en sus respectivos poderes. La apertura informativa podría lograrse mediante una simple acordada del máximo tribunal y una resolución del Consejo, que establezcan un procedimiento amplio de acceso a la información, o bien a través de una Ley de Acceso a la Información sancionada por el Poder Legislativo y que alcance a ambos órganos. Cabe destacar que ya existe un proyecto de ley preparado por el Poder Ejecutivo sobre esta cuestión, que aún no ha sido enviado al Congreso. Esto último hace recaer parte de esta responsabilidad en el mismo Presidente de la República”.

Igualdad en las cargas públicas y pago de impuestos por parte de los jueces

“La ciudadanía ha manifestado en las últimas semanas su rechazo a todos los privilegios y prerrogativas de que gozan los funcionarios del Estado. En este contexto se ubica la autoexclusión del Poder Judicial en su conjunto, y en particular de la Corte Suprema de Justicia, del pago del impuesto a las ganancias. Si bien es cierto que la Constitución establece la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, ella no puede interpretarse como una excepción al pago de impuestos que tienen los ciudadanos en general por formar parte de una comunidad política. Una vez más, es interesante recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que en el caso O’Malley v. Woodrough (307 U.S. 277, 1939) ha dicho que “sugerir que afecta la independencia de los jueces que asumieron sus cargos luego de que el Congreso les impusiera de las cargas comunes de los ciudadanos, al hacerlos soportar su cuota parte en el costo del mantenimiento del Gobierno, es trivializar la rica experiencia histórica en que los constituyentes basaron las salvaguardias del art. III.” Y agrega: “sujetarlos a un impuesto general es meramente reconocer que los jueces también son ciudadanos, y que su particular función en el Gobierno no les genera inmunidad alguna para compartir con sus conciudadanos la carga material del Gobierno cuya Constitución y leyes se encuentran encargados de administrar”. Nuevamente, es la misma Corte quien puede, en ejercicio de sus facultades, reformular su interpretación constitucional y seguir la línea de argumentación establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, cumpliendo con las retenciones debidas”.

Falta de transparencia en la designación de jueces, en especial de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

“En el último acuerdo del Senado ante las propuestas para Ministros de la Corte provenientes del Poder Ejecutivo, la deliberación pública acerca de los antecedentes y calidades de los nominados fue prácticamente nula. Los acuerdos se lograron entre los partidos políticos fuera del recinto, en reuniones secretas de comisión, o aun fuera del ámbito parlamentario. La selección de la mayoría de los miembros se basó en pliegos de antecedentes incompletos, algunos de los cuales no superaban las cuatro líneas. En otros países, la aprobación por parte de Congreso de los magistrados nominados por el Presidente para formar parte de la Corte Suprema, se lleva a cabo luego de un debate público y de amplia participación, en el cual se da oportunidad a todos aquellos miembros de la comunidad, individuos u organizaciones, de expresar sus opiniones y hasta sus interrogantes respecto de las ideas y el comportamiento de los nominados. Este tipo de procedimientos para la designación de jueces en general y de Ministros de la Corte Suprema en particular, permite incorporar una mayor transparencia al nombramiento y generar un canal de participación de la ciudadanía que logra, en parte, sentir el procedimiento como propio y, por ende, entender la designación como más legítima. Ello no sucede si la designación se hace casi en secreto y sin participación alguna. Otra de las fuentes de deslegitimación de la Corte Suprema es la designación de magistrados de ostensible carácter partidista y sin los antecedentes, la trayectoria pública y el prestigio necesarios para ocupar el cargo. Es menester ser consciente del enorme poder que implica la facultad presidencial de proponer candidatos para cubrir vacantes en la Corte: el ejercicio de esa facultad requiere un delicado equilibrio republicano si no se quiere manchar el funcionamiento del máximo tribunal de sospechas de parcialidad. Para asegurar el adecuado ejercicio de esta atribución, el Poder Ejecutivo podría autolimitar su discrecionalidad, sometiendo sus propuestas a la consulta previa de entidades académicas, asociaciones de abogados y jueces y organizaciones de la sociedad civil, o requiriendo de ellas sugerencias de candidatos. En el mismo sentido, y dada la parquedad de las exigencias de la Constitución para ser nominado magistrado de la Corte, el Poder Ejecutivo podría dictar un código deontológico para la selección de candidatos, fijando estándares mínimos que aseguren una trayectoria y una conducta pública compatibles con la dignidad que el cargo exige. Este cambio fundamental en el proceso de designación puede lograrse mediante la voluntad política y el compromiso del Presidente de la Nación de autolimitarse en la propuesta de jueces afines y restringirse a la búsqueda de personas que gocen de un apoyo plural e intachable. También tiene responsabilidad el Poder Legislativo, que podría sancionar una ley que establezca la publicidad y el mecanismo de audiencia pública para el debate previo a la votación de los acuerdos en el Senado. Finalmente, el mismo Senado podría incorporar estos mecanismos al procedimiento de discusión y aprobación de pliegos mediante una resolución interna”.

Falta de transparencia en el proceso de destitución o remoción de jueces, en especial de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

“Es impostergable establecer los cambios necesarios para terminar con la identificación del juicio político como un “juicio politizado” -cabe recordar que la última intervención del Senado como tribunal de acusación fue en el caso del juez Norberto Oyarbide, a cuyo proceso nos referimos más adelante-. Una simple revisión del procedimiento basta para establecer las cuestiones que permiten sembrar sospechas sobre la independencia de criterio de los senadores al momento de analizar la destitución de un magistrado. Existe una serie de medidas que garantizarían la transparencia del juicio político. Entre ellas, la definición de un plazo determinado para la realización del juicio, que asegure el debido proceso y el derecho a defensa en juicio pero limite su duración. También es fundamental que la sesión sea pública y se difunda previamente el horario de su realización para que los ciudadanos puedan presenciar el juicio. Es esencial que los ciudadanos, las entidades académicas y las organizaciones no gubernamentales puedan monitorear el trabajo de la comisión de juicio político sobre los distintos pedidos pendientes. El caso del juez federal Norberto Oyarbide es un ejemplo paradigmático de esta situación. El juez Oyarbide, luego de dos años de licencia con goce de sueldo, fue absuelto de los cargos que se le imputaban. En este caso se observó un proceso de juicio político injustificablemente extenso, en el que se redujeron a uno-mal desempeño por actitudes y omisiones incompatibles con el decoro y la insospechabilidad de conducta exigibles a todo magistrado-los seis cargos por los cuales era acusado-falta de ética, inconductas en su vida privada, omisión de denunciar un delito como la prostitución, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y supuestas amenazas-. La sesión se realizó el pasado 11 de setiembre, día en que los atentados en los Estados Unidos acaparaban la atención de la opinión pública y los medios de comunicación. Pese a que la votación resultó 21 a 20 favorable a la destitución, no se alcanzó el mínimo necesario de dos tercios de los miembros presentes para separarlo de su cargo. Una vez más, por medio de una ley del Congreso o incluso de un reglamento de funcionamiento interno, este proceso podría obtener mayor claridad”.

1-Del total del 14.770 causas, 6.257 corresponden a casos fallados, 233 a interlocutorios (resoluciones que atañen al trámite procesal pero no tiene carácter definitivo), 8.271 a previsionales fallados (trámites sobre jubilaciones y pensiones) y 9 a interlocutorios en expedientes previsionales. Los datos surgen de las estadísticas 2000 del Poder Judicial de la Nación. Al 31 de diciembre de 1999 había 9.285 expedientes en trámite y 8.203 previsionales en trámite. A la misma fecha de 2000, las cifras ascienden a 10.030 para los expedientes en trámite y 9.975 previsionales en trámite. Los datos no solamente muestran un aumento en el número de causas en las que entiende la Corte Suprema sino también un incremento en el número de expedientes sin resolver.

2-Existen en la Corte, además de los 9 jueces, 11 secretarios del tribunal con cargo equiparable a juez de cámara, 76 secretarios letrados con rango equiparable a jueces, 25 prosecretarios letrados, 21 prosecretarios jefes y 59 prosecretarios administrativos. Fuente: Argentina: Sistema de Justicia 2001/2002, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaria de Justicia y Asuntos Legislativos.

3-En las áreas sustantivas y de administración central se desempeñan 983 funcionarios y empleados; en las áreas de apoyo (que comprenden Mandamiento y Notificaciones; Unidad Pericial; Biblioteca y Jurisprudencia; y Archivo General) trabajan 1.358 funcionarios y empleados. Fuente: Argentina: Sistema de Justicia 2001/2002, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaria de Justicia y Asuntos Legislativos. Actualización. El incremento en el número de funcionarios y empleados ha obligado a la Corte a expandir sus oficinas del cuarto piso del Palacio de Tribunales a otras dependencias del edificio.

La “argentinización” de los Estados Unidos

Estados Unidos siempre fue considerado el emblema de la democracia capitalista. Desde hace más de dos siglos que el pueblo vota a su presidente. Nunca hubo golpes de estado. Eso sí, hubo cuatro presidentes que fueron ejecutados: Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley y John F. Kennedy. Al margen de ello la democracia estadounidense funciona como un reloj suizo. El número de votantes puede variar en cada elección pero ello es fruto fundamentalmente del carácter optativo del voto. Lo real y concreto es que cada presidente que asume lo hace con una innegable legitimidad de origen.

Con Donald Trump esa tradición está a punto de resquebrajarse. En las últimas horas afirmó en la Casa blanca que los demócratas estaban cometiendo un fraude escandaloso, que los votos emitidos por correo, mayoritariamente demócratas, no son válidos, que tenía decidido acudir a la Corte Suprema para frenar semejante atropello. Inmediatamente miles de simpatizantes de Biden salieron a las calles a protestar. El clima político, qué duda cabe, se enrarece cada minuto. Reinan la incertidumbre y el nerviosismo. Nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá en las próximas veinticuatro horas. Todo parece indicar que, si se confirma el triunfo de Biden, Trump lo desconocerá y podría cumplir con su amenaza de recurrir a la Corte suprema. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si ello llegara a ocurrir?

En el día de la fecha (viernes 6) Infobae brinda un pormenorizado informe sobre esta delicada cuestión. Joe Biden está muy cerca de ser presidente. Cuenta aparentemente con 264 electores, está al borde de los 270 que le abrirían las puertas de la Casa Blanca. En septiembre se le preguntó a Trump si garantizaría una transferencia pacífica del poder si Biden ganara. Respondió lo siguiente: “Vamos a tener que ver qué pasa…No habrá transferencia, francamente, habrá una continuación. Las papeletas están fuera de control”. En ese momento ya estaba insinuando la posibilidad cierta de un fraude electoral cometido por el partido demócrata. Horas más tarde el Senado aprobó por unanimidad una resolución que reafirmaba su compromiso con la entrega pacífica del poder el 20 de enero. Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, tuiteó: “El ganador de las elecciones del 3 de noviembre será investido el 10 de enero. Habrá una transición ordenada, tal como la ha habido cada cuatro años desde 1792”. Llama poderosamente la atención la necesidad que tuvo el senador republicano de aclarar lo que resulta obvio para la sociedad norteamericana.

En junio quien fue consultado por este tema fue el propio Biden. No anduvo con vueltas: “Estoy absolutamente convencido de que el Ejército lo escoltará fuera de la Casa Blanca ipso facto”. Sin embargo el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, enfatizó el mes pasado a NPR que su objetivo es mantener a la fuerza que dirige al margen de cualquier disputa electoral. “Esta no es la primera vez que alguien sugiere que podría haber una elección impugnada. Y si lo hay, los tribunales y el Congreso de los Estados Unidos lo manejarán de manera apropiada. Las fuerzas armadas estadounidenses no tienen ningún papel en la determinación del resultado de las elecciones estadounidenses. Cero. Allí no hay ningún papel”.

¿Qué puede pasar si finalmente Trump se niega a reconocer su derrota? Judith Kelley, decana y profesora de la escuela Sanford de Política Públicas de la Universidad de Duke, manifestó que “lo que realmente importará serán los desafíos legales a los resultados oficiales que plantee Trump, que pueden ser tantos que podrían prolongar la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones”. Si bien no existe una norma que obligue a Trump a dar un discurso reconociendo públicamente el triunfo de Biden, las batallas legales podrían provocar una crisis institucional de tal magnitud que podrían influir en los gobernadores a la hora de decidir a quién enviar al colegio electoral, agregó. Respecto a la crisis institucional que mantuvo al país en vilo en 2000 durante un mes y medio a raíz de lo ajustado de la elección entre W. Bush y Al Gore, y de los problemas que ocasionaron las máquinas de votación, Kelley considera que la situación actual es más grave. “El Tribunal Supremo no está ahora ni más ni menos preparado que en 2000…Sin embargo, este año es probable que tengamos batallas legales en muchos estados, y no solo en uno”, destacó. Para colmo, el hecho de que hace muy poco Trump haya incorporado a la Corte a la jueza conservadora Amy Coney Barret, no ha hecho más que enturbiar las aguas.

Emerge en toda su magnitud el proceso de “argentinización” que está experimentando Estados Unidos. Por primera vez en su historia el pueblo eligió en 2016 a un outsider de la política, a un magnate del negocio inmobiliario que hizo su carrera política desafiando al establishment republicano. Ahora bien, ello no significa que Trump sea un antisistema. Por el contrario, está dentro del sistema pero es muy “indisciplinado”. Además, se cree un hombre superior, elegido por la providencia para conducir los destinos de la república imperial. Es megalómano, racista, xenófobo y autoritario. Actúa como un verdadero emperador del mundo. Trata a sus subordinados (entre ellos, a sus ministros) como meros miembros del servicio doméstico. Pero jamás se le cruzaría por la cabeza tocar los interese de Wall Street y/o del complejo militar-industrial. Sin embargo, debe ser la primera vez que el pueblo eligió como presidente a un líder mesiánico que se cree más importante que las instituciones de la república. Sólo la sólida tradición republicana de los Estados Unidos impidió que Trump se convirtiera en dictador.

Lo que está pasando en estos momentos en la potencia del norte se asemeja mucho a lo que tantas veces pasó en nuestro país. Por eso hablo de “argentinización” de la república imperial. Un presidente que no acepta la derrota, un candidato opositor desafiante, un pueblo movilizado, una grieta muy peligrosa y unos medios de comunicación abiertamente pro Biden conforman un escenario propio de nuestro país. ¿Qué pasará de aquí en más en Estados Unidos? Lo más probable es que finalmente impere la cordura y el 20 de enero Biden asuma como nuevo presidente. Pero con Trump nunca se sabe. Evidentemente está dispuesto a dejar todo en la cancha, a hacer lo imposible por impedir que Biden sea su sucesor. Aunque parezca mentira tiene algunas chances de salirse con la suya. El problema es hasta qué punto está dispuesto a tirar más de lo que la piola resiste, es decir, hasta qué punto está dispuesto a poner en riesgo la paz social y la estabilidad democrática.

¿Fascismo antiperonista?

En su edición del 18 de octubre “El cohete” a la luna publicó un artículo de la socióloga Mónica Peralta Ramos titulado “Sonido y furia del fascismo aggiornado”. Luego de analizar la coyuntura económica y política de Estados Unidos y Argentina concluye afirmando la existencia en el país de un “antiperonismo fascista”. La expresión me llamó tanto la atención que apenas concluí la lectura del escrito me formulé la siguiente pregunta: ¿es el antiperonismo fascista?

El peronismo comenzó a germinar a partir del 4 de junio de 1943 cuando el Grupo de Oficiales Unidos encabezó un golpe de estado que derrocó al presidente Castillo. En esa facción militar sobresalía Juan Domingo Perón que no ocultaba su admiración por Benito Mussolini. Con el correr de los meses Perón ascendió rápidamente en la estructura de gobierno logrando acaparar la Secretaría de Trabajo y Previsión, el ministerio de Guerra y la vicepresidencia de la nación. En ese entonces la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Europa era el escenario de guerra entre los aliados, liderados por Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, y el Eje, conformado por Alemania, Italia y Japón. El gobierno conducido formalmente por Edelmiro Farrell era claramente pro Eje, a tal punto que recién el 27 de marzo de1945 le declaró la guerra al Eje. Ello explica por qué Estados Unidos y Europa consideraban a la Argentina un país enemigo.

En febrero de 1946 tuvieron lugar las elecciones presidenciales. Por un lado estaba Perón y su concepción de la comunidad organizada y el peronismo como movimiento. Por el otro, todas las fuerzas políticas tradicionales-desde el conservadorismo hasta el comunismo-fuertemente antifascistas. Esa alianza, apoyada explícitamente por Estados Unidos, se llamó “Unión Democrática”. Luego de la asunción de Perón el 4 de junio de 1946 la antinomia entre el peronismo y el flamante antiperonismo se ahondó irremediablemente. Entre esa fecha y el derrocamiento de Perón el 16 de septiembre de 1955 el antiperonismo fue muchísimas cosas, pero jamás fascista. Por el contrario, era el peronismo el que se acercaba bastante al fascismo. Las fuerzas militares y civiles que derrocaron a Perón fueron antifascistas. Si bien hubo un sector marcadamente nacionalista, cuyo emblema fue el general Lonardi, todas las fuerzas políticas que apoyaron el golpe de estado eran las mismas que estuvieron enroladas en la Unión Democrática una década atrás. La Revolución Libertadora fue antifascista, profunda y visceralmente liberal. Fue apoyada tanto por el conservadorismo, la democracia progresista, el socialismo, el radicalismo y el comunismo.

Entre el 16 de septiembre de 1955 y el retorno de Perón en 1973 el antiperonismo jacobino gobernante fue, a diferencia de la Unión Democrática, profundamente anticomunista, especialmente la dictadura de Ongañía, Levingston y Lanusse. Los gobiernos tutelados de Frondizi e Illia, en cambio, no enarbolaron la bandera del anticomunismo jacobino. Pero fueron antifascistas. ¿Fue fascista, entonces, la Revolución Argentina? Diría que fue profundamente conservadora, antiliberal, clerical, pero no fascista. Fue, obviamente, marcadamente antiperonista, especialmente las presidencias de Levingston y Lanusse. Con el retorno de Perón al poder en septiembre de 1973, un sector del movimiento enarboló la bandera del fascismo. López Rega, Osinde y los “muchachos” de la Triple A fueron fascistas químicamente puros. Luego, durante la última dictadura militar “convivieron” sectores liberales (Martínez de Hoz) con sectores fascistas (Camps y Etchecolatz, entre otros).

A partir de la presidencia de Alfonsín el fascismo residual quedó reducido a la mínima expresión, siendo su cabeza visible Biondini. El peronismo fue “liberal” durante Menem y “nacional y popular” durante el kirchnerismo. El antimenemismo de la década del noventa fue marcadamente progresista mientras que el antikirchnerismo durante las presidencias de Néstor y Cristina fue marcadamente conservador con toques liberales. Pero jamás fue fascista. Ni lo sigue siendo. Por más odio que ese sector de la sociedad le tenga a Cristina Kirchner, lejos está de enarbolar las banderas del fascismo. Todo lo contrario. ¡Cómo se la puede acusar de ser fascista si ama la Constitución de 1853! Dichas manifestaciones, al igual que las actuales contra el gobierno de Alberto Fernández, pueden considerarse reminiscencias de la histórica marcha de la constitución y la libertad del 19 de septiembre de 1945, y de quienes colmaron la Plaza de Mayo el 23 de septiembre de 1955 para darle la bienvenida a Lonardi. Son visceralmente antiperonistas, conservadoras, en las antípodas del fascismo.

¿Por qué entonces la doctora Peralta Ramos asocia el fascismo con el antiperonismo? Muy simple: para socavar la credibilidad de quienes piensan de otra forma. Es una táctica típica de la izquierda. Quien no es de izquierda pasa automáticamente a la categoría de “fascista”, aunque se trate de un defensor de las libertades y derechos individuales consagrados por nuestra carta magna. Es el arma preferida para denostar al otro, para atacarlo, aunque se trate de una falaz afirmación.

Gloria y drama de un boxeador inigualable

Hace 50 años se coronaba campeón mundial de los medianos el santafesino Carlos Monzón. Con un feroz derechazo fulminó al por entonces monarca Nino Benvenuti dando comienzo a un reinado de 7 años. A partir de entonces y hasta su retiro Monzón defendió con éxito 14 veces su corona. Sus víctimas fueron las siguientes:

1-Nino Benvenuti, Montecarlo, 8/5/1971 (fuera de combate en el tercer round)

2-El gran Emile Griffith, Buenos Aires, 25/9/1971 (fuera de combate en el décimo cuarto round)

3-Denny Moyer, Roma, 4/3/1972 (fuera de combate en el quinto round)

4-Jean-Claude Bouttier, París, 17/6/1972 (fuera de combate en el décimo tercer round)

5-Tom bogs, Copenhague, 19/8/1972 (fuera de combate en el quinto round)

6-Bennie Briscoe, Buenos Aires, 11/11/1972 (puntos)

7-Emile Griffith, Montecarlo, 2/6/1973 (puntos

8-Jean-Claude Bouttier, París, 29/9/1973 (puntos)

9-Mantequilla Nápoles, París, 9/2/1974 (fuera de combate en el séptimo round)

10-Tony Mundine, Buenos Aires, 5/10/1974 (fuera de combate en el séptimo round)

11-Tony Licata, Nueva York, 30/6/1975 (fuera de combate en el décimo round)

12-Gratien Tonna, París, 13/12/1975 (fuera de combate en el quinto round)

13-Rodrigo Valdez, Montecarlo, 26/6/1976 (puntos)

14-Rodrigo Valdez, Montecarlo, 30/7/1977 (puntos)

A lo largo de su carrera profesional Monzón cosechó 87 victorias, 9 empates y sólo 3 derrotas. Impresionante. Vi todas sus defensas. Recuerdo que el país se paralizaba. Creo que todos estábamos seguros, antes de que comenzara a pelear, de su victoria. Monzón fue un boxeador temible. Ganaba por demolición. No era vistoso ni le interesaba agradar al público. Como sostenía Tito Lectoure boxeaba para él. Sólo le interesaba una cosa: vencer. Si era por fuera de combate en el primer round mejor. Si había que boxear los quince rounds, lo hacía. Lo que más me impresionó de Monzón, más allá de su mortífero derechazo, fue su mirada. Daba miedo. Su rival más difícil fue Benny Briscoe, un pelado norteamericano que casi lo pone fuera de combate promediando la pelea. Jamás olvidaré su mirada extraviada y su desesperación por evitar caerse. Lo salvó la campana. Luego ganó ampliamente por puntos.

El boxeo le permitió conocer a Alain Delon, una de las máximas estrellas del espectáculo internacional. El francés le abrió las puertas del jet set. Conoció las mujeres más hermosas del mundo como la actriz Ursula Andress, quien se había hecho famosa por actuar con Sean Connery en uno de los primeros films de James Bond. No debe haber sido fácil para Monzón convivir con semejantes personajes. Porque no hay que olvidar cuál era el origen social del campeón. Monzón conoció desde que nació la extrema pobreza en su Santa Fe natal. El boxeo fue para él su tabla de salvación. Tuvo la suerte de contar con la ayuda del notable Amílcar Brusa, su histórico manager, y del dueño del Luna Park, Juan Carlos Lectoure.

Monzón llegó a ser una de los deportistas más populares del mundo. En Argentina llegó a ser idolatrado. Lamentablemente, la violencia de género terminó condenándolo. Siempre se habló de la violencia que Monzón ejercía sobre las mujeres. Pero como era el campeón nadie osaba cuestionarlo. Ni siquiera la famosa Susana Giménez, quien convivió con Monzón durante algunos años. Hasta que llegó el fatídico verano de 1988. Un día de febrero se conoció la noticia que conmocionó al mundo: el campeón era detenido acusado de haber asesinado a quien era por entonces su esposa, Alicia Muñiz. Al cabo del juicio el campeón fue condenado a varios años de prisión. En el verano de 1995, cuando gozaba de libertad condicional, volcó con su autor en una ruta de la provincia de Santa Fe provocándole la muerte instantánea. El entierro fue sencillamente apoteótico. Miles de simpatizantes se congregaron para darle el último adiós. Con posterioridad se elevó en la ciudad de Santa Fe una estatua en su homenaje. Años después, a raíz del auge del feminismo, la estatua desapareció.

Monzón conoció Paris y la cárcel, la riqueza y la extrema pobreza. Fue elevado a la categoría de semidiós y condenado como un reo más. Se rodeó de innumerables “amigos” pero en la cárcel conoció la más extrema soledad. Gloria y drama de un boxeador inigualable.

Excelente artículo de Ernesto Tenembaum

Coronavirus: ¿todo terminó o aún falta lo peor? (*)

El presidente Alberto Fernández anunció el viernes que en las zonas más pobladas de la Argentina la vida recuperará gran parte de las libertades perdidas en marzo de este año. En realidad, Fernández apenas convalidó lo que ya hacía muchas semanas ocurría en ese territorio donde la gente ya se mezclaba cotidianamente y, al mismo tiempo, los casos disminuían día a día. Ese paso puede sugerir que la tragedia está llegando a su fin. Sin embargo, no hay motivos para suponer eso. Puede que se trate de algunas semanas de alivio, o de algunos meses. Pero parece claro, en función de lo que ocurre en el mundo, que hay una amenaza latente, tal vez de una dimensión más temible que la actual. Ese detalle condicionará, más que cualquier otro, el destino político y económico de la Argentina. Todo lo demás es muy menor.

Los datos que ofrece el mundo son muy contundentes al respecto. Ayer murieron 9200 personas de coronavirus: fue el día récord desde el comienzo de la pandemia. Ayer también se conoció que el mundo tiene 571.000 nuevos infectados: otro récord. A la actual tasa de letalidad serán 14 mil nuevos muertos en algunos días, mucho más que el altísimo número actual. Ni curvas, ni mesetas, ni nada: cada vez más casos, cada vez más fallecidos en el planeta. La Argentina, mientras tanto, parece vivir un momento de cierto alivio, al menos si se mira la cantidad de casos y de enfermos en terapia intensiva. Pero, ¿durará ese alivio? ¿Por qué no ocurrirá aquí lo que está sucediendo en Europa? Si eso sucede, ¿en cuánto tiempo será? Ese factor será determinante para poder siquiera especular sobre el futuro político o económico del país. Por bueno o malo que sea el enfoque de Martín Guzmán, por mal o bien que se lleven Alberto Fernández o Cristina Kirchner, decida lo que decida la Corte sobre los tres jueces, todos esos aportes serán marginales ante el aluvión de consecuencias que produjo y, por lo visto, seguirá produciendo el coronavirus. Por ejemplo, en estos próximos días, el Congreso aprobará el presupuesto en tiempo récord. Esa proyección está apoyada sobre una variable que era razonable al momento de ser redactado: que en el 2021 el coronavirus será solo un mal recuerdo. ¿Lo será? Nadie puede asegurarlo.

Todos los tratamientos han fracasado: el plasma, la hidroxiclororquina, el dióxido de cloro. Todas las estrategias cayeron. Quienes sostuvieron que la economía era la prioridad y minimizaron el riesgo, se encontraron con un aluvión de muertos en sus países. Quienes priorizaron la salud e intentaron protegerse, como la Argentina, no lograron evitar el desastre. Los países ricos que tuvieron acceso a testeos masivos y de primera calidad empiezan a entrar, resignados, uno a uno, una vez más, a confinamientos estrictos y toques de queda. Separarse es el único remedio. Pero tampoco es un remedio: ya sabemos que nadie puede separarse para siempre. En ese contexto, se explica el viaje de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, a la Federación Rusa, y la firma del acuerdo con AstraZeneca, así como todas las febriles gestiones que se están haciendo alrededor del mundo para acceder a algo que, en definitiva, aún es una quimera, una fantasía, una ilusión: la vacuna. La aparición de una vacuna, efectivamente, despejaría un poco el futuro, daría algo más de tiempo para convivir con una amenaza que no terminará ese día. Pero nada garantiza que esa vacuna sea una realidad en poco tiempo. De lo contrario, no se aplicaría la tercera fase. Si se aplica, es porque se quiere confirmar algo que aún no está terminado. El resultado puede dar negativo. No sería la primera vez. Todos los científicos lo saben.

El Gobierno argentino anunció la finalización del aislamiento obligatorio luego de un proceso extenuante, durante el cual aplicó una de las estrategias más estrictas para combatir el coronavirus. Durante largos meses de angustia, ese camino pareció ser de los más efectivos del mundo. Cuando la cuarentena se quebró de hecho, empezaron a crecer los casos y luego los muertos. Hoy la Argentina es uno de los países más afectados del mundo. En pocos días tendrá incluso más muertos por millón de habitantes que el irresponsable Brasil de Jair Bolsonaro.

¿Por qué?

La Argentina pudo evitar muchas muertes gracias a que el sistema de salud se preparó y casi nadie quedó sin atenderse. De no haber ocurrido eso, entonces, tendríamos muchas más muertes que todo el resto de los países del mundo, los que se cuidaron y los que no. ¿Hay una condena divina? Nadie tiene respuesta a esa pregunta: solo balbuceos, acercamientos o especulaciones. Por momentos, pareció tomar cuerpo la crítica que le reprochaba no haber realizados suficientes tests y rastreos. Pero otros países que sí lo hicieron tampoco ahorraron muertes. Europa occidental sufrió el primer golpe mortal durante nuestro lejano otoño, cuando aun teníamos esperanza de que nuestra conducta podía frenar, al menos en alguna medida, la tragedia. Desde allí provenían las imágenes de la gente aplaudiendo a los médicos en los balcones, y de los médicos llorando de impotencia en las terapias intensivas. Morían cada día un millar de españoles, italianos, franceses, e ingleses, por día. Pero luego, el virus les dio un respiro, ¿Por qué? La ciencia solo puede aportar balbuceos, especulaciones. ¿Y por qué volvió ahora con semejante virulencia? Tampoco se sabe. ¿Volvió el mismo virus? ¿Volvió distinto? Si volvió distinto, ¿servirá alguna de las vacunas que se están experimentando entre miles y miles de voluntarios alrededor del planeta? Nadie sabe.

Por lo pronto, luego de tantas ilusiones frustradas, tal vez sea realista suponer que, de no existir la vacuna, en unos meses el desafío volverá, y tal vez con mayor agresividad. En ese marco de incertidumbre, las herramientas tradicionales del análisis político y económico no sirven. Están rotas, como todos los parámetros que utilizábamos los seres humanos para programar nuestras vidas antes de marzo de este año. El futuro está en tinieblas. Cristina, Alberto, Mauricio, Donald, Joe, Jair, Evo, por solo nombrar a algunos, son personajes importantes pero pequeñísimos frente a este huracán que no para. La incertidumbre política tiene que ver, en lo inmediato, con la relación entre los gobiernos y sus sociedades. La incertidumbre económica, con los números habituales de los países: PBI, desocupación, pobreza, inflación. Pero hay algo más profundo que nadie está en condiciones de prever. ¿Cómo cambiará la mente de las personas este aluvión de incertidumbre? ¿Hacia dónde guiará sus decisiones tanta angustia acumulada? ¿Contra quién dirigirá su impotencia? ¿Cuánto será capaz de aguantar?

Mientras tanto, en el día de ayer, Francia informó al mundo que, en su territorio, habían fallecido 818 personas infectadas de coronavirus. Entre ellas estaba Fernando “Pino” Solanas, uno de los políticos nobles que tuvo la Argentina. Pino falleció en terapia intensiva en Paris, desde donde, aún moribundo, enviaba conmovedores y fatigosos mensajes a los jóvenes que no se resignan al suicidio ecológico que está viviendo la especie humana. “Creo que el coronavirus me está ganando”, dijo, en uno de esos mensajes póstumos a los jóvenes que lo consultaban desde Buenos Aires y a los que dedicaba tiempo con pasión y generosidad.

No solo le estaba ganando a él.

Por ahora, le está ganando a toda la especie humana.

Nada ha terminado todavía.

(*) Infobae, 8/11/020

Hernán Andrés Kruse

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EL SUEÑO DEL PIBE
EL SUEÑO DEL PIBE
13 days ago

MI SUEÑO ES VERLA PRESA, PUDRIÉNDOSE EN LA CÁRCEL.