Picada de noticias

“Quien calla otorga”

El miércoles pasado una librería porteña (Kokoro Libros), convocó, a través de Twitter, a quemar libros de la ensayista Beatriz Sarlo: “Hoy 5 pm quemamos los libros de Beatriz Sarl@ en vivo (creo que tengo uno). Harta de esa señora. Que se atraganten en su mala leche”. Afortunadamente el tuit apenas estuvo en línea diez minutos obteniendo muy pocos likes y retuits.

El viernes Telenoche Investiga dio a conocer a la opinión pública un hecho escalofriante. Mujeres que forman parte de comunidades aborígenes formoseñas aseguran que las fuerzas de seguridad hacen operativos durante la madrugada para secuestrar a aquellas mujeres que están a punto de parir. Una vez que dan a luz son obligadas a entregar sus bebés a la policía, que se queda con ellos durante dos semanas. Son los estragos que está causando la pandemia. Las embarazadas no tienen más remedio que viajar hasta la localidad de Las Lomitas para tener a sus hijos. Como el protocolo obliga a que en las ambulancias viaje un solo paciente, luego de dar a luz los bebés son subidos solos a una ambulancia para ser conducidos a neonatología de la ciudad capital. De esa forma durante las primeras dos semanas las madres no pueden ver a sus bebés.

La quema de libros es propio de los sistemas dictatoriales y totalitarios. Hitler se ensañó con aquellos libros que le molestaban y en nuestro país hubo quema de libros durante la última dictadura militar. Es probable que los dueños de Kokoro Libros estén arrepentidos por haber incitado a la quema de los libros de Sarlo, pero realmente no deja de sorprender que quienes dicen apoyar a un gobierno progresista levanten la bandera de la quema de libros para congraciarse con las autoridades nacionales.

Lo de Formosa hace recordar lo que les sucedía a las detenidas por las fuerzas de tareas que estaban a punto de dar a luz. Una vez que nacían sus bebés los militares se apropiaban de ellos para evitar que en el futuro siguieran el ejemplo de sus padres terroristas. Esta atrocidad tuvo lugar en los centros clandestinos de detención entre 1976 y 1983.

Hasta el momento no ha habido de parte del gobierno nacional ninguna crítica al respecto. ¿Ello significa que aprueba semejantes demostraciones de barbarie? Porque como se dice habitualmente “quien calla otorga”.

¿Hará Macri “la gran Cristina”?

Mauricio Macri es un animal político. Odia perder. Aún no digirió la derrota de 2019. Retornar a la presidencia en 2023 es su obsesión. Pero tiene un gran problema que resolver: su altísima imagen negativa a lo largo y ancho del país. Astuto y pragmático, el ex presidente decidió seguir el camino trazado por Cristina Kirchner. Luego de analizar con lujo de detalles los pasos dados por Cristina para retornar al poder en 2019 llegó a la conclusión que lo mejor era imitarla.

Lejos está de ser una casualidad la aparición del libro de Macri (“Primer tiempo”). ¿Acaso Cristina no comenzó su carrera a la presidencia publicando un libro que fue récord de ventas? Pues bien, Macri decidió hacer lo mismo. En estos momentos debe sentirse exultante por la decisión, insólita por cierto, de algunas librerías de no vender su libro. Cecilia Fanti, escritora y dueña de la librería céspedes, decidió no venderlo. “Esto es algo que hacemos todos los meses”, planteó. “Cuando envían una grilla, la devolvemos en cero y, cuando mandan un único título, lo pedimos en particular. El gasto logístico de la editorial y el gasto en tiempo y trabajo administrativo que nos ahorramos redunda en beneficio para todos. ¿Por qué? Porque somos una librería de barrio, pequeña y literaria. Consideramos que no hay nada que actualice ni sea más actual que la literatura. A eso nos dedicamos. A cruzar libros y lectores. A aportar nuestro conocimiento en el nacimiento y cultivo de ese gusto. A que ese libro viva para siempre sin volverse obsoleto en una librería. A mirar catálogos en detalle y encontrar libros olvidados en depósitos para traerlos a las mesas. A reclamar reediciones de libros fundamentales de la literatura que están agotados. Para todo lo demás está MasterCard, Mercado Libre y las grandes superficies”. Por su parte, Rubén Acosta, de la librería En el viento, señala que “no es una cuestión ideológica, sino netamente comercial. El problema es la no relación de las librerías independientes con el Grupo Planeta, que no nos abre cuentas” (fuente: Luciano Sáliche, “Por qué algunas librerías no van a vender el libro de Macri”, Infobae, 12/3/021).

Por más que los dueños de las librerías que decidieron no vender el libro de Macri esgriman razones económicas, lo cierto es

que el factor ideológico es fundamental. Sus dueños no venderán el libro porque son enemigos de Macri. Es una pena porque pone en evidencia hasta qué punto la intolerancia se ha adueñado de nosotros. Si fuéramos un país normal el libro de Macri estaría a la venta en todas las librerías, las poderosas y las de barrio, y el público sería el encargado de dar el veredicto con su decisión de comprarlo o no.

Es probable que Macri no esté sorprendido con esta decisión. No sería de extrañar que a partir de ahora haga flamear la bandera de la intolerancia. La victimización siempre fue en la Argentina una herramienta utilizada por los políticos para granjearse las simpatías de la opinión pública. En consecuencia, esas librerías progresistas no hacen más que hacerle el juego a Macri. Terminan siendo funcionales a sus intereses ya que le garantizan una gran venta de su libro. En efecto, un ciudadano “independiente”, al observar esa actitud de las librerías, puede llegar a la conclusión de que vale la pena comprar ese libro porque por alguna razón ha hecho enojar tanto a la contra.

Creo que la venta del libro será exitosa, tal como lo fue el libro de Cristina. Pero al igual que la vicepresidenta, Macri tiene un techo electoral muy bajo. Y aquí emerge el gran interrogante: ¿se atreverá a hacer “la gran Cristina”, es decir, a ofrecerle a alguien de su confianza la candidatura presidencial reservándose él la candidatura a la vicepresidencia? Para ello necesitaría tener a mano un “Alberto Fernández macrista”, es decir un dirigente sin votos pero capaz de acercar posiciones dentro de JpC. El gran problema que se le presentaría a Macri es que, a diferencia de Cristina, hay otros dirigentes, como Larreta y Cornejo, por ejemplo, con aspiraciones presidenciales. En otros términos: Cristina no necesitó de ninguna interna para imponer la candidatura de Alberto. Macri, por el contrario, se verá obligado a competir con los dirigentes recién mencionados, salvo que su imagen positiva crezca de aquí al 2023 de manera tan vertiginosa que apabulle a sus competidores. Lo cual es altamente improbable.

Surge el “Frente Vamos”. El FdT, agradecido

Por fin el gobierno recibió un mimo. En las últimas horas los dirigentes conservadores José Luis Espert, Luis Rosales, Ricardo López Murphy y Javier Milei acordaron confluir en una coalición denominada “Frente Vamos” para competir en las legislativas de octubre. En este frente confluyen históricos partidos como el Partido Autonomista Nacional de Romero Feris, el Partido Demócrata y la Ucedé, y partidos nuevos como Republicanos Unidos, el Partido Liberal Republicano y Avanza Libertad y Valores. En un comunicado conjunto se afirma que la meta del frente es “levantar la bandera del federalismo republicano y salir del círculo vicioso bipartidista que conduce una y otra vez al fracaso” (fuente: Infobae, 11/3/021).

Resulta verdaderamente desopilante que en pleno siglo XXI haya dirigentes conservadores que todavía se ilusionen con una fuerza conservadora pura, capaz de proteger y ensalzar los principios liberales consagrados por nuestra carta magna. Realmente viven en una burbuja. Su desconocimiento de la idiosincracia del pueblo argentino es supino. Creen que desde el poder se pueden aplicar los principios liberales sin importar los costos políticos que ello implica. Están convencidos de que el desastre ocasionado por el kirchnerismo y el macrismo es tan profundo que millones de argentinos sumidos en la desesperación se sumarán a la cruzada liberal.

¿Se trata de una ingenuidad política de proporciones? Cuesta creerlo porque los dirigentes mencionados serán muchas cosas menos ingenuos. Ellos saben muy bien que en la Argentina una coalición conservadora químicamente pura está condenada al fracaso electoral. Sueñan con una Argentina sin sindicatos y con un Estado mínimo. Es una utopía, un sueño inalcanzable. ¿Por qué entonces insistir con una empresa política que se estrellará contra la realidad? Sus seguidores exclamarán que en la vida hay que perseguir ideales aunque sean de imposible realización. Están en todo su derecho pensar de esa manera. Merecen, qué duda cabe, todo el respeto del mundo.

Ahora bien ¿Espert, Rosales, López Murphy y Milei son idealistas que están dispuestos a sacrificarlo todo con tal de modificar el sistema político argentino? Me permito dudar de ello. Creo sinceramente que estos dirigentes piensan exclusivamente en su propio provecho (una banca en diputados, por ejemplo). Pero lo más nefasto de estos personajes es que con su decisión de crear esta coalición no hacen más que restarle votos a JpC. Si en octubre este frente llegara a sacar el 6/7% de los votos le ocasionaría a JpC un daño inconmensurable o, si se prefiere, le permitiría al FdT obtener un triunfo imprescindible.

Este frente es funcional a ese oficialismo tan denostado por Espert, López Murphy, Rosales y Milei. Días pasados Milei afirmó en el programa de Viviana Canosa que el kirchnerismo es el cáncer de la Argentina. Pues bien, el flamante frente conservador no hace más que contribuir a profundizar su metástasis. Surge, por ende, la pregunta central: ¿cuáles son las verdaderas razones de estos dirigentes de crear un frente que atenta contra las chances electorales de JpC? Si uno hiciera volar la imaginación estaría tentado a afirmar que el oficialismo financiará con gusto la campaña electoral del “Frente Vamos”. Quizá, en el fondo, haya tenido razón Perón cuando en su momento afirmó que al final “todos somos peronistas”.

El turno de Beatriz Sarlo

Primero fue el inteligente Horacio Verbitsky. El director de El cohete a la luna reconoció en una entrevista radial que había logrado vacunarse de manera clandestina gracias a sus contactos con el entonces ministro de Salud, Ginés González García. Pocas horas más tarde, el ministro sanitarista fue eyectado del cargo.

Ahora es el turno de una mujer inteligente, la escritora Beatriz Sarlo. La ensayista se presentó hace unas horas como testigo ante la jueza macrista María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano que investigan el vacunatorio VIP. Declaró que fue la esposa del gobernador Kicillof, Soledad Quereilhac (antigua alumna de Sarlo), quien le ofreció aplicarse la vacuna de manera clandestina (“debajo de la mesa”, fueron sus palabras textuales). “El ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de Siglo XXI, Carlos Díaz. Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna”, manifestó Sarlo. Yo no tendría problemas en ponerme la vacuna, pero no quería que se transforme en un toma y daca, por vacunar a una persona conocida. Estaba esperando que me tocara, de acuerdo a mi edad (tiene 78 años) y mi lugar de residencia (CABA)”. Antes de que Verbitsky prendiera el ventilador Sarlo había asegurado en televisión que le habían ofrecido la vacuna “bajo la mesa” es decir de manera ilegal. Su respuesta fue terminante: “Jamás, prefiero morirme ahogada de Covid”. Luego, ante una consulta, afirmó que sólo revelaría la identidad de la persona que le hizo el ofrecimiento si un fiscal la convocaba. Hace unas horas cumplió con su palabra (fuente: Infobae, 10/3/021).

La dura respuesta del gobernador bonaerense no se hizo esperar. Indignado, Kicillof aseguró, en diálogo con el canal TN, que existe “una campaña de odio contra mi familia y mi esposa. Es mentira (que su esposa le ofreció a Sarlo la vacuna), es un ataque absolutamente canalla contra mi familia y mi esposa. Nadie le ofreció nada a nadie por debajo de la mesa, mi esposa no ofrece vacunas, no se vacunó, ni mi mamá, ni mi suegra, ni nadie de mi familia, salvo yo”. Luego expresó: “cuando se inicia la posibilidad de que llegue una vacuna, empezaron las denuncias, entre otras de Elisa Carrió, que el 22 de diciembre nos denunció por envenenamiento. Decían “quiero ver como el presidente se pone la vacuna porque es trucha”. Ya estábamos recibiendo vacunas, necesitábamos que la gente se quisiera vacunar. Se me ocurrió y lo dije públicamente que referentes que no fueran del oficialismo se vacunaran para darle credibilidad a la vacuna”. Habían tratado de politizar la vacuna, entonces dije que iba a destinar 100 vacunas para que vean que no es venenosa, y ahí empezamos a tantear de muchas formas a ver quién quería participar de la campaña. Algo más arriba de la mesa no se me ocurre. La idea era que se vacunaran, se sacaran una foto y terminar con ese trabajo de desprestigio contra la vacuna” (fuente: Infobae, 10/3/021).

Sin embargo, en un artículo publicado hoy en El Destape el periodista Ari Lijalad expresa que Sarlo siempre supo lo del ofrecimiento de ser parte de una campaña de concientización pública en compañía de otros referentes de la cultura. La ensayista reconoció ante la jueza y el fiscal que dicho ofrecimiento no se produjo “por debajo de la mesa” sino que formaba parte de dicho programa de concientización. Fue la estrategia elegida para contrarrestar, aseguró, la campaña de desprestigio lanzada por la oposición y la prensa corporativa contra la vacuna rusa. En un mail que Sarlo entregó a la Justicia se lee lo siguiente: “no tengo ningún inconveniente de que se utilice mi nombre expresando mi deseo de vacunarme. Pero no quiero vacunarme antes de que me toque solo porque soy un nombre conocido”. Como bien señala Lijalad la ensayista mintió a conciencia cuando afirmó que le habían ofrecido vacunarse “por debajo de la mesa”.

Por más que Sarlo jure y perjure a partir de ahora que jamás existió de parte del gobierno un ofrecimiento para vacunarse por debajo de la mesa, el daño ya está hecho. Pero lo más notable es el daño que se autoinfligió la ensayista. Su credibilidad quedó severamente dañada. Porque desde que Sarlo hizo semejante denuncia pasaron varias semanas. ¿Qué necesidad tuvo de mentir de manera tan alevosa? ¿Justo ella, una intelectual de fuste que en sus artículos no se cansa de criticar-y con razón- la corrupción política? ¿Qué autoridad moral tendrá de aquí en más para seguir enarbolando la bandera de la ética republicana? Confieso no entender a Sarlo. ¿Qué necesidad tuvo de embarrarse de manera tan gratuita? Evidentemente hay algo mucho más denso que desconocemos y que seguramente está vinculado con lo electoral. No hay que ser un fino analista político para darse cuenta que de aquí hasta que se celebren las elecciones escándalos como el de Sarlo se sucederán sin solución de continuidad.

El desprecio por nuestros viejos

Las escenas son sencillamente dantescas. Una fila interminable de hombres y mujeres con más de ochenta años aguardando ser vacunados. El escenario es el mítico Luna Park. El intenso calor dejó sus huellas sobre los atribulados viejos. Muchos se desmayaron a raíz de la interminable espera y el sol implacable. Se trató de un injusto y cruel castigo para la clase pasiva, como si ser viejo constituyera un crimen. Confieso desconocer las razones de semejante menosprecio por nuestros viejos. Lo concreto es que lo que se vivió ayer en Luna Park no constituye ninguna novedad. Desde hace décadas que los jubilados y jubiladas se ven obligados todos los meses a soportar un calvario para cobrar sus míseros haberes. Cuesta creer que las autoridades no hayan encontrado la manera de evitar semejante escarnio. ¿Se trata de incompetencia o directamente de negligencia criminal? A esta altura me inclino por lo segundo.

Para echar más leña al fuego el ministro de Salud porteño, Ferrán Quirós, se limitó a disculparse y a reconocer no haber previsto algo elemental: que los viejos no irían solos al Luna Park sino acompañados por familiares. Como siempre sucede en la Argentina primero se produce la tragedia y luego los responsables piden perdón. Pero el daño se hizo. Los ancianos que estuvieron esperando hasta el infinito ser vacunados en el Luna Park jamás olvidarán semejante afrenta. Una vez más fueron ultrajados por un poder inmisericorde, frío y despiadado. Fueron denigrados por un poder que distingue entre viejos vip y viejos de segunda.

Emerge en toda su magnitud la cobardía de nuestros gobernantes. En este caso se trata de Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, quien no hizo absolutamente nada por evitar el escarnio. Pareciera no percatarse que, si Dios lo permite, él también llegará un día a tener más de 80 años. ¿Le gustaría que en ese momento el poder lo maltrate como lo hace con los viejos de hoy? Pero eso al lord mayor de la CABA lo tiene sin cuidado. Total, a la hora de emitir el voto el grueso de los viejos porteños, históricamente antiperonistas, votarán por JpC.

También emerge en toda su magnitud el blindaje mediático que rodea a Larreta. Si bien hubo críticas, fueron leves y de compromiso. ¿Qué hubiera pasado si el jefe de gobierno de la CABA hubiese sido su competidor, Matías Lammens? La prensa lo hubiera crucificado. Pero como se trata de un presidenciable anti K fue protegido.

Por último, quedó dramáticamente en evidencia la desprotección en la que se encuentran los viejos. Abandonados a su suerte carecen del poder que se necesita para hacer valer sus derechos. Y el poder lo sabe. Larreta es consciente de ello. Por eso se da el lujo de maltratarlos porque sabe que al final no pasa nada. En el fondo se trata de un acto de cobardía vil e innoble. Se trata de una nueva demostración de vileza de una clase política despreciable y corrupta.

¿El fin del albertismo?

En las últimas horas el presidente volvió a recibir otro golpe. El primero fue el despido de Ginés González García por el vacunagate. El segundo fue la serie de movilizaciones que tienen a maltraer a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa. El tercero es la “renuncia” de Marcela Losardo, ministra de Justicia.

La doctora Losardo es una jurista muy ligada a Alberto Fernández desde hace varias décadas. Es tal el vínculo que los une que el presidente no dudó en ofrecerle una cartera complicada, la de Justicia. Alberto Fernández necesitaba sí o sí contar en ese ministerio con alguien de su más absoluta confianza, incapaz de traicionarlo, de cortarse solo. Marcela Losardo era, qué duda cabe, la indicada.

La ahora ex ministra de Justicia sabía desde el principio en qué ciénaga se estaba metiendo. Era perfectamente consciente de que se sentaba en un sillón extremadamente caliente. Sabía que no gozaba de la confianza de Cristina Kirchner, la poderosa vicepresidente de la nación. Sabía que apenas Cristina comenzara a sentirse molesta por el avance de las causas judiciales que la tienen a maltraer, comenzaría a presionarla.

Losardo fue una fiel ladera de Alberto Fernández. Apoyó su tan declamada reforma judicial pero siempre mantuvo un bajo perfil. En un momento se publicaron algunas fotos en las que se la ve sonriente junto al doctor Lorenzetti, un supremo que está en la mira de Cristina. La ex ministra tenía (los sigue teniendo, en realidad), evidentemente, sólidos y fluidos contactos con la corporación judicial. Alberto Fernández estaba perfectamente al tanto. No hay que olvidar que desde hace casi cuatro décadas comparten en calidad de socios un estudio jurídico.

Durante los primeros meses de gestión albertista Marcela Losardo pasó inadvertida. Hasta que tuvo lugar aquel famoso acto público en el estadio único de La Plata donde la vicepresidente exclamó que había funcionarios que no funcionaban, en clara alusión a Losardo. Cristina le había bajado el pulgar. Alberto no se dejó amilanar y la mantuvo en el cargo. Era lógico que actuara de esa manera porque un despido de Losardo inmediatamente después del ataque de Cristina hubiera significado una rendición incondicional. Pero la presión continuó y la amiga personal del presidente resistió hasta donde pudo.

El 1 de marzo el presidente leyó un discurso muy duro, para nada conciliador. Uno de sus ejes fue la Justicia. Cristina, a su lado, lo escuchaba complacida. Días más tarde la vicepresidente, en su alegato en la causa dólar futuro, responsabilizó a ciertos jueces por el lawfare del que se considera víctima. Las autoridades políticas más importantes del país le habían declarado formalmente la guerra al Poder Judicial. En ese clima se produjo la salida de Marcela Losardo. A partir de entonces comenzaron a tejerse un buen número de hipótesis sobre el tema. ¿Losardo renunció de manera voluntaria o fue despedida por el presidente? Al margen de ello me parece que lo más relevante es lo siguiente: ¿por qué el presidente no fue capaz de defender a su ministra de máxima confianza? ¿Tan fuertes fueron las presiones del kirchnerismo que terminaron por doblegar a Losardo y al propio Alberto Fernández? ¿O simplemente Alberto se desprendió de su “amiga” porque consideró que sería incapaz de apoyarlo en esta guerra santa contra la Justicia?

Aquí cabe retornar al principio de esta reflexión. Losardo sabía muy bien lo que le esperaba. No puede haberla tomado por sorpresa la embestida de CFK. ¿Entonces por qué aceptó ser ministra de Justicia? Quizás creyó que estaba en condiciones de soportar el ataque y al producirse se dio cuenta de que no podría aguantarlo. Puede ser. Según Clarín la ex ministra no estuvo dispuesta a hacer el trabajo sucio, es decir, a meterse en el fango. Entonces no imaginó al asumir que en algún momento no tendría más remedio que ensuciarse. Es probable que en las últimas horas se haya producido el siguiente diálogo entre Losardo y Alberto:

Losardo: “Alberto, no puedo más. Cristina me tiene harta. No puedo más”.

Alberto: “Pero Marcela, vos sabías muy bien en qué lugar te estabas metiendo. Te lo advertí desde el principio”.

Losardo: “Ya lo sé, pero jamás imaginé que me iba a afectar de esta manera. Vos me conocés muy bien y sabés que hay cosas que no estoy dispuesta a hacer”.

Alberto: “Te conozco muy bien pero la verdad es que te necesito. Sólo confío en vos para ocupar el cargo de ministra de Justicia”.

Losardo: “Lo siento Alberto. Sé que me tenés confianza pero no puedo seguir”.

Alberto: “Te entiendo Marcela. Llegamos a una situación límite que demostró que no estás dispuesta a cruzar un límite”.

Losardo: “Así es Alberto. Hasta aquí llegué”.

Ahora el presidente deberá elegir al sucesor de Losardo. Lo más probable es que designe a alguien muy ligado al Instituto Patria. La prensa comenzó a lanzar un par de nombres pero conviene ser cauto. Lo concreto es que la autoridad de Alberto Fernández es cada vez más débil dada su incapacidad para detener el avance incontenible del kirchnerismo. ¿Estamos en presencia del fin del albertismo?

La histórica frase de Cordell Hull

Año 1939. El tirano de Nicaragua, Anastasio “Tacho” Somoza, estaba por visitar Washington. Cordell Hull era el Secretario de Estado del presidente Franklin D. Roosevelt. Fue entonces cuando el funcionario lanzó su histórica frase: “puede ser que Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Reconocía que el Tacho era la antítesis de la democracia liberal enaltecida por Estados Unidos pero era un aliado en la región centroamericana, un presidente confiable. Roosevelt sabía que podía contar con sus servicios si la situación en esa parte de América se tornaba complicada.

Lo mismo debe pensar Alberto Fernández de Gildo Insfrán: “Puede ser que Gildo sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. El presidente sabe muy bien que en Formosa no rige el estado de derecho. Que no existe la liberta de prensa. Que el pueblo vota con miedo. Que reinan la delación y la obsecuencia. Que la libre iniciativa está prohibida. Que la impunidad es norma. Sin embargo, el presidente no se ha cansado de alabarlo. Y para que no quede ninguna duda de su “simpatía” por el gobernador formoseño, este mediodía estuvieron juntos en Casa de Gobierno celebrando el Día de la Mujer.

¿Por qué Alberto Fernández decidió apoyar a Gildo Insfrán? Por una simple y contundente razón: porque Insfrán es un peronista que está alineado con el gobierno, porque es del palo. Perón inmortalizó la siguiente oración: “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”. Lo que hizo Fernández fue seguir al pie de la letra la enseñanza del General. Para un peronista como él no hay nada mejor que otro peronista como Gildo. No interesa su lado oscuro. ¿Qué político no lo tiene, en última instancia? Pero además existe una razón que se vincula con lo electoral. El presidente necesita imperiosamente contar con el apoyo de los gobernadores del PJ para tener buenas chances en unas elecciones que se presentan bastante complicadas para el oficialismo. Si en este momento tomara la decisión de salir a criticarlo con dureza, los colegas de Insfrán podrían hacer causa común con él y conformar una liga de gobernadores enfrentada con el gobierno nacional. Para Alberto Fernández ello le garantizaría a la oposición la victoria electoral.

Atinadamente Alberto Fernández decidió apoyar a Insfrán. Lo suyo ha sido de manual. De no haberlo hecho hubiera cometido un acto de traición imperdonable. Y muchos peronistas podrían castigarlo en las urnas. Y ya se sabe que el peronismo tolera todo menos la derrota. Alguien que todavía cree en el idealismo político, en las fuerzas morales, podrá exclamar: “¡pero cómo el gobierno puede apoyar a un personaje nefasto como el gobernador de Formosa!” Esa persona, obviamente, debería leer a Maquiavelo. En política lo único que cuentan son los resultados. No interesan los métodos de que se vale el príncipe para gobernar sino sólo su eficacia. En política sólo importa tener éxito, es decir, ser victorioso, ganar. Y si para garantizar la victoria no hay que dejar solos a personajes como Gildo Insfrán, se actúa en consecuencia. Aunque en la intimidad su sola mención provoque arcadas.

Ricardo Rojas y el ideal de Mayo

(última parte)

Ser y Sociedad, 3/11/021

La sinuosa personalidad del Deán Funes

El Deán Funes es otro de los grandes protagonistas de la gesta de Mayo. De ahí que Ricardo Rojas le haya dedicado un espacio en el capítulo dedicado al ideal de Mayo. Nació un 25 de mayo de 1749 en la ciudad de Córdoba, epicentro del imperio jesuítico. Cuando ingresaba a la juventud fue protagonista de la expulsión de sus maestros (1767). Durante sus primeros dieciocho años el Deán Funes vivió bajo la protección de sus padres, dedicando gran parte de las horas del día al estudio. Fue alumno del Colegio Monserrat-ahí aprendió latín-y luego pasó a la universidad para estudiar filosofía y teología en su versión escolástica. Dueño de un gran sentido de la autocrítica reconoció en las postrimerías de su vida lo que consideraba eran falencias del sistema educativo de su época: “Es preciso confesar que estos estudios se hallaban corrompidos por todos los vicios de su siglo” (…) “La lógica o el arte de raciocinar padecía notables faltas. Oscurecidas las ideas de Aristóteles con los comentos bárbaros de los árabes, no se procuraba averiguar el camino verdadero que conduce a la evidencia del raciocinio. La dialéctica era una ciencia de nociones vagas y términos insignificantes, más propia para formar sofismas que para discurrir con acierto. La metafísica presentaba fantasmas que pasaban por entes verdaderos. La física, llena de formalidades, accidentes, quindes, formas y calidades ocultas, explicaba por estos medios los fenómenos más misteriosos de la naturaleza. La teología no gozaba de mejor suerte. Lo mismo que la filosofía, experimentaba su corrupción. Aplicada lo filosofía de Aristóteles a la teología, formaba una mezcla lo profano y lo espiritual. Se había abandonado el estudio de los padres por dar lugar a cuestiones frívolas e impertinentes. Razonamientos puramente humanos, sutilezas, sofismas engañosos, esto fue lo que vino a formar el gusto dominante de estas escuelas” (Funes, “ensayo de historia civil”, etc. op.cit., tomo I, cap. XVI, en Ricardo Rojas: “Historia de la literatura argentina”, ed. Guillermo Kraft Limitada, Bs. As., tomo V, 1957, pág. 86). En este párrafo queda expuesta su gran capacidad intelectual y su honestidad en reconocer los vicios que aquejaban a aquella escuela jesuítica.

La educación del Deán Funes se impregnó de latinidad. Durante el primer trienio sus maestros le enseñaron a reemplazar la lengua autóctona por la romana y a aceptar los pensamientos de Virgilio, Horacio, Quintiliano y Cicerón. Durante el trienio filosófico le fueron impartidas las enseñanzas de Aristóteles, Santo Tomás, Lombardo y Suárez. Durante el quinquenio teológico le enseñaron el formidable sistema teológico tutelado por el papa, el rey, Loyola y el general de su milicia. Esa férrea enseñanza dogmática no hizo más que destruir su personalidad, enfatiza Rojas. En la vida práctica, en la vida de todos los días, el hombre así educado podía sortear los problemas que se le presentaban valiéndose de las sutilezas del razonamiento escolástico y las sinuosidades propias de la conducta cortesana. En otros términos: semejante educación hacía del hombre un ser poco apto para llevar una vida recta y cristalina. Es por ello, sentencia Rojas, que tuvo una conducta poco frontal durante aquellas álgidas jornadas revolucionarias. El Deán Funes fue el símbolo del espíritu colonial y reaccionario de su época. Representó la antítesis de Mariano Moreno, Monteagudo y Gorriti. Su progenitor, don Juan José Funes y Ludueña, formaba parte de la oligarquía primigenia de la época de Cabrera; su madre, doña María Josefa Bustos de Lara, se consideraba una hidalga por su parentesco con los bustos radicados en Chile. En ese ámbito familiar el Deán Funes bebió las fuentes de la aristocracia y del respeto férreo por las jerarquías. Su personalidad oligárquica fue alimentada en la universidad jesuítica cuya enseñanza era una apología de las verdades reveladas de la Iglesia. Fallecido su padre durante su infancia el Deán Funes buscó la protección de su madre y la del padre Juárez.

Un hecho por demás relevante se produjo cuando cursaba el segundo año de física universal y particular: La expulsión de los jesuitas. A partir de 1768 su educación quedó bajo el control de los franciscanos que, pese a ser diferentes a los jesuitas, comulgaban su mismo credo. El rey Carlos III había prohibido la lectura de los libros escritos por los maestros jesuitas, pero tal draconiana decisión no había implicado una ruptura con los dogmas católicos. No hubo razón alguna de índole filosófica o didáctica para legitimar la expulsión jesuítica. En opinión de Rojas, se trató de un acto político cuyo origen obedecía a causas complejas no del todo dilucidadas. ¿Qué significó la aparición de los franciscanos en los claustros cordobeses. “La aparición de los franciscanos en los claustros de la Universidad no modificaba ni la autoridad de la cátedra, ni el valor literal de los textos, ni el memorismo pasivo de los dogmas católicos y aristocráticos que la Universidad sustentaba” (pág. 90). Ello explica por qué el Deán Funes gozó de buena imagen como estudiante, primero con los jesuitas y luego con los franciscanos. Rojas hace un diagnóstico poco benévolo de su personalidad: “Este éxito escolar de Funes prueba su aptitud de complacer, en la vida difícil del internado; y su blandura de cera para ceder al molde. Tenía inteligencia natural, y éste era otro motivo de su éxito; pero se ha visto que, ya gobernaran los jesuitas, o esos regalistas de Carlos III, aquella escuela no ganó en libertad, pues simplemente sustituyó unas cadenas por otras, unos libros por otros, limitando el horizonte que podía abarcarse y designando la letra que debía aprender a salmediar el alumno, como cifra inconcusa de la verdad” (pág. 90). El Deán Funes fue hábil para adecuarse a las modificaciones que se produjeron en aquel tiempo en el ámbito universitario, modificaciones que, vale remarcar, no implicaron un cambio radical de orientación ideológica sino tan sólo una pequeña rectificación de la monolítica educación escolástica.

Rojas se vale de la educación del Deán Funes para criticar al viejo régimen. ¿Cuál era la falla central de aquella educación? La educación escolástica se preocupaba tan solo en emular, en imitar, las formas gramaticales de los grandes maestros en latín y no su sincero amor pagano por la naturaleza: “imitaba tan sólo sus formas gramaticales, erigiendo en canon eterno de la expresión humana, lo que había sido hallazgo fugitivo y ocasional de un alma de otro clima, de otro tiempo, de otra religión, de otra sensibilidad y de otro idioma” (pág. 91). He aquí, en esencia, remarca Rojas, el viejo régimen intelectual. Por un lado, se había colonizado económicamente la tierra de los indígenas-sus legítimos dueños-a través de los adelantazgos, las encomiendas, las mitas y los monopolios; por el otro, se había colonizado su mente a través de la obediencia incondicional a la autoridad monárquica, a la desigualdad, al dogma católico y a la retórica que se sustentaba en una imitación obscena de los modelos latinos. Por su talento el Deán Funes simbolizó a la perfección los valores que inculcó ese sistema educativo.

Los valores que el Deán Funes recibió durante sus primeros años de estudio fueron reforzados durante su viaje a España, país en el que residió entere 1775 y 1780. Luego de obtener el doctorado en derecho canónigo viajó a España para estudiar derecho civil. Estudió en Alcalá de Henares donde en 1778 se graduó de bachiller en derecho civil. Luego se dirigió a Madrid para continuar sus estudios jurídicos primero en la Academia teórica, civil y canónica, de San Agustín-casa de Felipe Neri-, y luego en la junta de jurisprudencia teórico-práctica de los clérigos menores del Espíritu Santo. Una vez obtenida su graduación regresó al territorio americano en compañía de fray José Antonio de San Alberto, recientemente elegido obispo de Tucumán. En ese momento San Alberto se dirigía rumbo a la ciudad natal de Funes, capital de ese obispado.

Ricardo Rojas destaca dos obras fundamentales de Funes: su “Historia civil” y su “Constitución del clero”. La primera no es más que una rapsodia de la obra de Lozano y Guevara (cronistas jesuitas de la colonia), donde se destaca la escasa relevancia que le otorgó a los sucesos de Mayo. Respecto a la segunda obra mencionada su objetivo es combatir la reforma escolástica destinada a imponer en el territorio americano la democrática y militante Iglesia argentina. Su sinuosa personalidad explicas, según rojas, su conducta durante la gesta de Mayo. Cuando le tocó dictaminar en “La Gaceta” sobre la libertad de prensa lo hizo de manera de crear la apariencia de que estaba plenamente comprometido con ella, mientras que al mismo tiempo se mostró contrario al uso irrestricto de dicha libertad, con lo cual legitimaba la censura, columna vertebral de la dictadura colonial. Como miembro de la Junta conspiró contra moreno, horrorizado por sus posturas radicales y por la draconiana decisión de fusilar a Liniers y a quienes participaron en la contrarrevolución de 1810. Más no se le podía pedir a quien había sido, a juicio de rojas, el símbolo del espíritu reaccionario de la colonia española. Sin embargo, apoyó de inmediato a la gesta emancipatoria, probablemente porque la Junta había actuado en nombre de Fernando VII. Pese a su innegable talento y erudición, fue un hombre de la iglesia católica y no un apasionado y sincero revolucionario como Moreno o Monteagudo.

El aporte de Robert Michels

El gobierno directo del pueblo: imposibilidad mecánica y técnica

(segunda parte)

Ser y Sociedad, 4/11/011

El curso parabólico de la evolución democrática

Al comienzo el jefe fue tan solo un servidor de la masa, es decir, fue un mandatario y no un mandante. En aquel entonces reinaba dentro de la organización la más absoluta igualdad entre sus miembros. No había nadie que se creyera superior al resto. Con el correr del tiempo esta concepción genérica de la igualdad comenzó a ser desplazada por la igualdad entre miembros que pertenecen a una misma organización, a una igualdad entre camaradas-en nuestro país sería una igualdad entre compañeros o correligionarios, por ejemplo-que gozan de idénticos derechos. Este principio que consagra la igualdad democrática procura que todos estén en condiciones de ejercer influencia en el funcionamiento de la organización, que todos tengan las mismas posibilidades de llegar a ejercer el poder dentro de ella; que todos sean, en definitiva, elegibles y electores. Quien resulta elegido para mandar no es más que uno de los miembros de la organización que circunstancialmente fue colocado democráticamente en ese sitio. Depende de la voluntad de la masa, cuya presencia dentro de la organización-un partido político, por ejemplo-es omnipotente. Con el paso del tiempo la tarea de los delegados se fue haciendo más y más complicada. Poseer aptitud técnica para el ejercicio del mando se transformó en algo esencial, prioritario. Confiar ciegamente en la democracia pura ya no fue posible. En consecuencia, el elitismo comenzó a desparramarse lenta pero inexorablemente en el ámbito de la organización. El movimiento laborista es un claro ejemplo. En aquel entonces relevantes pensadores sociales hablaron de la cuestión. Tal el caso de Ferdinand Tönnies que era partidario de exámenes regulares para quienes aspiraran a ocupar cargos en las secretarías del partido y para los candidatos parlamentarios.

Michels brinda una plétora de ejemplos que corroboran la tendencia a modificar el proceso de selección de los líderes para hacer de ellos una clase de políticos profesionales. “Desde 1906 existe en Berlín una escuela partidaria que dicta cursos de instrucción para el entrenamiento de quienes aspiran a funciones en el partido socialista, o en gremios. Los instructores son pagados con fondos del partido socialista, al que cupo la responsabilidad directa de la fundación de la escuela. Los otros gastos, incluso la manutención de los alumnos, son costeados con un fondo común provisto por el partido y los diversos gremios interesados. Además, las familias de aquéllos, en la medida en que su asistencia a la clase las priva de su sostén, reciben una subvención de la rama local del partido o de la rama local del gremio al que el alumno pertenece (…) Tienen preferencia como alumnos quienes desempeñan ya funciones en el partido o en algunos de los gremios. Aquellos que aún no pertenecen a la burocracia del trabajo procuran ingresar al organismo, y abrigan la secreta esperanza de que asistir a al escuela les allanará el camino” (Robert Michels, “Los partidos políticos”, Amorrortu Editores, Bs. As., tomo I, 1983, pág. 74). Procesos similares se dieron en Italia y en Inglaterra. Estas escuelas, creadas para la formación científica de los miembros del partido socialista y de las organizaciones laborales, están destinadas a crear de manera artificial una élite dispuesta a ejercer el mando sobre la clase trabajadora. Se produce casi sin quererlo un distanciamiento entre los que mandan y la masa. La necesidad de educar a los futuros líderes es consecuencia de las crecientes dificultades que se dan en la conducción de las organizaciones políticas y gremiales. La conducción experta se torna indispensable. “En consecuencia, el poder de determinación llega a ser considerado como uno de los atributos específicos del liderazgo, y las masas lo pierden gradualmente mientras se concentra sólo en las manos de los líderes” (pág. 77). La élite, que al principio dependía de la voluntad de la masa, se ha emancipado de ese yugo y detenta el poder con autonomía. Emerge en toda su magnitud la oligarquización de la organización.

He aquí el aporte fundamental de Michels en el análisis del funcionamiento de las organizaciones. La organización implica necesariamente el ejercicio del poder en manos de una élite profesional. La tendencia de la organización a la oligarquía es inevitable. En toda organización, ya se trate de un partido político o de un gremio, se da este proceso de conducción política. El mecanismo de la organización no hace más que invertir completamente la posición respectiva de la élite y la masa o, si se prefiere, de quienes conducen y de quienes son conducidos. El aumento de las dimensiones de la organización provoca un aumento en la complejidad de su funcionamiento, lo que conduce inevitablemente a la aparición de una élite profesional encargada de su manejo. La democratización de las organizaciones legitima la dualidad gobernante-gobernados. Michels sostiene que en los comienzos de la civilización la tiranía ejerce el dominio. La democracia surge en etapas posteriores, cuando están dadas las condiciones para que las sociedades alcancen un nivel de vida más elevado. La tiranía está vigente cuando reina el subdesarrollo, mientras que la democracia lo está cuando el hombre se ha desarrollado. Al principio las libertades y los privilegios son propiedad de una minoría selecta. Entre tales privilegios está el de participar activamente en la conducción política. Más adelante estos privilegios se democratizan, comienzan a ser propiedad de círculos más vastos de las sociedades. Sin embargo, en el ámbito de los partidos políticos y en el de las organizaciones sociales, esta apertura democrática no ha hecho más que provocar un efecto lateral: “Con el avance de la organización, la democracia tiende a declinar; la evolución democrática tiene un curso parabólico” (pág. 78). Michels detecta que en aquel momento-principios del siglo XX-la democracia está en una fase de declinación, al menos en lo que se refiere a la vida interna de los grandes partidos políticos, como el socialista. En consecuencia, formula la siguiente proposición: “el aumento de poder de los líderes es directamente proporcional a la magnitud de la organización” (pág. 78), lo que significa que cuanto más grande es la organización mayor es el poder de la élite que la conduce, y viceversa. De esta proposición cabe deducir la siguiente: el grado de aplicación de la democracia es inversamente proporcional a la fortaleza de la organización, lo que significa que cuanto más fuerte es la organización menos democrática es, y viceversa.

Werner Goldscmidt y el orden de las adjudicaciones

(última parte)

Ser y Sociedad, 15/11/011

El orden de repartos: sus características (continuación)

Luego de analizar la positividad del orden jurídico Goldschmidt se esmera por poner en claro que dicha positividad nada tiene que ver con el positivismo del mundo jurídico. Magnífica oportunidad para descargar toda su artillería contra una forma de pensamiento jurídico que nada tiene que ver con la teoría trialista.

En opinión de Goldschmidt el positivismo jurídico no es más que una aplicación del positivismo filosófico. Esta corriente filosófica sólo admite como material científico aquellos hechos que pueden ser observados y analizados por el investigador. Se considera, tal como lo sentenció Comte, la última y definitiva etapa del desarrollo de la humanidad. En consecuencia, el positivismo jurídico rechaza toda alusión al derecho natural y a la justicia en sus análisis ya que no resulta posible observarlos, describirlos, clasificarlos y analizarlos científicamente. El positivismo jurídico se presenta, por ende, como “una doctrina infradimensional del mundo jurídico” (“Introducción filosófica al derecho”, Ed. Depalma, Bs. As., 1973, pág. 102). El positivismo jurídico es contrario al derecho natural. Goldschmidt destaca como corolario de esta postura al “positivismo ético que, basándose en el escepticismo con respecto a la investigación científica de la justicias, sostiene que hay que obedecer a cualquier ordenanza que el Estado emita, negando de este modo el derecho inalienable a la resistencia. Sus fórmulas son: ley dura, pero ley; la ley es la ley; órdenes son órdenes, todo lo cual quiere decir que donde hay patrón no mandan marineros” (pág. 192). Goldschmidt no escatima esfuerzos en su crítica al positivismo jurídico centrado en la figura de Hans Kelsen. Quienes se encargan de la producción de las normas, sentencia, son positivistas. Reconocen haber tenido en cuenta a la justicia en la elaboración de las normas pero como la búsqueda de tal valor es un asunto político y no una investigación de índole científica, quienes aplican las normas no están facultados para reabrir el análisis de la justicia de las normas. Como sostuvo Montesquieu, los aplicadores de las normas son “la boca de la ley”.

Goldschmidt juzga y condena al positivismo normativo: no es más que un nihilismo, exclama. Sin embargo, como brillante jurista que fue, Goldschmidt no se limitó a descargar su furia contra el positivismo. En efecto, reconoció la importancia de describirlo para luego desarrollar sus efectos y enhebrar un colofón.

¿Cómo concibe el positivismo jurídico el mundo jurídico? Muy sencillo: “como un conjunto de normas con eficacia” (pág.103). En consecuencia, el positivismo jurídico se presenta como un unidimensionalismo normológico (el mundo jurídico se reduce a las normas positivas) con arraigo sociológico (las normas jurídicas deben ser eficaces). Procura hacer el distingo entre aquellas normas con vigencia y aquellas normas que ya no están vigentes o que aún no lo están, para lo cual se vale de la eficacia-concepto sociológico-de las normas como condición fundamental de su validez. En este esquema la justicia se sitúa más allá de la realidad empírica. Es la política, enfatiza Goldschmidt, la encargada “de traducir en hechos las emociones de justicia que pudiera albergar” (pág. 103). La realidad social sólo es visualizada por el jurista como parte del sistema jurídico. El estudio científico de los hechos sociales queda a cargo del sociólogo mientras que las normas positivas eficaces caen bajo la lupa de la ciencia jurídica. Goldschmidt es terminante: el jurista, tanto el teórico como el práctico, no tienen cabida dentro del positivismo jurídico. En consecuencia, es impensable hablar de seguridad jurídica. La actividad del autor de la norma está lejos de constituir una actividad jurídica. En efecto, puede tratarse de una actividad sociológica-cuando estudia la realidad social-o de una actividad política-si se inspira en la justicia-. El legislador, entonces, no es un jurista. Finalmente, Goldschmidt le dicta al positivismo jurídico la sentencia de muerte: para esta escuela de pensamiento son impensables tanto la investigación científica como la enseñanza universitaria digna de ese nombre. El jurista tiene delante de él varias ramas del saber jurídico que puede abordar: la naturaleza del derecho, la realidad social y la historia de las instituciones jurídicas. Si el jurista se interesa por la primera rama hace filosofía; si escoge la segunda hace sociología; y si se interesa por la tercera hace historia.

Goldschmidt formula ahora una pregunta por demás relevante: ¿en qué momento el jurista realiza una investigación científica? La respuesta da lugar a la denominada “dogmática jurídica”. Consiste, por ende, en el análisis de las normas y el sistema normativo de una sociedad determinada. Pero si dicho análisis engloba a las normas jurídicas y ordenamientos normativos en general surge la denominada “lógica deóntica”. ¿Qué sucede si el jurista carece de un campo propio de investigación? Su quehacer se reduce, expresa Goldschmidt con un tono bastante despectivo, a la enseñanza de tipo enciclopédico. Su valor como profesor queda reducido a la cantidad de información que brinda a los alumnos y, fundamentalmente, al número de clases que imparte. “De ser así los profesores para lograr antecedentes valiosos en concursos universitarios, invierten todo su tiempo disponible en la repetición de clases iguales, colocándose en la imposibilidad de actualizar sus conocimientos y desde luego en la de llevar a cabo investigaciones” (pág. 105). El positivismo jurídico se vanagloria en afirmar que a causa de la eliminación de la justicia los gobernados gozarían de una plena seguridad jurídica debido al carácter unívoco de las normas. Craso error, enfatiza Goldschmidt. Con el pretexto del carácter acientífico de la justicia, los autores de las normas se consideran exentos de la obligación de hacer una justificación dikelógica de las mismas. En consecuencia, las redactan en función de la política. Más adelante, los aplicadores de las normas, también exentos de aquella obligación, tendrán la oportunidad, en virtud del carácter multívoco de las normas, d efectuar una interpretación normativa en función de sus preferencias ideológicas. “Por consiguiente, el positivismo jurídico, al descartar la justicia, la cual obligaría al autor y al explicador de normas al menos a rendir cuentas de sus razones colocándolos muchas veces sobre la senda recta, lejos de brindar seguridad jurídica que es ineludiblemente secuela de la justicia, abre las puertas a la más absoluta arbitrariedad” (pág. 106).

El orden de repartos y sus vicisitudes

El orden de repartos -el régimen político- puede fundarse y disolverse de manera convencional o de manera violenta. En el primer supuesto, ambos procesos se sustentan en repartos autónomos. En el segundo supuesto, en repartos autoritarios. La historia contiene varios ejemplos de fundaciones convencionales de comunidades compuestas. La Argentina, por ejemplo, surge del Pacto Federal de 1831, el Acuerdo de San Nicolás de 1852, la constitución Nacional de 1853 y la incorporación de Buenos Aires siete años más tarde. A nivel internacional la liga de las Naciones y la ONU que la sustituyó constituyen ejemplos elocuentes. Las luchas por la independencia constituyen ejemplos de órdenes de repartos surgidos en base a repartos autoritarios. La disolución violenta de las comunidades constituye el reverso del anverso de su creación. La historia continúa brindando sangrientos ejemplos de disolución violenta de regímenes políticos. Lo que acaba de acontecer en Libia-rebelión armada y ejecución de Khadaffy-es un buen ejemplo.

Montesquieu y las leyes que se derivan de la naturaleza del gobierno

(última parte)

Ser y Sociedad-15/11/011)

De las leyes relativas a la naturaleza de la monarquía y del despotismo

¿Cuál es la naturaleza del régimen monárquico? No es otra que la existencia de poderes intermedios y dependientes, aptos para funcionar como órganos de mediación entre el rey, que gobierna sujetándose a leyes, y los súbditos. Montesquieu enfatiza la relevancia de los poderes intermedios: “He dicho poderes intermediarios, subordinados y dependientes: en efecto, en la monarquía, el príncipe es la fuente de todo poder político y civil; las leyes fundamentales suponen forzosamente canales intermedios por los cuales corre todo el poder del príncipe. Si no hubiera en el Estado más que la voluntad momentánea y caprichosa de uno solo, no habría nada estable, nada fijo, y por consiguiente no existiría ninguna ley fundamental” (“Del espíritu de las leyes”, Ed. Porrúa, México, 1977, págs. 12/13). En este trascendente párrafo Montesquieu distingue entre el gobierno de uno solo sujeto al imperio de la ley y el gobierno de uno solo no sujeto a ley alguna. En el primer caso estamos en presencia de una monarquía constitucional, legítima, donde el rey no gobierna a su antojo sino que encuadra su comportamiento dentro de lo estipulado normativamente. En el segundo caso el rey es el dueño de las tierras, las viviendas y los súbditos, ejerciendo el poder según su voluntad. En este régimen todo está sujeto al capricho del déspota y nadie es capaz de cuestionarlo En la monarquía la nobleza constituye el poder intermedio por excelencia. Su existencia hace a la esencia del régimen cuya máxima fundamental es la siguiente: “Sin monarca no hay nobleza, como sin nobleza no hay monarca”. Pero habrá un déspota. El despotismo no es más que un régimen monárquico sin la presencia del poder intermedio encargado de amortiguarlo. En algunos estados europeos muchos estaban a favor de la abolición de las prerrogativas señoriales. Craso error, sentencia Montesquieu. “Abolid en una monarquía los privilegios de los señores, del clero, de la nobleza y de las ciudades, y tendréis muy pronto un estado popular o un estado despótico” (pág. 13). La monarquía carente de un poder intermedio conduce o a la democracia autoritaria o al despotismo de uno solo.

El poder del clero es muy importante para la monarquía. A diferencia de la república, donde ese poder es peligroso, en la monarquía resulta conveniente, especialmente en aquélla que corre el riesgo de desembocar en un despotismo. Sin el poder de la iglesia, España y Portugal hoy (la época de Montesquieu, obviamente) serían, a raíz de la pérdida de sus fueros, despotismos. La iglesia es una eficaz barrera para impedir que la monarquía degenere en despotismo, sobre todo si no hay otra barrera más eficaz. Pese a sus defectos es preferible la presencia de la iglesia como dique de contención del despotismo, el peor de los males políticos que puede sufrir el hombre. Montesquieu destaca la decisión de los ingleses de haber suprimido los poderes intermedios que eran miembros de la monarquía. Y agrega: “Han hecho bien en conservar su libertad, porque si llegaran a perderla serían uno de los pueblos más esclavizados” (pág. 13). Al pie de la pagina 13 se lee una nota de Voltarie donde expone un argumento contrario: “Todo lo contrario. Los ingleses han legalizado y fortalecido el poder de los señores espirituales y temporales, y han aumentado el de los municipios” (pág. 13). La existencia de poderes intermedios no garantiza por sí sola la vigencia de la monarquía. Es fundamental que haya “un depósito de leyes”. “Este depósito no puede estar más que en los cuerpos políticos, en esas corporaciones que anuncian las leyes cuando se las hace y las recuerdan cuando se las olvida” (pág. 13). Montesquieu alude, obviamente, al parlamento como órgano legislativo independiente del monarca. Es por ello que dice más adelante: “el consejo del príncipe no es un buen depositario, pues más se cuida de ejecutar la momentánea voluntad del príncipe que de cumplir las leyes fundamentales. Por otra parte, el consejo del monarca se renueva sin cesar, no es permanente; no puede ser numeroso; no tiene casi nunca la confianza ni aún la simpatía del pueblo, por lo cual no puede ni ilustrarlo en circunstancias difíciles ni volverlo a la obediencia” (págs. 13/14).

El despotismo merece la repulsa de Montesquieu. En los estados despóticos sólo rige la voluntad del rey. Las leyes fundamentales y los depósitos de leyes brillan por su ausencia. La religión florece e influye con toda su fuerza. Y si no hay religión, su lugar es ocupado por las costumbres. El despotismo implica ausencia absoluta de leyes capaces de impedir el ejercicio abusivo e incontrolado del poder. “Resulta de la naturaleza misma del poder despótico y se comprende bien, que estando en uno solo encargue a uno solo de ejercerlo. Un hombre a quien sus cinco sentidos le dicen continuamente que él lo es todo y los otros no son nada, es naturalmente perezoso, ignorante, libertino. Abandona, pues, o descuida las obligaciones. Pero si el déspota se confía, no a un hombre, sino a varios, surgirán disputas entre ellos; intrigará cada uno por el ser el primer esclavo y acabará el príncipe por encargarse él mismo de la administración” (pág. 14). El déspota considera más sencillo y práctico entregar el mando a un visir, tal como lo hacen los reyes orientales. He aquí la ley fundamental del estado despótico: la existencia de un visir. Finalmente, Montesquieu elabora las siguientes proposiciones en relación con el despotismo, la extensión del territorio y las dificultades que acarrea el mando omnímodo sobre muchos pueblos sojuzgados: “cuanto más extenso sea el imperio, más grande será también el serrallo, y más, por consiguiente, se embriagaré el príncipe en los placeres y la degradación. Asimismo en los estados, cuantos más pueblos tenga que gobernar el príncipe, menos se acordará del gobierno; cuanto mayores sean las dificultades, menos se pensará en vencerlas. A más obligaciones, menos cuidados” (pág. 14).

Hernán Andrés Kruse

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