El viernes pasado, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah, amplió la ley del arrepentido sancionada el año pasado, que tenia limitaciones para los que se quisieran autoincrimnar pero a la vez deslindar responsabilidades hacia arriba o bien hacia funcionarios públicos. La ley que sancionó el congreso era muy limitativa en cuanto a conceder la libertad a quien se arrepintiera y lo deriva hasta el momento de la sentencia, pero el nuevo fallo permite gozar de la libertad en forma inmediata y ser confirmada en la sentencia si la información resultara útil para destrabar actos de corrupción.

El lunes, otro fallo de la misma Cámara ordena al juez Martínez De Giorgi que profundice la investigación sobre el soterramiento del Sarmiento y la participación de Odebrecht en esa licitación, que hace poco vendió su parte a la italiana Ghella, una empresa muy importante, que se la vincula a la región de Calabria y a una organización criminal. Es sabido que las diferentes mafias italianas basan su riqueza no sólo en secuestros, drogas, trata de personas y otros delitos sino también lavan su dinero en las obras públicas en Italia y en toda Europa.

El consorcio original que ganó el soterramiento del Sarmiento estaba integrado por IECSA S.A., de la familia Macri, Odebrecht, Ghella y Consa y -como se sabe- Calcaterra, dueño de IECSA, le vendió su parte a Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, y Odebrecht a Ghella. Y como Mindlin y la familia Ghella son muy cercanas a la Casa Rosada, los analistas interpretan que Comodoro Py tomó un seguro contra la intromisión de Carrió en la justicia y también del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la ONG Será Justicia, que quieren con razón relevar a los jueces federales por su comportamiento oficialista. Cuando un partido está en el gobierno y cuando llega otro comienzan una cacería contra los que se fueron, o sea que no es falta razón, pero el problema es que para la justicia el PRO no es nuevo en la política sino que hace tiempo que sus líderes pertenecen a la Cámara Argentina de la Construcción, que lucró con el kirchnerismo durante los doce años de mandato y, si bien las empresas de la familia del presidente y de las de sus empresarios amigos terminaron todas las obras que licitaron y ganaron, está claro que en la mayoría de ellas hubo sobrefacturación y la afirmación de Carrió en el sentido de que De Vido extorsionaba a las empresas constructoras para que pagaran coimas es poco seria, ya que los dos lados del mostrador estaban implicados. De ahí que, si el gobierno se quiere cargar a Comodoro Py por su complicidad e inercia frente a los K, la justicia piensa que el presidente y sus amigos constructores están en la misma situación y no piensan dejarse llevar por delante y hasta desencadenar un Lava Jato argentino que es el único cisne negro que puede amenazar a Cambiemos.

Guillermo Cherashny

Share