Por Carlos Tórtora.-

Ya es imposible que la ley ómnibus se sancione antes del 25 de mayo, fecha puesta para el Pacto de Mayo. Aun alcanzando el oficialismo los votos para la aprobación, habrá diversas reformas del texto y está pendiente la amenaza del escándalo de la votación en Diputados del capítulo del tabaco, que hasta podría derivar en la nulidad de la media sanción.

En este contexto, el gobierno mantiene la celebración del Pacto de Mayo. Aparentemente, confirmaron su presencia 18 de los 24 gobernadores.

La ausencia de Buenos Aires, que representa un 40% de la población nacional, debilita ostensiblemente el pacto. Pero el factor que más afecta al pacto es el contexto económico en el que se da. Javier Milei esperaba a esta altura del calendario contar con números a favor de la reactivación de la economía y no los tiene. No pocos de los gobernadores que firmarán el pacto tendrían serios temores de terminar avalando al gobierno con la perspectiva de una larga recesión que desate el malhumor social.

Un clima de dudas

El presidente trata por todos los medios a su alcance de crear un clima de optimismo y así es que el gobierno ya anuncia indeterminadas inversiones de Elon Musk. Pero se trata de cuestiones de mediano plazo mientras que la realidad apura.

El paro general de la CGT, como contrapartida, promete ser un éxito y presionará al Senado contra la ley ómnibus. Por otra parte, la estabilización de la inflación en torno al 10% se da en un contexto de caída de la actividad económica que afianza el clima de protesta.

El Pacto de Mayo, en este contexto, suena sobre todo a un recurso electoralista para instalar que La Libertad Avanza está dando pasos firmes para ganar las elecciones del año próximo. Es cierto que la oposición no tiene nada que presentar como alternativa política válida a la Casa Rosada. Pero esto no alcanzaría para darle brillo a un pacto firmado en un clima de dudas.

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