Por Guillermo Cherashny.-

El juez Lorenzini, del juzgado de Reconquista, se expidió sobre el DNU de Alberto Fernández que intervenía el directorio de la empresa y repuso a Nardelli como presidente y Gabriel Delgado quedó como veedor controlador, en una acertada medida jurídica, ya que el DNU presidencial colisionaba con la Constitución Nacional según la mayoría de los abogados. Pero seguramente el PEN apelará la decisión, porque se supone que Vilma Ibarra, Marcela Losardo o Carlos Zannini piensan lo contrario. Si no, no se entiende que le hicieran firmar al Presidente ese DNU. Como siempre en el derecho, hay dos bibliotecas, pero la gran mayoría opinaba contra la decisión presidencial, aunque no extrañaría que la Cámara de Apelaciones cambie el resolutorio.

Tanto Sergio y Gustavo Nardelli como Alberto Padoán le declararon la guerra al gobierno y junto a Macri y Patricia Bullrich armaron un banderazo para enfrentarlo y no se explica el seguidismo de la UCR, siempre contraria a las grandes empresas, y más con las sospechas de vaciamiento. Pero desde la formación de Cambiemos, la UCR gira cada día más a la derecha.

Mucho se dijo y escribió sobre las deudas de Vicentin como que el gobierno de Cristina fue el que más le prestó. Pero en ese caso el destino era la construcción de la planta de biodiesel en Timbués y los puertos de San Lorenzo en Rosario. Y lo mismo vale para la corporación financiera internacional y el Rabobank de Holanda, acercados por los socios de Glencore en la empresa Renova. En cambio, el endeudamiento en la época de Macri -que incluyó además al Banco Ciudad y al de la Provincia de Buenos Aires- tuvo por objetivo comprar una bodega para vinos premium en un país donde hay cerca de 100 de esa condición, y mucho mejores que la de Vicentin, y también para la compra de la división postres y flanes de Sancor, por 100 millones de dólares, y una suma millonaria no determinada para el frigorífico Friar, es decir, nada que tenga que ver con la molienda de soja para exportación o la producción de biodiesel, que en gran parte compra YPF y aumentó su cuota durante el gobierno de Macri. Esto significa que los directores de Vicentin utilizaron un sistema piramidal de apalancamiento con préstamos de bancos del estado y de los productores de soja, a los cuales paulatinamente dejaron de pagarles su producto para seguir tomando crédito del Banco Nación, cuando su calificación de no pago del créditos se originó en abril del 2019. Pero la entidad financiera le siguió prestando sin el acuerdo de la línea.

Así, mientras no producía molienda porque los productores no le vendían, la toma de créditos se transformó en un sistema piramidal que no tenía ningún objeto productivo y es lo que se llama en los Estados Unidos “Esquema Ponzi”, que utilizaron Carlo Ponzi, Bernie Madoff y Jeffrey Epstein, en medio del glamour de casas, autos y barcos millonarios en dólares, con los cuales Nardelli y Padoán violaron la cuarentena para disfrutar esos placeres aún después que se presentaran en convocatoria de acreedores dejando un tendal de productores y bancos y negándose a una solución financiera que diera motivo al desplazamiento de su paquete accionario, ya que hoy por Vicentin no vale nada, porque su pasivo excede largamente el activo y el único bien que tiene es la planta de biodiesel en Glencore, donde sólo le queda el 33%, que a lo sumo vale 350 millones de dólares, contra un pasivo de 1500 millones de dólares después del sistema piramidal de estafa fraudulenta, donde antes exportaba el 9% de la producción sojera y ahora está completamente parada.

Ante esta situación, la solución no es la expropiación por parte del estado sino una solución alternativa que signifique que los Vicentin entreguen su patrimonio accionario a los bancos, cooperativas agrarias e inversores privados que aporten capital de trabajo y restablezcan la confianza.

Después de una reunión con Alberto Fernández en Olivos, Omar Perotti anunció que la IGJ de Santa Fe hizo una presentación ante el juez que tramita el concurso de Vicentin. En ella, plantea llevar adelante la intervención estatal que “rescate a la empresa” sin llegar a la expropiación.

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