Por Carlos Tórtora.-

Una serie de indicadores apuntan en el mismo sentido. Prevén en los próximos meses una escalada de tensiones sociales y de ahí que el gobierno muestre un inusual interés por replantear el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Mauricio Macri acaba de hacerlo sin muchas vueltas en la conmemoración del día del Ejército. Como ya se dijo, algunos voceros del Ministerio de Defensa simplifican la solución señalando que solo hay que derogar el artículo 23 del Decreto 727 del 2006, firmado por Néstor Kirchner y Nilda Garré, que estableció un cerrojo para la utilización de los militares en la seguridad interior. El párrafo en cuestión dice “asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro/s Estado/s”. Eliminado este escollo podrían los militares aparecer cooperando con las fuerzas de seguridad, por ejemplo en el apoyo logístico, a partir del resquicio que para esto deja el texto de la ley de Defensa.

En una reciente reunión del Jefe de Estado Mayor del Ejército General Claudio Pasqualini con los presidentes de las promociones del Colegio Militar se comentó -en general con disgusto- la versión de que los militares volverían de algún modo a la seguridad interior. “Quieren hacernos pagar a nosotros los platos rotos” se escuchó decir. El clima en este encuentro no fue para nada relajado porque el titular de la fuerza informó que la recomposición salarial (disminución de suplementos no remunerativos y corrección de la escala jerárquica), esperada desde hace dos meses, se encuentra “demorada”, a la espera de la firma de las autoridades correspondientes.

El hombre del poder

Pero el verdadero motor de la movida oficial para que las fuerzas hagan tareas policiales no trabaja en el Estado Mayor del Ejército. Se trata del Teniente General Bari del Valle Sosa, Jefe del Estado Mayor Conjunto. De perfil bajo, del Valle Sosa ya es según lo califican algunos conocedores de su relación con el oficialismo, “el Milani de Macri”. La mayor parte de las cuestiones delicadas que tienen que ver con el Ejército el gobierno las canaliza a través de aquel y no de Pasqualini. Hay en esta trama un vínculo que influye bastante y es que la esposa de del Valle Sosa trabaja como asesora del Vicepresidente Primero del Senado, Federico Pinedo.

Con este contexto, el jefe del Estado Mayor Conjunto tendría a su cargo ahora viabilizar la apoyatura militar a la seguridad interior con unas Fuerzas Armadas disconformes con la política salarial que les aplica el gobierno y convencidas de que participar de tareas represivas sólo serviría para generarles la condena de todo el arco político de la izquierda.

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