Por Antonio Rossi.-

Casi al mismo tiempo que asimilaba el revés que le propinó la Corte al disponer que el concurso de acreedores de la empresa Oil Combustibles se tramite en la Capital Federal y no en la provincia de Chubut, el empresario K multirubro, Cristóbal López, recibió una llamativa ayuda de la administración nacional.

Pese a que retuvo indebidamente más de 8.000 millones de pesos del impuesto a las naftas y el gasoil que debía girar al Estado, el gobierno macrista le sigue adjudicando obras a CPC, la constructora de Cristóbal López.

A los tres contratos de construcción de rutas que le había dado el mes pasado Vialidad Nacional que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se ha sumado en los últimos días una nueva obra otorgada por la compañía estatal AySA (Agua y Saneamientos Argentinos).

La empresa -que está bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas de Daniel Chain en el ministerio de Interior que conduce de Rogelio Frigerio- le adjudicó a CPC la ejecución de la obra de la red secundaria cloacal en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La constructora de López ganó la pelea licitatoria con una oferta de 132,4 millones de pesos que estuvo casi 60 millones de pesos por debajo del presupuesto oficial que había pautado AySA.

Entre las empresas constructoras llama cada vez más la atención el hecho de que el gobierno macrista siga permitiendo la participación en las licitaciones de CPC cuando no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales en la concesión de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas.

Tal como hizo con el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) que debía depositar la petrolera OIL y los aportes previsionales de los empleados de su holding, la concesionaria vial AECSA que opera las autopistas Riccheri y Ezeiza- Cañuelas retiene en forma ilegal unos 15 millones de pesos mensuales de la porción tarifaria de los peajes que debería ingresar a las arcas fiscales.

Pese a haber sido intimada a principios de año y tener en su directorio un interventor oficial desde el mes de abril, AECSA -que tiene como principal accionista a CPC- se sigue quedando con la recaudación del RAE (Recurso de Asignación Específica) que representa casi el 20% del valor de los peajes que pagan los usuarios del acceso Riccheri y la autopista a Cañuelas.

Además, AECSA arrastra otros 150 millones de pesos de multas impagas por los incumplimientos de inversión y la falta de obras de mantenimiento que se registraron en los últimos tres años.

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