Por Mario Cadenas Madariaga.-

Aparentemente, todos los sectores sociales están a favor de la estabilidad de precios. Si esto fuera así, nos podemos de acuerdo como se resuelve la inflación y llegamos a la estabilidad.

En primer término la emisión monetaria no puede aumentar más que la oferta de bienes. Para esto el presupuesto público debe estar equilibrado, lo que no sucede por que los gastos son muy superiores a los ingresos.

Puede haber un plan general o una sucesión de medidas que tiendan a ese fin. Pero no se pueden admitir que tiendan a agudizar la situación actual.

Los dos sectores desde los cuales se formulan al gobierno son los gremiales y los gobiernos provinciales.

Los gremios cuyos reclamos provocan aumentos del gasto público son los estatales. La forma en que estos reclamos incidan menos en el aumento del gasto es si los trabajadores mejoran su productividad, por ejemplo si no se sustituye al personal que cesa, por cualquier motivo, teniendo conciencia que hay un exceso de empleados públicos en la Argentina, por comparación a los que teníamos en el 2002, en el orden nacional, provincial y municipal, o por comparación a los que tiene Alemania, Chile, o Japón. Esta es una exigencia estrictamente lógica. O comprometiéndose a gastar menos papel, utilizándose la vía digital. O comprometiéndose a mejorar los rendimientos de los alumnos en el orden escolar.

Pero el Estado Nacional aún no ha logrado los ahorros derivados de una profunda racionalización del presupuesto que falta por hacer y de donde deben esperarse una gran reducción de los gastos.

Los gremios privados, deben negociar con las empresas privadas, y en ese orden también se pueden hacer aportes de las dos partes para que los aumentos sean más importantes en beneficio de ambas.

Las mismas reglas del orden nacional para la reducción del gasto deberían seguir los gobiernos provinciales. Pero también hay obras que están proyectadas a precios abusivos, lo que no se puede pedir que se cumplan porque sería consagrar la corrupción. Esas obras deben volverse a licitar y anular las anteriores. También las economías provinciales deben rendir más impositivamente por el aumento de los ingresos derivado de la eliminación del cepo cambiario y la derogación de los impuestos a la exportación.

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