Por Antonio Rossi.-
La declamada ofensiva del Gobierno para bajar los costos logísticos y atacar las prácticas supuestamente monopólicas en el sector portuario viene floja de papeles y podría derivar en una nueva causa judicial contra el ministro de la Producción, Francisco Cabrera y los funcionarios de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Con bombos y platillos, la semana pasada Cabrera junto el secretario de Comercio, Miguel Braun; el titular de la CNDC, Esteban Greco y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz anunciaron la implementación en el corto plazo de una serie de medidas regulatorias para reducir los costos operativos de los barcos y mejorar la competitividad de los productos exportables.
La movida oficial se concretó por medio de una atípica “recomendación de la CNDC a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables” para que intervenga en el sector de los servicios de practicaje, pilotaje y conexos y regule las tarifas con el fin de restablecer un mercado de competencia con valores ajustados a los estándares internacionales en lugar de los precios actuales que superan hasta 2 y 3 veces los vigentes en países vecinos.
Entre otras acciones que Cabrera y la CNDC le “recomendaron” a subsecretario Metz figuran: establecer tarifas máximas para los servicios de practicaje y pilotaje hasta que se verifiquen condiciones de competencia reales; disponer de un mecanismo de actualización efectiva; regular las tarifas de los servicios vinculados y cambiar el sistema de habilitaciones de prácticos y pilotes para que se realicen por zonas.
La jugada del Gobierno se topó rápidamente con la reacción de un grupo de prácticos y profesionales del sector que salieron a cuestionar el sustento legal de las “recomendaciones” y el accionar “sesgado y arbitrario” de los funcionarios.
Con un escrito presentado en la cartera de Producción; Juan Biset, Miguel Doñate, Leonardo Masad, Jorge Vitale y las empresas Practicaje Independiente, Practicaje Integral, Donmar, Lanchas del Este y PKM SA procedieron a impugnar a los integrantes de la CNDC que elaboraron las recomendaciones y solicitaron que se gire el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para que resuelva sobre las recusaciones y determine que juez subrogante debería intervenir en el caso bajo los términos del artículo 26 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCyCN).
El pedido de recusación recayó sobre los funcionarios de la CNDC Esteban Greco, Pablo Trevisán, Eduardo Stordeur (h), María Fernanda Viecens, Marina Bidart y el secretario de Comercio, Miguel Brown por entender que las “recomendaciones efectuadas sobre un expediente en curso constituyen un claro “prejuzgamiento del fondo del asunto que deben tratar”.
Los denunciantes advirtieron que “la CNDC y el Secretario de Comercio, en base a la información preliminar que surge de una denuncia, han afirmado que en este mercado no se dan condiciones de competencia, que existen barreras de entrada y que existen ventas atadas sin siquiera haber realizado una imputación”.
Además, destacaron que lo más llamativo del prejuzgamiento es que en las recomendaciones se utiliza información presentada por los denunciantes que ha sido absolutamente desvirtuada por representantes del sector que aportaron abundante documentación y datos que pusieron de manifiesto la falsedad de las acusaciones iniciales.
“Sin que en el expediente de marras siquiera se haya resuelto sobre la procedencia de la instrucción del sumario, la CNDC y el Secretario de Comercio han recomendado y opinado sobre el fondo del expediente de manera subjetiva y sin ningún sustento en toda la prueba aportada y sin haber realizado el análisis pormenorizado que merece esta delicada cuestión”, resaltó la denuncia y recusación impulsada por el grupo de prácticos.
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