Dietrich crea una regulación de emergencia para afrontar los paros y maniobras de lockout patronal en los ómnibus de larga distancia

Con una jugada más propia de un modelo intervencionista que de una gestión como la actual, identificada con el libre desenvolvimiento de los agentes económicos, la administración macrista creó un nuevo régimen regulatorio para enfrentar los paros parciales y las maniobras de lockout patronal en los servicios de ómnibus de larga distancia.

Diseñado en medio de las cancelaciones de servicios que se registraron en varias empresas del sector durante el último fin de semana, el nuevo esquema normativo prevé utilizar los ómnibus de las compañías de turismos y charters para cubrir los viajes regulares que se vean afectados por medidas de fuerza.

Por medio de la resolución 71, la Secretaría de Gestión de Transporte que conduce Guillermo Krantzer autorizó “a las empresas que brindan servicios de oferta libre y turismos a realizar servicios de emergencia y alternativos al servicio público de transporte interurbano de pasajeros mientras dure la suspensión de los mismos”.

Los funcionarios de Transporte fundamentaron la medida con cuatro argumentos salientes:

–El servicio público de transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano constituye un servicio de suma relevancia para la comunidad, cuya prestación el Estado Nacional debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios”.

–Corresponde al Estado garantizar la prestación mínima de los servicios de transporte automotor de pasajeros de larga distancia, por tratarse de una actividad calificada como servicio público, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan.

–Es necesario dictar medidas urgentes y excepcionales que permitan soslayar el menoscabo de los intereses del público usuario y resguardar tanto la conectividad como la seguridad del servicio público.

–Resulta pertinente prever un procedimiento para establecer este tipo de servicios de reemplazo en caso de situaciones de emergencias y/o suspensiones del servicio público que pudieran suscitarse nuevamente por causas diversas, incluyendo medidas de fuerza de carácter gremial y/o lock out patronal, en mérito a garantizar la transitabilidad y conectividad del país.

Casi al mismo tiempo en que echaba a rodar este nuevo procedimiento regulatorio para enfrentar los paros salvajes y las presiones empresariales, la cartera de Transporte dejó al descubierto una seria desprolijidad administrativa que pone en duda la tan promocionada eficiencia y capacidad de gestión que se atribuyen los funcionarios macristas.

Con más de ocho meses de retraso, el ministerio Guillermo Dietrich aprobó el pago de una partida especial de subsidios para las compañías de larga distancia había sido desembolsada a fines de 2016.

Según lo señalado en la resolución 790/2017, se trata de un giro de 84 millones de pesos que recibieron las empresas del sector para afrontar el pago del denominado “Bono Extraordinario de Fin de Año”.

Inicialmente el Gobierno había anunciado que ese “premio salarial” lo iban a absorber las empresas. Pero ahora, la resolución 790/2017 puso sobre el tapete que los fondos salieron de las arcas estatales por medio del “Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia (RCLD).

Antonio Rossi

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2 comments for “Dietrich crea una regulación de emergencia para afrontar los paros y maniobras de lockout patronal en los ómnibus de larga distancia

  1. RUBEN
    15/09/2017 at 12:51 PM

    TODOS QUIEREN SEGUIR PRENDIDOS DE LA TETA DEL ESTADO===LLAMEN A CONCURSO INTERNACIONAL PARA CUBRIR TODAS LAS LINEAS DE TRANSPORTE URBANO DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA

  2. VULCANO
    16/09/2017 at 12:04 PM

    El nudo gordiano es aquí difícil de cortar. Los notables y esforzados “empresarios” del transporte de éste país jamás han conocido riesgos en la década KK, deglutiendo con sus asociados funcionarios la inmunda torta de corrupción cocinada con “subsidios”.Estos fueron destinados a los bolsillos de los comensales. Calidad de los servicios, sueldos, etc., estuvieron y están ausentes de consideración. Para no hablar de las horripilantes rutas con peaje, a cargo de otros sacrificados “empresarios” sin riesgo. En síntesis un país en joda, supercorrupto, que jamás aborda -y, por lo visto, no abordará jamás- una solución integral, que sólo podría provenir de funcionarios honestos, preocupados, exclusivamente, por generar estructuras y servicios de gestión que contribuyan al bien común. No es ajeno a éste estado de cosas la repulsiva anomia de los jueces.

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