Por Antonio Rossi.-

El conflicto abierto en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) por el despido de 258 trabajadores y profesionales y que tiene paralizados casi todos los controles y fiscalizaciones del organismo estaría por generar un inesperado y millonario negocio para un grupo de consultoras privadas que operan en el ámbito energético.

Ante la interrupción de las tareas de verificación y control de los proyectos en ejecución de energías renovables que se viene registrando desde fines de enero por la aplicación del plan de lucha del personal del INTI, las autoridades del ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren no descartan abrir el juego a las consultoras privadas del sector para que efectúen las auditorías y certificaciones que están a cargo del organismo oficial.

Ante las quejas de las empresas y fondos de inversión que están llevando adelante las obras de las nuevas usinas eólicas y solares que forman parte del programa RenovAr, desde la Subsecretaría de Energías Renovables que comanda Sebastián Kind salieron a impulsar la idea de habilitar a consultores y firmas privadas para que se encarguen transitoriamente de las tareas de control que le corresponden al INTI.

Por las demoras que se vienen registrando en los relevamientos y certificaciones del INTI, las compañías locales y extranjeras que están ejecutando sus proyectos de energías renovables no pueden pasar a cobrar los beneficios fiscales e impositivos que están previstos en los contratos firmados con el Gobierno nacional.

Según los datos oficiales, actualmente hay cerca de 30 obras de usinas eólicas y solares en construcción que estarían en condiciones de acceder al beneficio de la “devolución anticipada del IVA” y el reembolso de determinados impuestos.

De acuerdo con las normas vigentes, los incentivos y beneficios fiscales se disparan cuando las empresas alcanzan el denominado “Principio Efectivo de Ejecución” de proyecto al concretar entre el 15% y 20% del total de la inversión comprometida.

El encargado de relevar y certificar el grado de avance de las obras es el INTI y sin ese aval oficial las empresas no pueden reclamar acceder a las ventajas fiscales.

Para superar ese escollo y de paso evitar que las empresas frenen las obras, la dependencia de Kind le habría acercado a Aranguren un borrador de resolución para que el ministerio apruebe un marco normativo especial que habilite temporalmente a las consultoras energéticas privadas a realizar los controles del INTI.

En caso de que la administración macrista opte por esa salida alternativa, la facturación que podrían embolsar los consultores privados en los próximos seis meses oscilaría entre los 8 y 20 millones de dólares.

El conflicto por el ajuste en el INTI también está golpeando negativamente a las empresas del sector metalúrgico y a las firmas que se dedican a comercializar productos importados.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) reclamó al ministro de Producción, Francisco Cabrera, por la «virtual paralización» del INTI que afecta a sus empresas asociadas «por no contar con las certificaciones necesarias para la comercialización de sus insumos y productos».

Por su parte, la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) advirtió que existen numerosos contenedores varados en la Aduana y pendientes de fiscalización por el paro de actividades de los inspectores del INTI que impiden la realización de los ensayos y controles necesarios para el ingreso al país de calzados, juguetes, maderas y baterías entre otros componentes y productos finales.

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