Por Jorge Luis Vitale.-

Haber disuelto la APE no soluciona el problema y es más de lo mismo.

El Gobierno no paga las sumas atrasadas, ni el excedente que surge cada año, como así tampoco los reintegros en su totalidad. Por eso es que la deuda año por año va aumentando.

Esta denuncia pretende sincerar lo que indirectamente pretende el Gobierno, quebrar las obras sociales para luego poder intervenirlas. Hasta ahora el estado actúa en calidad de socio respecto a los beneficios, ya que la mayoría de los fondos que le llegan de los obreros y empleados públicos y privados los utiliza para otros fines pero no para la salud. Hace lo mismo que con el Banco Central y la ANSES. Los sindicalistas se acuerdan de estos fondos cuando los intimidan con denuncias en parte ciertas y en parte para ocultar que la realidad: que el gobierno ya no tiene los fondos que le adeudan a estas instituciones.

El objetivo oficial es que el estado pase de administrador a titular y dueño de esos fondos. Mientras que las personas que realmente necesitan los servicios médicos los encuentran cada vez más ineficientes y costosos. Razones por las cuales necesitamos prepagas, y muchos no pueden comprar los medicamentos que son de enfermedades especiales, las cuales son olvidadas por el Estado y por ello no las cubre con los fondos que recibe. Sin embargo, los sindicatos   reclaman y silencian alternativamente como estrategia y hablan de cifras distintas para cada uno, porque pretenden negociar con el estado en forma individual (pero como no hay plata es imposible). Como siempre, los únicos perjudicados son los trabajadores A esta causa los sindicalistas nada aportaron, el gobierno logro plancharla y ahora aquellos van al paro del próximo 9 por éste y otros temas que son de dominio público.

La causa

El juez que interviene en la denuncia presentada por las Obras Sociales contra “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” Exp. N° 3010/12 es. Ariel O. Lijo, Secretaria a cargo de la Dra. Andrea Santos. La fiscal interviniente en la causa manifestó que no existe delito porque en la Argentina no se penalizan las deudas Lo que no entendió esta fiscalía es que el estado lo que hace es retener fondos que no son propios y que solo debe administrar. Es decir aparece la figura de retención indebida de fondos,.

Se ratifico entonces la denuncia y se amplió la misma solicitando se remitan a estas actuaciones el informe de la Auditoria General de la Nación relacionado con el tema. La idea es que el juez investigue los fondos depositados a favor del Estado Nacional, en carácter de administrador y los fondos que el Estado Nacional le abono a las obras sociales por reintegros como así también que ha hecho con el excedente.

Si bien es cierto que los controles del estado sobre las obras sociales son prácticamente nulos e ineficaces, sin embargo lo que hay que averiguar es dónde se encuentran los fondos del estado nacional y la deuda a las obras sociales.

El sistema de las obras sociales está regulado por la ley 23.660 que en su artículo 16 establece que los fondos integran el 3% sobre la remuneración bruta del empleado y obrero. El 6% lo paga el empresario de estas sumas. El 85% se queda para la obra social que se deposita en sus cuentas y el 15 o el 20% se deposita en la S.S.S. (Superintendencia del Servicio de Salud).

La APE (Administración de Programas Especiales) era la que administra el dinero de las obras sociales y debe cubrir la atención de las enfermedades especiales HIV, drogas especiales, etc.

Lo que no se gasta en estos rubros debe ser reintegrado a las obras sociales (Articulo 23 inciso 5° de la ley 23661).

Se recaudan todos los meses $ 2.600 millones de pesos. De los cuales, aproximadamente, le   quedan al estado para distribuir oportunamente $ 520 millones mensuales lo que hace al año $ 6.240 millones. En razón a lo expuesto desde el año 2008 el gobierno no abonó, supuestamente, nada más que $ 1.000 millones.

Le debe a las obras sociales $ 25.960 millones, pero lo que figura en el Banco Nación como cuenta de este rubro es $ 6.200 millones, ¿dónde está el resto? Por supuesto que podemos adivinar, se lo utilizó para otras cajas, “como son subsidios”, caja negra, y en el mejor de los casos, hay títulos o bonos de nuestra deuda. Esto implica que estamos ante otro vaciamiento ya que estos fondos que sólo eran para administrarlos y distribuirlos, los utilizaron para otros fines y no existe información adecuada sobre estas cuentas.

Aquí está el delito de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, administración fraudulenta y otros delitos contra la administración pública que pudieran surgir. La Auditoría General de la Nación investigó los controles del estado y la utilización de los fondos por la obra social.

Share