Por Antonio Rossi.-

Para algunos se trata de la primera señal seria de “transparencia y avance contra la corrupción” de la administración macrista. Para otros, en cambio, representa una reacción tardía para no quedar en falta con la Justicia.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que conduce Alberto Abad comenzó a investigar a un funcionario clave del ministerio de Transporte que comanda Guillermo Dietrich.

Se trata del actual titular de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, quien había sido denunciado penalmente a principios de 2017 por los supuestos delitos de lavado de activos y evasión por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez.

Unos días después de las elecciones nacionales del 22 de octubre, la División de Fiscalización Regional Norte de la AFIP le solicitó formalmente a la empresa “Lanchas del Este” que informe bajo declaración jurada el detalle de los servicios de traslados prestados a Deleersnyder y otras empresas de practicaje vinculadas con el funcionario desde enero de 2008 hasta diciembre de 2015.

Junto con esa información, los funcionarios de la AFIP también requirieron “las facturas o documentos equivalentes emitidos a nombre de Dellersnyder y las restantes sociedades”.

Con esta movida, el organismo manejado por Abad busca mostrarse activo ante los primeros avances en Tribunales que habría registrado la causa contra el director de Transporte Fluvial y Marítimo.

De acuerdo con la denuncia que quedó en manos del juez federal, Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuán, el funcionario de Transporte habría creado una sociedad offshore con el objetivo de facturar en el extranjero servicios locales y, de esa forma, evadir impuestos.

Asimismo, la presentación de la PIA hizo foco en la constitución de otras dos sociedades en el extranjero que Deleersnydeer habría utilizado para comprar activos con el dinero obtenido de las empresas offshore.

Deleersnyder, un protegido de Dietrich, había quedado en la mira a fines de 2016 por una denuncia inicial impulsada por empresarios navieros por presunta evasión y adquisición de propiedades en el exterior con fondos no justificados.

Tras no haber sido tenida en cuenta por el ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich y la Oficina Anticorrupción (OA) de Laura Alonso, esa denuncia llegó a manos del fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, quien finalmente decidió elevarla a la justicia federal.

Según los datos que los denunciantes le aportaron a Rodríguez, Deleersnyder habría incurrido en el delito de “evasión fiscal agravada” durante su actividad privada desplegada entre enero de 2008 y diciembre de 2015 como “Práctico del Río Paraná” por la conjunción de las siguientes acciones y maniobras: omisión maliciosa de facturación; creación de empresas y cuentas bancarias off shore; percepción en el exterior de servicios prestados y no facturados y adquisición y explotación de inmuebles en el exterior con dichos activos provenientes de la evasión.

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