Por Silvio Pedro Pizarro.-

El Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, indicó que el gobierno analiza volver atrás con la ley que limita la venta de acciones de empresas que, como parte de sus inversiones, tienen el fondo de garantía del sistema previsional que gestiona la ANSES. La justificación es que la obligación de obtener un permiso del Congreso cada vez que se quiera hacer cambios en las tenencias accionarias es un paso burocrático que puede perjudicar al fondo.

«Con lo rápido que se mueven los mercados, la ley no permite actuar en caso de que haya un problema» y sea necesario vender acciones para preservar el valor del fondo, dijo.

La citada ley, dictada en los últimos meses del mandato de Cristina, obedeció al propósito de poner trabas al futuro gobierno limitando y demorando la venta de acciones.

Además, puntualizó que, en un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, se nombrarán nuevos directores en las compañías en las que hay participación accionaria del Estado. Según Basavilbaso, los directores anteriores designados por el kirchnerismo «funcionaban como policías de la economía y a muchos los había elegido Kicillof para adoctrinar a las empresas» y no para cuidar el fondo del sistema jubilatorio.

Ambas decisiones son correctas conforme a los argumentos del funcionario y nos permiten comprobar que la ANSES está todavía en funciones.

Sin embargo, son escasas y espaciadas las noticias que recibimos con respecto a las denuncias sobre malversación de fondos, defraudaciones al Estado, desvío de fondos y saqueos permanentes a la Caja de Jubilaciones.

En más de 60 informes, la Auditoría General de la Nación (AGN) destacó aspectos críticos de la gestión de la ANSES, particularmente aquellas medidas que ponen en riesgo los activos de su propiedad, clase pasiva, actual y futura. Jamás fueron tenidos en cuenta; se dispuso su archivo.

Ha censurado aspectos centrales vinculados a la sustentabilidad del régimen previsional en una perspectiva de mediano y largo plazo. También ha cuestionado la utilización de fondos de la ANSES para otros destinos ajenos al sistema previsional, incluyendo gastos corrientes del Estado nacional. Asimismo, la actitud contumaz del Estado frente a los reclamos reiterados de actualización de los haberes, a pesar de los fallos condenatorios y compromisos internacionales de no apelar las sentencias ha incrementado de manera exponencial la litigiosidad del Estado en detrimento de los legítimos beneficiarios del sistema.

La Corte Suprema ordenó varias veces que el organismo previsional honre las deudas por movilidad que mantiene con miles de jubilados. El Gobierno desoyó esa orden y utilizó los recursos para cubrir sus necesidades financieras. “Se sacaron fondos del sistema para otros destinos que no tienen relación con la futura clase pasiva”, dijo la AGN.

Ésta es una precaria enumeración de los hechos irregulares por los que venimos solicitando la intervención de la ANSES con la inmediata realización de las correspondientes auditorías. No se encuentra ninguna razón que justifique la demora del gobierno en tomar acción inmediata, especialmente por el distinto accionar en otros ministerios, secretarías y organismos donde ya se ha informado oficialmente la toma de medidas que se están llevando a cabo, incluyendo la cesantía de miles de empleados «ñoquis» nombrados en los últimos meses del mandato de la ex presidente.

Según las estadísticas que maneja el gremio estatal ATE, ya fueron dados de baja 7795 empleados en todo el país. En el ministerio de Justicia, en el ministerio de Cultura, en el Banco Central, en la Casa Rosada, en el ministerio de Defensa, en la AFSCA, en Aerolíneas Argentinas y en otras reparticiones, pero aparentemente la avalancha de designaciones en la ANSES no son impugnables.

La corrupción en este organismo es, con toda seguridad, la más escandalosa de la Administración Nacional y el silencio de las nuevas autoridades ya se torna sospechoso. Las promesas realizadas durante la campaña electoral para informar al pueblo sobre la corrupción de los funcionarios kirchneristas, desde su ex presidente hasta los funcionarios cómplices del vaciamiento del país, comenzó materializándose con la creación de una oficina especial a tales fines y continuó con las auditorías, investigaciones y cesantías anteriormente señaladas. Nada en absoluto se ha dado a conocer sobre la ANSES.

Que se entienda bien: no exigimos soluciones inmediatas; nuestra insistencia y perseverancia sobre tema tan grave e importante, tanto para el gobierno como para el pueblo y los jubilados, es que se brinde información, que se nos diga cuándo se ordenarán las auditorías, cuándo se analizará la planta de funcionarios que invadieron en exceso y con altos sueldos las oficinas de la ANSES, cuándo se realizará un balance acerca del estado real en que quedó la situación económica de la institución, cuándo se dispondrá que sus fondos no sean utilizados para fines ajenos a sus funciones.

¿Qué temores le pueden asaltar al gobierno para no responder a este particular llamado? ¿Políticos, económicos, sociales? ¿Hay compromisos ocultos? ¿Hay razones de caja?

Todo silencio genera dudas que deben aquietarse con urgencia. Va en ello el fracaso de la política de transparencia y sinceridad que se nos prometiera solemnemente y por la cual hemos votado.

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