Por Antonio Rossi.-

Eclipsado por el debate por despenalización del aborto, la crisis cambiaria y las medidas de fuerza del gremio camionero; el transporte automotor de cargas enfrenta una situación crítica que no es tenida en cuenta por la administración macrista y que amenaza con derivar en un fuerte ajuste laboral y en una drástica reducción de la actividad de las pequeñas y medianas empresas del interior del país.

En medio del pedido de 27% de aumento salarial que impulsa el sindicato de Hugo Moyano y la conciliación obligatoria dispuesta por el ministerio de Trabajo, los empresarios del transporte de cargas nucleadas en la FADEEAC salieron a reclamarle al Gobierno que declare la “emergencia económica y operativa” del sector para poder enfrentar los graves problemas que afectan a la actividad.

Por medio de un documento -que fue deliberadamente ignorado por los comunicadores y medios oficialistas- la FADEEAC advirtió que “las empresas del autotransporte de cargas están económica y financieramente en crisis. Las relaciones laborales no son ecuánimes, los costos en alza resultan inviables y las obligaciones tributarias son cada vez más difíciles de afrontar. Sumado a ello, el embargo de cuentas bancarias por parte de los organismos de control inhibe al empresario de disponer del capital de trabajo”.

La federación nacional de transportistas de cargas remarcó que existe una “delicada situación que atraviesan las empresas del sector que se agravada por el aumento sostenido de los combustibles, los peajes y la triple presión fiscal nacional, provincial y municipal”.

Agregó que “se convive con una inadecuada financiación que lleva al consecuente deterioro de la actividad y a la inevitable pérdida de las fuentes laborales”.

Frente a este escenario, los empresarios de cargas solicitaron a las autoridades nacionales que “con carácter de prioridad y urgencia procedan a establecer la declaración de emergencia del sector”.

Junto con el paraguas legal de la emergencia, la FADEEAC reclamó que se adopten las medidas necesarias para “dar previsibilidad a los precios de los combustibles, revisar las tarifas de peaje y acceder a un financiamiento adecuado con tasas preferenciales para hacer frente a las obligaciones crediticias y fiscales”.

El planteo de la FADEEAC se basó, entre otros argumentos, en los crecientes aumentos que se vienen registrando en los costos operativos del sector de la mano de las fuertes subas de los combustibles y la devaluación del peso.

Según los índices mensuales que elaboran los técnicos de la entidad, el costo del transporte de cargas en los primeros cinco meses del año trepó un 12%.

En los últimos 12 meses, la suba ascendió al 29,3%, un porcentaje superior a la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que para el último año registró una variación del 25,2%.

En mayo, el costo del transporte de cargas a nivel nacional creció 1,3%, básicamente por los aumentos derivados del ajuste del tipo de cambio. Los principales incrementos relevados en el quinto mes del año fueron del 9,7% en neumáticos; 9% en lubricantes; 7,3% en material rodante; 5,9% en reparaciones y 1,1% en costo financiero.

La suba de los costos operativos del sector estuvo motorizada por los reiterados aumentos que se vienen registrando en los precios de los combustibles: 15% entre enero y mayo; 28% desde la liberación del mercado en octubre de 2017 y 36% en los 12 últimos meses.

En lo que atañe a la presión impositiva, los estudios de la FADEEAC muestran que el impacto fiscal sobre la tarifa final de los fletes llega al 40,5%. De cada 1.000 pesos que facturan una empresa por las cargas movilizadas, el Estado entre impuestos, tasas y permisos se lleva algo más de 400 pesos, mientras que al transportista -luego de cubrir todos sus costos operativos- le quedan limpios apenas unos 39 pesos.

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