Para reducir el déficit operativo, la empresa estatal AySA impulsa un aumento tarifario anual del 77%

En medio del debate por los aumentos para los servicios de energía eléctrica y gas y las subas en los combustibles que anticipó YPF para los próximos meses, apareció en el escenario político y económico una propuesta de descongelamiento tarifario de la empresa estatal AySA que contempla un fuerte ajuste en las boletas de agua potable y cloacas.

El paquete de aumentos que impulsa la empresa conducida por Malena Galmarini -la ex diputada provincial bonaerense y esposa del presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador, Sergio Massa- prevé una serie de incrementos tanto en los “niveles tarifarios”, como en la “estructura de la factura” de los servicios de saneamiento.

El ajuste en juego incluye una suba escalonada del 10% por bimestre durante un año en el “Coeficiente de actualización K”, un aumento del 56% en el cargo fijo, una recategorización de varias zonas geográficas que tienen sus registros catastrales desactualizados desde hace varias décadas, el reordenamiento del programa de “Tarifa Social” y la aplicación de una serie de descuentos transitorios para los usuarios de bajos recursos.

La significativa actualización de las tarifas que promueven las autoridades de AySA va camino a generar ruido en medio de un contexto social muy complicado que tiene el índice de pobreza rondando el 40%, el nivel de desocupación por encima del 10% y la mayor parte de los comercios e industrias limitados y empobrecidos por la pandemia.

Los aumentos en danza están bajo el análisis del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y cuando obtengan la aprobación política del ministerio de Obras Públicas y la Casa Rosada serán tratados en una audiencia pública no vinculante.

Tras una primera evaluación de la “Propuesta Tarifaria 2021” (PT21) elevada por AySA, los técnicos del organismo regulador elaboraron un extenso “resumen ejecutivo” que expone los siguientes puntos principales.

— La Propuesta cuenta con varias medidas: algunas que modifican el nivel tarifario y afectan a todos los usuarios por igual y otras, que afectan la estructura tarifaria y tiene incidencia diferencial para determinados conjuntos de usuarios.

–La PT21 espera generar ingresos por $45.986 millones con los cuales podrá afrontar el 84,5% de los gastos de operación. Si a eso se agregan los egresos en mejora y mantenimiento de los servicios, los ingresos por las nuevas tarifas solo alcanzarán para cubrir el 55,6% de los gastos de AySA.

–El hecho que la PT21 contenga un déficit operativo explicita la necesidad de financiamiento externo del servicio. Tanto las transferencias corrientes del Tesoro Nacional, como el recupero del crédito fiscal del IVA implican la asignación de recursos públicos para estos fines por lo que (de manera implícita) se participa a los contribuyentes impositivos en la financiación del servicio.

–Las variaciones propuestas en niveles tarifarios implican una suba en el coeficiente de actualización K de las facturas del 10% por bimestre durante un año, lo cual que implica un aumento acumulado final que llega al 77%.

–En el componente tarifario del “Aporte Universal Diario” (AUD) se prevé un incremento de $ 0,04 por día por servicio por unidad funcional que resulta en un $ 45,50 por mes por servicio por unidad funcional. Esto es aproximadamente un aumento del 56% del cargo fijo, excluido el incremento del coeficiente K.

–En el caso de la Factura Mínima (FM), el aumento es de $ 0,04 por día por servicio por unidad funcional. Esto afecta de manera directa al 25% de los usuarios residenciales.

–La PT 21 también plantea la modificación de los coeficientes zonales en 10 áreas reducidas que presentan una categorización incongruente con sus características inmobiliarias y urbanísticas. Con esto se corrigen falencias históricas en materia de subsidios cruzados y se incorporan los cambios geográficos no registrados en los últimos 40 años.

–Para compensar parcialmente los efectos regresivos de los aumentos, se aplicarán durante 7 meses descuentos transitorios en el valor del coeficiente K a los usuarios de determinadas zonas geográficas y a los actuales beneficiarios del Programa de Tarifa Social.

–A eso se agrega una reconfiguración del programa de Tarifa Social para garantizar el acceso a los servicios a los hogares “afectados por la situación económica y social y aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad estructura”. Para este fin se prevé un presupuesto inicial de 1.429 millones de pesos para subsidiar los servicios de un universo de 250.000 hogares.

Luego de haber tomado conocimiento del ajuste tarifario que el Gobierno tiene en carpeta para AySA, las primeras entidades defensoras de los usuarios que salieron a cuestionar los cambios fueron ADECUA y la Unión de Usuarios y Consumidores.

La titular de ADECUA, Sandra González y del director de Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada advirtieron que la mayor parte de los usuarios no están en condiciones de poder afrontar los aumentos pautados en medio de la actual crisis económica y sanitaria.

Los representantes de los usuarios destacaron que, en lugar de un aumento generalizado para todos los hogares, los funcionarios de AySA deberían implementar una segmentación tarifaria por niveles de ingresos para que las casas lujosas dejen de pagar la misma tarifa que las viviendas de clase media y de barrios carenciados.

Antonio Rossi

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Y SI PENSAMOS UN POCO MÁS
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7 months ago

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