Por Antonio Rossi.-

Un creciente microclima de suspicacias y dudas ha comenzado a instalarse en el ámbito de la estatal ADIFSE (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) a raíz de los resultados que se vienen observando en las adjudicaciones de las principales obras de renovación de vías de los ferrocarriles de cargas que opera el Estado.

Varias empresas que se presentaron en las últimas licitaciones efectuadas por la ADIFSE -la sociedad estatal manejada por Guillermo Fiad, que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich- salieron a manifestar sus quejas por un “favoritismo” que se estaría registrando para determinadas firmas que están identificadas con el Gobierno y cuyos dueños tienen llegada directa a varios ministros y a la Casa Rosada.

Los cuestionamientos -que algunos empresarios evalúan llevar a los tribunales si se llegan a reiterar en las próximas contrataciones- apuntan a constructora UCSA del empresario macrista Manuel Santos Uribelarrea, titular del grupo MSU.

Proveniente del sector agropecuario, el grupo de Santos Uribelarrea -que cuenta con un amplio abanico de sociedades conexas como Juamarita SA, MSU Air (transporte aéreo), MSU Ovo (avicultura), MSU Bioenergy (bioenergía), MSU Agribusiness Holding- logró extender sus negocios a las obras públicas estatales a partir del cambio de mando presidencial de diciembre de 2015.

El año pasado, UCSA consiguió quedarse con contratos de obras de infraestructura tanto de la administración porteña de Rodríguez Larreta (provisión de la red de gas para la Villa Olímpica), como de Vialidad Nacional (tramo Carmen de Areco-Junín de la futura autopista de la ruta 7).

En el caso específico del sector ferroviario, la constructora tuvo un salto vertiginoso al ganar en el último año y medio una serie de contratos de renovación de vías y ramales que superan los 5.000 millones de pesos.

Un dato llamativo que destacan tanto las empresas que compitieron y perdieron UCSA, como funcionarios de línea la sociedad estatal es la intervención clave que tendría a la hora de adjudicar los contratos, Leonardo Javier Millán, el ex “Coordinador de Obras Ferroviarias” de la constructora UCSA que desde julio de 2016 es el ejecutivo de la ADIFSE responsable de “la implantación, fiscalización y coordinación de las obras de renovación de infraestructura ferroviaria asociadas al Plan Belgrano”.

El currículum de Millán muestra que, antes de su paso por UCSA, había trabajado para dos empresas que hoy están en la mira de todos: Odebrecht (donde fue “Gerente de Producción” de una obra agroindustrial en Angola) e Iecsa (como “Coordinador de Ingeniería y Obras” del proyecto de Soterramiento de la línea Sarmiento y del fallido tren bala que iba a unir Retiro con Rosario y Córdoba).

La última adjudicación a favor de UCSA que caldeó los ánimos entre los contratistas ferroviarios fue la registrada en el proceso licitatorio de las obras de renovación total de vías en los ramales C12, C15 y C18 del ferrocarril Belgrano.

La pelea por estas obras localizadas en las provincias de Salta y Jujuy se dio entre ocho oferentes. Inicialmente las dos mejores ofertas correspondieron a la italiana Ghella (4.352 millones de pesos + IVA) y a la brasileña Queiroz Galvao (4.653 millones de pesos + IVA). En esa primera instancia, la oferta de UCSA se había ubicado en el sexto lugar con una cotización de 5.685 millones de pesos.

Pero gracias a una polémica “nota de descuento” del 28,87% que apareció como propuesta alternativa, UCSA logró recomponer su oferta para dejarla con el precio final más bajo de 4.044 millones de pesos + IVA.

Tras esa jugada, la ADIFSE procedió a adjudicarle las obras a la empresa de Santos Uribelarrea en medio de las quejas de los otros oferentes que ven el atajo de las “notas de descuento” como algo poco claro y sospechoso.

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