Por Eduardo Difonso.-

En una nota escrita por Alejandro Einstoss, publicado originalmente en IAE (Instituto Argentino de la Energia General Mosconi) nos encontramos con las siguientes afirmaciones:

La política de precios de la energía, en particular el precio del petróleo y el del gas natural, se han transformado en los últimos años no solo en variables centrales de la política energética, sino también para la política macroeconómica, como consecuencia del extraordinario peso de los subsidios energéticos sobre las cuentas públicas.

En un contexto internacional de energía “barata”, nuestro país mantiene una política de precios internos artificialmente altos tanto para el petróleo crudo como para el gas natural, como consecuencia de la aplicación de incentivos a la producción -Plan Gas y Barril Criollo-, mecanismos heredados de la administración anterior y que luego de 18 meses, la actual administración mantiene sin modificaciones.

Mediante subsidios a la oferta; el Programa Plan Gas garantiza a los productores locales un “precio sostén” a la producción incremental de USD 7,5 por millón de unidades térmicas (BTU) por sobre los USD 2,49 que remunera la producción de base (sic).

Ahora, en nuestra opinión, esto nos permite afirmar, como lo venimos sosteniendo, que el gobierno PRO-RADICAL mantiene y hasta ha incrementado los subsidios que se le reconocían a las empresas petroleras y extractoras de gas en la Argentina a pesar del tremendo tarifazo aplicado sin especificar ni blanquear los costos de extracción del gas en «boca de pozo» tal como se le exigiera al ministro Aranguren en la Cámara de Diputados de la Nación y luego en las Audiencias Publicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia.

Tampoco se está exigiendo ni controlando que incrementen la producción ni establezcan un crecimiento de las reservas gasíferas, pero si se les garantiza a las Concesionarias una rentabilidad extraordinaria sin exigirle inversiones que garanticen la provisión del vital elemento ni la realización de obras de ampliación de redes para incorporar mas argentinos al uso y goce de este servicio básico.

Como lo afirma el trabajo de este economista con especialidad en temas energéticos, el incremento, sin contraprestación comprobada ni exigida por el ENARGAS (Ente Regulador) encargado de controlar cumplimiento del contrato de concesión, ni tampoco por el Ministerio de Energía y Minería, es desmesurado y para nada gradual ya que de U$S2,49 dólares de precio básico reconocido hasta diciembre del 2015 saltó a U$S7,50 dólares el Millón de BTU para todo el gas producido; cuando en realidad la idea era pagar estos montos a la producción excedente de gas que superara los volúmenes conseguidos hasta la fecha de implementación del Plan Gas, lo que se dio en llamar -«un precio sostén” a la producción incremental- y sobre todo lo que se obtuviera en las áreas de la cuenca neuquina de Vaca Muerta.

En el informe se sostiene que: A partir de 2018, éste beneficio solo se aplicará a la producción de gas no convencional de la cuenca neuquina -Vaca Muerta- en un camino de precios decrecientes hasta 2021. Lo que corrobora lo afirmado en párrafo anterior.

En este punto, le recordaremos al lector que los usuarios residenciales y empresas e industrias ye hemos recibido dos (2) incrementos tarifarios a partir de los dos aumentos producidos, en noviembre de 2016 y en abril del 2017, que significaron pagar el valor del gas en «boca de pozo» incrementado de U$S 2,49 dólares a U$S 3,42 y luego, el aumento vigente hasta octubre de este año que fue de U$S 3,42 a U$S 3,77 dólares el millón de BTU. En promedio ya que también influyen los consumos comparados con el año 2015 y la región del país según sus temperaturas medias.

Como queda demostrado, los subsidios a la extracción de gas siguen vigentes a pesar que el gobierno de CAMBIEMOS digan que se eliminaron. En realidad se trasladaron en parte sobre los bolsillos de los usuarios de gas por redes y garrafas (los U$S 3,77dólares por MBTU) mas la diferencia que sigue pagando el estado nacional hasta completar los U$S 7.50 dólares por MBTU.

Continúa en su informe Alejandro Einstoss de la página del Instituto General Mosconi, afirmando que: «Desde su implementación en 2013, Plan Gas implicó transferencias corrientes del Tesoro Nacional por $72.500 millones, de los cuales $ 43.073 millones corresponden solo a 2016, lo que representó un crecimiento interanual del 262%. La tendencia se consolida para el primer trimestre de 2017, transformando al Plan Gas en el ítem con mayor peso de las transferencias energéticas corrientes -53%-«(sic).

El principal objetivo del Plan Gas es reducir el volumen de importaciones de gas natural y por ende reducir el costo fiscal que ellas implican mediante dos vías:

  1. incrementado la producción de gas
  2. estimulando la inversión en exploración y explotación.

A cuatro años de su implementación, la producción de gas natural se ubica en niveles similares al año 2013, es decir estamos a foja cero, y si bien los años 2015 y 2016 muestran crecimientos interanuales del 3,5% y 4,9% respectivamente, una parte de dicho incremento se explica por el desarrollo del yacimiento convencional: Vega Pleyade en Tierra del Fuego que desde principios de 2016 aporta el 9% del consumo diario de gas.

En relación a las inversiones, las estadísticas del Ministerio de Energía y Minería nos dicen que a 2016 se redujeron tantos los pozos de exploración (-39%), como los de desarrollo (-9%), en relación a 2012 -año previo a la implementación del Plan Gas-.

Desde 2013, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Energía y Minería en su página web, las inversiones se han concentrado en la producción de recursos no convencionales, es así que para el periodo 2013-2016 las inversiones realizadas por todas las empresas productoras de hidrocarburos (petróleo + gas) no convencional representaron USD 11.190 millones , pero como consta en la pagina oficial, estas cifras se toman teniendo en cuenta las (DDJJ) Declaraciones Juradas de las empresas concesionarias y por lo tanto de dudosa comprobación, mientras que para el mismo periodo los subsidios por Plan Gas ascendieron a USD 6726 millones, cifra real contabilizada y desembolsada efectivamente por el ministro Aranguren, es decir el 60% del monto invertido.

Con la agravante de que la inversión realizada en el año 2016 por las empresas privadas fue de U$S 2.880 millones de dólares y lo recibido en concepto de subsidio estatal fue de U$S 2.913millones de dólares, equivalente al 101% de lo invertido.

Es decir que en este año 2016 toda la inversión la cubrió el subsidio asignado por el gobierno. Es decir; seguimos pagando los consumidores argentinos, usuarios residenciales y PyMES comerciales e industriales.

Fuente: MINEN – Inversiones Realizadas en base a DDJJ presentadas por las empresas.

En particular durante 2016, se subsidió la producción de gas en un monto equivalente a toda la inversión anual realizada en la producción de hidrocarburos, incluida Vaca Muerta por un monto USD 2913millones.

En resumen, esta política energética que mantiene el gobierno del ing. Macri genera un fuerte incremento del deficit fiscal afectando la macroeconomía nacional y no permite reducir los índices inflacionarios. Por ejemplo hemos hecho hincapié en el Plan Gas que aparece como un instrumento de enorme y creciente costo fiscal y de escasa eficacia en términos productivos y de inversión por falta de controles efectivos y falta de exigencia del cumplimiento de los Contratos de Concesión.

En relación a los subsidios/incentivos a la producción de petróleo, el Barril Criollo, consiste en garantizarles a los productores locales de petróleo un precio superior al internacional hasta 2018.

Su implementación desde diciembre de 2014 implicó para los consumidores argentinos pagar los combustibles más caros de la región, con efectos macro y microeconómicos relevantes en costos logísticos, el nivel general de precios y el presupuesto de las familias.

La aplicación del precio sostén al petróleo represento transferencias desde los consumidores hacia las empresas productoras de petróleo por aproximadamente USD 6500 millones para los años 2015 y 2016.

Resultado: en 2016 la producción de petróleo fue 5% inferior a la del año 2013, y la tendencia se mantiene para el primer trimestre 2017 con una caída interanual del 7%. Este escenario que nos pone a las puertas de comenzar importar cantidades crecientes de petróleo crudo para cubrir la demanda local.

En números reales la producción de petróleo se mantuvo prácticamente estable durante los años 2014 y 2015 en que se produjeron 194.230.000 barriles y 194.350.000 barriles respectivamente, pero fue cayendo y para el año 2016 se produjeron 186.860.000 barriles. Esta tendencia a la baja se mantiene en el primer semestre del corriente año.

Con lo que queda demostrado que las empresas Concesionarias no realizan las inversiones necesarias que justifiquen seguir pagando los subsidios, tanto para el petróleo como para la extracción de gas, con el tremendo costo fiscal que significa para la nación en general y para los consumidores en particular.

Es evidente que actual administración heredó una política de precios de la energía errática, costosa e ineficiente, pero luego 18 meses la nueva gestión no la modificó.

Difícilmente se logren resultados distintos aplicando los mismos instrumentos.

Incentivos discrecionales de precios por sí solos no parecen suficientes para incentivar la inversión, si no se acompañan del diseño de una política pública y de planificación energética en el marco de acuerdos amplios.

La coyuntura internacional de precios bajos y pronósticos de mediano plazo en el mismo sentido abren una ventana de oportunidad para reformular la política energética sin urgencias.

Alinear los precios internos a los internacionales y terminar con el Barril Criollo y el Plan Gas podría ser un primer paso para achicar el tremendo déficit fiscal, disminuir los índices inflacionarios, mejorar las condiciones macroeconómicas para la industria y la producción y aliviar los alicaídos bolsillos de los argentinos que hoy son expoliados por decisiones equivocadas producto de diagnósticos erróneos inducidos por reclamos de empresas prebendarias que sólo persiguen la rentabilidad empresaria para girar sus ganancias al exterior y que ya suman más de U$S 20.000 millones de dólares que al día de hoy ya fugaron de Argentina.

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