Por Antonio Rossi.-
Como en esas peleas de boxeo donde impera el “golpe por golpe” entre los contendientes, la ofensiva lanzada por la administración macrista contra el servicio de practicaje se topó en las últimas horas con una fuerte y significativa reacción de los profesionales del sector y del Foro Latinoamericano de los Prácticos.
Por medio de una dura declaración final, el IX foro internacional que sesionó en Buenos Aires salió a cuestionar los recientes ataques de los funcionarios nacionales a los prácticos locales, al tiempo que recomendó la adopción estricta de las normas internacionales de seguridad en la prestación de los servicios de practicaje.
El cumplimiento a rajatabla de esa recomendación preanuncia un nuevo y ruidoso foco de conflicto entre los prácticos y el tándem conformado por el Gobierno, las terminales portuarias privadas y las grandes exportadoras de granos.
Si los prácticos se ponen firmes y dejan de operar los buques que tengan calados superiores a los permitidos por el diseño del canal de navegación de la Hidrovía, los armadores deberán reducir los cargamentos actuales y contratar más barcos cerealeros para movilizar la misma cantidad de cargas al exterior.
Según las cuentas preliminares que hacen en el sector, los montos que se verían obligados a pagar los exportadores por la contratación de los fletes adicionales superarían con creces los supuestos “sobreprecios” que -según el Gobierno- venían cobrando los prácticos y que elevaban en forma considerable los llamados “costos portuarios y logísticos”.
Una semana después del triunfo electoral del 22 de octubre y justo cuando se iniciaba en Puerto Madero el IX Foro Latinoamericano de prácticos, el Gobierno resolvió cambiar por decreto las reglas de juego de la actividad y habilitar a la Armada y Prefectura para que atiendan a los barcos de carga que operan en los puertos nacionales.
Bajo el argumento de que hay que “bajar los costos y mejorar la competitividad”, el Gobierno le impuso a los prácticos -por medio del decreto 874- la fijación de un cuadro de “tarifas máximas” y un nuevo marco regulatorio que les impide llevar adelante reclamos y medidas de fuerza que impliquen la paralización o demora en la prestación de sus servicios.
Frente a esa embestida, los prácticos locales y sus colegas latinoamericanos contragolpearon con la “Declaración de Buenos Aires” donde pusieron sobre el tapete las siguientes cuestiones y alertas:
–Manifestar la preocupación institucional porque los prácticos argentinos están compelidos a trabajar apartados de los conceptos básicos de la seguridad que son los fundamentos del practicaje, poniendo en riesgo el bien público y el medio ambiente.
–Recomendar en forma inmediata la determinación de no pilotear y maniobrar con buques en calados superiores a los diseños del canal y, a la vez, recomendados por la autoridad marítima.
–Observamos que los anchos navegables no son los indicados para los cruces y adelantamientos de acuerdo al tamaño de los buques que están navegando dichos canales por lo cual se deben tomar en cuenta la normas PIANC y evaluar la aplicación del calado dinámico para mantener un mínimo margen de seguridad bajo la quilla.
–A los efectos de mantener un standard de seguridad y profesionalismo aceptable, es imperioso que se establezca un número adecuado de prácticos por zona que asegure se mantenga la relación entre la expertise y evitar la fatiga de acuerdo a las recomendaciones de la OMI, OMS, STCW y OIT generando sistemas de cupos.
–Los colegas argentinos deben pugnar ante las autoridades que se reglamente el tiempo máximo permitido para un pilotaje acorde a las recomendaciones OMI y en consonancia con la reglamentación de los colegas uruguayos cuando realizan un trabajo similar, tal cual lo dispone el tratado de Río de la Plata en el capítulo 26 donde establece que no debe excederse las 6 horas de guardia.
–Por último, el Gobierno argentino debe comprender que la función esencial de un Práctico es brindar seguridad y el cuidado del medio ambiente, los cuales no pueden ser considerados como una variable de mercado y deberá evitar exponer a los señores Prácticos atenciones adicionales provenientes de la exposición pública que comprometan la seguridad generando distracciones durante el desempeño de su tarea.
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