Amado Boudou y Julio de Vido están bien presos: No es necesaria condena para detenerlos

Para los que dicen que Julio de Vido o Boudou no deberían estar presos porque no tienen condena, les digo en la cárcel de Ezeiza, habilitada en 1999, tiene capacidad para 2226 hombres, según los últimos datos, de los cuales el 86.61% está procesado y el 12.95% condenado. Con ese criterio, tendríamos que darle la libertad al 86,61%. Además, hablan de la causa Boudou y algunos se titulan denunciantes de la misma cuando son simples cronistas de esta causa.

Cuando realicé la denuncia el 10 de febrero del 2012, y en Uruguay en el 2013, no vi a nadie que firmara junto a mí.

A Amado Boudou se le imputan muchos delitos pero también lavado de dinero, todo ello vía Uruguay. No fue sólo la compra de Ciccone. La cantidad de empresas que tenían para lavar dinero son Hábitat Natural S.A., Inversiones Inmobiliarias S.A., Rock Argentina S.A., WSM S.A., Beaver Cheek S.A., Actiomedia S.A., Vail Investments S.A., Embarcación Argentina S.A. y The Old Fund S.A.

Para los periodistas que dicen que está mal detenido Boudou, les digo que investiguen. No toqué de oído. De la misma forma opinan como no saben ni quién inició la denuncia y todo loco que anda suelto dice que fue el denunciante.

LA JUSTICIA ARGENTINA SE DESPIERTA

El juez Valetti solicitó “la detención preventiva con fines de extradición, en principio por haber sido partícipe en delitos de precedente en blanqueo de capitales en su país de origen con la recepción y empleo de una importante suma de dinero en nuestro país, que no encuentra justificación alguna en negocios regulares que se vienen cumpliendo”.

Hace casi tres años que la Unidad de Información y Análisis (UIAF), dependiente del Banco Central de Uruguay (BCU), investiga una dudosa transferencia de US$ 620.000 desde la compañía Dusbel S.A. hacia de The Old Fund, la firma que controlaba Ciccone, que luego pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana. Las sospechas se acrecentaron por reportes de que Dusbel sólo hacía transferencias menores a US$ 10.000.

Valetti ordenó dos veces la comparecencia de Vandenbroele en Montevideo a pedido del fiscal Gómez, pero el presunto testaferro de Boudou no se presentó a declarar. Luego de ser detenido en Mendoza hace más de un año por el juez federal N° 1 Dr. Bento, luego tomó la causa en Capital Federal Martínez di Giorgi, cuando el encargado debía de ser Lijo, quien tramita la causa principal. Por ahora no se concedió la extradición a Uruguay por un delito que es penado de 20 meses a 10 años. La causa en Uruguay avanzó en su momento más que en la Argentina pero ahora por el lavado de dinero que se despierta nuestra justicia.

El mismo día que Amado Boudou se sentó frente al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en el inicio del juicio en su contra por la compra de la imprenta Ciccone, el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia inició una pericia clave en la causa: el análisis de la ruta del dinero para saber de dónde provino el dinero que utilizó The Old Fund para el levantamiento de la quiebra de la calcográfica y si el ex vicepresidente tuvo intervención en el hechos.

En la causa conocida como la “Ruta del dinero de Ciccone”, comenzó el peritaje oficial. Se trata de la reconstrucción del circuito económico que posibilitó el levantamiento de la quiebra de la calcográfica que pagó The Old Fund, representada por Alejandro Vandenbroele señalado como presunto testaferro del ex vicepresidente de Cristina Kirchner.

La pericia inició el martes, el mismo día que Boudou acusado de “abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos”, enfrentó la primera audiencia del juicio por la compra de la imprenta.

El trabajo a cargo del cuerpo de peritos contadores forenses de la Corte Suprema de Justicia se realiza sobre personas jurídicas, y sobre una sola persona física que es Alejandro Vandenbroele: quien realizó el depósito para el levantamiento de la quiebra.

El cuerpo de contadores analizo así, al Banco Macro, a Cooperativa Limitada de Crédito y a cuatro subsidiarias “que fueron responsables de realizar el intercambio del dinero”, indicaron fuentes judiciales El circuito busca reconstruir de dónde provino el dinero que se utilizó para salvar a la calcográfica.

La Justicia busca determinar si The Old Fund cuya cara visible fue Vandenbroele, actuó en representación del ex vicepresidente y su amigo y socio José María Núñez Carmona.

El primer depósito por $ 567.000 se hizo el 3 de septiembre de 2010, con el fin de levantar la quiebra. Pocos días después, según consta en la causa la firma London Supply, aportó otro $ 1,8 millón para terminar de rescatar a la ex Ciccone.

En su momento, la AFIP había pedido la quiebra de la empresa por adeudar de 250 millones de pesos, pero fue el propio organismo quien pidió a la Justicia comercial que le diera Ciccone a The Old Fun.

Bajo la lupa está también una cuenta de la firma de Vandenbroele utilizada para levantar la quiebra.

En esta causa se investiga los delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el expediente que ya está en juicio, la justicia determinó que Boudou junto a Núñez Carmona, “habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund y de Vandenbroele” con el fin de “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones.

Este delito no está prescripto; es más, está procesado por cohecho, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público, es decir, concurso de delitos cuyo máximo de la pena llega a 15 años y el mínimo a 5 años. Por lo tanto, es imposible la condena condicional. Esta causa es una verdadera mega causa que termina en la ex presidenta y el ex presidente fallecido. El juicio oral contra Amado Boudou por el caso Ciccone comenzó el 3 de octubre.

El Tribunal Oral Federal N° 4 fijó la fecha para el inicio del proceso contra el ex vicepresidente, a cinco años y medio de que se desate el escándalo). “Téngase presente para resolver en la oportunidad del debate respecto de la procedencia de la convocatoria de los testigos Jorge Vitale, Ricardo Monner Sans, Martín López Medus, Luis Carlos Petcoff Naidenoff, Graciela Ocaña, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Manuel Garrido y Nicolás Wiñazki.” Además, al supuesto testaferro de Boudou lo investiga la justicia uruguaya, que solicitó la detención y luego la extradición de Vandenbroele después de que éste faltara dos veces a las citaciones indagatorias en las que debía explicar el origen de 620.000 dólares que la sociedad Dusbel transfirió en bonos, desde Montevideo, a una cuenta asociada a The Old Fund, en la Argentina.

El día 22 de agosto del 2012, el Congreso Nacional decretó la expropiación de Ciccone. Pero el 20 de octubre del 2016, la Cámara de Apelaciones decretó y confirmó la inconstitucionalidad.

El fallo de primera instancia ordena al Estado nacional a pagar por la expropiación de Ciccone unos 300 millones de pesos más el 6% de interés anual, por lo que la cifra total superará los $ 350 millones y podría elevarse.

Cuando dispuso la expropiación, el Gobierno de Cristina Kirchner argumentó que la decisión no le no costaría “ni un peso” al Estado, aunque ya en 2013 el juez Cosentino determinó que la medida era inconstitucional.

El Gobierno de Macri se resiste a pagar los 350 millones por lo que la AFIP ya apeló el fallo judicial. El objetivo del organismo recaudador es que la Justicia admita la compensación entre lo que en principio vale la empresa -unos $ 300 millones- y las deudas impositivas que la familia Ciccone acumuló durante años hasta superar los $ 275 millones.

Sin embargo, tanto el juez Cosentino como los camaristas consideran que admitir esa compensación conllevaría un trato inequitativo para todos los demás acreedores que aspiran a recuperar al menos parte de los millones que les adeudan los Ciccone.

Por eso mismo, los camaristas aclararon que el desembolso de los $ 300 millones más intereses no terminará en los bolsillos de la familia Ciccone, que, dadas las deudas que acumularon, acaso no lleguen jamás a ver un cheque de ese expediente. El dinero irá a los acreedores verificados.

LAVADO DE DINERO

El Juez Valenti, de Uruguay, pidió la extradición de Vandenbroele por lavado de dinero en la causa Ciccone y después vienen otros. Esto demuestra la actividad que está realizando la justicia internacional y después de esto sigue la causa que se está tramitando en España. Si bien fue procesado y pedida la elevación a juicio oral del ex vicepresidente de la República Amado Boudou y otros, faltan más funcionarios y la conexión internacional.

Si bien la causa se va encaminando a otros funcionarios, como el director de la AFIP y la ex presidenta de la Casa de la Moneda, faltan aún más funcionarios. Además, la conexión de la ruta de dinero con los jueces internacionales, faltan todavía la UIF, el Banco Central y más funcionarios del Ministerio de Economía.

En la causa contra el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por el caso Ciccone, los fiscales no actuaron de oficio y los jueces que intervinieron -inclusive el actual- tuvieron dudas de activar este procedimiento. Fueron las investigaciones periodísticas en sí mismas las que avanzaron sobre el tema. Hoy nos encontramos ante una situación muy especial: no sólo que están acreditados y probados todos los hechos de violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, sino que existen jueces en Uruguay, España y Suiza que han investigado la conexión con esta causa y la forma y modo en que se ha generado el dinero a través de rutas de lavado de dinero.

La importancia de esta causa está también en la valentía de testigos que afrontaron amenazas sin aflojar: Laura Muñoz; ex de Vandenbroele, Guillermo Reinwick, familiar de los Ciccone y el que fue funcionario de Economía, José Capdevila, que se exilió por la inseguridad.

Hay que recordar, además, que en abril de 2012 el Gobierno, por esta causa, echó al jefe de los fiscales, Esteban Righi, y apartó al juez tan cuestionado a cargo de la investigación, Daniel Rafecas, por pedido José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou.

En Uruguay, España y Suiza, ya fue pedida la indagatoria de Vandenbroele. Y ahora la extradición. Lo motiva la conexión que existe entre todas las empresas off-shore y el Caso Ciccone, al haber utilizado las mismas rutas de lavado de dinero y fuga de capitales.

Es por eso que los jueces internacionales reiteran desde hace varios meses sus molestias porque la Justicia argentina no responde a los pedidos de informes acerca de esos datos que vinculan a los citados cuatro países con la causa Boudou Ciccone. La contestación a estos exhortos es una tarea pendiente en la causa. En estas causas le hice saber a los jueces intervinientes las relaciones que existen y las empresas intervinientes.

Ahora la acción judicial deberá acelerarse, para llamar a indagatoria a más funcionarios.

* España

El juez Pablo Ruz investiga el caso Gurtel de lavado, que ya llevó a la cárcel al tesorero del gobernante Partido Popular, José Luis Bárcenas. Boudou y el presidente español Rajoy están vinculados a la misma empresa lavadora P. T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa. Ésta es la empresa off shore con oficinas insignificantes en Madrid y Montevideo que recibió los fondos para la compra de Calcográfica Ciccone.

* Uruguay

El juez. Néstor Valetti investiga la causa sobre la corrupción y su relación con la denuncia que se tramita en la Argentina contra el vicepresidente Boudou por el Caso Ciccone. Así el juez y el fiscal de la causa comenzaron a investigar la empresa P.T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, radicada en Montevideo. Esta empresa giró los fondos por intermedio de Dusbel S.A. para The Old Fund, que presidía Vandenbroele, comprar Ciccone Calcográfica, que no puede justificar 50 millones.

* Suiza

El juzgado de Quinta Denominación investiga el dinero enviado desde Uruguay, proveniente de la Argentina.

Con todas estas investigaciones internacionales podríamos llegar al descubrimiento de los verdaderos titulares de estas empresas off shore y a los verdaderos actos de corrupción, ya que en nuestro país se esconde mucha información.

Pero además, el juez Lijo, también tendría que investigar la relación de la empresa Enarsa S.A., que fue denunciada ante el Juzgado N° 5 en lo Federal a cargo del juez. Ercolini, con la intervención del Fiscal Delgado. Fue porque su ex presidente Exequiel Espinosa debió renunciar en mayo de 2013 por su conexión con la empresa S.G.I., la llamada popularmente “La Rosadita” propiedad de Eláscar. El contador de Enarsa S.A. Jorge Norberto Cerrota, había sido Director General de S.G.I. Realizándose, supuestamente, la triangulación hacia Uruguay con la empresa P.T.Bex Bursátil Sociedad de Bolsa.

Por último, cabe también que la Justicia investigue que en diciembre 2012 fue confirmado la desaparición o robo de la Inspección General de Justicia (IGJ) de los expedientes de esas empresas vinculadas al caso Ciccone.

Las restantes empresas involucradas en las maniobras del Caso Ciccone son Hábitat Natural S.A.; Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A. y ahora la española Agroibérica y la uruguaya PT Bex Bursátil. Por tal razón, y por estos nuevos datos, SE pidió la información necesaria en nuestro país y también a la Justicia española, con el fin de reconstruir esos antecedentes robados de la IGJ.

Del accionar del ex vicepresidente y sus amigos se desprende que no podrían estar ajenos la IGJ, la AFIP, la Unidad de Investigaciones Financieras(UIF), el Banco Central y la Casa de Moneda.

Los jueces argentinos AHORA SI contestaran los exhortos internacionales, estos últimos, comenzarán a dar información sobre las cuenta detectadas en el exterior y en los paraísos fiscales de los funcionarios argentinos y empresarios amigos. Como sea, informando sobre los fondos de Lázaro Báez en el exterior.

Éste es el momento de investigar todas estas conexiones que tienen en común las mismas personas, lavado de dinero, corrupción y el pedido de extradición nos demuestran la actividad que tienen las causas internacionales y recién ahora se activan las nuestras.

Dr. Jorge Luis Vitale

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2 comments for “Amado Boudou y Julio de Vido están bien presos: No es necesaria condena para detenerlos

  1. Pehúen Curá
    06/11/2017 at 8:33 PM

    ¿Christian Sanz, el periodista, que tiene que ver en esta denuncia? la cual levó a Boudú a la cárcel Causa 1999/12

  2. Mabel
    07/11/2017 at 8:26 PM

    …lo que plantea el título de la nota es un dislate. Fundamentar la detención en la posibilidad de obstaculizar el proceso, sin indagatoria es absurdo, y sobretodo si es contra ex funcionarios. Medio gabinete actual, con causas en trámite, están en mejores condiciones de obstaculizar el proceso, porque están en funciones. Ergo se los tendría que detener

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