Por Eduardo Difonso.-
Las autoridades de Mendoza, San Juan y San Luis, deberían revisar la determinación del precio de gas que pagarán los usuarios consumidores de gas natural en sus respectivas provincias a partir de este mes de octubre ante las dudas que presenta el procedimiento para definir valores que se incorporaron al cuadro tarifario vigente para esa región.
De igual modo lo deberían hacer el resto de las autoridades de otras provincias ante situaciones similares producidas y que reflejamos como ejemplo en esta nota de opinión que tiene como base la investigación llevada a cabo por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo sobre los precios del gas en boca de pozo en las distintas cuencas nacionales que surgieron de licitaciones públicas y que son muy inferiores que los aplicados en los cuadros tarifarios por las distintas Distribuidoras locales.
CASO CONCRETO
Los ciudadanos de Mendoza, San Juan y San Luis están siendo presuntamente estafados por la Distribuidora de Gas Cuyana producto de la ilegalidad en la definición del precio del gas acordado para incluir en el cuadro tarifario que rige a partir del mes de octubre de este año.
El 5 de octubre, el ENARGAS emitió las resoluciones autorizando los nuevos cuadros tarifarios a las prestadoras del servicio público de distribución. En ellas -publicadas hoy 8 de octubre en el Boletín Oficial- están plasmados los nuevos acuerdos entre estas empresas y las productoras en cuanto al tipo de cambio y los precios del gas en boca de pozo tales que, supuestamente, aseguren «el mínimo costo para los consumidores compatible con la seguridad de abastecimiento». (S/Ley 24.076)
El acuerdo alcanzado por la productora de gas y la Distribuidora de Gas Cuyana, avalado por el ENARGAS y la Secretaría de Energía donde establecieron un precio unificado para toda la cuenca (Neuquina) y para todas las petroleras de U$S 4,052/MMBTU, es un 31% más caro que el mínimo ofertado en la licitación de septiembre para el gas de generación eléctrica, que fue de U$S 3,10/MMBTU y un 16% en relación al públicamente anunciado por Iguacel en el mes de agosto para Vaca Muerta, que fue de U$S 3,50/MMBTU.
Precio que, por otra parte, no guarda ninguna relación con el costo total de desarrollo de los no convencionales en el país con el costo para el convencional que, por ejemplo, en el yacimiento El Orejano (YPF sistema convencional) presentan un costo de desarrollo menor a U$S 1 /MMBTU en el primer trimestre del 2018.
¿Cómo fueron determinados los nuevos precios del gas en boca de pozo? Si…
1- De acuerdo con el Secretario de Energía Javier Iguacel estos son los precios:
Según el informe de OETEC-ID (Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo): En el Business 20 (B20), Neuquén, 15 de agosto de 2018, Iguacel comunicó que el precio del gas que permite desarrollar las reservas disponibles en Vaca Muerta es de U$S3 ,5 /MMBTU, incluso permitiéndoles retornos superiores al 20%:
Fuente: Ministerio de Energía. Diapositiva de la Presentación de Javier Iguacel en el Business 20 (B20), de la comunidad de negocios del G20, Neuquén, 15 de agosto de 2018.
2-De acuerdo con una Licitación los Precios del gas en boca de pozo ofertados por las productoras para la generación eléctrica fueron de:
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación, 7 de septiembre de 2018. Señalan los precios ofertados mínimos por cuenca.
Como se observa, el mínimo ofertado fue U$S 3,1 /MMBTU para la Cuenca Neuquina. Evidentemente, este precio es negocio para las productoras que así lo ofertaron en la licitación del MEGSA (Mercado Electrónico del Gas S.A.) del mes pasado.
3- Según la Resolución 282/18 del ENARGAS que autorizó el acuerdo entre las productoras con Distribuidora de Gas Cuyana:
A través de la Resolución 282, el ENARGAS autorizó a la empresa Gas Cuyana a trasladar a tarifa un precio del gas en el PIST de U$S 4,052 /MMBTU para todos los usuarios del servicio público de gas de red de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
Este precio fue acordado entre proveedora y distribuidora, no fue establecido mediante licitación pública de proveedores como corresponde se hubiera realizado en cumplimiento de la Ley 24076, en plena vigencia al haber sido derogada, a partir del año 2016, la ley de Emergencia Económica.
Como podemos ver los valores del precio del gas en boca de pozo en la Cuenca Neuquina rondan los U$S 3 /MMBTU, según quedó demostrado de la licitación efectuada para provisión energética. Esto es para el de desarrollo no convencional, siendo el convencional aún más bajo, U$S 1 /MMBTU como lo expresamos para el yacimiento de YPF «El Orejano».
Como conclusión de la información detallada obtenemos que:
A) No se realizó licitación pública para proveedores de gas por redes a los usuarios de Mendoza, San Juan y San Luis.
B) Se definió un precio del gas arbitrariamente y de común acuerdo entre las proveedoras (única cuenca Neuquina) y la Distribuidora de Gas Cuyana.
C) El precio acordado es superior al obtenido por licitación, de la misma cuenca, para generación eléctrica publicado por MEGSA en un 31%.
D) El precio acordado supera le precio anunciado por el mismo Secretario de Energía, Javier Iguacel, en su exposición en el Business 20 (B20), Neuquén, el 15 de agosto de 2018.
Por ello no es admisible que en estas provincias se esté pagando un 30% más caro el gas de lo que resulta cotizado en una licitación pública por las mismas productoras de una única cuenca para proveer por una única distribuidora.
Es de esperar que las autoridades de estas provincias actúen en consecuencia exigiendo el esclarecimiento y justificación de este sobre precio que están pagando los consumidores de sus jurisdicciones y llegado el caso exijan la determinación real de los costos de extracción, en pesos o moneda argentina de curso legal, en boca de pozo del MMBTU en dicha cuenca ante la volatilidad del mercado cambiario que afecta los intereses y calidad de vida de los usuarios que conforman los titulares o propietarios de los recursos naturales no renovables. (El Gas Natural en este caso).
Más allá de lo que afirman los funcionarios del gobierno PRO-RADICAL y el sector empresarial beneficiario de estas decisiones, el problema principal es el tema de la dolarización de la tarifa.
Lo que debe ponerse en debate justamente, y estamos hablando de una responsabilidad indelegable del estado o de cualquier gestión de gobierno, es la discusión de los costos de explotación reales y en pesos del sistema energético nacional, lo cual implica cambiar drásticamente las prioridades y los objetivos de la política energética.
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