Por Carlos Tórtora.-

Que Elisa Carrió haya acusado a los jueces federales de encubrimiento agravado durante la era K cae en campo fértil. Las relaciones personales de Sebastián Casanello con CFK son un caso emblemático del clima de sospechas que envuelve a la elite judicial de Comodoro Py, donde, para los gustos del gobierno, hay amigos y enemigos. Allí se impone un clima de inquietud creciente: ¿Quiere el gobierno nuevos Oyarbides? Es decir, más renuncias de magistrados sospechados, lo que podría no sólo contribuir a los recambios sino darle a Mauricio Macri una segunda corona judicial. En primer lugar, intenta convertirse en el campeón de la lucha contra la corrupción y, a renglón seguido, buscaría posicionarse como el gran impulsor de la depuración judicial.

Aunque no hay un plan visible, sí se dan movimientos subterráneos. Días atrás, Rodolfo Canicoba Corral, un juez no estimado por el PRO, le hizo llegar a un alto funcionario nacional una pregunta directa: ¿Ustedes quieren que yo me vaya? Entrelíneas, la duda era si existía la idea de iniciar en su contra una denuncia por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.

Casi ninguno de los señores de Comodoro Py está dispuesto a verse envuelto en el espectáculo mediático de una saga de corrupción y complicidades con el poder, así que antes de llegar a esto renunciarían.

Las variantes

Con la llegada a la Corte de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se abren nuevas especulaciones sobre lo que podría ser una purga en el fuero federal. Un asesor de Macri en temas judiciales propondría que sea la misma Corte, como cabeza del Poder Judicial, la que denuncie ante el Consejo de la Magistratura a un grupo de jueces federales, lo que implicaría casi fulminarlos.

Otra variante es que sea la Cámara Federal de Apelaciones -en especial la Sala II- la que encabece las denuncias.

De este modo, con cualquiera de las dos variables, sería la misma justicia federal la que se depure a sí misma y no el Ejecutivo -o el Congreso- los que avanzarían sobre el Poder Judicial, que es lo que pasó durante los inicios del gobierno de Néstor Kirchner, cuando éste convocó al Congreso para defenestrar a la Corte.

Hace dos meses, el Colegio de Abogados de la Capital Federal propuso que por ley se instrumentara un sistema de auditoría de causas en trámite. La idea causó su impacto, ya que la mayor parte de los expedientes en el fuero federal contendrían inexplicables dilaciones o errores inexcusables en los procedimientos que serían difíciles de explicar.

La ventaja de que una purga de este tipo se ponga en marcha tendría para el gobierno la ventaja de que, en medio de semejante tembladeral, sería poco probable que se activen ciertas causas que pueden ser peligrosas para la Casa Rosada.

Por otra parte, ya no existe el riesgo de una acción corporativa de los jueces. Entre Claudio Bonadío y Julián Ercolini o entre Ariel Lijo y Daniel Rafecas, las diferencias de criterio son tan grandes que lo más probable es que, si empiezan las denuncias, los mismos jueces las alimenten acusándose entre sí.

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