Por Hernán Andrés Kruse.-

Desde hace mucho tiempo se impuso como verdad revelada la afirmación que sostiene que el terrorismo de estado comenzó exactamente el 24 de marzo de 1976. Ese día las fuerzas armadas derrocaron a Isabel e inmediatamente pusieron en marcha un plan sistemático de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas. Qué duda cabe que la dictadura militar utilizó el terrorismo de estado como método para aniquilar a la subversión. Pero lejos está de la verdad sostener que antes de aquel fatídico 24 de marzo el terrorismo de estado brillaba por su ausencia. Por el contrario, luego de que Perón, en los últimos instantes de su vida, vociferara en la Plaza de Mayo que había llegado la hora de hacer tronar el escarmiento, el peronismo comenzó a diagramar un plan de exterminio de la subversión. Es bueno recordarlo porque muchos están convencidos de que el gobierno de Isabel Perón fue “constitucional”, lo que constituye un insulto a nuestra inteligencia.

Fue Isabel Perón quien dio la primera orden para aniquilar a la subversión, lo que significó en la práctica la utilización del terrorismo de estado como arma de combate. ¿Pero cómo, no fue Jorge Rafael Videla quien utilizó dicha arma por primera vez?, seguramente se preguntarán muchos. No, quien primero lo hizo fue Isabel Perón. Como sentenció Serrat, no es que la verdad duela sino que no tiene remedio. En su edición del 5 de febrero Infobae publicó un esclarecedor artículo de Juan Bautista Yofre cuyo título es por demás elocuente: “Aniquilar al terrorismo”, la orden de Isabel Perón frente a la ola de asesinatos de empresarios por la guerrilla”. Escribió el periodista e historiador:

“(…) El 6 de febrero de 1975 Isabel Perón y su gabinete firman el decreto “S” 261, por el cual se ordena al Comando General del Ejército ejecutar las operaciones necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar guerrillero en la provincia de Tucumán. En cumplimiento de esta orden, se inicia la “Operación Independencia”. El ejército no sólo iba a combatir contra guerrilleros argentinos, sino también extranjeros. Había unos pocos europeos y estadounidenses, pero la mayoría eran latinoamericanos pertenecientes al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) de Chile, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) de Bolivia y MLN.T (Tupamaros) de Uruguay (…).

Más adelante, Yofre rememora una serie de atentados cometidos por la subversión en aquellos caóticos días. El viernes 7 de febrero la subversión asesinó a Antonio Buscat, gerente administrativo de Alba S.A. (Bunge y Born), delante de sus hijas. El sábado 15, la subversión tiroteó los domicilios de dos ejecutivos de Molinos Río de la Plata, Alberto Méndez y Pedro León San Juan. Tres días más tarde, ejecutó a sangre fría al delegado de Fitran S.A., Félix Villafañe, delante de su esposa. El viernes 21, fusiló al dirigente de la UOM Rosario y Secretario Adjunto de la CGT, Teodoro Ponce. Horas más tarde la subversión atacó a balazos al dirigente petrolero Adolfo Cavalli, del peronismo ortodoxo. El miércoles 26, secuestró y ejecutó a John Patrick Egan, Cónsul de los Estados Unidos en la provincia de Córdoba.

Estos hechos ponen dramáticamente en evidencia lo que sucedía en el país en aquel entonces. El derecho más importante del hombre, el derecho a la vida, estaba siendo pisoteado de manera alevosa por las organizaciones guerrilleras y por la AAA, que se habían declarado la guerra. Con el correr de los meses de aquel “inolvidable” 1975 el país se convirtió en un gigantesco territorio de combate. Para echar más leña al fuego, el flamante ministro de Economía Celestino Rodrigo impuso un feroz ajuste, López Rega se escapó, asumió Videla como jefe del ejército en reemplazo de Numa Laplane e Isabel pidió licencia. Asumió como presidente Italo Luder quien, con el respaldo del gabinete, dio luz verde al famoso decreto 2772 del 6 de octubre de 1975 cuyo artículo 1 estipulaba lo siguiente: “Las Fuerzas Armadas bajo el comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. El gobierno había tomado la decisión de aniquilar a la subversión, es decir, de hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Al lado de la firma de Luder figuraban las de los ministros Aráuz Castex, Vottero, Emery, Ruckauf, Cafiero y Robledo.

Lo que hizo Luder fue legitimar la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra la subversión, relegando a las fuerzas parapoliciales nucleadas en torno a la AAA. Lo que hizo Luder fue legitimar el terrorismo de estado. Luego de “descansar” Isabel retornó a la presidencia. Pero su suerte estaba echada. El golpe cívico-militar estaba en marcha. Lo que hicieron Videla y compañía luego del 24 de marzo fue perfeccionar el terrorismo de estado legitimado por los decretos “S” 261 y 2772. En definitiva, el peronismo histórico dio luz verde al accionar de los “Falcon Verde”, los centros clandestinos de detención, las torturas, las desapariciones y los vuelos de la muerte.

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