Por Hernán Andrés Kruse.-

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, había afirmado la semana pasada que la actividad económica había comenzado lentamente a recuperarse. El lunes 8 fue más temerario aún al afirmar que todo lo que está haciendo el gobierno para frenar la inflación está produciendo el resultado estimado. Durante una conferencia de prensa el ministro afirmó: “pusimos el foco en la segunda mitad del año y explicamos que en ese semestre íbamos a ver cómo bajaba la inflación al 2 por ciento en septiembre y a 1 por ciento en diciembre”. Además, sostuvo que el año que viene la inflación se situará entre el 12 y el 17 por ciento. Sin embargo, todas las estimaciones coinciden en augurar para fin de año una inflación superior al 40%. Según el ministro ello se debió a que durante los primeros seis meses “confluyeron cosas excepcionales, ajustes de precios de una sola vez”, que impidieron que la inflación rondara el 25 por ciento. Entre esas “cosas excepcionales” se destacan el tarifazo y la megadevaluación de la moneda, dos de las medidas adoptadas por el oficialismo y que defiende a capa y espada. Durante la campaña electoral Prat Gay había manifestado que una eventual devaluación no tendría impacto alguno en los precios internos. Producida la devaluación hubo una estampida inflacionaria que el ministro subestimó afirmando que “el costo de la salida del cepo fue una pequeña joroba en la inflación”. La realidad puso en evidencia que la trepada del dólar, la desregulación del flujo de capitales y la eliminación de las retenciones provocó una inflación superior al 25% sólo durante los primeros seis meses de 2016. No es casual que el poder sindical haya comenzado a presionar por la reapertura de las paritarias. Sin embargo, Prat Gay pareciera no haberse dado por enterado: “nosotros tenemos un programa de baja gradual de la inflación que apunta a niveles de 5 por ciento para 2019. Eso es lo que estamos tratando de llevar a cabo, en sintonía con el Banco Central de acuerdo a las competencias de cada institución. Estamos en ese carril y creemos que se están dando las pautas que planteamos”. La realidad contradice el optimismo del ministro. Los precios siguen subiendo y la plata alcanza cada vez menos. En un momento dado de la conferencia de prensa, el ministro compartió con los presentes una noticia de último momento. Se trataba del primer dato de inflación del segundo semestre correspondiente a la ciudad de Córdoba, que registró en julio un aumento del 1,7 por ciento. En relación con esto se explayó el funcionario: “es el registro más bajo en casi un año y la confirmación que estábamos esperando”, con la obvia intención de proyectar esa cifra a nivel nacional. Lo cierto es que los números de una ciudad no son representativos a nivel nacional y que la propia Córdoba no está atravesando por su mejor momento económico, algo que sugestivamente fue ignorado por Prat Gay (fuente: Página 12, 9/8/016).

El panorama del empleo se complica cada día. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) acaba de publicar un informe que lo corrobora. El dato más destacado del comienzo del segundo semestre es el gran número de suspensiones en la industria. En diciembre y enero hubo una ola de despidos en el Estado y la construcción. Luego se produjo otra ola de cesantías y suspensiones en la industria provocada por la retracción en la producción, lo que provocó otra ola en el área de servicios a raíz de la caída en el consumo. Ahora se suceden nuevas suspensiones en la industria y vuelta a empezar. El equipo de investigadores que conduce el economista Hernán Letcher viene relevando los despidos producidos en marzo, abril, mayo, junio y julio. En este último mes hubo 15.137 nuevos despidos y suspensiones. La mayoría de esos despidos y suspensiones tuvieron lugar en el sector privado (de los 15.137 despidos y suspensiones en julio, 14.149 se produjeron en empresas). En el ámbito privado tuvo lugar más del 93% de las cesantías. La industria envió 11.391 telegramas, 4324 anunciando despidos y los restantes 7067, suspensiones. En el sector industrial los trabajadores que fueron despedidos o en riesgo de ser despedidos aumentaron en julio un 24,62 por ciento. Para Letcher “el dato más significativo de julio es que de los 15.100 despidos y suspensiones, 7 mil son suspendidos”. “Eso refleja que está habiendo una retracción en términos de producción. Lo que se ve es una frecuencia: tras el puntapié inicial de los despidos en el Estado y en la construcción por el parate de la obra pública, se suspendió y se despidió primero en el sector productivo, y eso afectó al de servicios. Al inicio del segundo semestre este proceso arrancó de nuevo. Hubo una cantidad de suspendidos tremenda, mientras se mantienen los despedidos de los servicios igual que el mes pasado-lo que es un dato, porque eso implica la continuación de la caída del consumo-. Los suspendidos de hoy muestran el preludio de futuros despidos y reflejan una nueva caída de la producción, con lo que, por fuera de las posibilidades que puedan dar impulso a la construcción, como la obra pública, lo que vemos es que se vienen más pérdidas de puestos de trabajo”. Desde diciembre pasado se han acumulado 194 mil despedidos y suspendidos. De ese global, 127 mil pertenecen al sector privado y los restantes 67 mil provienen del sector estatal. Las pérdidas de puestos de trabajo, contabilizadas mes por mes en el sector privado y en el sector público, arrojan los siguientes guarismos: a) sector privado: marzo, 56,84%; abril, 61,22%; mayo, 61,83%; junio, 62,96%; y julio, 65,34%. B) sector público: marzo, 43,16%; abril, 38,78%; mayo, 38,17%; junio, 37,04%; y julio, 34,66%. Del total de 194 mil despidos y suspensiones producidos durante el primer semestre, hubo 169.933 despidos y 24.489 suspensiones.

En julio, señala el documento, las actividades textil, automotriz, petrolera, frigorífica, de electrónica y electrodomésticos y el comercio, fueron las más afectadas por la recesión, la inflación, la baja del poder adquisitivo de los salarios y la apertura de importaciones. Otra cuestión, muy delicada por cierto, es la intensificación de “la persecución en el lugar de trabajo”. “Los delegados de Attac denuncian que la empresa Personal obliga a que los trabajadores concreten, al menos, una venta. Caso contrario, son sancionados con apercibimientos, suspensiones y desvinculación de la empresa con causa”. CEPA también hace referencia al rol que vienen jugando los dirigentes sindicales: “Algunos casos de connivencia con un fuerte llamado de atención al conjunto de las conducciones gremiales, como es el silencio del sector gastronómico”, que conduce Luis Barrionuevo, “y de comercio”, que encabeza Armando Cavalieri. El estudio considera que “a pesar de haber sido los sectores más afectados, no sólo han mostrado muy poca reacción, sino que incluso han relativizado el peso de los despidos”. Respecto a la unificación de la CGT el informe advierte que “habrá una conducción tripartita basada en el sector servicios-con Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento, moyanista-, Carlos Acuña-del Sindicato de Garage y hombre de Barrionuevo-y Héctor Daer-de Sanidad-. Ello sin duda debilita la representación de los sectores industriales y configura un escenario de representación semejante al de la década de los 90”. Los gremios “que han manifestado mayor conflictividad ante los despidos ocupan lugares distanciados de la conducción, como es el caso de Sergio Palazzo, de Bancarios, seccionales de la UOM como Campana, y los Gráficos que lidera Héctor Amichetti” (fuente: Laura Vales: “Una espiral de despidos y suspensiones”, Página 12, 9/8/016).

Cifra (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina-CTA) acaba de publicar un informe -elaborado por los investigadores Nicolás Arceo, Mariano Barrera y Pablo Manzanelli- muy desalentador respecto a la marcha de la economía. Hasta el momento las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional han tenido dos efectos fundamentales sobre la población: a) una masiva ola de despidos; b) una importante pérdida en el poder adquisitivo del salario de quienes aún conservan el empleo. Según el documento “durante el primer semestre la reducción del salario real de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó al 12 por ciento, lo cual permite asumir que el impacto en los ingresos de los asalariados no registrados fue significativamente mayor”. En el primer semestre la inflación alcanzó el 26 por ciento. El problema para los trabajadores se agrava porque ninguno de los convenios colectivos acordados por sus sindicatos alcanzó la inflación estimada para 2016, que rondará el 45 por ciento (la cifra más alta de los últimos 30 años). Dice el informe que “tanto la devaluación como la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos (aún inconcluso) provocaron el nivel de inflación más significativo desde la hiperinflación de 1989, la variación de precios esperada es del 45 por ciento anual y no del 25 por ciento como había sostenido el gobierno al comienzo de su gestión”. “Así las paritarias acordadas permitirán recuperar sólo parcialmente la contracción del salario acontecida durante el primer semestre del año”.

Respecto de la inflación el documento dice que “si bien es posible que se desacelere durante el segundo semestre, el promedio anual en 2016 se ubicará entre 43,9 y 45,4 por ciento respecto a 2015, año en que el incremento de precios se había reducido a 26,5 por ciento”. Sin embargo, aún restan el traslado de todos los aumentos en los costos a los precios finales al consumidor y la definición de los porcentajes de aumentos de los servicios públicos. “Si bien el gobierno comunicó que no se producirán nuevos incrementos en las tarifas durante el segundo semestre, se están autorizando aumentos en diversos servicios regulados”, destaca el estudio de Cifra. En este escenario el salario real sufrirá las consecuencias. Dice el documento: “en el escenario mínimo de inflación (43,9 por ciento) estimada se prevé que el salario real se reduzca 4,3 por ciento en diciembre de 2016 respecto al mismo mes del año anterior. Pero si se evalúa el escenario de mayor inflación (45,5 por ciento) el salario real puede descender hasta el 7,1 por ciento en el mismo período”.

Por último, el documento alude a la destrucción de puestos de trabajo (entre noviembre y mayo se perdieron 128.400). Estas cifras se complementan con las cifras de CEPA (194 mil). “Vale remarcar que este indicador no toma en consideración ni el empleo público ni el informal. Por lo tanto, en el marco de las medidas adoptadas en materia de empleo público y la sensibilidad del empleo informal ante fases recesivas, es probable que se registre una mayor contracción en el nivel agregado de empleo”, destaca el informe (fuente: Cristian Carrillo: “El año en que las paritarias quedaron atrás”, Página 12, 10/8/016).

He aquí el cambio con alegría prometido por Cambiemos.

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