Educar a puro puñetazo

Los trabajadores de la educación se acercaron el lunes 2 al Ministerio de Educación para realizar una asamblea en el Palacio Sarmiento con el objetivo de seguir evaluando las negociaciones que el gobierno nacional había prometido luego de los despidos (tres mil) de la semana pasada. Se encontraron con una desagradable sorpresa: la sede de Educación se había transformado en una fortaleza inexpugnable. Había vallas por todos lados que rememoraban viejas épocas. La puerta del Palacio Sarmiento se había transformado en un preciado botín ya que para ingresar había que “atravesar” una muralla humana compuesta por efectivos de la Policía Federal que, en un momento dado, comenzaron a practicar su deporte favorito: golpear a mansalva a los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Para empeorar el panorama los funcionarios de la cartera educativa no tuvieron mejor idea que levantar la reunión que le habían prometido al gremio. De esa manera el conflicto sigue abierto. A raíz de los golpes propinados por los uniformados ATE y los docentes de Ctera dieron comienzo en el día de la fecha (martes 3) un paro de 24 horas. Rodrigo Recalde, secretario general de ATE en el ministerio, dijo que se había apostado al diálogo pero recibieron sablazos. Los trabajadores habían suspendido la medida de fuerza el viernes pasado con la esperanza de encontrar una solución al conflicto. Pero el lunes se encontraron con la presencia de los uniformados y la ausencia de los funcionarios. De esa forma el gobierno desactivó un conflicto que pudo desembocar en la toma del ministerio, tal como sucedió hace poco con el Conicet. El oficialismo acertó con el diagnóstico porque los despedidos tenían decidido volver a ocupar el ministerio si no encontraban respuestas a sus demandas. La presencia de los efectivos de la Federal impidió la realización de la asamblea por parte de los delegados. Sólo ingresaron a la sede del ministerio aquellos que poseían la tarjeta de ingreso correspondiente, entre quienes se encontraban los 400 despedidos de diferentes programas educativos. En la calle quedaron los tutores virtuales del programa Nuestra Escuela, quienes decidieron cortar el tránsito. Alejandra Benvenuto, coordinadora académica de Educación y Derechos Humanos, manifestó: “Todos los años nos renovaban el contrato en enero; esta vez todavía no lo hicieron. El ministerio dice que va a decidir cuántos seguimos en febrero, de acuerdo a la demanda que tenga el programa, pero al mismo tiempo maniobran para reducir violentamente el número de inscriptos”. El programa Nuestra Escuela surgió a raíz de un acuerdo entre los gremios docentes y el gobierno de Cristina para crear un plan de formación permanente y gratuito para los maestros. Tenía 14 postítulos de dos años de duración y era gratuito. Un día antes de Navidad el ministerio publicó sorpresivamente en el Boletín Oficial la decisión oficial de cerrar todos los postítulos en diciembre de 2017. Al respecto, señaló Benvenuto: “Porque en teoría, los que empezaron a estudiar el año pasado deberían seguir este año; pero la trampa es que cambiaron las reglas para la cursada: el que reprobó una materia ya no puede recursarla, ni tampoco el que se haya anotado y haya cursado. Esto afecta al 90 por ciento de los cursantes. Entonces, el gobierno dice que en febrero va a ver cuántos de los tutores seguimos trabajando según la demanda…pero la demanda va a ser ínfima”. En consecuencia, el despido de los 2600 tutores es un hecho. Sólo resta esperar. Alicia Herrera, licenciada en Historia y en Ciencias de la Educación, señaló que “acá no van a encontrar a una persona sin formación; todos tenemos título”. Destacó que el trabajo de tutor insume entre 4 o 5 horas diarias: “hay que orientar, participar en los foros y discusiones, corregir entregas” (…) los cursantes “son docentes, la inmensa mayoría mujeres, trabajadoras, en general también madres y amas de casa. Que tengan que recursar una materia no muestra que no les interese capacitarse, sino las dificultades en las que están inscriptas”. Los dirigentes de la educación señalan que detrás de este conflicto hay un negocio que emergerá con el cierre de los postítulos gratuitos. Según López “el ministro Esteban Bullrich es socio de Gabriel Sánchez Zinni, que no sólo es director del Instituto de Educación Tecnológica sino que tiene empresas de formación on-line. Los docentes nos tenemos que capacitar. Los postítulos que están cerrando dependen del Estado y son gratuitos. ¿Dónde vamos a recurrir para capacitarnos si no los tenemos? Obviamente, a estas empresas” (fuente: Laura Vales, “Golpes y represión como política educativa”, Página/12, 3/1/017).

Alberto Sileoni, ex ministro de Educación de Cristina Kirchner, dio a conocer su opinión sobre la política educativa de Cambiemos y los lamentables hechos registrados en el Ministerio de Educación. Dijo Sileoni que “No es unir a los argentinos, ni cerrar la grieta, ni dialogar, ni confrontar ideas. A la derecha gobernante lo que le sale bien es despedir y reprimir, como ha quedado demostrado ayer en el Ministerio de Educación de la Nación”. Respecto a los recientes despidos en el área educativo explicó que “esos despidos representan coros y orquestas que dejan de funcionar, alumnos del Plan Fines que no terminarán el secundario, docentes que dejarán de cursar sus postítulos en el Programa Nuestra Escuela, jóvenes que no concurrirán a los Centros de Actividades Juveniles; en suma, derechos que se pierden, menos posibilidades, peor educación pública, más desigualdad”. Considera que “esos despidos representan un Estado Nacional más ausente, con menos competencias, y menos autoridad para construir junto con las provincias una educación federal inclusiva y de calidad”. Sostuvo que “las autoridades deben entender que el camino no es despedir trabajadores ni reprimirlos. Discutan con ellos, asígnenles tareas, y verán que están preparados para trabajar, para enseñar, para construir un ministerio Nacional activo, profesional y solidario con el destino de los que más necesitan” (…) “Respeten sus derechos laborales; no son ni la grasa ni la basura que sobra, terminen con ese prejuicio, producto de su más profunda ignorancia; son personas comprometidas que sienten orgullo de trabajar en el Estado. Están a tiempo de reparar. Dialoguen, encuentren soluciones con los dirigentes gremiales, pero no más despidos. Ni uno más”. El problema es, concluye el ex funcionario K, que lo que pretende el gobierno es “abaratar el costo laboral, suprimir paritarias, expulsar compañeros un día antes de que termine el año con el objeto de encontrarlos inermes, sin respuestas. No lo van a lograr. Así razonaba uno de los dirigentes que conducen la lucha: estos empresarios no saben que hay un pueblo empoderado durante más de una década que no va a dar el brazo a torcer” (fuente: “Despedir y reprimir”, 3/1/017).

En su edición del martes 3 de enero, Página/12 publicó un artículo de Raúl Kollmann titulado “El caso del memorándum para principiantes”, en el que hace un repaso del caso Nisman. He aquí su punto de vista. Veinticuatro horas después del atentado contra la AMIA (18 de julio de 1994), se acusó a Irán por el criminal ataque. Según Verbitsky tal acusación fue el resultado de un acuerdo entre el gobierno israelí y el de Carlos Menem. Sustentándose en informes de inteligencia de Estados Unidos, Israel y la SIDE, la justicia de nuestro país acusó por el atentado a una organización libanesa relacionada con Irán, “Hezbollah”. En 2006, el fiscal que había sido designado por el presidente Kirchner para investigar el atentado, Alberto Nisman, dictó siete órdenes de captura contra iraníes y una orden de captura contra un libanés que era el jefe de operaciones militares de Hezbollah. La hipótesis oficial sostenía que Mohsen Rabbani ejecutó el ataque, planificado en Irán. Lo curioso del caso es que en el expediente sólo constan como pruebas declaraciones de opositores al régimen teocrático. Luego de la caída del juez Galeano, Interpol dio el visto bueno a las órdenes de captura del juez Canicoba Corral, lo que en la práctica significaba que los imputados podían ser arrestados en cualquier lugar del planeta. Con el dictado de las alertas rojas la causa se inmovilizó. Mientras que en Irán está prohibida por ley la extradición de iraníes, en nuestro país está prohibido el juicio en ausencia. Jamás se llevó a cabo, ni siquiera en el caso de los represores prófugos. Como hay países que lo permiten el gobierno y la DAIA acordaron impulsar los necesarios cambios normativos. Para importantes constitucionalistas de nuestro medio, juzgar en ausencia es inconstitucional por la sencilla y contundente razón de que no queda garantizado el derecho a la defensa. La causa AMIA estaba estancada porque, por un lado, la teocracia iraní no iba a extraditar a sus ciudadanos sospechados y, por el otro, porque la Argentina no iba a enjuiciar a los sospechosos no estando en nuestro territorio. Avanzar en la causa se había tornado, pues, una misión imposible. Lo que se propuso Cristina Kirchner fue intentar salir de este callejón sin salida. Héctor Timerman, canciller de Cristina, decidió acercarse a su colega iraní para permitir que el juez Canicoba Corral, los fiscales y las querellas viajaran a Teherán para tomar las declaraciones indagatorias correspondientes. En un principio, la República de Irán aceptó la propuesta, fogoneada por Interpol. Ese acuerdo estipulaba la creación de una Comisión de la Verdad encargada de analizar el caso y producir a posteriori dictámenes no vinculantes para ambos gobiernos. Ambas Cámaras del Congreso argentino aprobaron el memorándum. La oposición sostuvo que el acuerdo no hacía más que favorecer a Irán, cuyo parlamento jamás lo aprobó. Hubo quienes sostenían que el régimen iraní esperaba que al aprobarse el texto serían levantadas las alertas rojas. Las alertas rojas nunca fueron levantadas porque las órdenes de captura únicamente podían ser levantadas por el juez. El Ejecutivo, es decir, Cristina Kirchner, no podía solicitar semejante medida. La DAIA, la AMIA y otras organizaciones pusieron el grito en el cielo enfatizando ante la Justicia que la Comisión de la Verdad obstruía la Justicia y que el acuerdo era inconstitucional. Canicoba Corral sostuvo que había que esperar las indagatorias en Teherán. Si consideraba que no se ajustaban al marco legal argentino no dudaría en declararlas ilegales. Por su parte, la Sala II de la Cámara Federal también sostuvo la inconstitucionalidad del acuerdo porque se entrometía en la justicia. Ese fallo quedó firme ya con Macri en la presidencia. Durante el tratamiento del acuerdo nadie levantó la voz para tildarlo de inconstitucional. El juez, la Cámara, la AMIA, la DAIA y los legisladores opositores nada dijeron al respecto. La misma actitud adoptó el fiscal Nisman. Entre la firma del acuerdo en 2013 y la denuncia que formuló en enero de 2015 nunca hizo alusión a su inconstitucionalidad. A fines de 2014 alguien convenció al fiscal Nisman que sus días en la Unidad Fiscal AMIA estaban contados. Casualidad o no, ese mismo día la presidente de la nación ordenó el desplazamiento de la SIDE del zar de los espías y principal socio de Nisman, Jaime Stiuso. Mientras tanto, Memoria Activa ya venía solicitando el desplazamiento de Nisman porque consideraba que no trabajaba lo suficiente en la causa. Nisman tenía sólidos vínculos con Washington, tal como lo demostraron los Wikileaks. También quedaron al descubierto turbias transferencias de dinero, entre ellas una proveniente del rey de las Vegas, Sheldon Adelson, desde Israel. Nisman presentó su denuncia el 14 de enero de 2015 en el juzgado de la doctora Servini de Cubría. La magistrada la rechazó diciendo que no había urgencia en tratarla justo en plena feria judicial. Señaló también que había carencia de elementos probatorios, haciendo especial mención de las escuchas telefónicas mencionadas por Nisman en su texto. Canicoba Corral consideró que el texto carecía de identidad probatoria y juristas de la talla de Raúl Zaffaroni, León Arslanián, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedera y Luis Moreno Ocampo, consideraron que en la denuncia no figuraba ningún delito. Ronald Noble, ex secretario general de Interpol, afirmó que Nisman mentía. La Argentina, sostuvo, siempre se interesó en mantener bien levantadas las alertas rojas. El canciller Timerman exhibió un intercambio con Interpol en febrero de 2013 (el acuerdo recién se había firmado) en el que reitera que el juez es el único facultado para levantar las órdenes de captura. Cuatro días después de presentar la denuncia, el fiscal Nisman apareció muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero. Según las pericias, todo parece indicar que se trató de un suicidio. Como siempre señaló la fiscal del caso, Viviana Fein, “no hay ni una sola prueba de que se haya tratado de un homicidio”. La denuncia del malogrado fiscal quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas quien rápidamente la desestimó por inexistencia de delito. El magistrado enarboló como argumento central la no entrada en vigencia del acuerdo, con lo cual jamás hubo ninguna Comisión de la Verdad ni nada que pudiera favorecer a los sospechosos. En definitiva, nada de lo que decía Nisman que estuviera atado a la firma del acuerdo se hizo realidad. Quienes reemplazaron a Nisman en la UFI-AMIA le entregaron al juez Rafecas otro texto firmado por Nisman en forma paralela y en el que elogiaba al gobierno K por sus esfuerzos en terminar de una vez por todas con la impunidad. Nisman firmó el escrito en diciembre de 2014. Es probable que si no lo echaban tenía decidido presentar ese texto, cuya meta era apelar a la ONU. El fallo de Rafecas fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal. Ballestero y Freiler concluyeron que “el memorándum, votado por las dos cámaras del Congreso Nacional, puede ser considerado bueno o malo, pero nunca podría constituir un delito”. Presionada por la DAIA, el macrismo, la Corte Suprema y el diario Clarín, la Cámara de Casación Penal decidió la reapertura del caso, mientras paralelamente se armó una causa-colectora a cargo de Claudio Bonadío, para investigar el mismo tema. Lo grave de todo esto es que la acusación contra Cristina y Timerman es por traición a la patria, lo que “exhibe que la persecución es política y el único objetivo es condenar de la forma que sea al gobierno anterior y, en especial, a la ex presidente. A lo que se apunta, con el empuje de la derecha norteamericana e israelí, es intentar darle un escarmiento a los que se salieron de la horma de la política internacional dictada por los centros de poder”.

Excelente el racconto efectuado por Kollmann, uno de los periodistas más prestigiosos e informados de la Argentina. El 18 de julio de 1994 la Argentina sufrió el peor atentado terrorista de su historia. No fue un ataque dirigido contra la comunidad judía sino contra el pueblo argentino, es decir, contra todos nosotros. A partir de entonces nadie se preocupó seriamente en averiguar quiénes fueron los culpables. Nadie, absolutamente nadie. Tuvimos que esperar hasta el año 2006 para que la investigación arrancara. Como bien señala Kollmann, ese año el fiscal Nisman, designado por Néstor Kirchner, dictó varias órdenes de captura pero tiempo después las aguas volvieron a aquietarse. Fue entonces cuando entró en escena la ex presidente Cristina Kirchner para efectuar una maniobra para agilizar la causa. Decidió, por intermedio de su canciller Timerman, conversar con el gobierno iraní sobre la posibilidad de que el juez Canicoba Corral, los fiscales y las querellas viajasen a Teherán para tomar las correspondientes declaraciones indagatorias a los sospechosos. Tal el origen del polémico Memorándum de Entendimiento que jamás entró en vigencia por la negativa del parlamento iraní de tratarlo. Aquí conviene hacer una pasusa y reflexionar en voz alta. ¿Creía realmente la ex presidente que el gobierno iraní iba a estar dispuesto a permitir que Canicoba Corral, los fiscales y las querellas efectuaran las correspondientes declaraciones indagatorias a los sospechosos iraníes? ¿Creía realmente Cristina que el gobierno iraní iba a estar dispuesto a entregarles a la justicia argentina a “sus hombres” en su propio país? Si la respuesta es afirmativa entonces Cristina, indudablemente, pecó de una ingenuidad fenomenal. ¿A nadie del gobierno se le ocurrió lo que podría haber ocurrido, de haberse hecho finalmente las indagatorias, si las autoridades iraníes decidían encarcelar de inmediato a Canicoba Corral y compañía? Si en 1979 la teocracia iraní se apoderó de la embajada norteamericana, entonces bien podría haber encarcelado a los miembros de la justicia argentina si hubieran osado tratar de hacer justicia en su propio territorio. ¿Quién se lo hubiera impedido? ¿Cristina? ¿Timerman? Hay otra cuestión oscura en esta tragedia. Nisman presentó su denuncia en plena feria judicial a la jueza Servini de Cubría, quien la rechazó por no considerarla urgente. ¿Cómo no consideró urgente la denuncia más seria de la historia penal argentina? Porque por más defectos técnicas que haya tenido y por más que su contenido no hubiera implicado delito alguno, tal como lo vienen sosteniendo Zaffaroni, Maier y compañía, el solo hecho de que semejante denuncia-el encubrimiento de los autores materiales del atentado a la AMIA-involucrara a la propia presidente de la nación ameritaba una investigación, aunque sea para poner en evidencia las falsedades en las que incurrió Nisman. Lamentablemente, se optó por archivar la causa, con lo cual no se hizo más que alimentar todo tipo de rumores. Dos años después, la causa fue reabierta por la Cámara de Casación Penal, cuyos miembros no pudieron soportar la presión de sus patrones. Ojalá que algún día se sepa toda la verdad y nada más que la verdad, ahora que la causa resucitó. Sin embargo, hay tantos intereses en juego, tanta ansiedad por destruir a Cristina Kirchner, que probablemente nunca sepamos quiénes ejecutaron el macabro ataque, quiénes fueron sus ideólogos y por qué se llevó a cabo.

Hernán Andrés Kruse

6 comments for “Educar a puro puñetazo

  1. Jorge Raúl
    04/01/2017 at 2:25 PM

    UD ES UN CINIKO QUE NO TIENE NINGUNA CREDIBILIDAD PARA DAR OPINIONES. SOLO SE ENCARGA DE GENERAR BRONCAS, PORQUE ES UN TERRORISTA FRUSTRADO. UD DEBERIA ESTAR EN UN HOYO 19, JUNTO CON TODOS LOS TRAIDORES A LA PATRIA, BASURA!

  2. Dr. RODOLFO CUERVO
    04/01/2017 at 3:04 PM

    Don Inodro Pereyra:
    ¡¡¡ Mendieta !!!!! ¡¡¡ Otra ve. ……………….. !!!
    Mendieta: ¡¡¡¡ el Kruse !!!!!?????
    Don Inodoro: ¡¡¡ 20.000 ca…. …………. !!!!!
    ¡¡ Que lo parió al Kruse .. ######## !!!

  3. ricardo
    04/01/2017 at 11:51 PM

    Don Jorge Raúl, lo suyo es apología del delito.- Tendría que escribir que se trata de un simple pelotudo.-

  4. 05/01/2017 at 4:23 PM

    sería muy saludable para los lectores de este medio, que el boludo de Kruse, dejara de escribir tantas cagadas, y al parecer tiempo le sobra ahora para criticar a este gobierno mientras que por doce años se guardó la lengua donde usted se imagina.

  5. Preguntón
    06/01/2017 at 6:53 AM

    Kruse como tantos otros opinólogos de décima puede escribir lo que se le de la gana pero el problema va más allá, porque publicar en este medio sus estuideces y delirios es algo que no tiene explicación. Se ve claramente que los directivos de Ip están de acuerdo con los disparates que vomita frecuentemente este arrastrado ¿que arreglo habrá detras de estas publicaciones que no aportan nada?
    Kruse es un tentempié siniestro -y no me refiero al snack- sino al muñeco con cara de payaso, con la base semiesférica que actúa de contrapeso de modo que tras golpearlo siempre vuelve a la posición inicial.
    Triste Ip.
    Muy triste Kruse.

  6. el pampa
    06/01/2017 at 9:48 PM

    Estimados Jorge Raúl,Dr. Cuervo,Ricardo, Luis y Preguntón: no gasten pólvora en chimangos, tal como decía mi madre:”no hay mayor desprecio que no hacer aprecio”.

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