El atentado a CFK: ¿Se impone la doctrina Macri?

Por Hernán Andrés Kruse.-

En una reciente entrevista con Luis Majul, el ex presidente de la nación, Mauricio Macri, afirmó que el atentado a Cristina Kirchner fue obra pura y exclusivamente de un pequeño grupo de loquitos. De esa manera, eliminó de cuajo toda posibilidad de investigar si hubo otras personas que apoyaron a estos “loquitos”, es decir si los “copitos” tuvieron ayuda económica y, fundamentalmente, si hubo un autor intelectual. Con el correr de los días pareciera que el diagnóstico del ex presidente es compartido por la Justicia. En su edición del 28/9 Página/12 publicó un artículo de Luciana Bertoia titulado “No investigarán a Revolución Federal como parte del atentado a Cristina Kichner”. Escribió la autora:

“Por el momento no se investigará si Revolución Federal tuvo alguna participación en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se seguirá analizando si el grupo de ultraderecha cometió algún delito como pesquisa separada. Así lo resolvió el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, que tenía que saldar una contienda entre el juez Marcelo Martínez de Giorgi-inicialmente a cargo del expediente sobre Revolución Federal -y la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva adelante la causa sobre el intento de homicidio a CFK- acerca de quién debía llevar adelante la pesquisa sobre el grupo que sale a las calles a manifestarse con guillotinas, antorchas y reclaman “bala para el kirchnerismo”.

“Una semana después de que Fernando Sabag Montiel gatillara a centímetros de la cara de CFK, el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal (PFA) recibió una denuncia de una persona que advertía que el perfil de Instagram de Revolución Federal difundía mensajes contrarios a la democracia. La denuncia estuvo inicialmente en manos de Martínez de Giorgi, que ordenó tanto a la PFA como a la PSA que realizaran algunas tareas vinculadas a las redes del grupo que supuestamente se conformó en mayo de este año. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) después presentó una denuncia en la que advertía que Revolución Federal podría estar involucrada en el atentado porque días antes había hecho un Twitter Space en el que su fundador, Jonathan Morel, describía una metodología similar a la que usó Sabag Montiel cuando intentó matar a CFK: infiltrarse entre la militancia y así atentar contra la vicepresidenta”.

“A raíz de esa presentación, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a Martínez de Giorgi que enviara el expediente sobre Revolución Federal para que Capuchetti lo investigara dentro de la trama del intento de homicidio. Sin embargo, ni la jueza ni el fiscal Carlos Rívolo estuvieron de acuerdo y devolvieron la causa al juzgado de Martínez de Giorgi, que está de licencia en estos días. Julián Ercolini, el juez que lo subroga, trabó una contienda de competencia con Capuchetti, que terminó saldándola Llorens en sintonía con la magistrada (…)”.

Llorens se limitó a afirmar que “las constancias hasta ahora reunidas en esta incipiente pesquisa resultan insuficientes para sostener el vínculo pretendido y afirmar la conveniencia del trámite conjunto de los expedientes”. ¿Entonces cuándo esas constancias de las que habla el magistrado serán suficientes para que finalmente el expediente sobre Revolución Federal forme parte de la trama del intento de magnicidio? ¿Serán suficientes dentro de una semana, un mes, un año, un lustro, una década? ¿Alguna vez la Justicia considerará suficientes a dichas constancias para vincular a Revolución Federal con los “copitos”? ¿Alguna vez se sabrá quienes financiaron el atentado a CFK y quién fue el autor intelectual? Si finalmente se impone la doctrina “Macri” el resultado está cantado.

¿Terminó la luna de miel entre Cristina Kirchner y Sergio Massa?

El aterrizaje de emergencia de Sergio Massa en el ministerio de Economía no fue buscado ni por Alberto Fernández ni por Cristina Kirchner. Cuando renunció Martín Guzmán, el tigrense intentó vanamente forzar su designación. El ministerio de Economía quedó finalmente en manos de Silvina Batakis quien, carente de poder, poco pudo hacer. La crisis económica se la devoró de manera impiadosa. Eyectada de su cargo de manera poco elegante, Alberto y Cristina consideraron, a su pesar, de que había llegado la hora de Sergio Massa. Asumió como un verdadero primer ministro, emulando a Domingo Cavallo. Toda la responsabilidad por el manejo de la economía recayó sobre sus espaldas. Cuando ha transcurrido escaso tiempo desde su asunción puede afirmarse que, al menos hasta ahora, su performance deja mucho que desear. Hay un indicador que es demoledor: la inflación. Massa viene demostrando una ineficacia supina para, al menos, controlarla. Todo parece indicar que para fin de año la inflación será de tres dígitos. Sobran los comentarios.

Varios analistas políticos manifestaron que la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía era la última carta que jugaba el gobierno para tener alguna chance en las elecciones presidenciales del próximo año. “Después de Massa no habrá nada más”, sentenció Morales Solá. Durante todo este tiempo Cristina Kirchner optó por el silencio. Fue la forma elegida por la vicepresidente para manifestar su respaldo a quien aborrece profundamente. Pues bien, su paciencia duró lo que un suspiro. Cuando faltan horas para que se cumplan apenas dos meses de la pomposa asunción del tigrense, Cristina publicó una serie de tuits muy duros apenas el Indec dio a conocer la última cifra oficial de pobreza (36,5%). “El Indec publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022. Sin embargo en el mismo período la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%, esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos”. “Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”. “El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia” (fuente: Perfil, 29/9/022).

Casi en forma paralela el ministro de Economía hacía su presentación del presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. Llamó poderosamente la atención esta frase: “He atravesado un sinnúmero de funciones políticas., siento que estoy dando mis últimas pisadas en mi vida política. Es importante tener la capacidad de proyectar un trabajo que nos permita cerrar en 2023 un proceso en el que las metas sean acordes a los resultados de este presupuesto” (fuente: Ámbito, 29/9/022). ¿Qué quiso decir Massa? ¿Acaso les está diciendo tanto a Alberto como a Cristina que si las metas del presupuesto 2023 no se cumplen se va a su casa? ¿Acaso les está advirtiendo que si abandona el cargo el gobierno puede desmoronarse como un castillo de naipes, que después de él sólo está el abismo?

Las dudas del orden conservador

El diario fundado por Bartolomé Mitre refleja el pensamiento y el sentimiento del orden conservador, lo que piensan y sienten millones de argentinos que aborrecen al populismo en general y a Cristina Kirchner en particular. El orden conservador detesta a la vicepresidenta. Jamás toleró que llegara a la presidencia de la nación. Nunca le creyó aunque algunas veces dijera la verdad. La considera una ladrona y una megalómana. No puede causar ninguna sorpresa que no crea en el atentado que sufrió el pasado jueves 1 de septiembre. Para el orden conservador se trató de un montaje, de una puesta en escena para levantar la alicaída imagen de la vicepresidenta. Se trató, en suma, de una pantomima. El orden conservador representa, en este aspecto, a ese 42% que en las elecciones presidenciales de 2019 votó por la reelección de Mauricio Macri.

En su edición del 27/9 La Nación publicó un editorial titulado “¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas”. El gobierno y los medios afines montaron en cólera. Fue una reacción lógica. Pero también es lógico lo que escribe La Nación en su columna. Mientras la Justicia no investigue hasta las últimas consecuencias el atentado a CFK, las dudas persistirán.

¿Por qué molestó tanto el editorial de La Nación? Veamos.

“Han transcurrido casi cuatro semanas desde el hecho vivido por Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Desde entonces, el número de serios interrogantes sobre lo que se ha presentado como un intento de magnicidio no ha dejado de crecer. No es difícil entender por qué alrededor de seis de cada diez personas creen que estamos ante un montaje inventado por el kirchnerismo para victimizarse, según lo atestiguan distintas encuestas de opinión pública (…) La grotesca alteración en la cadena de custodia y la destrucción del contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel aparece como uno de los aspectos más sospechosos. Más que a una impericia inexcusable, obedece en nuestra opinión a un accionar malicioso y cómplice (…) Otra cuestión que la jueza María Eugenia Capuchetti deberá investigar es la eventual complicidad de la custodia de Cristina Kirchner, sus ascendientes jerárquicos y el servicio de inteligencia estatal, de los abogados de la vicepresidenta y de una suerte de guardia pretoriana paraestatal, conformada por integrantes de la Cámpora, que se superponía con las fuerzas del orden (…)”.

“No hay dudas de la negligente labor o eventual complicidad de la custodia vicepresidencial, desde el momento que permitió que un grupo extraño se superpusiera con ella y que un sujeto pudiera acercarse a centímetros de la funcionaria y gatillar un arma, y que, tras ello, ninguno de los agentes de seguridad hicieran absolutamente nada para cubrir a quien fue el blanco del ataque, violando todos los habituales protocolos para estos casos (…) No es difícil entender por qué, según encuestas, seis de cada diez personas creen que estamos ante un montaje inventado por el kirchnerismo para victimizarse (…) Las numerosas apariciones públicas registradas de los llamados “copitos” en lugares donde sería improbable hallar compradores de algodón de azúcar y donde abundaban las cámaras aumenta la sospecha de que estaban allí para ser vistos y filmados; el más desprevenido agente lo hubiese advertido (…)”.

“De la llamada “banda de los copitos” se derivan no pocas inquietudes. No puede menos que llamar la atención el equipo de abogados con conexiones políticas y agentes de inteligencia al que uno de los supuestos miembros de la banda, como Nicolás Gabriel Carrizo, ha acudido. Cabe preguntarse quién paga esos costosos abogados y si buscan controlar la información que Carrizo pueda brindar, complicando a actores menos marginales. Nos preguntamos si esta banda de vendedores ambulantes tenía conexiones subterráneas con la Policía Federal o con agentes de inteligencia (…) De las respuestas a la suma de interrogantes planteados podría comenzar a determinarse el verdadero cariz de quienes protagonizaron el hecho del 1 de septiembre; si se trata de locos sueltos o de idiotas útiles, si estamos ante fanáticos desquiciados o frente a un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la Justicia ha puesto contra las cuerdas. Nos inclinamos por esta última hipótesis (…) Urge conocer toda la verdad”.

En su editorial La Nación brinda una serie de argumentos que apuntalan su diagnóstico de lo que verdaderamente sucedió el 1 de septiembre. Se trató de un montaje para victimizar a Cristina, quien la está pasando muy mal en el terreno judicial. Lamentablemente, la reacción del gobierno y de sus medios afines lejos estuvo de ser la más adecuada. Tanto en uno como en los otros primó la emoción y no la razón. Hubo enojo y no un adecuado contraargumento.

Tal el caso del documento publicado horas más tarde por el PJ bonaerense. Se lee lo siguiente:

“El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires repudia la editorial publicada en el día de hoy por el diario La Nación, de autoría probable de Julio Saguier. Los dueños de la empresa de medios sostienen que el intento de asesinato contra la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue “organizado por un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la Justicia ha puesto contra las cuerdas. Nos inclinamos por esta última hipótesis”. La acusación contra una víctima no es una novedad para este diario. No en vano fue uno de los encargados de ocultar operaciones de represión ilegal a través de supuestos “enfrentamientos” durante la última dictadura cívico-militar. Pero que la postura de un medio de comunicación no sea novedosa no significa que no sea grave para nuestra democracia. Las opiniones políticas son todas válidas y legítimas: falsear los hechos para sacar ventaja política y contribuir a un clima de enfrentamiento, en cambio, debe ser repudiado por todos los que compartimos los valores democráticos (…) Argentina decidió en 1983 dejar atrás la violencia política y apostar por las elecciones democráticas y el diálogo político como forma de resolver las diferencias. El diálogo democrático no puede depender siempre de la voluntad de una sola parte. Necesita del compromiso de todos los sectores que comparten la creencia de que no vale todo en política (…)”.

Emerge en toda su magnitud el malestar del PJ bonaerense. En ningún momento intenta refutar los argumentos del editorial de La Nación sino que se limita a recordarle su postura durante la última dictadura militar y su escasa fe en la democracia. Hubiera resultado mucho más provechoso para la opinión pública que el PJ bonaerense hubiera expuesto sus razones que sustentan su afirmación de que lo que sucedió con Cristina fue un intento de magnicidio. Su enojo sólo favorece, en última instancia, a La Nación.

La Justicia ¿le bajó el pulgar a Cristina Kirchner?

Es la pregunta que todos nos estamos formulando desde hace tiempo. Cristina Kirchner ha afirmado en reiteradas oportunidades que su condena está escrita y firmada. Los medios de comunicación enfrentados con el gobierno vienen actuando como tribunales populares. Su veredicto es unánime: Cristina es la jefa de una asociación ilícita que asoló al país durante los insoportables años en que el kirchnerismo ejerció el poder. Es el mismo veredicto de un importante sector del pueblo: Cristina debe ir presa por chorra. Punto. Fin de la discusión.

Este es el tema del artículo de Raúl Kollmann publicado por Página/12 el 25/9, cuyo título es “¿Pueden condenar a Cristina?” Escribió el autor:

“El alegato de la defensa de Cristina Kirchner incluyendo lo dicho por ella misma, deja el enorme interrogante que ya estuvo planteado al final de los tres años y tres meses de juicio: “¿de dónde sacarán los jueces las prueba para condenarla? En las audiencias, a lo largo de 39 meses nadie siquiera nombró a CFK, pero en el alegato, Carlos Beraldi contrapuso video con video: imagen de lo dicho por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, enseguida imagen de la respuesta de la defensa. Punto por punto. En ese marco, Beraldi y la propia Cristina no sólo afirmaron que no se puede asimilar un gobierno a una asociación ilícita, sino que no hubo un solo funcionario que dijera que recibieron instrucciones, indicaciones o sugerencias fuera de la norma o lo habitual. En ningún caso-dijeron los testigos-hubo una indicación para favorecer a Austral Construcciones y los fondos pasaron todos por el Congreso. En segundo lugar, frente a la acusación de fraude, el letrado probó que no se le pagó nada a Austral Lázaro Báez que no hubiera estado construido. “Sólo con esa demostración queda descartado el fraude”, aseguró Beraldi. Además quedó en evidencia que fueron falsas las afirmaciones de que hubo rutas que no terminaban en ningún lado o que estuvieran mal hechas o que los atrasos fueran mucho mayores a los registrados por otras empresas y en otros destinos. Por lo tanto, el mayor interrogante que queda planteado es qué harán los magistrados con su fallo, tal vez a fines de noviembre o en diciembre. Cristina ha dicho que la condena está firmada y también quedó en claro la amistad entre el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, y el fiscal Luciani, así como las visitas a la Casa Rosada de Jorge Gorini (otro magistrado) y el fiscal Mola”.

Este párrafo no admite ningún tipo de duda. A pesar de ello, conviene no perder de vista que en este juicio la cuestión política es infinitamente más importante que la cuestión jurídica. El tradicional votante antiperonista aguarda con una ansiedad extrema la condena del tribunal. Sabe que CFK no irá a prisión porque su defensa apelará su decisión, pero no ve la hora de escuchar la confirmación a cargo del tribunal de lo solicitado por los fiscales Luciani y Mola: 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La quieren ver derrumbada anímicamente. Desean fervorosamente que la noticia sea recogida por todos los diarios del mundo. Quieren ver consumada la venganza buscada durante tantos años.

Para la oposición la condena a Cristina Kirchner significaría un enorme espaldarazo a sus aspiraciones a suceder al FdT el año que viene. Sus máximos referentes están imaginando para 2023 un escenario claramente favorable a sus intereses electorales: una economía postrada, un descontento popular que se corta con la tijera, un gobierno acorralado por la crisis y una vicepresidenta condenada por la Justicia. Para el oficialismo la condena a CFK significaría un golpe muy duro. Lo más probable, ante semejante escenario, es que el kirchnerismo afirme que Cristina es víctima de un macabro plan orquestado por el círculo rojo, los grandes medios de comunicación y la Embajada para enterrarla políticamente. Todas son, obviamente, suposiciones. Es por ello que no queda más remedio que esperar el fallo del tribunal. En lo personal, no tengo muchas esperanzas de que la vicepresidenta resulte absuelta.

Creo que la Justicia le bajó el pulgar hace tiempo a pesar de las pruebas aportadas por el doctor Beraldi en el juicio. Escribió Kollmann:

“En términos coloquiales, la asociación ilícita significa conformar una banda, en este caso, para quedarse con fondos del estado. Lo impactante es que los fiscales sostuvieron que no se necesitaba dar ninguna instrucción, que bastó con “exportar” desde Santa Cruz el equipo de funcionarios de Vialidad que tenía Néstor Kirchner cuando fue gobernador e instalarlos en el gobierno nacional”.

¿Qué logró probar el abogado defensor de CFK?

“Que todos los gobiernos se nutrieron de funcionarios que habían acompañado al presidente en sus cargos anteriores. Que no hubo un mail o un chat con alguna indicación y que ningún testigo (diez empleados de bajo rango de Vialidad) dijo que le dieron alguna instrucción a favor de Báez. La supuesta asociación ilícita tuvo instrumentos con los cuales se iba a concretar el fraude. El más importante, el presupuesto nacional, votado por el congreso. O sea, tendrían que imputar a los diputados y senadores. Pero lo más grave es que los fiscales sostuvieron que hubo fondos que no pasaron por el congreso, originados en un fideicomiso en base a un impuesto al gasoil. La defensa demolió a Luciani-Mola: demostró que esos fondos sí figuraban en el presupuesto. Uno de los mayores impactos es que Beraldi y Ari Llemovoy exhibieron un proyecto de presupuesto alternativo de la oposición en 2011 y 2012. En ambos casos figuraban las mismas obras para Santa Cruz y a los mismos precios. Finalmente, quedó probado que una presidenta no tiene facultades respecto de la administración del presupuesto. Los responsables son los jefes de Gabinete y esos mismos funcionarios firman, por ejemplo, la reasignación de partidas”.

Los abogados defensores de la vicepresidente lograron probar que no hubo fraude contra la administración pública. Escribió Kollmann:

“Entre lo pagado y lo construido apenas hubo un 0,06 por ciento de diferencia. O sea, no se pagó nada que no se haya construido. Entre otros, lo testimonió el auditor de Vialidad, Justo Pastor Romero, convocado a hacer una auditoría por el macrismo. No hubo rutas que terminaran en la nada ni ruta mal hecha. Los atrasos fueron los habituales comparando los de Austral con otras empresas y otros distritos. Beraldi exhibió el testimonio de numerosos empresarios, incluyendo el primo de Macri, Calcaterra, cuya empresa-Iecsa-tenía atrasos en más de la mitad de sus obras. Lázaro Báez ganó 51 de las 81 rutas. “Las empresas localizadas en la provincia tienen fuertes ventajas competitivas”, declaró el propio Calcaterra. Pero los fiscales no pudieron sostener la acusación de que las licitaciones fueron amañadas y Beraldi, además, demostró que las adjudicaciones se hicieron dentro de los valores del pliego o levemente por arriba, lo que está permitido por la ley. Báez obtuvo las 51 adjudicaciones en materia de rutas, pero perdió todas las de energía en su provincia y todas las de rutas fuera de Santa Cruz. En 12 años se le asignaron obras por unos mil millones de dólares, a unos 80 millones de dólares por año. Perdió-aliado con el grupo Macri-la licitación más importante de Santa Cruz, la relacionada con las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. Ese contrato era por casi 5.500 millones de dólares. Finalmente, Beraldi exhibió un demoledor análisis sobre las pericias para sostener que no hubo sobreprecios en las obras. De todas maneras, una presidenta no tiene facultades ni responsabilidades sobre cuestiones como el detalle de los precios o si los terraplenes tenían o no la medida que corresponde”.

Según Kollmann, el doctor Beraldi logró probar que Cristina no fue la jefa de ninguna asociación ilícita y que no hubo fraude contra la administración pública. Sin embargo, para un importante sector de la población Cristina debe ir presa por chorra. Si alguien se tomara el trabajo de intentar convencer a esos argentinos de que no hubo corrupción en la causa Vialidad, sería inmediatamente repudiado. A eso conduce el fanatismo, la ceguera ideológica, el odio. Es tanto el resentimiento del sector antikirchnerista de la población que por más nítidas que sean las pruebas que confirman la inocencia de CFK, su culpabilidad no admite duda alguna. Debe ser condenada, tal como lo sostienen los periodistas de TN y La Nación+. Punto. Fin de la discusión.

¿La hora de los halcones?

Hace rato que quedó institucionalizada en la Argentina una tipología de los candidatos a la presidencia: aquí, los halcones; allá, las palomas. Un candidato es halcón cuando apuesta su estrategia electoral a confrontar con su o sus competidores. El halcón no compite, lucha. Para el halcón el otro candidato no es un adversario, es un enemigo. Para el halcón la competencia electoral es un campo de batalla donde uno sobrevive y el otro muere (políticamente hablando, obviamente). Para el halcón, el diálogo, el acuerdo, la negociación, son sinónimo de debilidad política, de cobardía, de pusilanimidad. Un ejemplo paradigmático de halcón fue Juan Domingo Perón. “Al amigo todo, al enemigo ni justicia”, sentenció. La paloma es la antítesis del halcón. La paloma dialoga, negocia, acuerda. El otro no es un enemigo, es un adversario. No pretende aniquilarlo, sólo derrotarlo en las urnas. Cree en los acuerdos a gran escala. Siempre busca puntos de contacto con el adversario.

Rememoré hace un instante a Perón. Con el general era imposible dialogar. Perón no escuchaba a su interlocutor de turno, monologaba. Décadas más tarde, surgieron dos dirigentes que hicieron del antagonismo su modo predilecto de hacer política. Aludo, qué duda cabe, a Néstor y Cristina Kirchner. En este sentido fueron, quizá, sus mejores discípulos. En la vereda de enfrente se destacan varios referentes. Horacio Rodríguez Larreta es la antítesis de Cristina Kirchner, por ejemplo. Su apuesta siempre fue por el diálogo, la buena relación con el que piensa diferente. Es un acuerdista nato. También lo son los radicales Facundo Manes y Gerardo Morales, gobernador jujeño.

Si se efectúa un repaso de la historia política de nuestro país, quedará en evidencia la tendencia de la clase política a la intransigencia, al combate, a la confrontación. Confrontaron la generación del 37 y el rosismo, los unitarios y los federales, los porteños y los provincianos, los radicales y los conservadores, los peronistas y los gorilas, los menemistas y los antimenemistas, y finalmente los kirchneristas y los antikirchneristas. Hoy el emblema de la confrontación es Cristina Kirchner. En la vereda de enfrente las palomas lentamente se van percatando que frente a una dirigente como Cristina sólo cabe la táctica de responder golpe por golpe. En otros términos: en la oposición los halcones van copando el escenario. Prueba de ello lo constituyen los números reflejados por las consultores Tres Punto Zero y Grupo de Opinión Pública (fuente: Perfil, 27/9/022). Sus diagnósticos son coincidentes: los halcones son los mejor posicionados para competir seriamente por el poder el año que viene. Ellos son Patricia Bullrich (PRO) y Javier Milei (Avanza Libertad). En la vereda de enfrente no hay duda alguna: la dirigente mejor posicionada es Cristina Kirchner.

La encuesta es contundente. En un posible escenario de PASO Patricia Bullrich reunió el 14,7%, seguida por Mauricio Macri (13,7%), Horacio Rodríguez Larreta (6,8%), Facundo Manes (2,4%), Alfredo Cornejo (1%) y Gerardo Morales (0,5%). En el oficialismo Cristina Kirchner cosechó el 21,8%, seguida muy de lejos por Alberto Fernández (4,9%). Por su parte, el libertario Javier Milei reunió el 20%. Raúl Timerman y Shila Vilker plantearon el siguiente escenario si el domingo entrante eligiéramos presidente y vice: Juntos por el Cambio (39,1%), FdT (30,5%) y el liberalismo (Milei y Espert) 21,8%. Resulta por demás evidente que con estos resultados el/la candidato/a del FdT perdería inexorablemente en el ballotage.